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En las últimas semanas, varios medios de comunicación han difundido la noticia de que el señor Pablo David Pantoja Chávez y la señora Verónica Andrea Villacrés Armas extrajeron información personal y bancaria del Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, su cónyuge y familiares, así como de otros altos funcionarios del Estado ecuatoriano, en el año 2010, mientras laboraban en la Unidad de Inteligencia Financiera (ahora Unidad de Análisis Financiero) del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), cuyo Directorio preside el Procurador.

Quito, 26 de diciembre de 2011

CS/058

SOBRE EL SEGUIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS E INFORMACION PERSONAL A ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO

DESDE EL AÑO 2010, LA UAF HA IMPULSADO ACCIONES LEGALES CONTRA PABLO PANTOJA Y VERÓNICA VILLACRÉS

En las últimas semanas, varios medios de comunicación han difundido la noticia de que el señor Pablo David Pantoja Chávez y la señora Verónica Andrea Villacrés Armas extrajeron información personal y bancaria del Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, su cónyuge y familiares, así como de otros altos funcionarios del Estado ecuatoriano, en el año 2010, mientras laboraban en la Unidad de Inteligencia Financiera (ahora Unidad de Análisis Financiero) del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), cuyo Directorio preside el Procurador.

Al respecto, cabe precisar que el 8 de noviembre de 2010, la Dirección de Análisis de Operaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), emitió un informe en el que se establecía la existencia de irregularidades cometidas por dos de sus funcionarios en relación a la violación a la información protegida por el Art. 13 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y por los Arts. 92 y 94 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, lo que motivó que la UAF emprendiera una serie de acciones legales conducentes a establecer responsabilidades administrativas y penales.

Con fecha 12 de noviembre de 2010, la UAF presentó una denuncia ante el Fiscal Provincial de Pichincha, doctor Gustavo Benítez Álvarez, quien luego de haber iniciado la indagación previa respectiva, solicitó se dé inicio a la instrucción fiscal, misma que recayó en el Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha, cuyo juez encargado, doctor Abelardo Verdesoto Barahona, en providencia dictada el 30 de diciembre de 2010, avocó conocimiento y dispuso que se notifique y cuente con la Contraloría y la Procuraduría General del Estado.

Por su parte, en el ámbito administrativo, el 2 de diciembre de 2010, el señor Pablo Pantoja Chávez y la señora Verónica Villacrés Armas, hasta entonces empleados de la UAF, fueron sancionados con la destitución de sus cargos, luego de la evacuación del respectivo sumario administrativo (con observancia del debido proceso amparado por el Art. 76 de la Constitución), en tanto sus actuaciones se encuadraban en lo que señala el Art. 48, letra j) de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. De su lado, los sancionados presentaron sendas acciones de protección en contra de la UAF, con el fin de obtener la restitución de sus cargos, mismas que han sido negadas y rechazadas en segunda instancia por la Tercera Sala de Garantías Penales de Pichincha.

Por otra parte, y dado que los hechos referidos se enmarcan en lo tipificado como delito de revelación indebida de documentos reservados, sancionado por el Art. 282 del Código Penal, el 1 de febrero de 2011 la UAF presentó una acusación particular en contra de ambos ex funcionarios, acción que dio inicio a la indagación previa y posterior instrucción fiscal, en cuya fase procesal la Fiscalía encontró elementos probatorios suficientes para emitir un dictamen acusatorio en contra de los procesados. No obstante de aquello, la Jueza Segunda de Garantías Penales de Pichincha, doctora Ángela Sarmiento M. dictó auto de sobreseimiento provisional del proceso y de los imputados.

Tanto la UAF como la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado interpusieron un recurso de apelación de dicho auto de sobreseimiento, cuya competencia se radicó en la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, que lo ratificó en voto de mayoría conformado por los jueces Fausto Vásquez Cevallos y José Roldán Pinargote. Cabe aclarar que existió un voto salvado por parte del juez Eduardo Ochoa Chiriboga, quien sí encontró elementos suficientes para emitir un auto de llamamiento a juicio.

Es importante destacar que dentro del proceso penal llevado a cabo, pese a las pericias técnicas realizadas en el sistema informático de la UAF, no se pudo establecer nexo o relación de los procesados con terceras personas, que hubieran requerido o a las que se les hubiere entregado la información. Sin embargo, el Código de Procedimiento Penal, en su Art. 241, señala que en el caso de sobreseimiento provisional, la instrucción fiscal puede reaperturarse de aparecer nuevos elementos procesales que lo justifiquen, lo cual deja abierta la posibilidad para que, quienes puedan aportar nuevos elementos al respecto, los proporcionen a la Fiscalía General del Estado para que sean debidamente valorados.

La Procuraduría General del Estado intervino en esta causa dentro del marco de lo dispuesto en el Art. 6 de su Ley Orgánica, actuando en forma oportuna y transparente, con estricta sujeción a los lineamientos constitucionales y procedimientos legales, en un trámite que es público.


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