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La Procuraduría General del Estado ejerce la potestad constitucional de absolver consultas jurídicas con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de las normas jurídicas solicitadas por las entidades que conforman el sector público a través de la Dirección Nacional de Consultoría. Esta atribución además se encuentra desarrollada por el artículo 13 de la LOPGE y las Resoluciones Institucionales Nos. 17 publicada en el Registro Oficial No. 102 de 11 de junio de 2007 y 121 publicada en el Registro Oficial No. 264 de 25 de agosto de 2010.

La Dirección Nacional de Consultoría tiene a su cargo la ejecución del proceso de absolución de consultas que consiste en el estudio y análisis minucioso de las leyes, doctrina y jurisprudencia aplicable a cada caso consultado para generar un pronunciamiento de carácter vinculante y de aplicación general para la administración pública, orientado a precautelar el interés público, el patrimonio público y la seguridad jurídica en el marco del principio de legalidad contenido en el artículo 226 de la Constitución de la República.

Durante este año de rendición de cuentas, el Procurador General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Consultoría atendió un total de 352 casos de estudio planteados a través de 540 preguntas.

Del total de preguntas mencionadas, la Procuraduría General del Estado emitió 76 pronunciamientos a las consultas formuladas por las máximas autoridades de las entidades que conforman el sector público, de las cuales 50 corresponden a pronunciamientos con carácter vinculante relacionados con materias en las cuales este Organismo no se había pronunciado previamente sobre la aplicación de una norma y 26 pronunciamientos previos que trataban sobre temas que ya han sido objeto de estudio por parte de la PGE.

Igualmente, durante este periodo se atendieron 2 ratificaciones de pronunciamientos ante las solicitudes de reconsideración de pronunciamiento presentadas por algunas entidades del sector público en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 13 de la LOPGE.

La Procuraduría emitió un total de 429 abstenciones en casos en que las consultas presentadas no estaban dirigidas a la inteligencia o aplicación de una norma jurídica, generando adicionalmente ante distintos pedidos de reconsideración a estas respuestas, un total de 6 ratificaciones de abstención, por cuanto la figura de reconsideración es aplicable únicamente ante la emisión de un pronunciamiento.

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 121 de la Procuraduría General del Estado, se archivaron un total de 27 consultas en los casos en los que las entidades consultantes no cumplieron con los requisitos para la absolución de consultas establecidos por parte de este Organismo.

Finalmente, en el transcurso del año 2017, el “Sistema de Consultas Absueltas” tuvo un total de 25.903 visitas externas. Este aplicativo se encuentra en la página web institucional y en la actualidad cumple con el objetivo institucional de reforzar la aplicación de la normativa que forma parte del sistema jurídico ecuatoriano por parte de las entidades que forma el sector público, además de facilitar el acceso a los pronunciamientos que ha emitido la Procuraduría General del Estado, desde el 21 de abril de 2008, minimizado de esta forma la innecesaria presentación de consultas sobre temas ya absueltos por esta institución.

Adicionalmente con el fin de familiarizar a los usuarios en el uso de esta herramienta informática y reducir los tiempos de consulta online se incluyó en la página web institucional un tutorial del uso del Sistema de Consultas Absueltas.
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4.2.1 Declaración y pago del impuesto del 1.5 por mil a los activos totales, cuando un contribuyente tiene su planta de producción o fábrica y   sucursales en distintos cantones.

Consultante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Antonio Ante.

Fecha: 18 de enero de 2017.

La Procuraduría General del Estado para atender esta consulta, partió del análisis del domicilio tributario de las personas naturales y jurídicas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 del Código Tributario; al igual que, los artículos 491 letra i), 552 y 553 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, relacionados con el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales y el establecimiento de los sujetos activos y pasivos de dicho impuesto.

Se estudió el tercer inciso del artículo 553 del COOTAD, el cual regula el evento en el que un sujeto pasivo del impuesto del 1.5 por mil a los activos totales desarrolla actividades en más de un cantón y dispone que la declaración del impuesto se la debe realizar en el lugar donde mantiene su domicilio principal, debiendo especificar el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones en donde realice actividades económicas relacionadas con ese impuesto.

Finalmente, se analizó el último inciso del referido artículo 553 del COOTAD, el cual prevé que cuando el sujeto pasivo del mencionado impuesto realice su actividad económica en un domicilio distinto al de su domicilio social, el impuesto se debe pagar en el cantón donde tenga ubicada su fábrica o planta de producción.

