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COMUNICADO DE PRENSA
Quito, 16 de octubre de 2015
UCS/31
 
Ecuador recupera USD 2 millones por concepto de costas legales por el laudo Ulysseas

 

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El 21 de octubre de 2015, la empresa Ulysseas y el Estado ecuatoriano llegaron a un acuerdo por medio del cual Ulysseas pagará al Ecuador USD 2’041.895,29 al Estado ecuatoriano a efectos de cumplir el Laudo Definitivo emitido por un tribunal de arbitraje internacional el 12 de junio de 2012, por concepto de costas legales.

 

Ulysseas había presentado el arbitraje en el año 2010, alegando que el Estado ecuatoriano incumplió sus obligaciones en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones entre los EE.UU. y Ecuador (“TBI”), principalmente alegando la presunta expropiación de la barcaza de energía “PBII” en el año 2009.

 

El Tribunal de Arbitraje – constituido por los profesores Piero Bernadini, Michael Pryles y Brigitte Stern, desestimaron el reclamo de la empresa de manera unánime, fundamentándose en que el Estado ecuatoriano no incumplió su obligación de otorgar un trato justo y equitativo, no actuó de manera arbitraria o discriminatoria y tampoco expropió la inversión de Ulysseas. El Tribunal le ordenó a Ulysseas a pagar US$ 2 millones por concepto de costas legales al Estado ecuatoriano, más intereses.

 

El acuerdo sigue a una acción para ejecutar el Laudo Definitivo, la misma que fue presentada por la Procuraduría General del Estado ante la Corte del Distrito de Delaware en los Estados Unidos. Diego García Carrión, Procurador General del Ecuador, señaló que, “Ulysseas finalmente se ha comprometido a cumplir con el Laudo Definitivo y pagar a Ecuador las costas legales que fueron ordenadas por el Tribunal de Arbitraje como consecuencia de un arbitraje infundado.”

 

Antecedentes del caso:

 

En los años 2005 y 2006, Ulysseas Inc. suscribió con el CONELEC dos contratos de licencia para generar electricidad desde dos barcazas de energía. Si bien ambas barcazas estaban ancladas en la ciudad de Guayaquil, el contrato respecto a la primera barcaza terminó por mutuo acuerdo a causa de los graves defectos técnicos de la misma, los cuales impedían su operación. La PBII estaba lista para generar electricidad pero Ulysseas nunca inició sus actividades, alegando que ciertos cambios en el marco regulatorio impedían que lo hiciera. A finales del año 2009, CONELEC, en vista de la grave crisis de electricidad que surgió en ese momento, y de acuerdo al contrato, ordenó la administración temporal de la PBII. Esto suscitó que Ulysseas reclamara una expropiación mediante un proceso de arbitraje internacional que había iniciado en contra de Ecuador en virtud del TBI suscrito con los Estados Unidos.
 
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