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BOLETÍN DE PRENSA


Quito, 23 de junio de 2016
UCS/15




ECUADOR DEMANDA ANULACIÓN DE LAUDO POR CASO COPPER MESA

caso coppermesa01

La Procuraduría General del Estado presentó, ante la Corte Distrital de La Haya, una demanda de anulación del laudo emitido el 15 de marzo de 2016, en el arbitraje planteado por Copper Mesa Mining Corporation en contra del Ecuador, al amparo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito con Canadá (TBI).

En el laudo impugnado se estableció la responsabilidad de la República del Ecuador por una supuesta violación del TBI, al haber incurrido en una expropiación indirecta de las inversiones de Copper Mesa y no haberle otorgado trato justo y equitativo en relación con las concesiones mineras de Junín y Chaucha.

Oportunamente el Estado ecuatoriano presentó sus objeciones a la jurisdicción del Tribunal, debido a que no se trataba de una inversión protegida por el TBI suscrito con Canadá, pues la misma no había operado de conformidad con la ley ecuatoriana. A pesar que se probaron las actuaciones ilícitas de la compañía y su personal, el Tribunal estableció equivocadamente que el requisito de cumplimiento de la ley se refiere únicamente al momento en que se hizo la inversión y no a su operación posterior; y, como consecuencia, estableció que se trataba de una inversión amparada en el TBI.

No obstante lo anterior, el Tribunal aceptó el argumento de la defensa del Estado ecuatoriano en cuanto a que la compañía también es responsable por el daño sufrido, por lo que redujo sustancialmente el monto reclamado por la minera canadiense que fue de USD 69.7 a USD $19 millones de dólares, aunque para la defensa del Estado hay los argumentos necesarios para anular completamente ese laudo.

El pedido de anulación se fundamenta principalmente en la falta de jurisdicción del Tribunal Arbitral para conocer y resolver la demanda de Copper Mesa, por tratarse de una inversión no protegida por el TBI al estar viciada de ilegalidad, ya que conforme lo indica el propio Tribunal en su laudo, los ejecutivos de la minera en Quito dirigieron hechos violentos, en violación de la normativa penal ecuatoriana. También se impugnó el laudo por ser contrario al orden público, al considerar inaceptable que a pesar de las diversas ilegalidades perpetradas por parte del inversionista, que fueron debidamente probadas dentro del arbitraje y reconocidas por el Tribunal, el laudo concluya que el Ecuador ha violado el TBI con Canadá.

Antecedentes:

La compañía canadiense presentó su demanda el 21 de enero de 2011, al amparo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito con Canadá, por la terminación de las concesiones mineras de Junín, Chaucha y Telimbela. La audiencia se llevó a cabo en la ciudad de Washington DC del 16 al 26 de septiembre de 2013.


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