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Quito, 11 de septiembre de 2020

 

COMUNICADO PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

La Procuraduría General del Estado tiene entre sus facultades, de conformidad con el numeral 3 del artículo 237 de la Constitución de la República y 13 de su  Ley Orgánica, la absolución de consultas jurídicas, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, a pedido de las máximas autoridades de las entidades del sector público.
 
Los casos en los que, de conformidad con la norma, la Procuraduría General del Estado no puede absolver las consultas que se le haya planteado son: i) materias en que la Constitución o la ley otorguen competencias a otros organismos; y ii) cuando se trate de asuntos resueltos por jueces o tribunales de la República o que estén en conocimiento de los mismos.
 
En ejercicio de dicha competencia, el Procurador General atendió una consulta formulada por el Presidente de la Asamblea Nacional, relacionada con la aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que regula la conformación de las Comisiones Especializadas Permanentes de la Asamblea Nacional.
 
En su dictamen, el Procurador General realizó un análisis general y abstracto sobre  la aplicación de la norma y, adicionalmente, consideró que, de conformidad con los artículos 3 numeral 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y 18 numeral 1 del Código Civil, cuando el sentido de una disposición es claro se deberá atender a su tenor literal, concluyendo que la LOFL no prevé la reestructuración de las Comisiones Permanentes en momentos distintos a los previstos en su artículo 23.
 
No existe interferencia en la actividad de la Función Legislativa, y de ningún otro organismo del sector público, cuando el Procurador General del Estado atiende una consulta que le formula la máxima autoridad de la respectiva entidad y no se configura ninguna de las excepciones taxativamente previstas en las normas; por el contrario, el Procurador General actúa en estricto cumplimiento de una de sus competencias constitucionales.
 
Corrobora lo expuesto, la revisión del Sistema de Consultas Absueltas, de acceso público en la página www.pge.gob.ec , en el que constan trece consultas atendidas a la Asamblea Nacional, entre 2010 y 2020, todas ellas formuladas por la respectiva máxima autoridad de dicho organismo.
 
En tal virtud, el pronunciamiento que emite el Procurador General del Estado al atender una consulta trata, exclusivamente, sobre la aplicación general de disposiciones jurídicas  y “(…) es de obligatorio cumplimiento al tener la misma fuerza vinculante que cualquier precepto jurídico[1], según ha resuelto la Corte Constitucional, en aplicación del artículo 237 numeral 3 de la Constitución de la República.
[1] Corte Constitucional, sentencia No. 049-16-SIS-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 878 de 10 de noviembre de 2016, pág. 95.

 

 
 
 
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