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La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje atendió 38 procesos en el ámbito internacional dentro del período comprendido entre enero a diciembre de 2017. Estos procesos incluyen 15 juicios en sede internacional, 7 procesos ante el Tribunal Andino de Justicia, 9 arbitrajes en materia de inversión y 7 arbitrajes comerciales.

Durante el año 2017, el Estado fue notificado con un laudo arbitral y una decisión en los arbitrajes iniciados por las compañías Burlington Resources y Perenco Ecuador Limited, respectivamente. En el caso iniciado por la petrolera Burlington la defensa estatal logró una reducción sustancial de los valores inicialmente demandados mientras que en el caso iniciado por Perenco, el Tribunal acogiendo la posición de la defensa del Estado, dispuso continuar con las demandas reconvencionales. Estos resultados se debieron a que los Tribunales acogieron algunos de los argumentos presentados por el Ecuador durante la tramitación de los arbitrajes, y adicionalmente se reconoció la existencia de daño ambiental a la Amazonía ecuatoriana y la obligación de las compañías petroleras de desarrollar las operaciones hidrocarburíferas con apego a los requerimientos técnicos de la industria y respeto de la naturaleza.

Por otra parte, el año 2017 ha representado un reto importante para la Dirección por su participación activa en un arbitraje comercial de emergencia bajo reglas CCI, en donde a pesar de lo limitado de los plazos para la presentación de escritos y la fase de audiencia, el Ecuador prevaleció con éxito al haberse desestimado las medidas cautelares solicitadas por la compañía y en consecuencia obtener un resultado favorable para los intereses estatales.

Especial mención merece el ahorro logrado por la defensa de la Republica en el caso Burlington en el que el Tribunal desestimó la demanda de la compañía de USD 1500 millones de dólares concediéndole solamente un 22% del valor reclamado, esto es USD 379’.802.267 más intereses. Además, el Tribunal reconoció a favor de Ecuador, en concepto de las reconvenciones planteadas en contra de la compañía, el valor de USD 41.776.492,77. El 1 de diciembre las partes alcanzaron un acuerdo total y definitivo que concluyó con la disputa que las involucraba con el que se logró un ahorro adicional para el Estado de USD 18.000.000,00 y el pago de la compensación ambiental ordenada por el Tribunal.

En el campo del arbitraje nacional, tiene a su cargo la supervisión, patrocinio y defensa de casos relevantes en esta materia para el Estado. Actualmente maneja casos de telecomunicaciones, hidrocarburos, minería, competencia, electricidad y otros, en los que se refleja la participación y supervisión activa de la Procuraduría General del Estado.

Durante el periodo comprendido de enero a noviembre de 2017, la Procuraduría General del Estado intervino en 10 procesos nacionales, con un ahorro estimado para el Estado de USD $ 5.143.756,90, sobre la pretensión de los demandantes, labor que se la ha realizado en colaboración y coordinación activa con las diferentes entidades que conforman el sector público.

Para lograr una defensa efectiva de los intereses del Estado, la Dirección busca trabajar en coordinación con las entidades públicas, por lo que una vez que la Procuraduría General del Estado es notificada o citada con una demanda arbitral, se pone en contacto con la institución demandada y realiza la correspondiente solicitud de información, mantiene reuniones de coordinación y asesoría, visitas in situ para obtener la información, brinda acompañamiento a la entidad antes, durante y después del proceso arbitral e interviene en el litigio de manera directa.

Los funcionarios de la Dirección elaboran la estrategia de defensa del caso, realizan la preparación de audiencias, presentaciones para ser expuestas al Tribunal Arbitral, practican interrogatorios a peritos y testigos, trabajan en alegatos orales y escritos, entro otros. Adicionalmente, brindan soporte en legislación nacional en los casos de jurisdicciones internacionales que maneja la Dirección, así como en las Juntas Combinadas de Disputas.