Con ese análisis previo, este Organismo concluyó que de acuerdo con el inciso tercero del artículo 553 del COOTAD, los sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, deben realizar la declaración y pago total de ese impuesto, a la Municipalidad ubicada en el cantón donde tenga su domicilio principal o social, debiendo determinar en su declaración, el valor del impuesto que corresponde a los otros municipios distintos al de su domicilio en los que ejerzan permanentemente las actividades económicas gravadas. Mientras que, según el quinto inciso del citado artículo 553 del COOTAD, la declaración y pago total del tributo se debe efectuar por el contribuyente a la municipalidad del lugar en que esté ubicada la fábrica o planta de producción, determinando en dicha declaración el valor del impuesto que corresponde a los otros municipios, esto es aquel en el que el contribuyente tenga su domicilio principal o social, así como aquellos municipios en los que se ejerza las actividades económicas gravadas.



4.2.2 Vigencia de las reformas realizadas por la Ley de Eficiencia en la Contratación Pública para la celebración de contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias de cantidades de obras.

Consultante: Municipio de Guayaquil

Fecha: 17 de abril de 2017

La Procuraduría General del Estado atendió la consulta formulada por el Municipio de Guayaquil, encaminada a determinar las normas aplicables para la suscripción de contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencia de cantidades de obra en aquellos contratos suscritos antes de las reformas introducidas por la Ley de Eficiencia en la Contratación Pública (LECP) a los artículos 87, 88 y 89 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).

Este Organismo partió del análisis del derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución, así como del principio de legalidad que rige a la contratación pública contenido en el artículo 4 de la LOSNCP.

Dentro del análisis de la naturaleza de los contratos complementarios este Organismo determinó que éstos se originan y subsisten para permitir el cumplimiento del objeto del contrato principal; y por tanto les es aplicable la definición de contratos accesorios prevista en el artículo 1458 del Código Civil. Por otra parte, en lo que respecta a las ejecuciones de órdenes de trabajo y diferencias de cantidades de obra, se mencionó que si bien estas no requieren para su formalización de la suscripción de un contrato complementario, también son consideradas como instrumentos accesorios al contrato principal y por lo tanto también es pertinente observar el principio general del derecho que determina que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Finalmente se analizó el numeral 18 del artículo 7 del Código Civil que recoge el principio de irretroactividad de la ley y se determinó que la LOECP no tiene efecto retroactivo y rige desde la fecha de su promulgación; y se concluyó que en caso de ser necesario celebrar contratos complementarios, órdenes de trabajo y o diferencia de cantidades de obra en el marco de la ejecución de contratos suscritos con anterioridad a la vigencia de la LOECP, son aplicables para la celebración de tales instrumentos legales las normas jurídicas que regulan a los contratos principales, es decir, las anteriores a la LOECP.


4.2.3 Procedimiento sancionatorio para el personal docente e investigador de una institución de educación superior.

Consultante: Universidad Técnica de Machala

Fecha: 7 de mayo de 2017

Este Organismo atendió dos consultas relacionadas a si el proceso disciplinario que se debe seguir a un docente o investigador dentro de una institución de educación superior era el dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) o el establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), y respecto al cómputo del tiempo para la instauración del proceso disciplinario prescrito en la LOES.

Para ello, del análisis de los artículos 3 y 84 de la Ley Orgánica del Servicio Público así como el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, se determinó que el régimen al cual se encuentran sujetos los docentes e investigadores de educación superior, es un régimen propio regulado por el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.

Además, se estudió el artículo 207 de la LOES, que contiene las sanciones para los estudiantes, profesores e investigadores de las instituciones que se encuentran dentro del Sistema de Educación Superior; y también se revisó el artículo 87 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que establece que para cesación del personal académico les son aplicables también los artículos 47 y 48 de la LOSEP, disposiciones que se señaló son de carácter sustantivo y no de carácter adjetivo o procedimental; por lo que, tal remisión no modifica el régimen jurídico específico aplicable a los docentes.

La Procuraduría concluyó que el artículo 207 de la LOES es la norma aplicable para establecer el procedimiento disciplinario de los docentes e investigadores de los establecimientos públicos de educación superior, que incurran en las infracciones previstas en esa norma, así como en las causales de destitución establecidas por el artículo 48 de la LOSEP.

En lo que respecta al cómputo del tiempo del proceso sancionatorio contenido en la LOES se analizaron el antepenúltimo inciso del artículo 207 de esa Ley, los artículos 33 y 35 del Código Civil, así como la Disposición General Tercera del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE que prevé la aplicación supletoria de sus normas procesales. Adicionalmente, se analizó el artículo 118 del ERJAFE que establece el cómputo de términos y plazos.

