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Se ahorró al país más de 399 millones de dólares en una demanda de 400 millones

Quito, mayo 6 de 2010.- La tarde de este miércoles 5 de mayo de 2010, en Miami, EE.UU, un tribunal arbitral constituido de conformidad con el reglamento de arbitraje de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), expidió su decisión final (laudo) en el procedimiento entre la empresa ecuatoriana Varaderos y Talleres Durán Vatadur S.A. (Vatadur) y el Estado ecuatoriano, limitando los valores a pagarse a las obligaciones contractuales que en su oportunidad ya habían sido reconocidas en un acta de entrega recepción celebrada entre la empresa y el Coordinador del Proyecto MODERSA.

La diferencia surgió en la ejecución de un contrato de compraventa de tres lanchas ambulancias, celebrado entre Vatadur y MODERSA/Ministerio de Salud Pública en marzo de 2004 y financiado en parte por un préstamo del Banco Mundial. Esta diferencia fue sometida a arbitraje en un acta de entrega recepción celebrada entre la empresa y el Coordinador del Proyecto MODERSA, el 13 de septiembre del 2006. En dicha acta, en la que se reconoce que existen obligaciones contractuales pendientes aunque no se las cuantifica, a pesar de no haber estado previsto en el contrato y sin contar con autorización de la Procuraduría General del Estado, se sometió la controversia a un arbitraje comercial internacional, fijando como sede la ciudad de Miami.

En el arbitraje, iniciado en el año 2006, Vatadur pretendía que el Estado Ecuatoriano le pagara indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante y daño moral, por aproximadamente cuatrocientos millones de dólares (US $ 400’000.000,oo). Sin embargo, el laudo del tribunal ordenó al Estado ecuatoriano pagar a Vatadur únicamente el saldo del precio del contrato por entrega de las lanchas, y el monto acordado de ciertas órdenes de trabajo afines, menos el precio acordado por ciertas instalaciones auxiliares a las que Vatadur se había obligado pero no entregó, más intereses legales. El monto total reconocido a Vatadur en la decisión final del tribunal asciende a seiscientos ochenta y dos mil ciento noventa y ocho dólares con cincuenta y un centavos (US $ 682.198,51), es decir, el 0.17% del monto reclamado.

El Procurador informó que este arbitraje “es una clara demostración de que el sistema de arbitraje internacional no se ha creado para favorecer reclamos infundados, sino para garantizar a las partes en un conflicto que sus disputas sean resueltas de manera eficiente por un tribunal independiente de dichas partes. El resultado de este arbitraje responde igualmente a la actitud responsable de la defensa del Ecuador, que seguirá respondiendo de manera oportuna en todos los foros internacionales a los que deba acudir en defensa de los intereses del Estado”.

Finalmente, el Procurador lamentó que la actuación inconsulta de un funcionario público, haya obligado al Estado ecuatoriano a comparecer ante un tribunal internacional, frente a una controversia con una empresa ecuatoriana, sin que ello hubiera estado pactado en el contrato, lo que deberá ser tomado en cuenta a efectos de determinar su responsabilidad frente a lo que el Estado ha tenido que invertir en su defensa fuera del país, así como en los resultados del procedimiento arbitral.

Procuraduría General del Estado
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