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 title sintesis

 

La Dirección Nacional de Consultoría prepara los proyectos de pronunciamientos mediante los cuales el señor Procurador General absuelve las consultas que le formulan las máximas autoridades de las entidades del sector público, sobre la inteligencia y aplicación de las normas jurídicas, de conformidad con la atribución que le asigna el numeral 3 del artículo 237 de la Constitución de la República y los artículos 3 letra e) y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

Cada proyecto contiene análisis jurídico fundamentado en el examen de las normas aplicables, la revisión y estudio de doctrina y jurisprudencia, considerando el aporte de los criterios jurídicos institucionales requeridos a los diferentes organismos y entidades públicas distintas a la consultante, que ejercen competencias o tienen conocimientos especializados sobre la materia de la consulta. En muchas ocasiones los proyectos se coordinan con otras Direcciones, a fin de asegurar la sujeción a la legalidad y la unidad en líneas de defensa del interés público, considerando adicionalmente que la administración pública es un instrumento al servicio de la colectividad y por tanto debe garantizar a las personas el efectivo goce de sus derechos.

La gestión incluye la preparación de respuestas para requerimientos que no constituyen consultas, pero están relacionados con temas del área, que deben ser atendidos por el señor Procurador General en plazos cortos, como es el caso de pedidos de información formulados por fiscales o la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, el proceso de consultoría incluye la atención y despacho de trámites intermedios, necesarios para que el  expediente de consulta esté completo, como son: requerimientos de informes jurídicos a las consultantes, traslados y reformulaciones;  trámites finales como las respuestas a pedidos planteados por personas naturales o jurídicas de derecho privado, y asesorías que se prestan en el marco del proyecto ALE, así como la preparación de material y participación de los abogados del área como  expositores en eventos institucionales.

Principales acciones ejecutadas

La gestión se ha enfocado en incrementar la absolución de consultas mediante pronunciamientos que atiendan materias respecto de las cuales el Procurador General del Estado no se hubiere pronunciado, o habiéndolo hecho las normas hubieren sido modificadas, para lo cual se han ejecutado las siguientes acciones:

 

5.1.1           Nuevo procedimiento para atención de consultas

En coordinación con el Despacho y la Dirección de Asesoría Jurídica, se preparó el proyecto que concluyó con la expedición de la Resolución No. 24, publicada en el Registro Oficial No. 532 de 17 de julio de 2019, mediante la cual el Procurador General del Estado actualizó el procedimiento a aplicarse para atender las consultas formuladas por las entidades, instituciones y organismos del sector público.

 

5.1.2           Incremento de pronunciamientos

El mayor objetivo alcanzado por la Dirección Nacional de Consultaría, que se evidencia con los datos estadísticos[1], es haber incrementado el número de pronunciamientos nuevos, lo que se ha logrado mediante la adecuada distribución de los trámites entre distintos equipos de trabajo, conformados en función de la complejidad de cada caso, asegurando la pertinencia de las conclusiones alcanzadas y permitiendo que los abogados de menor experiencia se entrenen en el análisis jurídico y la redacción de proyectos de absolución de consultas.

En el mismo sentido, en caso de que una consulta se refiera a normas vigentes, respecto de cuya aplicación ya existiere pronunciamiento del Procurador General del Estado, se los remite sin que sea necesario emitir uno nuevo. Al logro de este resultado ha coadyuvado la expedición de la Resolución No. 20, publicada en el Registro Oficial No. 481 de 6 de mayo de 2019, el Procurador General del Estado delegó a los Directores Regionales y al Director Nacional de Consultoría la atribución de suscribir oficios a través de los cuales se remiten pronunciamientos previos expedidos por el Procurador General del Estado en funciones, que traten sobre la aplicación de normas que se encuentren vigentes.

 

5.1.3           Coordinación con otras direcciones institucionales

Con la Dirección Nacional de Patrocinio constantemente se han coordinado distintos temas, como contenciosos electorales y contenciosos administrativos, laborales y constitucionales, a fin de garantizar que los pronunciamientos que se vayan a emitir se encuentren en armonía con la línea de defensa judicial de las instituciones que integran el sector público.

Adicionalmente, la autorización coordinada con la Dirección Nacional de Patrocinio, para que Consultoría pueda utilizar el sistema de Búsqueda de Expedientes permite verificar la existencia, o no, de procesos judiciales que se encuentran en trámite o resueltos, con el objeto de descartar o no el motivo de abstención previsto por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

Con la Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos se han coordinado consultas vinculadas con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, para armonizar criterios y asegurar su aplicación uniforme, además de coordinar observaciones a los proyectos de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Administrativo propuestos por el licenciado Lenin Plaza Castillo, Asambleísta por la Provincia de Esmeraldas y por el doctor Luis Fernando Torres, exasambl0eísta por la Provincia de Tungurahua.

Adicionalmente, varios abogados de la Dirección Nacional de Consultoría formaron parte del equipo de instructores que participaron en las JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2019, organizadas por la Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos de la PGE, en conjunto con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), que tuvieron lugar en las ciudades de Loja (Del 4 al 5 de julio); Riobamba (Del 11 al 12 de julio); Cuenca (Del 18 al 19 de julio); Ibarra (Del 7 al 8 de agosto); Guayaquil (Del 22 al 23 de agosto); Portoviejo (Del 29 al 30 de agosto); y, Quito (Del 5 al 6 de septiembre), habiendo recibido muy buenas evaluaciones por su intervención en calidad de expositores.

Con las Direcciones de Derechos Humanos y Patrocinio Internacional también se han coordinado diversos proyectos de absolución de consultas, lo que permite asegurar unidad de acción y coordinación en las líneas de defensa institucionales.

Para atender adecuadamente los diferentes trámites a su cargo, la Dirección Nacional de Consultoría ha adoptado, entre otras, las siguientes medidas:

 

5.1.4           Protocolo para atención de requerimientos fiscales

Los requerimientos fiscales están sujetos a plazos cortos y a firma del señor Procurador General del Estado. El protocolo implementado, a partir del ingreso a la Dirección de Consultoría, permite que se identifique el caso, se lo tramite y revise de forma prioritaria, lo que ha permitido su atención oportuna en todos los casos.

