La Dirección Nacional de Control de Legalidad de Contratos, resultante de la integración de las Direcciones Nacionales de Contratación Pública y Contratación Especial, en el marco de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia, efectúa permanente actividad de control legal a procedimientos y fases de la contratación pública, contrastando hechos y actos administrativos efectuados por la entidad contratante a la luz de la normatividad  aplicable, en irrestricto cumplimiento de la norma constitucional ( Art.237 , número 4) y legal ( Art.3, letra g y Disposición General Séptima de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado).

 

El detalle y particularidades de los casos asumidos como parte del trabajo de control, es el siguiente:

• 105 casos en análisis previo al inicio del período (20 casos del año 2017, 40 del 2018 y 45 del 2019).
• 42 casos con observaciones contenidas en el informe de control legal y 32 casos con recomendación de archivo y autorización.
• 110 nuevos casos ingresados en el período 2019, de ellos 17 corresponden a la Función Ejecutiva; 1 a organismos y dependencias de la Función Judicial; 38 a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 5 a Organismos que ejercen la Potestad Estatal; 35 al sector eléctrico, telefónico y otros; 11 al sector de hidrocarburos; y,3 casos que corresponden a empresas públicas.
• El total de casos en análisis al finalizar el período es 71.
• Se asesoró a 63 entidades públicas en temas de contratación pública.

Como la naturaleza del control legal asumido por esta Dirección tiene carácter preventivo, la capacitación también cobra una significativa relevancia. En este contexto, y para alcanzar este objetivo, durante los meses de julio, agosto y septiembre, la Dirección Nacional de Control de la Legalidad programó y llevó a la práctica el exitoso Seminario “JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” en colaboración con AME Y CONGOPE en las ciudades de Loja, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Portoviejo, Ibarra y Quito.

 

Adicionalmente, esta Dirección enriqueció la coordinación a nivel nacional con el resto de las Direcciones Nacionales de la Procuraduría General del Estado, así como con las distintas entidades del sector público, asistiendo con asesoría jurídica en temas complejos de la contratación pública que nos llegan a formular los representantes de las entidades del Estado.