Finalmente se concluyó que en aquellos casos en los cuales no exista normativa contenida en la reglamentación de cada Universidad a fin de contabilizar el periodo de treinta días hábiles que dispone el artículo 207 de la LOES para que el respectivo órgano superior de cada Universidad sustancie y resuelva los procedimientos disciplinarios de estudiantes, docentes e investigadores, de acuerdo a la Disposición General Tercera del ERJAFE se puede aplicar supletoriamente el numeral 1 de su artículo 118.


4.2.4 Cesión de intereses consorciales en los contratos celebrados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Consultante: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Fecha: 30 de agosto de 2017.

La Procuraduría General del Estado al atender esta consulta se refirió en primer término a los principios que rigen a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, así como los artículos 5 y 9 Ibídem que en su orden regulan la forma en que deben ser interpretados los contratos y los objetivos prioritarios del Estado en materia de contratación pública; asimismo, se revisó el artículo 78 de la LONSCP, el cual prohíbe en forma expresa a un contratista del Estado, ceder un contrato que ha sido suscrito al amparo de dicha ley.

Por otra parte, se procedió a analizar los artículos 25 y 67 de la LOSNCP que permiten la asociación de personas naturales o jurídicas para presentar ofertas dentro de los procesos de contratación pública realizados por el Estado ecuatoriano; al igual que el artículo 99 Ibídem que determina las responsabilidades derivadas de la oferta y del contrato que adquieren los miembros que han participado en asociación o consorcio, además de señalar que en caso de ser adjudicado el contrato, su ejecución es completa e indivisible por todos sus miembros, a efectos de precautelar los intereses de la entidad contratante.

Asimismo, se analizó la facultad legal de carácter normativo que tiene el Servicio Nacional de Contratación Pública en esa materia y la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016 que contiene Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por dicha entidad, específicamente las disposiciones concernientes a la asociación para ofertar y los requisitos que debe contener el compromiso de asociación o consorcio, así como del contrato contenidas en sus artículos 31, 35 y 37.

Se analizó además los principios de oportunidad y legalidad contenidos en el artículo 4 de la LOSNCP y su aplicación al tema materia de la consulta, para finalmente examinar el artículo 63 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, que regula la transferencia o cesión de acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de una asociación, al establecer que la falta de autorización de la entidad contratante constituye causa para la terminación unilateral de los contratos celebrados con las instituciones del Estado.

Con el análisis antes señalado, este Organismo concluyó que de acuerdo al artículo 37 subnumeral 4.8 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-000072, el cambio de uno de los partícipes de un consorcio o asociación contratista que mantiene un contrato vigente con una institución del Estado, puede ser autorizado por la entidad pública contratante, que para tal efecto tiene la responsabilidad de analizar si quien pretende sustituir a uno de los integrantes o partícipes del consorcio, cumple con todos los requisitos legales, técnicos y económicos previstos en los pliegos que sirvieron de base para la selección del contratista a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento, bajo las mismas consideraciones que sirvieron para valorar la oferta que originalmente permitió la adjudicación del contrato. Lo dicho no exime a la otra empresa o persona integrante del consorcio o asociación de la responsabilidad solidaria e indivisible por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o su ejecución asignadas por el inciso segundo del artículo 99 de la LOSNCP.


4.2.5 Conformación del Consejo Nacional Electoral y plazo para la contabilización del periodo de funciones de los consejeros suplentes que se hubieren principalizado.

Consultante: Consejo de Participación Ciudadana

Fecha: 11 de septiembre de 2017

Para atender la consulta relacionada con el plazo para contabilizar el periodo de duración en funciones de los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral que, en caso de ausencia definitiva del consejero principal, hubieren reemplazado a éste, la Procuraduría consideró lo previsto en el artículo 218 de la Constitución y analizó el artículo 24 y la Disposición Transitoria Tercera del Código de la Democracia.

Del análisis de las disposiciones legales citadas en el párrafo anterior se observó que el Consejo Nacional Electoral se integra por cinco consejeros principales, quienes ejercen sus funciones por seis años y que los consejeros suplentes deben renovarse en forma similar a los principales; y que el único caso en que la norma estableció un periodo distinto de duración en el cargo para los miembros del Consejo Nacional Electoral fue el relacionado con la primera renovación parcial en la que no se hizo distinción entre consejeros principales y suplentes.