5.1.5           Depuración del sistema de consultas absueltas

Para que el Sistema de Consultas Absueltas, al que se accede por la página web institucional, se encuentre debidamente actualizado fue necesario coordinar con el área de informática, a fin de incluir una ventana informativa sobre el estado (vigente o derogado) de la legislación examinada en los respectivos pronunciamientos. Como consecuencia de ello, se eliminarán del acceso público, aquellos pronunciamientos que contengan normativa sin vigencia, como es el caso de los que tratan sobre las leyes orgánicas de Régimen Municipal, de Régimen Provincial y de Juntas Parroquiales, que fueron totalmente derogadas y sustituidas por el COOTAD.

5.1.6           Capacitación del personal

A través del plan de capacitación institucional formulado por la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano, como también a través de iniciativas propias de cada uno de los funcionarios de la dirección, se ha priorizado la actualización de conocimientos jurídicos especializados, en áreas de interés institucional.

Adicionalmente, se logró la adquisición de libros de derecho, lo que permitirá contar a los abogados del área con una pequeña biblioteca de consulta, con doctrina actualizada.

5.1.7           Asesorías

En el marco del proyecto ALE, durante el año 2019 se han atendido 230 asesorías a servidores de distintas entidades, instituciones y organismos del sector público, las mismas que se registran de acuerdo al sector al que pertenecen y la materia sobre la que tratan, entregando en muchos casos pronunciamientos previos sobre la aplicación de la norma requerida y explicando el funcionamiento del Sistema de Consultas Absueltas, al que se ingresa a través de la página web institucional.

5.1.8           Difusión del Sistema de Consultas Absueltas

A través de la página web institucional, de las capacitaciones y asesorías brindadas a las entidades, instituciones y organismos del sector público se logró incrementar significativamente el ingreso de usuarios externos al aplicativo del “Sistema de Consultas Absueltas”, de 20.204 correspondiente al periodo 2018, a 28.974, facilitando el acceso al texto íntegro de los pronunciamientos vinculantes emitidos por el Procurador General del Estado y reduciendo la posibilidad de que se presenten nuevas consultas sobre temas que ya han sido atendidos.

 

5.1.9           Apoyo en contrataciones internas   

Adicionalmente, en el marco del PROFIT, se participó en la elaboración de los TDR para la contratación de la consultoría que desarrollará el modelo de gestión institucional.

[1] Ver anexo 1.

REGRESAR ARRIBA

 

 title estadisticas

 

consultoria 01

Fuente: Patrocinio Nacional – Elaboración: Coordinación Institucional

REGRESAR ARRIBA

 

 title casosrelevantes

 

Entre los pronunciamientos expedidos durante el periodo materia de este informe, tienen relevancia, por referirse a cuerpos normativos de reciente promulgación, los relacionados con la aplicación del Código Orgánico Administrativo (COA) y el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP).   Sobre el primero se han atendido consultas relacionadas con procedimiento administrativo sancionador, tipicidad de infracciones administrativas, acción coactiva y recursos en sede administrativa.  

Así también, se han atendido consultas de contratación pública, que reflejan la complejidad de la aplicación de las normas durante la etapa de ejecución contractual, debido a la variada casuística.  En esos casos se ha contado con el criterio del SERCOP y se ha coordinado con las Direcciones de Control de la Legalidad de Contratos, Patrocinio Nacional, y Asuntos Internacionales, a fin de unificar criterios que, adicionalmente, guarden armonía con la línea de defensa institucional.

Adicionalmente, se han atendido consultas formuladas por las más altas autoridades de las diversas Funciones del Estado, entre ellas, de la Función Judicial: Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General, Consejo de la Judicatura; de la Función de Transparencia y Control Social: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Superintendencias de Bancos, y de Compañías, Valores y Seguros.  Todas ellas fueron atendidas mediante pronunciamientos del Procurador General del Estado que han abordado materias de especialidad.

Se consideran pronunciamientos relevantes, por la materia, los siguientes:

5.2.1           Servicio público

5.2.1.1   Caso 1

Consultante:              Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

Materia:                      Encargos.

No. Oficio y fecha:    02284 de 11 de enero del 2019.

La Procuraduría General del Estado dio contestación a la consulta presentada por el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, relacionada con la aplicación del artículo 127 de la LOSEP que prevé el encargo en puesto vacante, para lo cual se consideraron además los artículos 271 de su Reglamento General y 98, 99 y 103 del COA, referidos al acto administrativo, los requisitos de validez de éste y sus causas de extinción.

Al respecto, este organismo concluyó que, de acuerdo con el tenor de los artículos 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 271 de su Reglamento General, el acto administrativo de encargo en puesto vacante conserva su vigencia y eficacia respecto de los servidores en quienes hubieren recaído dichos encargos, hasta la designación de sus reemplazantes por parte de la autoridad nominadora competente.

 

5.2.1.2   Caso 2

Consultante:              Consejo de Educación Superior.

Materia:                      Permiso para ejercicio de docencia por servidores públicos

No. Oficio y fecha:    04989 de 29 de julio del 2019.

La Procuraduría General del Estado atendió una consulta formulada por la Presidenta del Consejo de Educación Superior referida a la procedencia de que un servidor público ejerza la docencia universitaria dentro de su jornada de trabajo.

Para atender la consulta presentada, se consideraron los criterios institucionales del Ministerio del Trabajo y de la Contraloría General del Estado; y se analizó la prohibición de pluriempleo y, por tanto, la excepción que permite el ejercicio de la docencia, en las condiciones previstas en los artículos 12 inciso segundo y 24 letra b) de la LOSEP, además del numeral 1 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que establece el siguiente criterio para la solución de antinomias: “Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la posterior”.

