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casoPerenco1

Quito, 6 de julio de 2011

CS/033

En el arbitraje iniciado el 20 de abril de 2008 ante el CIADI, por parte de la Compañía Perenco Ecuador Ltd. en contra de la República del Ecuador y la actual EP Petroecuador, el Tribunal dictó su decisión de jurisdicción el 30 de junio pasado.

La disputa que dio origen a dicho arbitraje surge de la aplicación de la Ley 42-2006 promulgada el 19 de abril de 2006. Como es de conocimiento público, mediante dicha ley se estableció que las compañías petroleras debían pagar al Estado ecuatoriano un porcentaje (primero de 50% y luego de 99%) sobre las ganancias extraordinarias que percibieran debido a los altos precios del petróleo, y que no estaban previstas ni reguladas en los contratos de participación suscritos con el Estado.

El 17 de julio de 2009, el Ecuador presentó objeciones a la jurisdicción del Tribunal, dado que: a) El Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) suscrito entre Ecuador y Francia e invocado por la compañía en el arbitraje, prevé que el control de una empresa de origen francés, beneficiaria de la protección del Tratado, debía ser directo y no indirecto, como sucede en el caso de la demandante; b) el Tribunal no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la aplicación de la Ley 42 porque fue legalmente emitida y declarada constitucional por el máximo juez constitucional ecuatoriano, y ningún tribunal, bajo el derecho internacional, tiene la facultad para pronunciarse sobre su aplicación; c) el Tribunal no tiene jurisdicción para conocer la demanda respecto de los asuntos legales resultantes del contrato de participación para el Bloque 21, según lo estipula la cláusula de solución de controversias constante en dicho contrato que limita la competencia del Tribunal a los asuntos técnicos y/o económicos; d) Petroecuador no es parte de los contratos de participación; y, e) Petroecuador no ha sido acreditada ante el CIADI, de conformidad con el Convenio CIADI.

Esas objeciones  fueron aceptadas parcialmente; en efecto:

1) El Tribunal se declaró incompetente respecto de la demanda planteada en contra de Petroecuador, debido a que ésta no es parte de los contratos de participación y solo actúa como un agente, por lo que no puede ser demandada en el arbitraje.

2) El Tribunal se declaró incompetente para conocer las diferencias de orden legal derivadas del contrato. Su competencia se limitará a las controversias contractuales de naturaleza técnico-económicas respecto del Bloque 21.

3) El Tribunal postergó su decisión de competencia sobre los reclamos realizados por Perenco en relación a supuestas violaciones del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y Francia, porque a su juicio no cuenta con suficientes elementos de prueba para determinar si la demandante es una compañía francesa con derecho a invocar la protección del Tratado.

4)  El Tribunal también postergó su decisión sobre si tiene o no el poder de ordenar al Ecuador no aplicar la Ley 42-2006, así como sus decretos reglamentarios.

El Tribunal dejó en claro que este pronunciamiento sobre su jurisdicción, no implica un prejuzgamiento sobre los temas de fondo en relación a la aplicación a los contratos de la Ley 42-2006.

Una vez dictada esta decisión, el Tribunal fijó el calendario para tramitar la etapa de asuntos jurisdiccionales pendientes y méritos del caso, que incluye la realización de una audiencia en mayo de 2012.

El procurador general del Estado, Dr. Diego García Carrión, resaltó la importancia de esta decisión y señaló que: “el Tribunal ha reconocido la pertinencia de las objeciones a la jurisdicción presentadas por la defensa del Estado, liderada por la Procuraduría General del Estado, lo que a su vez refleja un trabajo serio, técnico y profesional para precautelar los intereses estatales. El hecho de que el presente Tribunal haya reconocido que Petroecuador no es parte de los contratos petroleros firmados por el Estado ecuatoriano con compañías extranjeras en la década de los noventa, tiene consecuencias jurídicas relevantes, no solo en el presente arbitraje, sino en cualquier otro proceso iniciado en el que se pretenda reclamar la responsabilidad de la empresa estatal por la aplicación de la Ley 42”.

“Los equipos de abogados, tanto de la Procuraduría como los abogados externos contratados, ya han iniciado su trabajo para enfrentar los compromisos que se derivan del calendario procesal fijado por el Tribunal", añadió.

 

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