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control legalidad
 title sintesis
 
La Dirección Nacional de Control de Legalidad de Contratos, resultante de la integración de las Direcciones Nacionales de Contratación Pública y Contratación Especial, en el marco de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia, efectúa permanente actividad de control legal a procedimientos y fases de la contratación pública, contrastando hechos y actos administrativos efectuados por la entidad contratante a la luz de la normatividad  aplicable, en irrestricto cumplimiento de la norma constitucional ( Art.237 , número 4) y legal ( Art.3, letra g y Disposición General Séptima de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado).
 

Para el cabal cumplimiento de este proceso institucional, se observan básicamente las Resoluciones del señor Procurador General del Estado Nos. 008 y 011, de 18 de mayo de 2011 y 3 de diciembre de 2018, respectivamente.

El detalle y particularidades de los casos asumidos como parte del trabajo de control, es el siguiente:
  • 105 casos en análisis previo al inicio del período (20 casos del año 2017, 40 del 2018 y 45 del 2019).
  • 42 casos con observaciones contenidas en el informe de control legal y 32 casos con recomendación de archivo y autorización.
  • 110 nuevos casos ingresados en el período 2019, de ellos 17 corresponden a la Función Ejecutiva; 1 a organismos y dependencias de la Función Judicial; 38 a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 5 a Organismos que ejercen la Potestad Estatal; 35 al sector eléctrico, telefónico y otros; 11 al sector de hidrocarburos; y,3 casos que corresponden a empresas públicas.
  • El total de casos en análisis al finalizar el período es 71.
  • Se asesoró a 63 entidades públicas en temas de contratación pública.
Como la naturaleza del control legal asumido por esta Dirección tiene carácter preventivo, la capacitación también cobra una significativa relevancia. En este contexto, y para alcanzar este objetivo, durante los meses de julio, agosto y septiembre, la Dirección Nacional de Control de la Legalidad programó y llevó a la práctica el exitoso Seminario “JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” en colaboración con AME Y CONGOPE en las ciudades de Loja, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Portoviejo, Ibarra y Quito.
 

Dicho seminario estuvo dirigido a las autoridades electas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país, precisamente para fortalecer los acervos en el conocimiento y manejo de las herramientas normativas del Sistema Nacional de Contratación Pública y aplicarlas adecuadamente en el control de dicha legalidad.

Adicionalmente, esta Dirección enriqueció la coordinación a nivel nacional con el resto de las Direcciones Nacionales de la Procuraduría General del Estado, así como con las distintas entidades del sector público, asistiendo con asesoría jurídica en temas complejos de la contratación pública que nos llegan a formular los representantes de las entidades del Estado.
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 title casosrelevantes

 

  • 1.1.1           GAD Santo Domingo de los Tsáchilas, carretera Alóag Santo Domingo

    Procedimiento: “AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ALÓAG-SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI-SANTO DOMINGO, FASE I”.

    Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

    Monto: 26.387.453,817 USD (sin incluir IVA).

    Plazo de ejecución: 1096 días, contados desde la entrega del anticipo u orden de inicio impartida por el Fiscalizador o Administrador del contrato.

    Motivo del análisis: Denuncia presentada por el señor Eduardo Vinicio González Andrade, Gerente General de GEMADEMSA, empresa que a su vez ejerce la representación legal de HIDALGO E HIDALGO S.A.

    El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas convocó, el 27 de septiembre de 2018, a procedimiento de licitación de obra signado con el código LICO-GADPSDT-04-2018 para la “AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ALOAG-SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI-SANTO DOMINGO, FASE I”, el mismo que fue adjudicado al Consorcio Multinacional Tsáchila, con quien celebró el contrato el 7 de diciembre de 2018.

    La Procuraduría General del Estado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y como resultado del control legal de las fases preparatoria, precontractual y contractual del procedimiento antes referido; concluyó, que:

    Observaciones:

    La conformación de la Comisión Técnica del procedimiento licitatorio se dio luego de iniciada la etapa precontractual, es decir, de forma extemporánea, con lo cual, se inobservó lo establecido en el inciso primero del artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el numeral 28 del artículo 2 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP (Resolución RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016).