Al respecto, la Procuraduría General del Estado concluyó que los consejeros académicos del CES, al ser servidores públicos, pueden ejercer la cátedra o la investigación universitaria o politécnica de conformidad con lo previsto en los artículos 12 inciso segundo y 24 letra b) de la LOSEP,  siempre  que cuenten con autorización para el efecto, otorgada por la autoridad competente de ese organismo, una vez verificado que la actividad docente no interfiere con el desempeño de la función pública ni con el cumplimiento de la totalidad de la jornada ordinaria de trabajo de ocho horas “efectivas y continuas”, según la letra a) del artículo 25 de la LOSEP.

 

5.2.1.3   Caso 3

Consultante:              Fiscalía General del Estado

Materia:                      Aplicación Transitoria Código Orgánico Función Judicial (COFJ)

No. Oficio y fecha:    06113 de 7 de octubre del 2019

Para atender la consulta se contó con el criterio institucional del Consejo de la Judicatura y del Ministerio del Trabajo. 

El análisis consideró que antes de la vigencia del COFJ regía para la Fiscalía General del Estado la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyos artículos 8, 13 y 18 preveían que los fiscales eran designados por concurso, pero estaban sujetos a periodo; mientras que, a partir de la vigencia del COFJ, ya no existen periodos para los fiscales y se establece el sistema de carrera. Por esa razón, el COFJ, vigente desde el 9 de marzo de 2009, incluyó las correspondientes disposiciones transitorias para permitir la implementación del sistema de carrera y regular la situación de los servidores en funciones al tiempo en que se promulgó el mencionado código.  

El pronunciamiento concluyó que, los servidores administrativos y fiscales en funciones al tiempo en que empezó a regir el COFJ, debieron ser evaluados en el plazo de ciento ochenta días siguientes a la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura, para determinar su permanencia o cesación inmediata, de conformidad con el inciso primero y la letra g) de la Disposición Transitoria Quinta de ese código; en consecuencia, por tratarse de una competencia limitada por razón del tiempo, según la misma norma, la resolución de cesar a dichos funcionarios, como resultado de su evaluación, debió adoptarse en ese plazo y, por tanto, no es jurídicamente procedente que actualmente se la aplique.

 

5.2.1.4   Caso 4

Consultante:              Consejo de la Judicatura

Materia:                      Designación de conjueces Corte Nacional de Justicia

No. Oficio y fecha:    06221 de 15 de octubre del 2019

El Director General del Consejo de la Judicatura formuló una consulta sobre la aplicación del artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Se examinó que esa norma establece los mecanismos específicos de selección de los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y se concluyó que de no contarse con un banco de elegibles de conjueces de la Corte Nacional, ni jueces de nivel octavo de la carrera judicial, es de exclusiva responsabilidad del Pleno del Consejo de la Judicatura calificar las circunstancias extraordinarias o emergentes del servicio de justicia que justifiquen la aplicación de la parte final del numeral 2 del artículo 40 del COFJ, así como establecer el mecanismo para la designación temporal de dichos servidores judiciales.

 

5.2.2           Administrativas

5.2.2.1   Caso 5

Consultante:              Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)

Materia:                      Procedimiento sancionador (COA)

No. Oficio y fecha:    02145 de 3 de enero del 2019

La Procuraduría General del Estado atendió dos consultas formuladas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), la primera relacionada con la vigencia del procedimiento sancionatorio especial establecido en la Ley Orgánica de Salud, y la segunda sobre la aplicación supletoria del Código Orgánico Administrativo (en adelante COA) para los procedimientos sancionatorios especiales de infracciones contenidas en la Ley Orgánica de Salud, en cuanto a caducidad o prescripción de sanciones e infracciones y medidas cautelares o provisionales de protección.

Para atender las consultas presentadas, la Procuraduría General del Estado solicitó el criterio institucional del Ministerio de Salud Pública, el mismo que se manifestó sobre el fondo de las preguntas formuladas.

Respecto a la primera consulta, se realizó el análisis de las Disposiciones Derogatorias Primera y novena del COA, las mismas que no han derogado expresamente el procedimiento sancionador previsto en la Ley Orgánica de Salud. Además, se revisaron los artículos 37, 38 y 39 del Código Civil sobre la derogatoria de las leyes.

Del correspondiente análisis se apreció que, tanto la Ley Orgánica de Salud como el COA, contienen normas en materia de procedimiento administrativo sancionador, concluyendo al respecto que, de conformidad con el artículo 39 del Código Civil, el procedimiento sancionatorio contenido en la Ley Orgánica de Salud al ser especial no ha sido derogado expresa ni tácitamente por el COA.

En cuanto a la segunda consulta, se revisó el artículo 236 de la Ley Orgánica de la Salud, las Disposiciones Derogatorias Primera y Segunda del Código Orgánico Integral Penal, la Disposición Derogatoria Primera del Código Orgánico General de Procesos y el numeral 7 de artículo 18 del Código Civil, con fundamento en los cuales se concluyó que, de conformidad con el numeral 7 del artículo 18 del Código Civil, en materia de procedimiento administrativo sancionador, la ARCSA se debe regir por la Ley Orgánica de Salud y en lo no previsto en esa ley, por la remisión expresa que efectúa su artículo 236, se aplicará supletoriamente lo previsto en el COIP, COGEP y Código Civil. No obstante, considerando el carácter administrativo del procedimiento sancionador, las disposiciones del COA son aplicables igualmente de forma supletoria.

 

5.2.2.2   Caso 6

Consultante:              Superintendencia de Bancos

Materia:                      Tipicidad infracciones administrativas (COA)

No. Oficio y fecha:    02574 de 6 de febrero del 2019

La Procuraduría General del Estado contestó la consulta presentada por el Superintendente de Bancos encargado, relacionada con la aplicación supletoria de las normas del Código Orgánico Monetario y Financiero (en adelante COMF) que contemplan infracciones y sanciones administrativas para el sector financiero público y privado, a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Social, en razón de que la Ley de Seguridad Social no las prevé expresamente.

