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Bonos__27Ene2012

El pasado 12 de enero, una Sala de Admisión de la Corte Constitucional, con los votos de los doctores Alfonso Luz Yúnez y Nina Pacari, rechazó la Acción Extraordinaria de Protección planteada por la Procuraduría General del Estado contra al auto de sobreseimiento dictado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el proceso penal en contra del doctor Xavier Garaicoa Ortiz (ex Procurador General del Estado) y otros funcionarios y servidores involucrados en la entrega de recursos públicos a la Asociación de Servidores de la Procuraduría General del Estado (ASOPGE).

Quito, 27 de enero de 2012

CS/061

PROCURADURÍA RECHAZA LA DECISIÓN DE MAYORÍA DE LA SALA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUE INADMITIÓ LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN EN EL CASO “BONOS ESPIRITUALES”

 

El pasado 12 de enero, una Sala de Admisión de la Corte Constitucional, con los votos de los doctores Alfonso Luz Yúnez y Nina Pacari, rechazó la Acción Extraordinaria de Protección planteada por la Procuraduría General del Estado contra al auto de sobreseimiento dictado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el proceso penal en contra del doctor Xavier Garaicoa Ortiz (ex Procurador General del Estado) y otros funcionarios y servidores involucrados en la entrega de recursos públicos a la Asociación de Servidores de la Procuraduría General del Estado (ASOPGE).

El Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, rechazó lo decidido por dos jueces de una Sala de Admisión de la Corte Constitucional quienes, haciendo mayoría, con el voto salvado del doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte, argumentaron temas de forma para justificar su providencia de “inadmisión” de la Acción Extraordinaria que presentara la Procuraduría contra la resolución de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia que, también por voto de mayoría formada por los doctores Luis Moyano y Milton Peñarreta, concluyeron que el uso  irregular y desautorizado de fondos públicos en que incurrieron los funcionarios procesados no constituye infracción alguna, sobreseyendo a todos los involucrados.

Con ello, se impidió el análisis de los temas de fondo, es decir de graves violaciones constitucionales en las que incurrieron los referidos ex jueces de la Corte Nacional de Justicia al dejar de lado los elementos de convicción que sirvieron a la Fiscalía para acusar, así como el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría.

La decisión de los ex jueces de la Corte Nacional de Justicia implica desconocer que una autoridad del Estado no puede disponer de fondos públicos y entregarlos a un ente privado.

Como es de conocimiento público, en los años 2007 y 2008 el ex Procurador General del Estado entregó fondos a la ASOPGE de los que ésta distribuyó USD 3’183.500, entre sus 342 socios, aproximadamente USD 10.000 para cada uno por concepto de “bonos”.

Sin embargo, mediante la gestión de esta administración de la Procuraduría General del Estado, encabezada por el doctor Diego García Carrión, hasta el momento se han recuperado USD 2’765.190,98. Del saldo pendiente por recuperar (USD 418.309,02), USD 122.795,69 corresponden a servidores que siguen en la Institución y devengan la devolución de esos valores en cuotas mensuales, USD 266.346,66 corresponden a ex servidores (su desvinculación de la PGE dificulta el cobro) y USD 29.166,67 a ex servidores fallecidos.

Cronología del caso

  • El 12 de julio de 2010, el doctor Hernán Ulloa Parada, entonces presidente de la Primera Sala de lo Penal de la CNJ, dictó un auto por medio del cual se llamaba a juicio al ex Procurador y a los demás acusados por el delito de peculado; pero, como en ese mismo auto se sobreseyó a varios procesados, entre ellos al ex presidente de la Asociación que repartió el “bono espiritual”, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General del Estado interpusieron recursos de apelación.
  • El 8 de agosto de 2010, los jueces de la CNJ Luis Moyano Alarcón y Milton  Peñarreta Álvarez, en voto de mayoría, revocaron el auto dictado por el doctor Ulloa Parada, dictaron sobreseimiento provisional del proceso y sobreseimiento definitivo de los procesados (que fueron llamados a juicio), al tiempo que ratificaron el sobreseimiento dictado para los otros procesados, dejando así en impunidad el delito cometido.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Teléfono: (02) 2 559 308

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