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El día 9 de agosto de 2011, fue notificada la decisión dictada por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso penal que se sigue en contra de Xavier Garaicoa Ortiz (ex Procurador General del Estado) y otros funcionarios vinculados con el presunto peculado en relación a la entrega de recursos públicos por USD 7 millones a la Asociación de Empleados de la Institución, en los años 2007 y 2008, y que fueron utilizados para dar USD 10.000 por concepto de “bonos espirituales” a cada uno de los 342 socios de la ASOPGE, y para la compra de dos inmuebles con características de centros vacacionales.

Quito, 17 de agosto de 2011

CS/36

 

El día 9 de agosto de 2011, fue notificada la decisión dictada por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso penal que se sigue en contra de Xavier Garaicoa Ortiz (ex Procurador General del Estado) y otros funcionarios vinculados con el presunto peculado en relación a la entrega de recursos públicos por USD 7 millones a la Asociación de Empleados de la Institución, en los años 2007 y 2008, y que fueron utilizados para dar USD 10.000 por concepto de “bonos espirituales” a cada uno de los 342 socios de la ASOPGE, y para la compra de dos inmuebles con características de centros vacacionales.

El Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión calificó a esta decisión como “una actuación insólita de los jueces de esta causa que rechazamos enérgicamente, porque deja de lado los elementos de convicción que sirvieron a la Fiscalía para acusar y el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, organismo técnico especializado en el control de la utilización de los recursos públicos. Por eso, hemos pedido ya la aclaración y ampliación del auto, y continuaremos ejerciendo todas las acciones necesarias en defensa de los intereses del Estado”.

Cabe recordar que el 12 de julio de 2010, el doctor Hernán Ulloa Parada, entonces presidente de la Primera Sala de lo Penal, dictó un auto por medio del cual se llamaba a juicio al ex Procurador y a varios de los acusados por el delito de peculado; pero, como en ese mismo auto se sobreseyó a varios procesados, entre ellos al ex presidente de la Asociación que repartió el “bono espiritual”, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General del Estado interpusieron recursos de apelación.

Sin embargo, este 8 de agosto, los jueces Luis Moyano Alarcón y Milton Peñarreta Álvarez, en voto de mayoría, revocaron el auto dictado por el doctor Ulloa Parada, y dictaron sobreseimiento provisional del proceso y sobreseimiento definitivo de los procesados (que fueron llamados a juicio) y ratificaron el sobreseimiento dictado para los otros procesados, dejando así en impunidad el delito cometido. La decisión de dichos jueces implica desconocer que una autoridad del Estado no puede disponer de fondos públicos, entregándolos a un ente privado –como es la Asociación de Empleados de la PGE– y pretende entorpecer las acciones de recuperación de dichos recursos, que fueron iniciadas por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General del Estado.

Vale la pena destacar la actuación del doctor Gerardo Morales, conjuez de la Sala, quien, por medio de su voto salvado, dejó sentada su disconformidad con el fallo de mayoría.

 

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