Ayuda memoria Caso Merck

El 02 de diciembre de 2011, la Procuraduría General del Estado, como representante judicial de la República del Ecuador, fue notificada con el inicio de un arbitraje bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, por la compañía Merck Sharp & Dohme (Inter American) Corporation, por una alegada violación del Tratado, por supuesta denegación de justicia, en referencia al juicio que por Daños y Perjuicios inició la compañía Nueva Industria Farmacéutica Asociada S.A. (NIFA S.A.), actualmente PROPHAR S.A., en contra de la compañía Merck Sharp & Dohme (Inter American) Corporation.

Antecedentes y desarrollo del juicio local

  • En diciembre de 2003, NIFA demandó a MSDIA en vía civil, en procura de una compensación por supuestos daños y perjuicios sufridos en la negociación fallida de la compra venta de una planta industrial ubicada en el Valle de los Chillos. La cuantía de la demanda estuvo estimada entre $ 200 y $ 300 millones de dólares.

 

  • La Jueza Segunda de lo Civil dictó sentencia el 17 de septiembre de 2007, otorgando a NIFA una indemnización de $ 200 millones de dólares. Se condenó a MERCK por actos en contra de la libre competencia. MSDIA apeló la sentencia dictada por la Jueza segunda de lo civil de Pichincha.

 

  • La apelación fue resuelta por la Primera Sala de lo Civil Mercantil, Inquilinato y Residuales de la Corte Provincial de Justicia, el 23 de septiembre de 2011. En dicha sentencia se modificó el monto establecido en la sentencia de primera instancia, condenando a MERCK al pago de 150 millones de dólares.

 

  • Tanto NIFA como MERCK presentaron recurso de casación de la sentencia de segunda instancia. La casación fue conocida por la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, con el número 1140-2011. La Sala casó la sentencia el 21 de septiembre de 2012, condenando a Merck al pago de 1’570.000 dólares por daños y perjuicios originados en actos de competencia desleal.

 

  • NIFA planteó una Acción Extraordinaria de Protección en contra de la sentencia de casación por supuestas violaciones constitucionales. El 12 de febrero de 2014 la Corte Constitucional resolvió la AEP a favor de NIFA, indicando que la sentencia de casación incurrió en una violación de sus derechos constitucionales al haber valorado una prueba que no fue válidamente introducida en el proceso.

 

  • El 10 de noviembre de 2014, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia emitió la sentencia en el recurso de casación. La decisión fue adoptada por la mayoría del Tribunal que casó la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2011, que condenó a Merck al pago de 150 millones de dólares. En su lugar, la CNJ resolvió ordenar que Merck pague a Prophar la suma de 7’723.471,81 de dólares, sin costas. Dispuso también que se devuelva la mitad de la caución a Merck y que la diferencia se entregue a Prophar.

 

  • NIFA planteó una nueva Acción Extraordinaria de Protección en contra de la sentencia de casación por supuestas violaciones constitucionales. El 20 de enero de 2016, la Corte Constitucional emitió su fallo declarando que la sentencia de la CNJ violó los derechos constitucionales de Prophar de motivación, seguridad jurídica y tutela efectiva.

 

  • El 4 de agosto de 2016, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia emitió su fallo de casación condenando a Merck al pago de US$ 41’916.571,60, por daños y perjuicios originados por la responsabilidad precontractual de Merck al no haber actuado de buena fe en las tratativas previas. El proceso pasó a ejecución de sentencia.

 

  • El 5 de septiembre de 2016, la Unidad Judicial Civil de Quito recibió el proceso para la ejecución de la sentencia. Mediante auto de 16 de septiembre de 2016, la Jueza emitió un Auto de suspensión temporal de la ejecución en virtud de la Orden de Medidas Provisionales del Tribunal Arbitral.

 

  • El 14 de diciembre de 2016, Prophar (Nifa) planteó una nueva Acción Extraordinaria de Protección en contra del auto de suspensión de la ejecución de la sentencia y otros autos.

 

  • El 21 de junio de 2017 la Corte Constitucional aceptó la AEP (número 2708-16-EP), por falta de motivación del auto de suspensión. Particularmente, la Corte consideró que no se había identificado fuente de derecho alguna que hubiera respaldado o justificado la decisión de la Jueza de suspender la ejecución de la sentencia; señaló también que no se estableció relación de causalidad ni fundamento jurídico para tal suspensión.

 

  • El 16 de agosto de 2017 la Unidad Judicial de lo Civil de Pichincha avocó conocimiento del proceso.

 

  • El 2 de octubre de 2017, la Jueza de ejecución emitió el auto de pago por un valor de $34’243.099,79 (TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS)

 

  • Merck presentó recursos de revocatoria y apelación del auto de pago, los cuales fueron negados por la Jueza. Merck planteó también un recurso de hecho, que inicialmente fue concedido, pero luego fue revocado una vez que se asignó un nuevo Juez al caso. Actualmente continúa el proceso de ejecución.