La capacitación ha recibido un especial impulso durante el período. El 8 de septiembre de 2017, a pedido del Ministerio de inclusión Económica y Social y del IESS, tuvo lugar un seminario sobre “la Transigibilidad en el sector público y los métodos alternativos de solución de conflictos”, en el que participaron como expositores funcionarios de la Procuraduría y como asistentes los servidores de las mencionadas instituciones.  

La Dirección organizó el “V Seminario de Derecho Público y Derecho Internacional”, que se llevó a cabo el día 5 de octubre de 2017, en la ciudad de Quito, con la presencia de panelistas de alto prestigio a nivel nacional e internacional. Igualmente se desarrolló el I Seminario Internacional de Derechos Humanos y Arbitraje en la ciudad de Cuenca el día 6 de octubre de 2017.

Entre otros proyectos, la Dirección desarrolló un protocolo general de acciones, cuya finalidad es la de proporcionar las herramientas adecuadas a las diferentes entidades del sector público para el correcto manejo de las controversias y su prevención.

Merece destacarse que en lo referente a la defensa del Estado a nivel andino, el Comité Andino de Libre Competencia resolvió, siguiendo los argumentos de la Procuraduría, que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones no mantiene una posición de dominio del mercado como lo sostenía una empresa privada de ese sector.
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Casos relevantes Subdirección Asuntos Internacionales

2.2.1 Burlington Resources vs. Ecuador (Arb/08/05 Ciadi)
El 7 de febrero de 2017, el Tribunal Arbitral emitió su laudo final conjuntamente con la decisión sobre las contravenciones planteadas por el Ecuador. El Tribunal desestimó el valor de 1.515’603.095 solicitados por la compañía y a partir del criterio de reparación integral determinó como monto de compensación a la demandante el valor de USD 379´802.267 más intereses. Además el Tribunal aceptó las contrademandas del Ecuador y concluyó que Burlington es responsable de los costos relativos a la restauración ambiental y a la remediación de la infraestructura de los Bloques 7 y 21, por los daños ocasionados por la inversionista y su socia en la operación. En consecuencia la condenó al pago de USD 41´776.492,77 debido a la operación de bajo costo (Low cost) que mantuvo el Consorcio en los Bloques 7 y 21 que operaba junto con Perenco.

Debido a los argumentos presentados por la defensa del Estado, el tribunal redujo sustancialmente el monto de la indemnización otorgado a la compañía a sólo un 22% de la cuantía inicial del proceso.

El Ecuador, el 13 de febrero de 2017, presentó ante el CIADI una solicitud de anulación del laudo arbitral puesto que tanto el laudo arbitral como la decisión de reconvenciones adolecían de varios defectos que se ajustaban a las causales de anulación previstas por el Convenio CIADI.  

Conjuntamente con esta petición, el Ecuador solicitó la suspensión de la ejecución del laudo arbitral. El 14 de febrero fue registrada la solicitud de anulación por parte del CIADI y quedó suspendida cualquier acción de ejecución del laudo arbitral.

El 10 de febrero de 2017, Burlington planteó una petición de reconocimiento del laudo arbitral en el Distrito Sur de Nueva York. Acciones similares se iniciaron en Washington DC y Reino Unido. En vista de la suspensión de la ejecución producida por el registro de la solicitud de anulación ante el CIADI, cualquier acción quedó suspendida hasta la decisión del Comité de Anulación.

El 31 de agosto de 2017, el Comité de Anulación, acogiendo la petición de Burlington, notificó su decisión de levantar la suspensión de la ejecución del laudo arbitral que rigió desde el momento de la presentación de la solicitud de anulación del Ecuador.

Una vez que el laudo era ejecutable y ante el riesgo de su ejecución, el Estado Ecuatoriano buscó un acuerdo de solución que le permitiera cumplir con su obligación internacional. El 1 de diciembre las partes alcanzaron un acuerdo total y definitivo que concluyó con la disputa que las involucraba con el que se logró un ahorro adicional para el Estado de USD 18.000.000,00 y el pago de la compensación ambiental ordenada por el Tribunal a favor del Ecuador que con intereses totalizó la suma de USD 42’762.619,00.

