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AYUDA MEMORIA CASO TIDE
11 diciembre 2015

 

ANTECEDENTES

 

ANTECEDENTES

 

En enero de 2006 el Grupo Hutchison (en adelante Hutchison), autodenominado “el Operador de Terminales Independiente más grande del mundo” remitió a la AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA (en adelante APM) una iniciativa privada para la Concesión del Puerto de Manta en la cual proponía realizar y financiar inversiones en el Puerto de Manta por valor de US$ 523 millones.

 

Ante la iniciativa de Hutchison, la APM organizó en el año 2006 una licitación pública internacional que culminó con la adjudicación de la Concesión del Puerto de Manta a la empresa IIHC (ahora HUTCHISON PORT INVESTMENTS LTD.), como representante de Hutchison, y la suscripción del “Contrato de Concesión para el Uso del Puerto Internacional de Carga del Puerto de Manta” el 17 de septiembre de 2006 entre la APM y la empresa constituida para el efecto por el grupo Hutchison denominada TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (en adelante TIDE).

 

Poco tiempo después de la firma del Contrato de Concesión, Hutchison decidió paralizar su inversión –por motivos que le son propios– y centrarse en sus otros proyectos en la costa Pacífica, algunos de los cuales competían directamente con Manta. Esto dio inicio a lo que, a la postre, se convertiría en una larga lista de incumplimientos contractuales.

 

Pese a los esfuerzos de la APM por reconducir la situación, proponiendo nuevos cronogramas de obras e incluso abriendo la puerta a modificar el Contrato de Concesión de común acuerdo, Hutchison negó cualquier salida que implicase invertir más fondos en el proyecto.

 

Tomando como excusa el malestar que la situación había generado en el Presidente de la República, quien mencionó los problemas con Hutchison durante una alocución pública el 9 de enero de 2009, Hutchison anunció de forma sorpresiva su intención de abandonar la Concesión, lo que se hizo efectivo el 28 de febrero de 2009, cuando abandonó Manta, dando inicio a un periodo de intervención hasta la resolución del Contrato de Concesión en marzo de 2010.

 

El 13 de septiembre de 2012 la APM, representada por el Procurador General del Estado, puso en conocimiento de TIDE y de HUTCHISON el inició de un procedimiento de arbitraje internacional, con sede en Panamá y administrado porel Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.

 

DEMANDA

 

DEMANDA

 

El 13 de diciembre de 2013 la APM presentó la demanda de arbitraje en contra de TIDE, IIHC y HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED (en adelante HPH), ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.

 

La demanda se planteó en contra la parte signataria del contrato, TIDE, y en contra de las “no signatarias”, IIHC y HPH, las mismas que de conformidad con el derecho ecuatoriano –derecho aplicable al fondo de la disputa-, el derecho panameño -legislación de la sede arbitral aplicable a la existencia, validez y alcance de la cláusula arbitral-, y la jurisprudencia y doctrinas consolidadas, pese a no haber firmado el Contrato de Concesión, fueron parte del mismo, ya sea (i) por su participación activa en todas las fases de su negociación, conclusión, ejecución y terminación, o sea (ii) por pretender abusar de la personalidad jurídica de TIDE, al servirse de ésta para intentar extraer los beneficios económicos de la Concesión sin tener que asumir los riesgos y cargas, incluida la carga de responder por los incumplimientos del Contrato de Concesión.

 

La demanda interpuesta tuvo por finalidad que se declare que IIHC y HPH son responsables solidarias ante la APM por los incumplimientos contractuales de TIDE y se condene a las demandadas al pago de los daños y perjuicios causados por los incumplimientos del Contrato de Concesión, esto es:

 