Para atender la consulta, la Procuraduría General del Estado consideró el artículo 29 del Código Orgánico Administrativo que contiene el principio de tipicidad, cuyo inciso final prohíbe en esta materia la aplicación analógica y la interpretación extensiva. 

Con tal antecedente, la Procuraduría General del Estado concluyó que, de conformidad con el artículo 29 del COA, la Superintendencia de Bancos a través de su normativa interna, no puede aplicar de manera supletoria las infracciones y sanciones del COMF previstas para los sujetos responsables del sector financiero público y privado, a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Social, considerando que la infracción administrativa y la correspondiente sanción, son elementos que integran la tipificación.

 

5.2.2.3   Caso 7

Consultante:              Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Materia:                      Coactiva (COA)

No. Oficio y fecha:    03295 de 4 de abril del 2019

La consulta formulada por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, encargado, estaba relacionada con la posibilidad de ordenar medidas de carácter personal, como el arraigo o la prohibición de ausentarse del país, en procedimientos administrativos de ejecución coactiva.

Para atender la consulta se analizaron los artículos 1, 42, 43 y 261 del COA, relacionados con su objeto, ámbito material, ámbito de aplicación subjetivo y el procedimiento de ejecución coactiva. Adicionalmente, se consideró que para la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 281 del COA, el ejecutor debe tener presente“(…) el criterio general y prevaleciente de la menor afectación a los derechos de las personas", en armonía con el artículo 14 del Libro Preliminar del mismo código que prevé el principio de juridicidad vinculado con el derecho fundamental a la buena administración pública previsto en el artículo 31 ibídem cuyo titular es el administrado.

Con fundamento en lo expuesto se concluyó que para adoptar medidas precautelatorias de carácter personal, como la prohibición de ausentarse del país y el arraigo, dentro de los procedimientos coactivos deberá observarse el artículo 281 del COA y por tanto solicitar autorización judicial que disponga tal medida.

 

5.2.2.4   Caso 8

Consultante:              Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables

Materia:                      Impugnación actos administrativos (COA)

No. Oficio y fecha:    03719 de 10 de mayo del 2019

La Procuraduría General del Estado atendió tres consultas formuladas por el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables: dos dirigidas a establecer si a partir de la vigencia del COA, corresponde al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) o al Ministro del ramo, la competencia para resolver los recursos de apelación y revisión que impugnan actos administrativos emitidos por la ARCH en procedimientos sancionadores de infracciones administrativas tipificadas por la Ley de Hidrocarburos y, si el COA ha derogado tácitamente el procedimiento sancionador especial contenido en la Ley 2007-85 y su Reglamento; y una tercera encaminada a establecer si para conocer y resolver los recursos de apelación y revisión, se debe aplicar la normativa vigente al momento de haberse iniciado el procedimiento sancionador o al momento que se interpuso el respectivo recurso.

Para atender las primeras consultas, se realizó el análisis de los artículos 11 de la Ley de Hidrocarburos; y, 219, 42 numerales 5 y 7, y las Disposiciones Derogatorias Primera y Novena del COA, concluyendo al respecto que, al Director Ejecutivo de la ARCH le corresponde resolver en sede administrativa los recursos de apelación y extraordinario de revisión que se interpongan respecto de los actos emitidos por las unidades desconcentradas de la ARCH, en los procedimientos sancionadores de infracciones administrativas tipificadas en la Ley de Hidrocarburos, así como los recursos de revisión en sede administrativa que impugnen los actos expedidos por el Director Ejecutivo, quedando derogado el procedimiento sancionador establecido en la Ley de Hidrocarburos reformada por la Ley 2007-85 y su Reglamento.

Para la tercera consulta se estudiaron los artículos 3 numeral 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; 18 numeral 1 del Código Civil; y, la Disposición Transitoria Segunda del COA, concluyendo que para el conocimiento y resolución de los recursos de apelación y revisión se debe aplicar la normativa vigente a la fecha de presentación de dichos recursos.

 

5.2.2.5   Caso 9

Consultante:              Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

Materia:                      Coactiva (COA)

No. Oficio y fecha:    03984 de 28 de mayo del 2019

La Procuraduría General del Estado atendió dos consultas formuladas por el Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, relacionadas con la potestad coactiva de los GAD.

Para atender las consultas presentadas, se consideró los criterios institucionales del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y de la Contraloría General del Estado; y se analizó la Disposición Derogatoria Séptima del Código Orgánico Administrativo que derogó los artículos 350 al 353 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (en adelante COOTAD), ubicados en la Sección Segunda “Procedimiento de Ejecución Coactiva”.

Adicionalmente, se analizaron los artículos 340 y 344 del COOTAD; 303 inciso segundo del Código Orgánico del Ambiente; 17 numeral 11 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre; 147 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua; y, 65, 157 y 158 del Código Orgánico Tributario que atribuyen potestad coactiva a los órganos competentes de los GAD, además del artículo 57 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que otorga a la Contraloría competencia para ejercer la coactiva para el cobro de obligaciones determinadas por resoluciones provenientes de responsabilidades civiles o administrativas.

Sobre dicha base, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado concluyó que, de acuerdo con los artículos 340 y 344 del COOTAD, corresponde a la autoridad financiera ejercer la potestad coactiva, siendo el tesorero el funcionario responsable de ejecutar los procedimientos coactivos que permitan la recuperación de acreencias tributarias o no tributarias que existan a favor de los GAD; el procedimiento aplicable es el previsto en el Código Tributario o en el COA, atendiendo al origen del crédito. A la Contraloría General del Estado le corresponde aplicar el procedimiento coactivo reglado por su ley orgánica, respecto de las obligaciones que provengan de determinación de responsabilidades civiles o administrativas culposas.

 

5.2.2.6   Caso 10

Consultante:              Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP)

Materia:                      Coactiva (COA)

No. Oficio y fecha:    05334 de 16 de agosto del 2019

La consulta formulada por la Gerente General de la CNT EP, se relacionaba con la procedencia de emitir órdenes de pago inmediato respecto de títulos de crédito expedidos antes de la vigencia del COA.