De conformidad con el Acuerdo, el 2 de diciembre de 2017, el Estado informó al CIADI el desistimiento de la solicitud de anulación presentada por la Procuraduría con motivo del laudo arbitral de 7 de febrero de 2017. Las acciones de ejecución planteadas en los Estados Unidos y el Reino Unido se mantendrán suspendidas y serán retiradas luego que el Ecuador cumpla el último pago fijado para el 15 de abril de 2018.

2.2.2 Perenco Ecuador Limited vs. Ecuador (Arb/08/06 Ciadi)
A partir de la decisión parcial de 11 de agosto de 2015, respecto a las demandas reconvencionales del Ecuador, el Tribunal Arbitral concluyó que “está convencido de que hay algo de contaminación en los Bloques y que probablemente se responsabilizará a Perenco de ello”.  

El 18 de abril de 2017, Perenco en atención a la emisión del laudo arbitral del caso Burlington así como la decisión respecto a las contrademandas por daño ambiental e infraestructura en los bloques 7 y 21, solicitó al Tribunal que desechara las contrademandas formuladas por el Ecuador bajo el argumento de que aquello ya había sido decidido en el Caso Burlington. El 18 de agosto de 2017, el Tribunal Arbitral rechazó la solicitud de la petrolera y acogió la posición de la defensa del Ecuador, por lo que el proceso continúa pese al pedido de Perenco.

Para la determinación del daño, el Tribunal nombró un perito que visitó los bloques en noviembre de 2016, y posteriormente desde septiembre de 2017 retornó al país e inició una segunda visita para recolectar muestras de suelo y aguas subterráneas que serán analizadas a fin de efectuar una evaluación técnica y posterior determinación de un monto apropiado de reparación ambiental.

La decisión final de la controversia aún está pendiente.

2.2.3 Internexa Perú S.A. e Internexa S.A. contra Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, ante la SGCAN (001-PPLC-SJ-2015)
El 28 de octubre de 2015, las empresas Internexa S.A. e Internexa Perú S.A. (en adelante Internexa) presentaron una solicitud ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante SGCAN) para que se inicie una investigación por supuestas prácticas de abuso de posición de dominio por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP (en adelante CNT).

Con la denuncia, Internexa buscaba que se ordenen medidas correctivas y sancionatorias, tales como que se ordene a la CNT, que suministre el acceso irrestricto a la fibra óptica instalada sobre la infraestructura eléctrica de alta tensión, así como la aprobación de las inversiones que sean requeridas para el equipamiento de la red necesaria para la iluminación de los cuatro pares de fibras ópticas. Adicionalmente, solicitaban que se ordene a la CNT pagar una multa equivalente al diez por ciento de sus ingresos totales brutos correspondientes al año 2015, entre otras.

La SGCAN, una vez analizado el caso, los argumentos de defensa presentados por la Procuraduría y tomando en cuenta la recomendación realizada por el Comité Andino de Libre Competencia, el 3 de julio de 2017, mediante resolución No. 1935, resolvió que Internexa no demostró que CNT EP ostente una posición de dominio en el Ecuador, y que tomando en cuenta que CNT EP solamente participa en dicho país, tampoco tendría una posición de dominio en el mercado del servicio de transporte internacional de datos en un mercado geográfico más amplio conformado por Ecuador, Colombia y Perú. En ese sentido, concluyó que “no habiéndose probado la posición de dominio de CNT EP en el mercado relevante, se hace innecesario proseguir el análisis para la determinación del abuso de dicha posición”, por tanto declaró infundada la denuncia presentada por las compañías Internexa en contra de CNT EP.

Paralelamente, las compañías Internexa han iniciado un proceso de arbitraje comercial que se encuentra suspendido por acuerdo de las partes.

Como parte de una estrategia general, la compañía Internexa Perú, adicionalmente, ha notificado la existencia de controversias en base al Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito con Perú.

