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Quito, 20 de octubre de 2009.- El 19 de octubre de 2009, la Comisión ad hoc que conoció el pedido de anulación del Laudo emitido a favor del Estado ecuatoriano en el proceso planteado por las compañías M.C.I Power Group L.C y New Turbine Inc, notificó su Decisión Final rechazando la solicitud de anulación presentada por las compañías.


Quito, 20 de octubre de 2009.- El 19 de octubre de 2009, la Comisión ad hoc que conoció el pedido de anulación del Laudo emitido a favor del Estado ecuatoriano en el proceso planteado por las compañías M.C.I Power Group L.C y New Turbine Inc, notificó su Decisión Final rechazando la solicitud de anulación presentada por las compañías.

La Decisión adoptada por la Comisión de Anulación ratifica el Laudo emitido el 31 de Julio de 2007, por un Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mediante el cual rechazó la Demanda presentada por las empresas M.C.I. Power Group, L.C. y New Turbine en contra de la República del Ecuador.
El proceso de anulación inició el 26 de noviembre de 2007 con la solicitud presentada por las compañías M.C.I Power Group L.C y New Turbine Inc. El 8 de junio de 2009, se efectuó la Audiencia sobre Anulación en la ciudad de Washington, con la presencia del Dr. Diego García Carrión, Procurador General del Estado.

Las demandantes en su pedido de anulación alegaron una supuesta falta de conexión entre las consideraciones expuestas en el Laudo y las conclusiones del mismo. De haberse comprobado esta alegación, el Tribunal Arbitral habría incurrido en una extralimitación del ejercicio de sus facultades, configurándose así una causa suficiente para anular el mencionado Laudo bajo el artículo 52 de del Convenio CIADI. Sin embargo la Comisión de Anulación concluyó que el Ecuador demostró la coherencia existente en el Laudo Arbitral y, en consecuencia, rechazó la tesis de las demandantes.

Al comentar esta decisión, el Procurador Diego García, señaló que de esta forma “se pone fin al reclamo mediante el cual se pretendía que el Estado Ecuatoriano indemnice a las compañías M.C.I Power Group L.C y New Turbine Inc, por perjuicios valorados en más de USD 75´000.000 (setenta y cinco millones de dólares), que las demandantes decían haber sufrido como consecuencia de una supuesta conducta incompatible con las normas del derecho interno y del derecho internacional por parte del ex-INECEL y del Estado Ecuatoriano, en el tratamiento dado a las demandantes.”

La defensa del Estado Ecuatoriano estuvo a cargo de la Procuraduría General del Estado, conjuntamente con la Firma de Abogados ecuatoriana Cabezas & Wray y la asesoría de la Firma Estadounidense Foley Hoag LLP.

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