Para atender la consulta se analizó principalmente la Disposición General Cuarta de la LOEP que establece que las empresas públicas tienen jurisdicción coactiva para la recaudación de los valores adeudados por sus clientes, usuarios o consumidores, la cual se ejercerá de conformidad con lo previsto en el COA, además de los artículos 42 numeral 9, 262 inciso tercero, 271, 272, 279 y  la Disposición Transitoria Segunda del COA, esta última que dispone que los procedimientos iniciados con anterioridad a dicho código deben culminar su trámite con la norma que estuvo vigente al inicio del procedimiento coactivo.

En tal sentido, la Procuraduría General del Estado concluyó que los procedimientos coactivos cuya notificación de la orden de cobro se hubiere realizado antes de la vigencia del COA, deberán continuar sustanciándose con la norma vigente a esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de dicho Código.

 

5.2.2.7   Caso 11

Consultante:              Superintendencia de Control del Poder del Mercado

Materia:                      Procedimiento sancionador (COA)

No. Oficio y fecha:    06578 de 11 de noviembre del 2019

La Procuraduría General del Estado atendió dos consultas presentadas por el Superintendente de Control del Poder del Mercado, dirigidas a establecer si el COA, al reglar el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de infracciones administrativas y el aplicable para resolver los recursos administrativos, ha derogado tácitamente el procedimiento sancionador especial y los recursos en vía administrativa contenidos en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado (en adelante LORCPM).

Para atender dichas consultas, la Procuraduría General del Estado consideró las Disposiciones Derogatorias Primera y Novena del COA, las mismas que no han derogado expresamente el procedimiento sancionador como tampoco los recursos en vía administrativa establecidos en la LORCPM. Al respecto, los artículos 37, 38 y 39 del Código Civil, 3 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante LOGJCC) y, 2, 37 y 53 al 64 de la LORCPM, identificándose varias normas que están en conflicto con el COA.

Con tal antecedente, la Procuraduría General del Estado concluyó que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 del Código Civil y 3 numeral 1 de la LOGJCC, el COA no ha derogado, ni expresa ni tácitamente las disposiciones previstas en la LORCPM concernientes al procedimiento sancionador especial y los recursos administrativos. Por ese motivo, las condiciones, términos y plazos, causales y características del procedimiento sancionador especial establecido por la LORCPM se encuentran vigentes.

 

5.2.2.8   Caso 12

Consultante:               Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL)

Materia:                      Servicios públicos, tarifas

  1. N. Oficio y fecha: 06636 de 14 de noviembre del 2019

Arcotel consultó si los servicios de radiodifusión por suscripción son servicios públicos y si esa Agencia es competente para determinar el porcentaje de exoneraciones, descuentos o rebajas a las personas con discapacidad y adultos mayores, respecto del servicio de radiodifusión por suscripción.

El pronunciamiento consideró el criterio jurídico del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y examinó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) y el COA, luego de lo cual concluyó que los servicios de radiodifusión, al constituir servicios de telecomunicaciones, son públicos, y que la ARCOTEL,  de acuerdo con los artículos 20, 24, 141 y 144 numeral 10 de la LOT, tiene atribución para regular las tarifas de dichos servicios y establecer tarifas preferenciales en beneficio de las personas con discapacidad y de los adultos mayores, en concordancia con lo previsto en el artículo 67 del COA.

 

5.2.2.9   Caso 13

Consultante:               Junta de Beneficencia de Guayaquil

Materia:                      Tipo penal relacionado con juegos de azar

No. Oficio y Fecha:   07017 de 13 de diciembre del 2019

La consulta planteó cómo se debe entender la prohibición de actividades que consistan en juegos de azar, resultante de la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011 y el tipo penal contemplado en el artículo 236 del Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP).

El análisis consideró  el principio de legalidad que rige en materia de infracciones penales, como garantía de los derechos de las personas, y concluyó que la prohibición de establecer negocios dedicados a la realización de “juegos de azar”, resultante de la consulta popular del 7 de mayo de 2011 y el tipo penal contemplado en el artículo 236 del COIP, debe ser entendida en sentido literal, esto es referida a los negocios dedicados a la realización de juegos cuyos resultados se definen, en forma exclusiva, por la suerte. Dicha prohibición no puede extenderse a actividades económicas no comprendidas expresamente en la ley penal y que, por el contrario, están reguladas por el ordenamiento jurídico y sujetas a la obtención de permisos y licencias de funcionamiento, que deben ser otorgadas por las autoridades públicas competentes, como aquellas sujetas a Ley de Turismo y el COOTAD.

 

5.2.3           Contratación pública

5.2.3.1   Caso 14

Consultante:              Ministerio de Salud Pública

Materia:                      Límite de multas

No. Oficio y fecha:    02513 de 30 de enero del 2019

Se atendió una consulta formulada por la Ministra de Salud Pública respecto al cálculo de las multas en los contratos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (en adelante LOSNCP), que se encuentran incursos en causal de terminación por mutuo acuerdo.

Previamente, para atender la consulta se requirió el criterio jurídico institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, para luego revisar, entre otros, los artículos 70, 71, 94 numerales 3 y 7, 93, 95 y 96 numeral 4 de la LOSNCP; y, 22 del COA. Se analizó que tratándose de los contratos incursos en los casos previstos por el artículo 93 de la LOSNCP, para que opere la terminación por mutuo acuerdo, independientemente de cuál de las partes hubiere iniciado el procedimiento, corresponde a la entidad contratante el impulso, así como la calificación de la causa legal que la justifique.  

Del correspondiente análisis se concluyó que las multas por retardo o incumplimiento de obligaciones contractuales, previstas por el artículo 71 de la LOSNCP, tratándose de terminación por mutuo acuerdo, se deben calcular hasta la fecha en que documentadamente se evidencie en el expediente de contratación al que se refiere el artículo 70 de esa ley, la calificación de la existencia y conformidad con la causa de terminación por mutuo acuerdo por parte del órgano competente de la entidad contratante, de entre las establecidas en el artículo 93 de esa ley, en concordancia con lo previsto en el artículo 22 del COA, que establece que los administrados no pueden ser perjudicados por errores u omisiones de la administración pública.