2.3 Arbitraje de Emergencia - CCRC / Gad Cuenca

El 8 de julio de 2013, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca (en adelante GAD Cuenca), suscribió con el Consorcio de los Cuatro Ríos Cuenca, conformado por las empresas EUSKOTREN PARTICIPACIONES S.A., CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A. e INFRAINTER INFRAESTRUCTRURAS INTERNACIONALES S.A. (en adelante CCRC), el contrato para la ejecución de la obra civil para Soporte del Sistema Tranviario ‘Tranvía Cuatro Ríos de Cuenca”.

Con fecha 3 de febrero de 2017, el CCRC presentó a la Cámara de Comercio Internacional una petición de Medidas de Emergencia en contra del GAD Cuenca, de acuerdo con el Artículo 29 y el Apéndice V del Reglamento de Arbitraje de la CCI. En la referida petición, se mencionó que el GAD Cuenca, desde el inicio de la ejecución de la obra, incumplió varias de sus obligaciones esenciales del contrato. Adicionalmente, manifestó que el GAD Cuenca había iniciado el procedimiento de terminación unilateral del contrato, lo cual conllevaría la ejecución de las garantías contractuales.  

En ese contexto, se solicitó al Árbitro de Emergencia que, mientras se plantea el arbitraje principal, ordene al GAD Cuenca que se abstuviese de: (i) comenzar o continuar con la ejecución de las Garantías y Contragarantías otorgadas por los Peticionarios al GAD Cuenca en el ámbito del Contrato; (ii) notificar como contratistas incumplidos a CCRC, a sus sociedades miembros y a sus representantes ante el Servicio Nacional de Contratación Pública; y (iii) realizar declaraciones difamatorias, todo ello hasta que se dicte el laudo final en el procedimiento arbitral iniciado por el CCRC.

El GAD Cuenca, representado por la Procuraduría, requirió al Árbitro de Emergencia el rechazo de la Petición y la condena de los Peticionarios a reembolsar al GAD Cuenca los montos incurridos por éste en el procedimiento.

El 24 de febrero de 2017, el Árbitro de Emergencia consideró que existen al menos seis incumplimientos contractuales planteados por la Procuraduría General del Estado en representación del GAD Cuenca que serían aparentemente atribuibles al CCRC, por lo que la terminación del contrato no es prima facie arbitraria. En consecuencia resolvió desestimar la petición relativa a que el GAD Cuenca se abstenga de comenzar o continuar con la ejecución de las garantías otorgadas por el CCRC en el ámbito del Contrato; y, como consecuencia de aquello el árbitro no ordenó que el GAD Cuenca se abstenga de notificar como contratistas incumplidos al CCRC y a sus sociedades.

Luego de la constitución del Tribunal Arbitral, se espera la emisión del Acta de Misión y el calendario procesal para la continuación del arbitraje principal.

 

Casos relevantes Subdirección Arbitraje Nacional


En materia de telecomunicaciones la Subdirección maneja casos que se han iniciado en contra de ARCOTEL, todos ellos con sede en Quito y administrados por el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriana Británica y de la Cámara de Industriales de Pichincha CIAM. Entre ellos están los siguientes:  

2.3.1 Otecel S.A. contra Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (002-2015)
El 6 de noviembre de 2015 Otecel S.A. inicia en contra de ARCOTEL un juicio arbitral en donde alega que la determinación de la tasa de cambio que se debe aplicar para la devolución, por parte de OTECEL S.A., de los valores que cobró a los usuarios en concepto de redondeo tarifario en la prestación del servicio de telefonía móvil celular (STMC) en el período comprendido entre febrero de 1999 y julio de 2000, debe ser el de USD 25.000 sucres por dólar y no la tasa vigente al momento del pago. Al respecto, se practicaron las pruebas correspondientes y se realizaron alegaciones orales y escritas dentro del proceso. El 03 de octubre de 2017   se notificó el laudo arbitral que acepta la demanda presentada por Otecel S.A.