    La entidad contratante estableció un valor superior al 40% como agregado nacional para la licitación de obra LICO-GADPSDT-04-2018, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2, Subsección 7, del Anexo XIX del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte;  Colombia, Perú y Ecuador por otra; en concordancia con el artículo 23, incisos 1 y 2, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los lineamientos establecidos por el SERCOP en su Guía Práctica.

    No se generó ni publicó el “Aviso de Contratación Pública Prevista”, inobservando así lo dispuesto en los artículos 177, numeral 1, del Acuerdo Comercial antes referido; y, 23 de su Protocolo de Adhesión, y, consecuentemente, conculcó los principios de concurrencia, transparencia y publicidad establecidos en los artículos 288 de la Constitución de la República del Ecuador y 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

    No se publicó en el Portal Institucional del SERCOP, toda la información establecida como relevante respecto del procedimiento licitatorio analizado, conculcando los principios de publicidad y transparencia al inobservar los artículos 21 y Disposición Transitoria Sexta, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 13, innumerado luego del numeral 12, de su Reglamento General y 9 y 10 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP.

    El registro y publicación del contrato se produjo en un término de 26 días posteriores a su suscripción y 24 luego de su protocolización, inobservando lo previsto en el artículo 20 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP, que prevé un término máximo de 5 días para el efecto.

    La entidad contratante no incluyó en el contrato una cláusula respecto del plazo en que efectuaría el pago del anticipo, conculcando el principio de seguridad jurídica al incumplir lo dispuesto en el inciso primero del artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

    En el contrato se estipuló dos formas distintas de calcular el monto de las multas, con lo cual se inobservó el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

    1.1.2           GAD Guayas, mantenimiento de equipos livianos, caminero y otros.

    Procedimiento: “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS LIVIANOS, MAQUINARIA O COMPONENTES QUE CONFORMAN UNA SOLA UNIDAD Y EQUIPO CAMINERO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”

    Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

    Contratista: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CÍA. LTDA.

    Fecha de suscripción: 3 de diciembre de 2018.

    Cuantía: U.S.D.1’590,000,00.

    Plazo: 365 días calendario, contados a partir de la fecha de notificación de disponibilidad del anticipo.

    Motivo del análisis: El señor doctor Gustavo Araujo Rocha, Subdirector General del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, mediante Oficio No. SERCOP-SD-2019-0384-OF del 4 de junio de 2019, puso en conocimiento los hallazgos encontrados por dicha secretaría en el proceso de Licitación No. LICS-GPG-DA-001-18, afirmando que la Entidad Contratante no aplicó los lineamientos establecidos en el “Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte; Colombia, Perú y Ecuador, por otra”.

    Observaciones:

    No consta en el Expediente de Control, ni en el Portal de Compras Públicas, ni en los descargos remitidos por la entidad contratante, el “Aviso de Contratación Pública Prevista” establecido en el artículo 172 del “Acuerdo Comercial”, instrumento que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas debió generar y publicar a través del Portal de Compras Públicas, previo a la convocatoria del proceso de Licitación No. LICS-GPG-DA-001-18, en cumplimiento a lo previsto en el “Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra”.

    La omisión del referido aviso evidencia que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas incumplió el procedimiento señalado en la página 14 de la “Guía Práctica” expedida por el SERCOP, afectando así los principios de legalidad, concurrencia, oportunidad, transparencia y trato justo, consagrados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

    Habiéndose configurado la causal establecida en el numeral 2 del artículo 65 de la LOSNCP, en concordancia a lo estipulado en el artículo 1698 de la Codificación del Código Civil vigente, existen argumentos para demandar la nulidad del contrato correspondiente.

    El informe de control fue puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado para que actúe conforme sus facultades y, de ser el caso, establezca las responsabilidades y sanciones pertinentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

    1.1.3           Refinería del Pacífico, construcción Acueducto La Esperanza

    Procedimiento: “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REPRESA LA ESPERANZA -REFINERÍA DEL PACÍFICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, REPÚBLICA DEL ECUADOR.”

    Contratante: Refinería del Pacífico Eloy Alfaro RDP, compañía de economía mixta.

    Contratista: Constructora Norberto Odebrecht S.A.

    Contrato: RDP-GE-131001-UPR-CT-0001-0

    Suscripción:  25 de septiembre de 2013.