(i) la obligación de otorgar las pólizas de seguro previstas en el Contrato de Concesión;
(ii) la obligación de transferir a la APM el 5% de las acciones de TIDE;
(iii) la obligación de nombrar el Comisario de la Concesión, obstaculizando así la función de control de la APM;
(iv) la obligación de presentar en tiempo y forma el documento Proyecto de Desarrollo de la Concesión para la adecuada ejecución del Contrato;
(v) por haber iniciado de forma tardía los trabajos de la Fase Inicial del proyecto;
(vi) la obligación de obtener el tráfico de contenedores del Puerto de Manta al que se habían comprometido; y,
(vii) el abandono unilateral de las instalaciones y de la concesión objeto del contrato el 28 de febrero de 2009.
En la demanda se solicitó que el Tribunal ordene las siguientes reparaciones:
(i) indemnizar a la APM por dichos daños y perjuicios mediante pago de US$ 167.522.818, incluidos intereses calculados hasta la fecha de la demanda;
(ii) indemnizar a la APM por los daños morales causados a ésta, mediante pago de US$ 10.000.000;
(iii) reembolsar a la APM todas las costas y todos los costos de defensa y representación incurridos en el presente procedimiento; y,
(iv) pagar intereses sobre los importes mencionados calculados de conformidad con el Derecho ecuatoriano.

 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

 

SOBRE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
ORDEN PROCESAL NO. 6 DE 21 DE FEBRERO DE 2014

 

El 21 de febrero de 2014, mediante Orden Procesal No. 6, el Tribunal Arbitral declaró la jurisdicción del Centro de Arbitraje y su competencia, bajo las siguientes consideraciones:

 

(i) que la Demandante expresó en su demanda su punto de vista respecto a la jurisdicción y competencia del Tribunal;
(ii) que la Comunicación No. 3 - auto de presentación de la demanda- fue notificada y vencido el plazo concedido ninguna de las demandadas presentó objeciones u observaciones a la jurisdicción y competencia del Tribunal;
(iii) que TIDE compareció a este proceso, posteriormente se presentó a la Audiencia convocada para tratar sobre el procedimiento para el arbitraje y además remitió al Tribunal un resumen de sus posiciones, pretensiones y reclamos, sin haber objetado la jurisdicción del Centro ni la competencia del Tribunal;
(v) que si bien IIHC y HPH no habían comparecido al arbitraje, el Centro había recibido una nota de HPH con objeciones a su participación en el proceso, en función de ello y a fin de pronunciarse sobre su jurisdicción y competencia, mediante Comunicación No. 3, debidamente notificada, el Tribunal Arbitral las invitó a comparecer en este proceso y presentar las observaciones que pudieran tener al respecto.
(vi) que a fin de pronunciarse sobre su jurisdicción y competencia, el Tribunal invitó a las Demandadas a comparecer en el proceso y presentar sus objeciones;
(vii) que no obstante la aparente ambigüedad de la cláusula 105.1 en lo referente al Centro de Arbitraje con jurisdicción para conocer el arbitraje al que se sometieron las partes, fracasada la instancia de mediación, luego de analizados diversos elementos, llevaron a la conclusión del Tribunal que el Centro de Arbitraje designado por las partes es el de la Cámara de Comercio de Quito; entre ellos las referencias que se hacen en las cláusulas 104.1 al CIADI (ICSID World Bank) y 104.1.6 al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, así como la interpretación literal de los términos utilizados en el contrato, y a su consistencia con los restantes términos de la cláusula arbitral como aquellos que sujetan el arbitraje a la Ley de Arbitraje y Mediación y el numeral 105.3 que establece que el arbitraje será en derecho aplicándose exclusivamente el derecho ecuatoriano y prioritariamente el derecho del Contrato de Concesión, normas que son familiares a las normas que regulan el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, no así para los arbitrajes sustanciados en el CIADI los que se rigen prioritariamente por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados del 18 de marzo de 1965.
(vii) que de la interpretación de la cláusula 105.2 se desprende que la voluntad de las partes fue que el arbitraje pueda ser instado transcurrido 5 días de finalizada la etapa de mediación y sin que corresponda asignar a dicho plazo un carácter  perentorio o preclusivo.

 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

 

El 16 de junio de 2014 las compañías IIHC (ahora HUTCHISON PORT INVESTMENTS LTD.) y HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED (en adelante HPH) presentaron su contestación a la demanda.

 

TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (en adelante TIDE) no presentó contestación propia, y se adhirió a la contestación de IIHC y HPH.