 

5.2.3.2   Caso 15

Consultante:              Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja

Materia:                      Procedimientos especiales

No. Oficio y fecha:    03826 de 17 de mayo del 2019

La Procuraduría General del Estado atendió una consulta formulada por el Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja sobre la contratación del servicio de Internet.

Previamente se solicitó el criterio jurídico institucional al Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (CONGOPE), al Servicio Nacional de Contratación Pública y al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y se revisaron los artículos 1 y 4 de la LOSNCP, observando que el requerimiento contenido en el Acuerdo Ministerial No. 141 emitido por el MINTEL, puede ser entendido como una directriz de carácter general, una política pública, que no puede contrariar los principios y procedimientos establecidos en la ley, ni la autonomía de los diferentes organismos y niveles de gobierno.

Al respecto se concluyó que, de acuerdo con el artículo 1 de la LOSNCP, la contratación de servicios está sujeta al ámbito de aplicación de ese cuerpo normativo y las entidades contratantes están obligadas a observar los principios y procedimientos de contratación establecidos en esa ley y su reglamento general.  En consecuencia, corresponde a cada entidad contratante determinar la conveniencia para el interés público de acoger la directriz contenida en el Acuerdo No. 141.

 

5.2.3.3   Caso 16

Consultante:             Empresa Pública de Fármacos en Liquidación (ENFARMA EP)

Materia:                     Multas

No. Oficio y fecha: 04701 de 11 de julio del 2019

La Procuraduría General del Estado atendió una consulta formulada por la Liquidadora de ENFARMA EP, sobre la aplicación de multas en instrumentos celebrados en el contexto de una alianza estratégica, en los cuales no se ha establecido cláusula penal.

Para atender la consulta presentada, se consideró el criterio institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP); y se analizó que los contratos a los que alude la misma son de carácter administrativos sometidos al derecho público y se rigen en forma específica por la LOEP, cuyos artículos 34 numeral 3 y 37 disponen expresamente la remisión a la LOSNCP en todo lo no previsto en tales instrumentos, siendo que la facultad para aplicar multas no puede estar limitada a un pacto en el contrato, sino que nace de la ley, según el artículo 71 de la LOSNCP.

Del correspondiente análisis se concluyó que la cláusula de multas es obligatoria en los contratos de régimen común o especial celebrados por empresas públicas, sin perjuicio de que cuenten o no con la respectiva cláusula, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 34 de la LOEP y el inciso primero del artículo 37 ibídem, que se remiten en forma expresa a la LOSNCP y disponen su sujeción a esa ley en lo no previsto en los contratos o convenios celebrados.

 

5.2.3.4   Caso 17

Consultante:              Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos

Materia:                      Falta de estudios previos

No. Oficio y fecha:    06483 de 30 de octubre del 2019

La Procuraduría General del Estado atendió una consulta formulada por el Prefecto de Sucumbíos en relación a si se incurriría en una prohibición para celebrar un contrato cuando no se cuente con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad, en forma previa al inicio del proceso precontractual.

A fin de contar con mayores elementos de análisis, en forma previa a atender la consulta se solicitó al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (en adelante CONGOPE) y al Servicio Nacional de Contratación Pública (en adelante SERCOP), remitan sus criterios institucionales sobre la materia.

Se analizaron los artículos  23 de la LOSNCP y 69 de su reglamento, observándose que es obligación de la entidad contratante, previo al inicio de un procedimiento precontractual, si el objeto de la contratación así lo requiere, contar con todos los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos y especificaciones técnicas, que deberán estar debidamente aprobados por las instancias correspondientes e incluirán el análisis de desagregación tecnológica o de compra de inclusión como condición previa a su aprobación. 

Adicionalmente, el artículo 292 de la Resolución 72, que establece la responsabilidad legal y económica de los consultores por los estudios realizados, agrega que las entidades contratantes serán responsables del cumplimiento de las disposiciones establecidas en esa Sección en conformidad con lo establecido en el tercer inciso del artículo 99 de la LOSNCP, mientras que el artículo 64 ibídem prevé que la terminación anticipada y unilateral del contrato constituye una sanción al contratista por cuya causa se hubiere celebrado un contrato contra expresa prohibición de ley.

Con fundamento en lo analizado, la Procuraduría General del Estado concluyó que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la LOSNCP y 69 de su Reglamento General, la inobservancia del deber de contar con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobadas por las instancias pertinentes, en forma previa al inicio del proceso de contratación pública, no configura la causal de terminación anticipada y unilateral prevista en el artículo 64 de la LOSNCP, por tratarse de una obligación que corresponde a la entidad contratante y a sus funcionarios, y no al contratista, sino que da lugar al inicio de las  acciones de control y auditoría del respectivo proceso.

 

5.2.3.5   Caso 18

Consultante:              Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMO)

Materia:                      Ocupación Temporal

No. Oficio y fecha:    02925 de 7 de marzo del 2019

La Procuraduría General del Estado atendió dos consultas formuladas por el Gerente General, encargado, de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, relacionadas con el pago de la indemnización por ocupación temporal de predios. Para el presente caso, se requirió el criterio jurídico institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y se analizaron los artículos 58.5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial Transporte Terrestre; 2, 49, 50, 53 y 54 de su Reglamento General que establecen el objeto de la ocupación temporal, a quién le corresponde ordenarla y determinar el monto de indemnización a pagar y sus fuentes.

Al respecto, sobre la primera consulta se concluyó que el artículo 58.5 de la LOSNCP es aplicable a los casos de ocupación temporal de terrenos o predios, que prive transitoriamente de su uso y goce al titular del inmueble, durante la ejecución de la obra pública.