    Monto: USD 259’914.484,26 sin IVA           .                                 

    Plazo de ejecución: 20 meses calendario contados a partir de la fecha de entrega del anticipo      .          

    Motivo de análisis: Este control se origina de oficio, conforme lo dispuesto en los artículos 3, letra g), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y 1, número 3, segundo guion de las Políticas administrativas para la gestión de la Dirección Nacional de Contratación Especial y Dirección Nacional de Contratación Pública.

    Observaciones:

    La entidad contratante no publicó el plan anual de contrataciones y su plan operativo anual para el ejercicio fiscal del año 2013 en su portal institucional.

    Los contratos complementarios número dos y cuatro, suscritos el 24 de agosto de 2015 y el 31 de mayo de 2016, respectivamente, las órdenes de trabajo y orden de cambio celebradas incrementaron el valor del contrato principal, de USD 259.914.484,26 a USD. 288.547.817,10.

    No existe constancia de que el acta de entrega recepción definitiva del contrato No. RDP-GE-131001-UPR-CT-0001-0 se hubiere suscrito, ni tampoco se evidencia su publicación en el portal de compras públicas cuando, según lo estipulado en el número 18.3 de la cláusula décimo octava del contrato principal, la suscripción de este instrumento debió haberse efectivizado una vez transcurrido el plazo de seis meses, contados desde la suscripción del acta de recepción provisional.

    Por lo antes señalado, la Procuraduría General del Estado puede presumir que se ha incurrido en la causa número 7 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la terminación unilateral del contrato.

    1.1.4           CELEC EP, construcción de obras subestación Proyecto Manduriacu

    Procedimiento: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN, DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS, MECÁNICOS Y DE CONTROL DE LA CASA DE MÁQUINAS Y LA SUBESTACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MANDURIACU DE 60 MW”.

    Contratante: Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP.

    Contratista: Constructora Norberto Odebrecht S.A.

    Suscripción: 22 de diciembre de 2011.

    Monto: USD. 124´881.250,18 más IVA.

    Plazo de ejecución: Novecientos cincuenta y ocho (958) días, contados a partir de la fecha del acta de inicio de obras.     

    Motivo de análisis: Este control se origina de oficio, conforme lo dispuesto en los artículos 3, letra g), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y 1, número 3, segundo guion de las: Políticas administrativas para la gestión de la Dirección Nacional de Contratación Especial y Dirección Nacional de Contratación Pública.

    Observaciones:

    No consta la resolución con la cual se aprobó el plan anual de contratación o el plan operativo anual para el ejercicio del año 2011 en la cual debió estar identificada la contratación materia del control legal.

    No se designó secretario de la Comisión Técnica, lo cual es responsabilidad de sus miembros.

    No existe constancia de que se haya publicado en el portal www.compraspublicas.gob.ec la información relevante del proceso GEN-CELEC-007-2011.

    No existe evidencia que la apertura de ofertas se hubiera realizado en acto público.

    En el informe de evaluación de ofertas no consta que se hubiere dejado sentado en el acta el valor de la oferta económica del oferente, el plazo ofertado para la ejecución del proyecto y la constancia de la carta de intención del BNDES, conforme lo estipulado en el pliego precontractual.

    Las pólizas de seguro de cumplimiento de contrato No. CC-1210067 y de buen uso del anticipo No. Bu-121069, fueron emitidas un día después de la fecha de suscripción del contrato, con lo que se incumplió con el artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el número 7.01 del contrato principal.

    La Resolución No. CONELEC-DE-12-020 por la cual se otorgó la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Manduriacu, es de 4 de mayo de 2012, cuya fecha es posterior a la de suscripción del acta de inicio de contrato; por ende, la entidad contratante efectuó trabajos preliminares con la autorización realizada por el CONELEC, sin contar con la respectiva licencia ambiental.

    La designación del administrador del contrato no se efectuó dentro de los diez días posteriores a la suscripción del contrato, con lo que se incumplió lo estipulado en su cláusula décima novena.

    La garantía de buen uso del anticipo del primer contrato complementario de 7 de junio de 2012 fue emitida el 11 de junio de 2012; es decir, cuatro días después de su suscripción, por lo que la entidad contratante no cumplió con lo estipulado el número 8.02, segundo inciso del contrato principal, el cual exigió que la garantía de buen uso del anticipo sea entregada a la entidad contratante de forma previa o al momento de la suscripción del contrato complementario.

