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icn contra especial INICIATIVA LEGISLATIVA
Misión

mision iniciativa legislativa

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El artículo 237 de la Carta Magna[1] detalla las funciones del Procurador General del Estado: 1. La representación judicial del Estado; 2. El patrocinio del Estado y de sus instituciones; 3. El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante; 4. Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público.

Adicionalmente, el artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 otorga a la Procuraduría General del Estado, la iniciativa legislativa, en las materias relacionadas con sus atribuciones.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en el artículo 3, literal j), dentro de las funciones del Procurador General del Estado, dispone: “Presentar proyectos de ley, en las materias que correspondan a sus atribuciones específicas.” En el mismo sentido se expresa el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa[2].

Para ejercer la facultad de iniciativa legislativa prevista en las disposiciones constitucionales y legales antes referidas, el Procurador General del Estado, mediante resolución 108 de 04 de diciembre de 2018, reformó el Estatuto Orgánico por Procesos de la Procuraduría General del Estado y creó la Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas.

La Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas ejerce sus funciones desde el 1 de febrero de 2019, a través de la presentación de proyectos de ley en el ámbito de su competencia. También asesora a las entidades públicas en la aplicación de principios de técnica legislativa y parlamentaria; promueve, en coordinación con otras áreas, la organización y funcionamiento de capacitación e investigación jurídica que responda a las necesidades actuales y potenciales de la Procuraduría General del Estado.

Por otro lado, a través del Proyecto piloto del Servicio de Asesoría Legal Externa de la Procuraduría General del Estado, la Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas  asesoró a distintas instituciones públicas respecto a la materia “Nociones de Técnica Legislativa en la elaboración de normas”, entre estas: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

El reto de la Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas es consolidarse como una instancia técnica de revisión normativa y contribuir con investigación jurídica en el ámbito de competencias de la Procuraduría General del Estado.


[1] Art. 237.- Corresponderá a la Procuradora o Procurador General del Estado, además de las otras funciones que determine la ley:

  1. La representación judicial del Estado.
  2. El patrocinio del Estado y de sus instituciones.
  3. El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos.
  4. Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público.

[2] Art. 54.- De la iniciativa. - La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde:

  1. A las y los asambleístas que integran la Asamblea Nacional, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de sus miembros;
  2. A la Presidenta o Presidente de la República;
  3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia;
  4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones; y,
  5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.

Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados, previa solicitud y autorización de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional.

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