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El día de ayer, miércoles 23 de agosto de 2011, la Procuraduría General del Estado presentó ante la Corte Constitucional una Acción Extraordinaria de Protección que busca dejar sin efecto y valor jurídico la sentencia de casación expedida el 11 de junio de 2009, por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso en contra de Jorge Hugo Reyes Torres por el delito de narcotráfico.

Quito, 24 de agosto de 2011

CS/038


El día de ayer, miércoles 23 de agosto de 2011, la Procuraduría General del Estado presentó ante la Corte Constitucional una Acción Extraordinaria de Protección que busca dejar sin efecto y valor jurídico la sentencia de casación expedida el 11 de junio de 2009, por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso en contra de Jorge Hugo Reyes Torres por el delito de narcotráfico.

Cabe recordar que el 26 de septiembre de 2002, Jorge Hugo Reyes Torres fue condenado por la Quinta Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Quito a 25 años de reclusión mayor especial y el pago de una multa de ocho mil salarios mínimos vitales generales, como autor del delito de tipificado y sancionado en el artículo 84 de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; sentencia que fue confirmada en octubre de 2007 por la Tercera Sala de lo Penal de la misma Corte.

Reyes Torres interpuso un recurso de casación que la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente. Sin embargo, en la misma resolución esa Sala modificó la sentencia de condenatoria a absolutoria, incurriendo en un error grave de incongruencia procesal, debido a que, según el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, al estimar improcedente el recurso de casación, la única opción legal era devolver el caso a la instancia anterior, no siendo posible –en ese caso– revocar la sentencia, pues ello solo era posible si se hubiere declarado procedente el recurso propuesto por Reyes Torres.

Oportunamente, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Segunda Sala aclarar el fundamento de esta inaceptable conducta judicial, pero con providencia del 20 de julio de 2011, la Sala no creyó necesario pronunciarse sobre la aclaración o ampliación solicitadas, y dispuso que se remitiera el expediente al tribunal de origen, para la ejecución de la sentencia de casación.

Frente a eso, la Procuraduría ha solicitado a la Corte Constitucional que acepte la Acción Extraordinaria de Protección presentada ayer 23 de agosto de 2011, considerando que se vulneraron tanto los derechos a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos, de la que gozan las personas naturales y jurídicas, prevista en el Art. 75 de la Constitución, como las garantías básicas de aseguramiento del debido proceso, establecidas en los numerales 1 y 7 (literal l) del Art. 76 de la Carta Fundamental.

La Procuraduría General del Estado pretende que, a través de esta Acción, se deje sin efecto la sentencia de casación dictada de forma antijurídica e inconstitucional por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional y que la situación jurídica se retrotraiga a lo resuelto por la Tercera Sala de lo Penal de Quito el 26 de octubre de 2007, en la que se confirmó la sentencia condenatoria a 25 años de cárcel a Jorge Hugo Reyes Torres.

 

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