En cuanto a la segunda consulta, este organismo concluyó que de acuerdo con el segundo inciso del artículo 58.5 de la LOSNCP, la entidad pública que ocupa temporalmente un predio de un tercero, por ser aquello necesario para ejecutar una obra, debe reglamentar el procedimiento e instrumentar la metodología de cálculo de la valoración que compense dicha ocupación temporal, especificándose que en el caso de municipalidades, corresponde al respectivo Concejo establecer la metodología de cálculo, en ejercicio de su potestad normativa prevista en los artículos 5, 7, 55 y 322 del COOTAD, debiendo considerar lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial Transporte Terrestre.

 

5.2.3.6   Caso 19

Consultante:              Contraloría General del Estado

Materia:                      Recepción provisional presunta

No. Oficios y fecha: 07021 de 12 de diciembre del 2019

Se atendió una consulta formulada por la Contraloría General del Estado, relacionada con la aplicación de multas en los casos de recepción provisional presunta, para lo cual se contó con el criterio institucional del SERCOP, que luego se aclaró, a pedido del mencionado servicio.

Según el análisis, para que opere la culminación de la relación contractual en obras, el inciso segundo del artículo 81 de la LOSNCP dispone que existirá una recepción provisional y otra definitiva. La recepción provisional permite a la entidad contratante establecer el avance de la obra, realizar una verificación de plazos y especificaciones técnicas determinadas en el contrato y, en suma, establecer el grado de cumplimiento del objeto del contrato. De existir observaciones por parte de la entidad contratante se dará al contratista un plazo para subsanar los defectos, el cual debe haberse previsto contractualmente, según el artículo 123 del Reglamento General de la LOSNCP.

Se concluyó que, según la parte final del cuarto inciso del artículo 81 de la LOSNCP, únicamente la recepción definitiva pone fin al contrato; no obstante, cuando la entidad contratante hubiere sido notificada con la recepción provisional presunta de una obra, los plazos y multas provenientes del contrato, en aplicación del principio de trato justo previsto en el artículo 4 de la misma ley, se suspenderían a partir de la fecha de la notificación efectuada por el juez o notario, hasta aquella en que la entidad contratante comunique, de ser el caso, sus observaciones al contratista, para que las subsane.

Finalmente, se expuso que todo pronunciamiento in abstracto del Procurador General debe ser entendido en su integridad, esto es considerando que las conclusiones se motivan en el análisis en él efectuado, y aplicado según las circunstancias específicas que consten en el expediente del contrato, al que se refieren los artículos 36 y 70, segundo inciso, de la LOSNCP.

 

5.2.4           Régimen autónomo descentralizado

5.2.4.1   Caso 20

Consultante:              Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta

Materia:                      Cuerpos de Bomberos (COESCOP)

No. Oficio y fecha:    06988 de 9 de octubre del 2019

La Procuraduría General del Estado atendió una consulta formulada por el Alcalde de Colta referida al nombramiento de la máxima autoridad del nivel directivo de las entidades complementarias de seguridad ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, específicamente del Cuerpo de Bomberos de ese cantón.

Para atender el requerimiento se solicitó los criterios institucionales de la Secretaría de Gestión de Riesgos y de la AME, y se analizaron los artículos 140 del COOTAD, 2 numeral 5, 8, 9,10, 14, 20, 248, 279, 280 y la Disposición General Décima Tercera del COESCOP de lo cual se desprende que, la primera autoridad de las entidades complementarias de seguridad de los GAD, en las que se incluye a los cuerpos de bomberos, debe ser electa de una terna de candidatos compuesta por servidores de carrera de mayor jerarquía y antigüedad del nivel directivo, cuyo nombramiento será expedido mediante acto administrativo del alcalde.

En tal sentido, la Procuraduría General del Estado concluyó que, de acuerdo con el artículo 248 del COESCOP, la máxima autoridad de la carrera del nivel directivo de los cuerpo de bomberos, que son entidades complementarias de seguridad de los GAD, debe ser elegida mediante acto administrativo y seleccionada de una terna de candidatos compuesta por los servidores de carrera con mayor jerarquía y antigüedad del nivel directivo, es decir, de bomberos remunerados con roles de conducción y mando, según lo previsto en los artículos 279 y 280 del mismo Código.

 

5.2.4.2   Caso 21

Consultante:              Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guayaquil

Materia:                      Publicación de ordenanzas en Registro Oficial

No. Oficio y fecha:    06728 de 20 de noviembre del 2019

Mediante oficio No. AG-CV-2019-13608 de 25 de octubre de 2019, ingresado en la Procuraduría General del Estado el 28 de los mismos mes y año, la Alcaldesa de Guayaquil solicitó ampliación del pronunciamiento contenido en oficio No. 06329 de 22 de octubre del presente año, relacionado con la aplicación del primer inciso del artículo 16 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos[1] (en adelante LOOETA).

Para atender el pedido, se consideró que el artículo 7 del COOTAD asigna a los órganos legislativos de los GAD, entre ellos los concejos municipales, capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones; dicha facultad se circunscribe al respectivo ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, en concordancia con lo determinado en las letras a) y d) del artículo 57 del COOTAD. Adicionalmente, se analizaron los artículos 322 y 324 del COOTAD, éste último referido a la publicación, sin distinción, de “todas las normas aprobadas” en su gaceta oficial, en el dominio web de la institución y en el Registro Oficial.

Al respecto, la Procuraduría General del Estado concluyó que, salvo el caso de acuerdos y resoluciones que traten sobre temas de carácter especial o específico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 324 del COOTAD, todas las ordenanzas se deben publicar en la forma prescrita por ese artículo, en razón de que esa norma no establece ninguna excepción.

 

5.2.4.3   Caso 22

Consultante:              Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca

Materia:                      Periodo del Vicealcalde

No. Oficio y fecha:    06842 de 27 de noviembre del 2019

La Procuraduría General del Estado dio contestación a la consulta presentada por el Alcalde de Cuenca sobre el tiempo de ejercicio del cargo del Vicealcalde elegido en la sesión inaugural.

