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  • Procuraduría defiende derechos de la mujer militar

    En respuesta a una consulta formulada por la Ministra de Defensa Nacional, el Procurador General del Estado subrogante, doctor Humberto Aguilar Bueno, concluye que no cabe la baja definitiva de la Escuela Superior Militar de una Cadete, ni tampoco debe limitarse su reingreso por hechos o disposiciones que vulneren las garantías consagradas en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

Quito, junio 29 de 2007

PROCURADURIA DEFIENDE DERECHOS DE LA MUJER MILITAR.

En respuesta a una consulta formulada por la Ministra de Defensa Nacional, el Procurador General del Estado subrogante, doctor Humberto Aguilar Bueno, concluye que no cabe la baja definitiva de la Escuela Superior Militar de una Cadete, ni tampoco debe limitarse su reingreso por hechos o disposiciones que vulneren las garantías consagradas en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

El Ministerio de Defensa Nacional consultó a la Procuraduría si una Cadete debe ser dada de baja definitiva por no cumplir el numeral 10 del artículo 72 del Reglamento de Disciplina Militar que señala como faltas atentatorias “embarazar o quedar en estado de gravidez y practicarse el aborto o inducir a una Cadete a practicarlo”

El doctor Aguilar basa su resolución en el artículo 23, numeral 3 que consagra la igualdad ante la ley y proclama que todas las personas gozarán de los mismos derechos y libertades y oportunidades, sin discriminación alguna.

Se destaca también que el artículo 18 de la Constitución Política del Estado dice: Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.

Las autoridades militares, dice la Procuraduría, deberán acatar expresamente los mandatos contenidos en los instrumentos internacionales vigentes.

La Procuraduría se respalda también en el artículo 7 de la Convención de Belem do Para que impone al Estado el deber de adoptar todas las medidas apropiadas, incluidas las legislativas, para modificar leyes o reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la violencia contra la mujer como una ofensa a la dignidad humana de la relación históricamente desigual entre hombres y mujeres.

El trato desigual injustificado que se daría a la Cadete que se encuentra embarazada si se niega su reingreso a la carrera militar, constituiría violación a sus derechos.

Las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales tienen jerarquía supra-legal y en consecuencia se superponen al Reglamento de Disciplina Militar.

Las Cadetes objeto de esta discriminación pueden volver al Instituto Militar.

COMUNICACION SOCIAL

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