    La garantía de fiel cumplimiento del contrato complementario No. 3 fue emitida el 3 de septiembre de 2013; es decir, cuatro meses antes de que la contratista someta a conocimiento y consideración de CELEC EP la propuesta para su celebración.

     Los contratos complementarios suscritos: el 7 de junio de 2012, el 14 de diciembre de 2012, y el 31 de enero de 2014, respectivamente, ascienden a la cantidad de USD. 40’220.086,18 e incrementaron el valor del contrato principal, a USD.  165’101.336,36.

    1.1.5           Movildelnor EP, supervisión y fiscalización para la revisión vehicular

    Procedimiento: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS CENTROS FIJOS Y MOVILES DE RTV, UBICADOS EN OTAVALO, IBARRA, SAN GABRIEL, Y LA MÓVIL, Y OTRAS PLANTAS QUE PUDIERAN SUPERVISAR No. S/N CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE MOVIDELNOR EP Y LA EMPRESA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS S.A. ITVASA”.

    Motivo del análisis: El control tiene su origen en la denuncia presentada por el señor especialista Edgar William López Mejía, actual Gerente General de MOVIDELNOR EP, mediante oficio No. MEP-GG-2017-0746-O de 23 de octubre de 2017 y alcance con oficio No. MEP-GG-2017-0829-O de 21 de noviembre de 2017, dirigidos a la Procuraduría General del Estado.

    Procedimiento: Alianza estratégica.                                                                                             

    Suscripción: 10 de septiembre de 2015.

    Contratante: Empresa Pública de Movilidad del Norte MOVIDELNOR.

    Contratista: Inspección Técnica de Vehículos de Asturias ITVASA.

    Objeto: Contrato civil de prestación de servicios de supervisión de fiscalización de la revisión técnica vehicular de las instalaciones, plantas (fijas y móviles), equipos técnicos mecánicos y tecnológicos instalados en los centros de RTV de la Mancomunidad, y a futuras plantas de otras jurisdicciones, ya sean por administración directa o contrato propios o de terceros, hasta la terminación total del plazo previsto.

    Monto: Parte fija USD 45.000,00, más un factor variable de USD 0,80 por vehículo revisado en las primeras, terceras y cuartas revisiones técnicas vehiculares.

    Plazo: 5 años a partir de la celebración del contrato.

    Observaciones:

    No existe evidencia de la solicitud previa ni posterior, de certificación presupuestaria para llevar a cabo la contratación, dejando de cumplir la normativa de administración financiera en el Ecuador.

    Al utilizar la figura de alianza estratégica al amparo del artículo 35 de la Ley Orgánica de Empresa Públicas, se debió aplicar lo dispuesto en su Reglamento Interno de Manifestación de Interés y Preselección de Postulantes para la Realización de Alianzas Estratégicas.

    Sin embargo, del análisis del contenido del expediente remitido por MOVIDELNOR EP se constató que no se cumplieron previamente con los mandatos preestablecidos como requisitos en dicho reglamento para la selección del socio estratégico, es decir, la convocatoria realizada de manera exclusiva y específica para el proceso de contratación de socio estratégico para materia de fiscalización de revisión técnica vehicular, la entrega de manifestaciones de interés, realización de cuadros comparativos, y perfeccionamiento de la alianza o acuerdo, previo a la contratación. En consecuencia, no se dio cumplimiento a la normativa interna institucional.

    En el contrato no se hicieron constar las cláusulas en las cuales se establezca las respectivas multas por incumplimientos contractuales, el nombramiento de un administrador, la entrega de garantías, pues al tratarse de un contrato que no se rigió por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ITVASA, aun siendo una empresa pública, estaba en la obligación de rendirlas. Así también, no se hizo constar la certificación presupuestaria respectiva, y las estipulaciones que establecieran las formas de terminación del contrato, domicilio de las partes, y en general mayores detalles de las obligaciones. 