Previamente se solicitó el criterio jurídico de la AME, y se revisaron los artículos 57 letra o), 60, 61, 62, 317 del COOTAD, observándose que en dichas normas no se ha determinado el período de duración de la función de vicealcalde que corresponde ejercer al concejal designado, señalando únicamente la atribución de los concejos municipales para elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad ejecutiva del correspondiente GAD municipal, sin que la designación como vicealcalde implique la pérdida de su condición, atribuciones y responsabilidades de concejal.

Con tales antecedentes, la Procuraduría General del Estado concluyó que, en virtud de la autonomía política de los GAD, prevista en los artículos 5 segundo inciso y 57 letra a) del COOTAD, corresponde al concejo municipal establecer, mediante ordenanza, el período de duración del cargo de vicealcalde.

 

5.2.4.4   Caso 23

Consultante:               Gobierno Provincial de Loja y CONGOPE

Materia:                      Competencias en materia de riego

No. Oficio y fecha:    06938 de 3 de diciembre del 2019

Por tratar sobre materias relacionadas con transferencia y destino de recursos correspondientes a competencias de riego, se acumularon las consultas formuladas por el Prefecto de Loja y el Presidente del CONGOPE.  Adicionalmente, por tratarse de materia relacionada con el uso de recursos públicos, se solicitaron los criterios institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas, del Consejo Nacional de Competencias y de la Contraloría General del Estado.

El pronunciamiento analizó normas contenidas en diferentes cuerpos normativos, entre ellos la Constitución de la República, el COOTAD, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), cuyo Libro II contiene la Ley de Mercado de Valores.

Dicho análisis permitió concluir que, en armonía con la autonomía financiera que el cuarto inciso del artículo 5 del COOTAD reconoce a los GAD, y considerando que el artículo 172 de ese código incluye a la renta de inversiones entre los ingresos propios de la gestión de esas entidades, al amparo del primer inciso del artículo 37 del II Libro del COMF, Ley de Mercado de Valores, los GAD provinciales se encuentran facultados para realizar inversiones de recursos financieros para adquirir y negociar bonos del Estado, atendiendo los principios previstos en el inciso segundo de dicha norma.  Por otra parte, considerando el mandato del artículo 121 del COOTAD y la Disposición General Segunda de la Resolución No. 008-CNC-2011, las asignaciones destinadas para la competencia de riego deben ser empleadas, únicamente, para el ejercicio de dicha competencia.

 

5.2.4.5   Caso 24

Consultante:               Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca

Materia:                      Cuerpos de Bomberos (COESCOP)

No. Oficio y fecha:    07216 de 27 de diciembre del 2019

El Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca presentó una consulta a la Procuraduría General del Estado referida a la facultad para conocer y aprobar la reglamentación interna (reglamentos que regulen la estructuración o restructuración de las carreras de su personal, sus orgánicos numéricos, planes de carrera, ingreso, formación, ascensos y evaluaciones; los estatutos orgánicos y funcionales) de los cuerpos de bomberos.  

En el presente caso se analizó el artículo 4 primer inciso del COESCOP que establece que sus disposiciones constituyen el régimen especial de las entidades de seguridad ciudadana y que en lo no previsto en dicho régimen “se aplicará supletoriamente la ley que regula el servicio público”, así como los artículos 274 ibídem y 140 del COOTAD, de los cuales se desprende que la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios son una competencia de los GAD municipales, que se realiza a través de los cuerpos de bomberos, que son entidades adscritas a dichos gobiernos.

Adicionalmente, se analizaron los artículos 244, 280, 281, 282, la Disposición General Décima Primera y la Disposición Transitoria Primera del COESPOP, además de la sentencia No. 034-17-SIN- CC de la Corte Constitucional.

Considerando que, de conformidad con los artículos 140 del COOTAD, 2, 4 y 274 del COESCOP, los cuerpos de bomberos son entidades complementarias de seguridad adscritas a los GAD municipales y metropolitanos, al estar sujetos al régimen jurídico especial establecido por el COESCOP, les es aplicable su Disposición Transitoria Primera, que confirió a los entes rectores locales, esto es a los GAD municipales según el artículo 244 del mismo código, atribución para expedir los reglamentos que regulen la estructuración o reestructuración, según corresponda, de las carreras del personal de esas entidades, sus orgánicos, planes de carrera, ingreso, formación, ascensos y evaluaciones, adecuándolos a ese cuerpo legal.

 

[1] LOOETA, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 353 de 23 de octubre de 2018.

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Tutorial Sistema Consultas Absueltas

A través de este tutorial podrás conocer cómo acceder al Sistema de Consultas Absueltas, que contiene los pronunciamientos vinculantes emitidos por la PGE sobre las consultas formuladas por las entidades y organismos del sector público a través del buscador Consultas Absueltas Web. En el siguiente video te guiamos para que realices tu consulta.

 

 

SISTEMA DE CONSULTAS ABSUELTAS

A través de su portal web La PGE pone a disposición del público los pronunciamientos vinculantes emitidos por la Institución sobre las consultas formuladas por las entidades y organismos del sector público, de conformidad con los artículos 237 de la Constitución de la República del Ecuador, 2, 3 letra e), y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que confieren al Procurador General del Estado, la competencia para el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la Ley, en aquellos temas en que la Constitución o la Ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos.

 

A través del pronunciamiento vinculante del Procurador General del Estado, el estudio y análisis de la normativa jurídica y la doctrina con relación a cada consulta permite delinear un marco jurídico para el accionar público, cuyo norte es la correcta aplicación de la Ley, el ejercicio de las funciones y potestades públicas dentro del principio de legalidad consagrado en el artículo 226 de la Constitución de la República, y la protección del patrimonio público.

Esta herramienta jurídica pretende ser una guía que oriente la actuación de los entes públicos a la luz del derecho, la eficiencia y ética en el ejercicio de la función pública.


>> Acceso al Sistema de Consultas Absueltas<<



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