Este Organismo concluyó que de conformidad con el primer inciso del artículo 24 del Código de la Democracia, los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral que hubieren reemplazado al consejero principal en caso de ausencia temporal o definitiva, están igualmente sujetos a un periodo fijo de seis años, contabilizado desde la fecha de su designación como consejero principal o suplente, ya que la designación proviene o se origina en un mismo concurso convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Finalmente concluyó que corresponde a ese Organismo establecer de quienes integran el Consejo Nacional Electoral, los consejeros principales y suplentes que estén próximos a cumplir su periodo para que a través del respectivo concurso de méritos y oposición se proceda a designar sus reemplazos.

En lo que respecta a la segunda consulta relacionada con el número de vacantes a ser renovadas a través del concurso de méritos y oposición respectivo, este Organismo analizó los artículos 20, 26 y 34 relacionados con la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral y las funciones de los consejeros suplentes.

La Procuraduría General del Estado concluyó que de acuerdo al tercer inciso del artículo 20 del Código de la Democracia, en caso de producirse vacantes en la integración del Consejo Nacional Electoral, es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a efectos de mantener íntegra la conformación de cinco consejero principales y sus respectivos suplentes, designar a sus reemplazos por el periodo fijo por el cual fueron electos, garantizando así la finalidad de la Función Electoral prevista en el artículo 6 del mismo Código.


4.2.6 Avalúo a observarse en las declaratorias de utilidad pública según las reformas realizadas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública por la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública.

Consultante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo.

Fecha: 26 de septiembre de 2017.

Dentro de la absolución de la consulta relacionada con el avalúo que se debe observar para el pago del valor de los inmuebles a expropiarse, la PGE analizó como antecedente el artículo 323 de la Constitución de la República, que permite la expropiación de bienes por parte de las instituciones del Estado por razones de utilidad pública o interés social y nacional.

En este contexto, se observó el artículo 446 del COOTAD que prevé la facultad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados municipales para declarar la expropiación de bienes y que de acuerdo con el último inciso del artículo 447 Ibídem, para la determinación del justo precio, el procedimiento y demás aspectos relativos a la expropiación se debe aplicar las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSCNP).

Por otra parte, se estudió el artículo 58 de la LOSNCP que establece en su primer inciso que cuando una institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, le corresponde a la máxima autoridad emitir la declaratoria de utilidad pública y de interés social, a la cual se debe adjuntar, entre otros documentos, el avalúo establecido por la dependencia de avalúos y, para el caso de obras, también el anuncio del proyecto conforme a los artículos 60 y 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

Adicionalmente, se examinó el artículo 58.1 de la LOSNCP que norma lo relativo a la negociación y precio en los procesos expropiatorios y que determina que, una vez perfeccionada la declaratoria de utilidad pública y de interés social, se debe buscar un acuerdo directo entre las partes hasta por un plazo máximo de 30 días; al igual que, los artículos 55 letra i) y 139 del COOTAD que regula el ejercicio de la competencia de formar y administrar los catastros inmobiliarios por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales.

Del análisis de las normas citadas se determinó que las reformas introducidas por la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública a la LOSNCP, establecieron entre otras, el procedimiento que deben seguir todas las instituciones públicas, incluidos los GADS y sus empresas públicas para la expropiación de bienes inmuebles, incluyendo la forma de calcular el precio que se debe pagar al propietario del respectivo bien, en base de los catastros municipales.

Finalmente, se concluyó que a partir de la reformas realizadas por la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, de acuerdo al artículo 58.1 de la LOSNCP, en las expropiaciones requeridas por el sector público, el precio que se convenga no podrá exceder del diez por ciento sobre el valor del avalúo registrado en el catastro municipal y sobre el cual se pagó el impuesto predial del año anterior al anuncio del proyecto para el caso de construcción de obras, o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social para otras adquisiciones, debiendo en ambos casos deducir del precio la plusvalía proveniente de las obras públicas y de otras ajenas a la acción del propietario.

4.2.7  Regulación de las causas y procedimiento aplicable para la remoción de los miembros de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados

Consultante: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

Fecha: 27 de septiembre de 2017.

Para atender esta consulta, la Procuraduría General del Estado se refirió en primer término a la integración de los Consejos Provinciales establecida en el artículo 252 de la Constitución de la República, así como las disposiciones contenidas en los artículos 43, 44 y 45 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.

Se señaló además que los artículos 47 y 48 del COOTAD distinguen entre las atribuciones establecidas para el Consejo Provincial como cuerpo colegiado y las atribuciones individuales de cada miembro de dicho Consejo, debiéndose considerar que todas las personas que lo integran son dignatarios de elección popular, ya que está conformado por alcaldes, concejales y miembros de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales.

