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  • Ecuador gana caso en el CIADI

    Un tribunal del CIADI rechazó una demanda por 75 millones de dólares presentada por la empresa norteamericana MCI Power Group. & New Turbina Inc en contra del Estado ecuatoriano.

Quito, Julio 31 de 2007

ECUADOR GANA CASO EN EL CIADI

Un tribunal del CIADI rechazó una demanda por 75 millones de dólares presentada por la empresa norteamericana MCI Power Group. & New Turbina Inc en contra del Estado ecuatoriano.

El Tribunal, presidido por el jurista argentino Rául Vinueza e integrado por el Juez canadiense Benjamin Greenberg y el chileno Jaime Irarrázabal sostuvo que la MCI Power Group, no demostró que el país hubiese incurrido en violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos. La demandante, sin embargo, está en libertad de presentar cualquier reclamo por presunto incumplimiento contractual ante los jueces ecuatorianos y no ante los tribunales del CIADI.

La defensa de la República del Ecuador en este caso fue liderada por la Procuraduría General del Estado en coordinación con el estudio Jurídico ecuatoriano Cabezas & Wray.

ANTECEDENTES:

El arbitraje en contra del Ecuador fue propuesto por las empresas estadounidenses MCI Power Group L.C. y New Turbine Inc., que alegaron haber tenido control, a través de otras empresas, de las compañías SEACOAST INC. y ECUAPOWER.

La demanda arbitral se basó en el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones celebrado con los Estados Unidos de América. MCI Power Group L.C. y New Turbine Inc demandaron al Estado por una supuesta conducta incompatible con las normas de derecho interno y del Derecho Internacional (discriminación), tanto por parte de éste, como del extinguido INECEL.

Las demandantes reclamaron indemnizaciones por setenta y cinco millones quinientos noventa y un mil novecientos treinta y cuatro dólares más costas y expensas.

La solicitud de arbitraje fue presentada el 16 de diciembre de 2002 y registrada en mayo de 2003.

La Procuraduría General del Estado defendió los intereses nacionales en las etapas procesales que se llevaron a cabo. La Procuraduría, entre otras razones, presentó objeciones a la jurisdicción, porque el tratado no se encontraba vigente cuando se celebró y ejecutó el contrato. En cuanto al fondo, se argumentó y demostró que el contrato de emergencia eléctrica celebrado con Seacoast Inc. no se paga por energía disponible sino por la entregada; que el contrato era a tiempo fijo y no existía obligación de renovarlo, se demostró también que las multas fueron impuestas debida y oportunamente y que el Estado no trató discriminatoriamente a la empresa y que no ha violado sus obligaciones internacionales.

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