    El proceso analizado no se rigió por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero sí se lo realizó por el artículo 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que establece que lo no contemplado en el convenio o contrato de asociación estratégica, que en este caso no existió, observará lo dispuesto en la norma adjetiva de contratación pública.  En consecuencia, se analizó el artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública respecto de la nulidad de los contratos. En dicho artículo se establece que un contrato adolece de nulidad, entre otros motivos por: las causas generales establecidas por la ley, y por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente establecidas. 

    En el caso que nos ocupa, se omitió el proceso de selección del socio estratégico establecido en el Reglamento Interno de Manifestación de Interés y Preselección de Postulantes para la Realización de Alianzas Estratégicas.

    No se encontró ningún documento en el cual se hayan podido conocer los términos de negociación a los que se llegó con la empresa ITVASA, para poder establecer el cumplimiento de lo encomendado por el directorio, y que ello se haya plasmado en el documento contractual, y así dar cumplimiento al principio general de legalidad y transparencia de los actos de la administración pública.

    Es importante indicar que en todo el proceso de contratación se inobservó la obligación primordial establecida por la Constitución, de fundamentar de manera clara y precisa los actos administrativos emanados de las instituciones, autoridades y funcionarios de la administración pública.

    Las inobservancias legales descritas en los párrafos que preceden, determinan que el contrato adolece de vicios de nulidad y se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en razón de que se incumplió lo determinado en los artículos 1, 5, 12 y 13 del Reglamento Interno de Manifestación de Interés y Preselección de Postulantes Para la Realización de Alianzas Estratégicas, y además, porque no se hicieron constar las cláusulas de rigor en una contratación como son: establecimiento de multas por incumplimientos contractuales, nombramiento de administrador, entrega de garantías como se razonó en las observaciones a la etapa contractual o de suscripción del contrato. Así como, al omitirse la obtención de la certificación presupuestaria obligatoria, formas de terminación del contrato, domicilio de las partes, y mayor especificidad de obligaciones.

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 title productos

 

PROCESO DE CONTROL LEGAL

Por mandato constitucional la Dirección Nacional de Contratación Pública se encarga de realizar el control de la legalidad de los actos y contratos suscritos por organismos del Sector Público, en el ámbito de las compras gubernamentales realizadas dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP).

Para el efecto, la Dirección analiza procesos de contratación a partir de observaciones presentadas por proveedores, por requerimiento de la entidad contratante, de algún órgano de control del SNCP o de oficio. El control legal implica la verificación de que los actos y contratos administrativos se hayan realizado según lo previsto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y demás normativa secundaria o conexa.

 

El proceso de control legal termina con la elaboración de un informe que puede ser enviado a los órganos de control competentes, a fin de que se establezcan responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal; si se cumplen los presupuestos normativos, se presentan informes a la Dirección Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, para efectos de demandar la nulidad de uno o más contratos.

Este esquema de control pretende velar por el interés común, en la medida de que se trabaja para reducir el riesgo futuro de incumplimientos legales y errores en los procesos de contratación que realizan las entidades del Sector Público.


 

ASESORÍA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

El personal de la Dirección Nacional de Contratación Pública asesora a las entidades contratantes de todas las funciones del Estado, y a los gobiernos autónomos descentralizados, sobre la aplicación de las normas legales, reglamentarias y resolutivas que constituyen al Sistema Nacional de Contratación Pública.


A continuación, una muestra de la oferta temática en materia de capacitación:
1. Procedimientos de contratación de régimen común y régimen especial.
2. Administración y fiscalización de contratos.
3. Términos de referencia y especificaciones técnicas.
4. Lo que no se debe hacer en contratación pública: exposición de las malas prácticas más perjudiciales al realizar compras gubernamentales.
5. El combate a prácticas colusorias en el mercado público.
6. Principios básicos de Derecho Administrativo.


 

CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Dirección Nacional de Contratación Pública ofrece a las entidades contratantes procesos de capacitación con respecto a la aplicación de la normativa que rige la contratación pública en el Ecuador. La temática es variada, según el interés o la coyuntura de gestión.


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title normativa


1. Constitución de la República del Ecuador
2.Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado
3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento general
4. Ley Orgánica de Empresas Públicas
5. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
6. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
7. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sistema Financiero Popular y Solidario
8. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado
9. Resoluciones del SERCOP
10. Normativa reglamentaria conexa


 

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