 

En primer lugar, se realizan una serie de objeciones respecto a la la jurisdicción del Centro de Arbitraje y a la competencia del Tribunal.

 

En cuando a la admisibilidad de la demanda, argumentaron violaciones al debido proceso, debido a que alegan lo siguiente:

 

1.- IIHC y HPH no participaron en discusiones directas y mediación, por lo cual no se cumplió con las etapas previas al arbitraje.
2.- Las discusiones directas fueron sostenidas entre AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA (en adelante APM) y TIDE, y que la APM les impidió de participar en tales discusiones. No participaron en la mediación.
3.- La solicitud de arbitraje no cumplió con exigencias de la Ley de Arbitraje y Mediación (fundamentos de hecho y derecho, cálculo de daños y perjuicios, y evidencia que fundamente el reclamo), lo cual les impidió el derecho a la defensa.
4.- No se cumplió con el plazo obligatorio de iniciar el arbitraje dentro de los 5 días de concluida la etapa de mediación.
5.- Se inició el arbitraje ante un Centro equivocado –alegaron que el centro adecuado era el CIADI.
6.- Que la cláusula arbitral es patológica toda vez que la APM no ha aprobado su consentimiento frente al CIADI (art.25.3 convenio CIADI), debiendo iniciar el  arbitraje bajo las reglas  de la CIAC (art.3 de la Convención de Panamá).
7.- La Procuraduría General del Estado no tenía capacidad para iniciar arbitraje en representación de la APM.
8.- IIHC y HPH no conocieron en debido tiempo y forma las comunicaciones y decisiones del Tribunal, lo cual afectó su derecho al debido proceso.

 

En cuanto al fondo, alegaron lo siguiente:

 

(i) APM y el Ecuador han violentado leyes y el Contrato en el contexto de una serie de acciones concertadas contra los concesionarios;
(ii) IIHC y HPH no son parte del Contrato de Concesión;
(iii) IIHC y HPH no consintieron, de forma expresa o implícita, en someterse a arbitraje bajo el Contrato;
(iv) no hay fundamentos de jurisdicción ni bases de responsabilidad respecto IIHC y HPH;
(v) la APM y Ecuador son responsables por no haber cumplido con su obligación de aportar US$ 55 millones, por haber repudiado el Contrato de Concesión y por no haber actuado de buena fe; y,
(vi) no puede resarcirse a la Demandante pues: a) no tiene derecho a daños y perjuicios bajo derecho Ecuatoriano, b) no ha demostrado haber sufrido daños ciertos, y c) calcula de forma escandalosamente errónea la compensación.
IIHC y HPH presentaron reconvención solicitando de manera específica que el Tribunal declare el derecho de IIHC y HPH a ser indemnizadas por los daños y perjuicios que los incumplimientos de la APM y el Estado Ecuatoriano le provocaron, sin especificación del monto, y solicitaron que se condene a la Demandante al pago de los costos de la defensa (y reconvención) incluidos los honorarios profesionales de los abogados.

 

Mediante Orden Procesal No. 12 de 18 de junio de 2014, el Tribunal rechazó la reconvención por considerarla extemporánea (mediante Ordenes No. 4 y 5 se estableció el cronograma que fijaba el 25-nov-2013/13-dic-2013 como fecha límite para reconvención).

 

LAUDO DE MAYORIA

 

LAUDO DE MAYORIA

 

El 18 de noviembre de 2015 el Tribunal dicta su laudo, dado a conocer en audiencia telefónica de 30 de noviembre de 2015.

