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El Ecuador es un país que reconoce los principios consagrados bajo el Derecho Internacional y, así como acepta fallos internacionales, exige el mismo respeto a los fallos emitidos por su sistema judicial.

El 7 de marzo del año en curso, la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una medida cautelar que prohibió a los demandantes nativos de Lago Agrio ejecutar cualquier sentencia que surja del caso medioambiental litigado durante 8 años en contra de Chevron. En esa orden de medidas cautelares, la Corte criticó al sistema judicial ecuatoriano y, preliminarmente, estableció que cualquier sentencia de las cortes ecuatorianas no debería ejecutarse. El día de hoy, la República del Ecuador presentó un oficio ante la Corte de Apelaciones en defensa de la validez de los fallos dictados por el sistema judicial ecuatoriano.

Quito, 9 de junio de 2011

CS/026

El Ecuador es un país que reconoce los principios consagrados bajo el Derecho Internacional y, así como acepta fallos internacionales, exige el mismo respeto a los fallos emitidos por su sistema judicial.

El 7 de marzo del año en curso, la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una medida cautelar que prohibió a los demandantes nativos de Lago Agrio ejecutar cualquier sentencia que surja del caso medioambiental litigado durante 8 años en contra de Chevron. En esa orden de medidas cautelares, la Corte criticó al sistema judicial ecuatoriano y, preliminarmente, estableció que cualquier sentencia de las cortes ecuatorianas no debería ejecutarse. El día de hoy, la República del Ecuador presentó un oficio ante la Corte de Apelaciones en defensa de la validez de los fallos dictados por el sistema judicial ecuatoriano.

El mencionado caso fue iniciado por un grupo de indígenas nativos de la región en contra de Chevron-Texaco en 1993, por un supuesto daño medioambiental e impacto en la salud causado, según las comunidades de Lago Agrio, después de 30 años de operaciones de Texaco en la región amazónica ecuatoriana. Esta demanda fue interpuesta ante las cortes estadounidenses y, después, a solicitud de la compañía Chevron, fue trasladada a Ecuador. El  caso fue presentado nuevamente en Lago Agrio, Ecuador, en 2003. Después de 8 años, en febrero de 2011, la corte ecuatoriana competente de conocer la causa encontró a Chevron responsable del daño medioambiental. Ambas partes apelaron: Chevron apeló el fallo adverso y los demandantes apelaron el monto de la indemnización.

A principios de este año, Chevron presentó algunas acciones en contra de los demandantes de Lago Agrio y sus abogados en Nueva York. La Corte del Distrito Sur de Nueva York otorgó a Chevron una orden de restricción preliminar que fue apelada por los demandantes.

Con estos antecedentes, el 9 de junio de 2011, Ecuador presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de los Estados Unidos un escrito de "Amicus Curiae" o "amigo de la corte", que es una solicitud de un tercero (en este caso el Ecuador) que no es parte del proceso, y que voluntariamente ofrece su opinión en cualquier asunto legal u otro aspecto, para asistir a la Corte a resolver el tema de fondo.

En este "Amicus", la República del Ecuador no toma una posición sobre el fondo del caso de Lago Agrio, así como tampoco sobre los méritos de las acciones iniciadas por Chevron. En ambos casos, los procesos legales son entre partes privadas y el Estado no es parte.

El Ecuador solicita a la Corte de Apelaciones revertir lo planteado en contra del sistema judicial ecuatoriano, estableciendo que la Corte Distrital (1) no consideró la protección legal que se provee a todos los litigantes que se presentan frente a las Cortes; (2) no consideró que Chevron-Texaco tiene varios juicios exitosos ante las Cortes ecuatorianas; y (3) no consideró que muchas reformas judiciales han sido llevadas a cabo durante las últimas dos décadas. Adicionalmente, la Corte Distrital no ha tomado en consideración que fue la compañía Chevron-Texaco quien defendió vigorosamente el sistema judicial ecuatoriano desde 1993 hasta 2002, cuando buscó que el caso sea descartado de las Cortes estadounidenses en favor de un foro ecuatoriano.

El Procurador General del Estado fue enfático al declarar que: "Ecuador no está de acuerdo con la decisión de la Corte del Distrito Sur de New York, dado que interfiere con la administración de justicia". Expresó, además, su preocupación al señalar que la decisión de la Corte Distrital busca deslegitimar el sistema judicial ecuatoriano por completo, sin tomar en cuenta casi dos décadas de reformas judiciales, y crea un precedente que impide la ejecución de las sentencias, bajo principios de cortesía internacional.

El Procurador General agregó que el sistema judicial ecuatoriano tiene los mecanismos necesarios y los recursos para corregir cualquier error que pueda existir en la administración de un caso en particular.

 

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