La Procuraduría General del Estado planteó acción de nulidad del laudo arbitral, toda vez que el Tribunal falló sobre materia no sometida a arbitraje, concedió más allá de lo reclamado y no motivó su decisión pues: i) laudó sobre una materia que tiene su origen con anterioridad a la suscripción de la cláusula arbitral en la que OTECEL fundó su demanda arbitral y por tanto dicha cláusula no le es aplicable; ii) la controversia no tiene su origen en una relación contractual, sino que es consecuencia de una resolución sancionatoria; iii) el laudo versa sobre la impugnación de un acto administrativo, materia no susceptible de someterse a arbitraje; iv) el Tribunal concedió más de lo reclamado por la actora, toda vez que dispone la aplicación incorrecta de la tasa de interés que deberá satisfacer OTECEL; y, v) el Tribunal no motivó su laudo para justificar su decisión de que la obligación de reintegrar a los usuarios lo indebidamente cobrado a los usuarios por efecto del redondeo tarifario, no nació dolarizada.

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La Dirección Nacional de Asuntos internacionales y Arbitraje atiende y genera los elementos necesarios para litigar en jurisdicción internacional y nacional.


De ese modo, sus actividades en el ámbito internacional están dirigidas a producir con la asistencia de firmas internacionales, los distintos escritos relacionados con los litigios internacionales, tales como memoriales de demanda o contestación, correspondencia con el tribunal o la contraparte, así como comparecer a audiencias en los distintos foros.


Del mismo modo, en jurisdicción nacional, la Dirección produce directamente cada uno de los escritos que deben ser presentados ante los tribunales arbitrales, y cuando el caso rebasa dicha fase ante las cortes correspondientes.


Adicionalmente, las labores de la Dirección están avocadas a la supervisión de los procesos en los que es parte procesal una entidad del sector público con personería jurídica propia.


En cumplimiento del mandato constitucional y legal, la Dirección Nacional emite también las autorizaciones que el Procurador General del Estado efectúa en la contratación pública, cláusulas por las cuales las entidades del sector público se someten a arbitraje nacional. Esta misma autorización es necesaria para el caso del arbitraje internacional o para el sometimiento a ley extranjera.


Por otra parte, la Dirección Nacional brinda asesoramiento en materia arbitral, ya sea nacional o internacional, o en materias relacionadas con la Dirección Nacional a las distintas entidades del sector público.


Finalmente, como parte de su gestión la Dirección Nacional es la encargada elaborar el Plan Operativo Anual e informar sobre su ejecución.


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• CASO HIDROTAMBO VS. CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
• CASO BUENO & CASTRO INGENIEROS VS. EMDUQ-CEM
• CASO PETROALAMEREC, FOSFORCOMP, PETRORIVA VS. PETROECUADOR Y PETROPRODUCCION
• CASO CONSTRUCTORA GAR S.C.C. VS. CORPORACION DE SALUD AMBIENTAL DE QUITO
• CASO NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED VS. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA 2003_2014-10-28

• CASO PETROLEOS SUMMA PET S.A. VS. EMPRESA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
• CASO JUAN CARLOS CHAPARRO ÁLVAREZ VS. EL ESTADO ECUATORIANO
• LEONARDO ERNESTO BASSIGNANA NARANJO Y OTROS VS. CONSORCIO CASTILLA DE GUÁPULO/CONSORCIO FC BLOCK Y CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

• CASO PETROBELL VS. PETROECUADOR
• CASO LUIS RUILOVA CASTILLO VS. CNT
• CASO USV CONSTRUCTORES VS PETROPRODUCCION
• CASO NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED VS. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA 2002_2014-08-25
• CASO NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED VS. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA 2004_2014-10-28

• SERVICIOS ALIMENTICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SERAMIN CIA. LTDA. VS. EMPRESA ESTATAL DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEOS DEL ECUADOR (PETROPRODUCCIÓN)
• ING. ABG. FREDDY WALTER VILLAO QUEZADA VS. ANDINATEL S.A.
• ECUAPET Vs. PETROPRODUCCIÓN

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• ÁMBITO LEGAL MISIONAL •
Autorización para arbitraje
Normativa Arbitral
Tratados Bilaterales
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