 

RESPECTO A LAS CUESTIONES PREVIAS ALEGADAS POR HPI Y HPH, el Tribunal resolvió lo siguiente:
Sobre el derecho aplicable al fondo, el derecho ecuatoriano y prioritariamente el derecho del Contrato de Concesión.
Sobre la normas aplicables al procedimiento, la Ley de Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador y el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.
Sobre el derecho aplicable a la cláusula arbitral, la legislación ecuatoriana, es decir la ley aplicable al contrato subyacente, desechando las pretensiones de la demandante que sea la ley de Panamá, es decir la ley de la sede del arbitraje.
Sobre la reconvención, el tribunal se remite a lo resuelto en la Orden Procesal No. 12 de 18 de junio de 2014, que rechazó la reconvención por extemporánea (mediante Ordenes No. 4 y 5 se estableció el cronograma que fijaba el 25-nov-2013/13-dic-2013 como fecha límite para reconvención).
Sobre la jurisdicción del Centro de Arbitraje y la competencia del Tribunal, el Tribunal se remite a su decisión contenida en la Orden Procesal No. 6 de 21 de febrero de 2014, cuyos términos ratifica, en la cual se declaró la jurisdicción del Centro de Arbitraje y su competencia, en base a las consideraciones que ella contiene.
Sobre la no participación de IIHC y HPH en las etapas previas de discusiones directas y mediación, el tribunal no acoge el planteamiento pues considera estos aspectos como “mero rigorismo formal” toda vez que existen evidencias que IIHC y HPH tuvieron conocimiento de las etapas previas y manifestaron su voluntad de participar en ellas.
Sobre la oportunidad de la solicitud de arbitraje, fue resuelta en la Orden Procesal No. 6 de 21 de febrero de 2014, en la que el Tribunal consideró que de la interpretación de la cláusula 105.2 se desprende que la voluntad de las partes fue que el arbitraje pueda ser instado transcurrido 5 días de finalizada la etapa de mediación y sin que corresponda asignar a dicho plazo un carácter perentorio o preclusivo.
Sobre la forma de la solicitud de arbitraje, el tribunal consideró que cumplió con todos los requisitos y formalidades del caso.
Sobre la personería de la PGE, el tribunal no encontró limitaciones a sus facultades legales de representación.
Sobre las notificaciones deficientes y el debido proceso, el tribunal consideró que es inadmisible porque las demandadas tuvieron amplias oportunidades de ejercer sus derechos y su omisión voluntaria de incorporarse al proceso oportunamente y de haberlo hecho con posterioridad en el estado en que se encontraba el mismo, no sustenta reclamo válido alguno.

 

RESPECTO A LAS 7 IMPUTACIONES DE LA APM A TIDE SOBRE EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, el Tribunal, en primer lugar, diferenció los 4 incumplimientos sobre los que la APM no realizó reclamo económico, y 3 por los que reclamó daños.
Respecto a los 4 primeros: 1) la obligación de presentar el documento PDC, 2) la obligación de nombrar el Comisario de la Concesión, y 3) la obligación de otorgar las pólizas de seguro, en general el tribunal consideró que las cuestiones fueron tratadas y resueltas por las partes oportunamente, y en la medida que no se presentaron reclamo de daños, era insustancial cualquier análisis adicional. Sobre el incumplimiento restante; y, 4) haber iniciado de forma tardía los trabajos de la Fase Inicial del proyecto, el tribunal lo analizó junto con el incumplimiento alegado por IIHC y HPH en contra de la APM sobre la falta del aporte de US$ 55 millones, concluyendo que los retrasos previos al Acta Acuerdo de 28-oct-2008 se consideran razonablemente justificados ante la incertidumbre de la disponibilidad efectiva de los fondos de aporte del Estado.
Respecto a los 3 restantes: 5) Sobre la obligación de transferir a la APM el 5% de las acciones de TIDE, es un incumplimiento que no es excusable; 6) Sobre la obligación de obtener el tráfico de contenedores del Puerto de Manta, el tribunal no encontró responsabilidad de TIDE; y, 7) Sobre el abandono de la concesión, el tribunal concluyó que la decisión fue injustificada y constituyó un incumplimiento del contrato, considerando que: (i) las declaraciones del Presidente y el comportamiento de la APM, si bien no contribuyeron a generar un clima de confianza, no pueden considerarse como un repudio definitivo e irreversible al contrato que justifique el abandono de la Concesión; (ii) la crisis financiera mundial de 2008 influyó en la decisión de TIDE y sus accionistas de retirarse de la Concesión; (iii) las reuniones posteriores a 5-feb-2009 ratificaron el compromiso del Estado respecto a la inversión de millones y la intención de las autoridades de continuar con el proyecto; (iv) la excepción de contrato no cumplido alegado por las demandas no es aplicable considerando lo señalado en los puntos (i) y (iii), y que no se asimila a una suspensión de las obligaciones sino que reviste carácter definitivo.

