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La Procuraduría General del Estado, conforme a la solicitud efectuada por el Procurador, Dr. Diego García Carrión, a varias instituciones públicas y empresas privadas con capital público, desde el pasado jueves 18 de junio de 2009, está recibiendo la información requerida, referente a los contratos adjudicados a las empresas supuestamente vinculadas con el Ing. Fabricio Correa.

Quito, julio 9 de 2009
CS/152


La Procuraduría General del Estado, conforme a la solicitud efectuada por el Procurador, Dr. Diego García Carrión, a varias instituciones públicas y empresas privadas con capital público, desde el pasado jueves 18 de junio de 2009, está recibiendo la información requerida, referente a los contratos adjudicados a las empresas supuestamente vinculadas con el ingeniero Fabricio Correa.

El Procurador García, de acuerdo a sus facultades, había solicitado a nueve instituciones del sector público y privado con capital público: Hidrolitoral, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Petroamazonas, Predesur, Vicepresidencia Ambiental de Petroecuador e Hidropaute (actualmente CELEC), Corporación Financiera Nacional (CFN) y Petroproducción, cuyos nombres se hicieron públicos a través de los medios de comunicación, la documentación referente a dichos contratos, con el fin de realizar un análisis jurídico de los procesos de contratación de cada uno de ellos y determinar si en estos se incurrió en alguna ilegalidad que sea causal de nulidad y, de ser el caso, iniciar las acciones que correspondan ante los jueces competentes.

El plazo previsto en la Ley para la entrega de dicha documentación, diez días hábiles a partir de la fecha en que estas Instituciones recibieron la solicitud (19 de junio), se cumplió el pasado viernes 3 de julio de 2009.

De las nueve instituciones a las que inicialmente se solicitó la documentación, hasta hoy jueves 9 de julio ya se ha recibido la contestación de todas ellas, con documentación que se está analizando, a fin de verificar que ésta sea la requerida por la Procuraduría y, de ser el caso, pedir documentación adicional.

En el caso de la CFN, nos ha informado que el requerimiento ha sido atendido a través de la Superintendencia de Bancos y Seguros, por tratarse de información sometida a sigilo.

Se aclara que, al momento, no ha sido necesario que la Procuraduría General del Estado solicite una auditoria de gestión a la Contraloría General del Estado, en relación con los pedidos de documentación, los mismos que están siendo atendidos por las entidades requeridas.

Segundo grupo de Instituciones a las cuales se pidió información el 25 de junio.

Adicionalmente, el pasado 25 de junio, se solicitaron documentos a cuatro instituciones más, que son: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, Municipio de Loja e Instituto Nacional de Riego (INAR), que ya entregaron la documentación, adelantándose al plazo fijado. La Superintendencia de Compañías al momento ha entregado la información de la Intendencia General de Loja (respecto a Cosurca) y de Quito, quedando pendiente información de la ciudad de Guayaquil (respecto de Aplitec), aunque aún tiene plazo hasta el 14 de julio para completar la información requerida.

Además de estas acciones, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Contraloría, la mantenga informada de los resultados de los exámenes especiales a los contratos sujetos a esta investigación, a lo que el Contralor ha respondido ofreciendo informar oportunamente a la Procuraduría.

Adicionalmente se le solicitó a la Contraloría General del Estado el envío de la declaración patrimonial presentada por el ingeniero Fabricio Correa, a lo que la Contraloría ha contestado en los términos siguientes:

“No procede que la Contraloría General del Estado divulgue o confiera copias de documentos que contienen información personal, conforme a la restricción del art. 92 de la misma Norma Suprema”.

Esta Declaración Patrimonial le será solicitada directamente al ingeniero Fabricio Correa.

Proceso de Análisis de la información: “según el caso y el momento de la celebración de cada contrato”.

La documentación recibida, está siendo analizada por un equipo jurídico de la Procuraduría General del Estado, quienes serán los encargados de revisar si en los procedimientos precontractuales y en la celebración de los contratos se cumplieron con todos los requisitos de la Ley de Contratación Pública, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ó la norma legal aplicable según el caso y el momento de la celebración de cada contrato.

Además se analizará la información societaria de cada una de las compañías contratistas y sus socios ó accionistas; y, a su vez, de ser estos compañías, de los socios ó accionistas de éstas.

El proceso de análisis tanto en lo contractual como en lo societario, es complejo, pues a medida que los analistas vayan revisando la documentación, pueden ir apareciendo temas o inquietudes que hagan necesario pedir mayor información a las entidades respectivas.

La Ley de la PGE no establece un plazo para realizar esta revisión, lo que dependerá del análisis minucioso de cada uno de los contratos y las empresas contratistas. Sin embargo, estimamos que esta revisión tomará al menos 10 días laborables más.

La Procuraduría General del Estado actuará con la mayor diligencia posible, pero actuando con responsabilidad y precisión jurídica. Oportunamente se informará de los avances de esta investigación.

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Teléfono (593)2 2559308
www.pge.gov.ec

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