 

RESPECTO A LA DECLARATORIA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, el tribunal consideró que su terminación fue consecuencia razonable e inevitable por el abandono de la Concesión por parte de la Concesionaria, prematuro e injustificado, lo cual impedía la continuación del contrato.

 

RESPECTO A LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD A LAS DEMANDADAS IIHC Y HPH, el tribunal consideró que:
Sobre el consentimiento expreso de IIHC Y HPH, el tribunal juzga que IIHC Y HPH son responsables con TIDE de los incumplimientos, considerando que: (i) si bien no celebraron como parte el contrato, pueden quedar alcanzadas en razón de los compromisos asumidos en la etapa de formación del contrato y el grado de participación durante el desarrollo del mismo, particularmente en la decisión de abandonar la concesión; (ii) IIHC se obligó a financiar las inversiones del proyecto asumiendo la responsabilidad consiguiente; (iii) IIHC y HPH se obligaron a cumplir con el Proyecto Técnico Básico y con la financiación requerida; (iv) IIHC Y HPH controlaban TIDE y debieron adoptar las medidas necesarias para que cumpla el contrato, consecuentemente el incumplimiento de TIDE de los compromisos de inversión al retirarse de la concesión son también imputables a IIHC Y HPH; (v) acepta los argumentos de la demandante respecto a la participación IIHC Y HPH en todas las etapas del contrato comportándose como verdaderas partes antes de su celebración y durante su ejecución.

 

RESPECTO A LOS DAÑOS
Respecto al régimen económico del contrato, el tribunal consideró que: (i) el riesgo derivado de la evolución de los tráficos de carga, factor clave para el éxito de la concesión, era compartido entre las partes y no exclusivo del concesionario; y (ii) el concesionario no garantizó determinados niveles de tráficos y eran solo proyecciones sujetas a revisión y ajuste.
Respecto a la procedencia de la reparación de daños y perjuicios, el tribunal consideró que salvo que exista disposición específica en contra, la reparación resulta procedente, puesto que las partes acordaron el derecho a la reparación integral de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento contractual, que no debe confundirse con la potestad de imponer sanciones ni con la garantía de fiel cumplimiento.
Respecto a los daños resarcibles, el tribunal consideró que para que sean resarcibles los daños deben ser ciertos, y en lo referente al lucro cesante debe ser cierto y predecible, y señaló que los cálculos presentados por la demandante son especulativos y poco fiables. Por otra parte, las demandadas no presentaron cálculos alternativos y tan solo se limitaron a realizar críticas.
Respecto al daño emergente y lucro cesante, el tribunal resolvió:
Calculo de la indemnización por Lucro Cesante: la indemnización de ’000.000 menos el valor garantía neta de ’807.272 (descontada menos las multas y costos de intervención) da un valor neto a recibir de ’192.728.
Respecto al Daño Moral, el tribunal rechazó el reclamo de ’000.000 por considerar que la demandante no pudo probar el daño causado, que la afectación a su imagen y reputación sea consecuencia del abandono de la concesión ni que el fracaso en atraer inversionistas sea responsabilidad de las demandadas.
Respecto a los bienes de TIDE, el tribunal se abstiene de pronunciarse toda vez que TIDE no ha presentado reconvención alguna al respecto.
Respecto a las solicitudes de compensaciones de IIHC Y HPH, el tribunal rechazó el pedido para que se deduzca cualquier daño reconocido a favor de APM de los valores que alegan corresponderles por los daños y perjuicios sufridos por ellas por 5.7 millones, toda vez que no han sido reconocidos por la demandante, ni ordenado por tribunal alguno, ni constituye crédito liquido ni exigible.
Intereses, cabrán cuando se encuentren en mora del pago de lo adeudado o de su porción de los costos comunes del procedimiento.
Costas, partes iguales los costos comunes del procedimiento y cada parte asume sus propios costos de defensa.

 

DECISIÓN

 

DECISIÓN

 

1.- Ratifica la jurisdicción del Centro y competencia del Tribunal.
2.- TIDE incumplió obligación (i) de transferir 5% de acciones y (ii) al abandonar la concesión.
3.- IIHC y HPH son responsables solidarias frente a la APM de los incumplimientos de TIDE.
4.- Reconoce a favor de APM valores descontados por daño emergente por 5.349 y lucro cesante millones.
5.- El valor neto a pagar por las demandadas, aplicado el valor de la garantía y multa, es de .192.728 que se deberá actualizar a la misma tasa de descuento a la fecha de pago de 30 días a partir de la notificación del laudo.
6.- Los costos comunes del arbitraje se pagarán por partes iguales.
7.- Los gastos extraordinarios de notificación IIHC y HPH serán asumidos por estas.
8.- Las demandadas deben reintegrar a la APM 50% de los gastos del Centro.
9.- El pago de valores se debe realizar en 30 días de notificado el laudo.
10.- La mora en el pago genera interés simple a tasa de interés legal.
11.- Se rechazan todas las demás pretensiones.

 

DISIDENCIA PARCIAL DEL PROF. GUIDO SANTIAGO TAWIL

 

El criterio parcialmente disidente en primer lugar consideró que no procedía extender la responsabilidad de TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (en adelante TIDE) por los incumplimientos contractuales a IIHC (ahora HUTCHISON PORT INVESTMENTS LTD.) y HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED (en adelante HPH), toda vez que: (i) el consentimiento es la piedra fundamental sobre la que se funda el arbitraje, (ii) que extender la responsabilidad resultaría en una mayor injusticia al crear una obligación contractual que no puede existir, (iii) conlleva dejar de la lado el principio de independencia de la personalidad jurídica, (iv) no se encuentran reunidos los presupuestos que habilitan el levantamiento del velo societario que tiene por fin desestimar la personalidad jurídica cuando ella fue constituida para perseguir fines antijurídicos, violar la ley o dañar a terceros, (v) no considera probada la omisión dolosa o fraudulenta de TIDE, ni un abuso de la personalidad jurídica para evitar cumplir la obligación de capitalizar la empresa conforme el contrato lo exigía, (vi) no se ha probado que haya existido elementos que permitan concluir que TIDE o sus accionistas actuaron de mala fe, o hicieron uso fraudulento o engañoso de la personalidad jurídica con la finalidad de abandonar la Concesión, (vii) extender la responsabilidad para evitar la denegación de justicia supondría fallar en equidad y no en derecho como exige el convenio arbitral, crear obligaciones que no existen y cubrir con el laudo mayores riesgos de los que la reclamante cubrió con el contrato o aquellos que la ley, por excepción, habilita a cubrir en los casos en que resulta procedente la inoponibilidad de la personalidad.

 

Se reconoce a favor de la Demandante, como consecuencia del retiro anticipado de la Concesión por TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (en adelante TIDE), daño emergente y lucro cesante. Los restantes rubros reclamados fueron desestimados.

 

Se consideró que los daños y perjuicios reconocidos a favor de la AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA (en adelante APM), por los conceptos referidos precedentemente, estuvieron razonablemente cubiertos por el monto de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, previa deducción del importe correspondiente a las penalidades impuestas a TIDE por $ 22.000 en el mismo acto. El monto total de los daños reconocidos, descontado a la Fecha de Valuación, coincidente con el monto de la garantía ejecutada, asciende a $ 7.712.988. Consecuentemente, el Tribunal concluye que no queda ningún monto remanente a percibir por la Demandante por los daños y perjuicios, al haber quedado íntegramente cubiertos con la garantía contractual ejecutada. Adicionalmente, las inversiones no amortizadas efectuadas por TIDE en los bienes inmuebles del Puerto, incluidos los bienes inmuebles por accesión, deben considerarse ingresadas al patrimonio estatal.

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