Por otra parte, se analizó el artículo 334 del COOTAD que establece las causales de remoción de los miembros de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, en cuyo texto no se incluye expresamente a los consejeros provinciales; por lo cual, se realizó el análisis en forma conjunta de los artículos 332, 333, 334 y la parte final del artículo 336 Ibídem.

Se observó que el Capítulo V del Título III del COOTAD, en el que se encuentran ubicados los artículos referidos en el párrafo precedente, regulan la remoción de los miembros de los órganos legislativos de todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados y que ese capítulo establece las causales de remoción del Ejecutivo del GAD (artículo 333), las causales de remoción aplicables a los miembros del órgano legislativo de los GADs (artículo 334) y el procedimiento que se debe observar para que se pruebe la causal de remoción que se imputa al dignatario (artículo 336).

Lo señalado en el párrafo precedente, ilustró la necesidad de entender el artículo 334 del COOTAD, en el contexto del Capítulo en el que está inserta esa norma y que se reitera al observar que la regulación del procedimiento para la remoción de dignatarios de los GADs que establece el artículo 336 del COOTAD en los incisos séptimo y octavo, se refieren en forma expresa a la remoción de los Consejeros Provinciales y que según el artículo 337 Ibídem ubicado en el mismo capítulo, la autoridad cuya remoción se tramita sigue en el ejercicio de sus funciones hasta que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie; y solo ejecutoriada la resolución que declara con lugar a la remoción, se procederá a su reemplazo, conforme a la ley.

Finalmente se consideró que la remoción de un Consejero Provincial que provenga de un GAD cantonal o parroquial, una vez ejecutoriada, da lugar a su reemplazo ante el órgano legislativo del Gobierno Provincial, pero no determina la pérdida de la calidad de alcalde, concejal y/o miembro de la Junta Parroquial a la que representa dicho dignatario, lo que permite comprender la previsión que contiene el séptimo inciso del artículo 336 del COOTAD, que impone al Ejecutivo Provincial la obligación de notificar de la remoción al órgano normativo al que representa el Consejero.

4.2.8 Imposición de multas y terminación unilateral en los contratos celebrados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Consultante: Ministerio de Salud

Fecha: 22 de septiembre de 2017

La entidad consultante formuló 3 consultas relacionadas con la imposición de multas en los contratos celebrados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación que se detallan a continuación:

  1. La primera consulta estaba relacionada a si se puede considerar como límite para la imposición de multas la fecha en la cual se evidenció la voluntad administrativa de terminar un contrato ante la imposibilidad de continuar con su ejecución o ante la inconveniencia para los intereses institucionales de la ejecución total o parcial.
l tratar sobre la conformación de la voluntad en la terminación de un contrato este Organismo realizó el estudio correspondiente del artículo 95 de la LOSNCP, para determinar que si bien este constituye un acto administrativo complejo que conlleva la ejecución de cierto número de acciones previas, estas acciones no producen individualmente el efecto jurídico de concluir el contrato ya que este se produce únicamente con la resolución de terminación emitida por la máxima autoridad.

Finalmente se analizó el artículo 71 de la LOSNCP y el artículo 116 de su Reglamento General que contienen disposiciones legales respecto a la imposición de multas y se concluyó que el artículo 71 de la LOSNCP no ha previsto un límite al valor de las multas que se pueden imponer al contratista, durante la etapa de ejecución del contrato, por retardo o incumplimiento de las obligaciones contractuales; y que compete a la entidad contratante, en salvaguardia del interés institucional, determinar la oportunidad y conveniencia de aplicar en un contrato específico, la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP, que prevé como causal de terminación unilateral y anticipada del contrato, si las multas “superan” la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

  1. La segunda consulta estaba encaminada a determinar si conforme a lo dispuesto en el artículo 1561 del Código Civil, en el evento en que contractualmente las partes hayan estipulado un límite para la imposición de multas, el exceso de este límite es considerado como una causal de terminación unilateral del contrato y si se puede imponer multas adicionales al límite pactado de continuar el retraso en el cumplimiento de la obligación contractual.
  2. La PGE analizó los artículos 4 y 5 de la LOSNCP para establecer que dichas normas han establecido que los contratos regidos por la LOSNCP se deben interpretar y ejecutar en base a los principios que rigen la contratación pública, precautelando el interés público y que los contratos sean ejecutados en debida forma.
La PGE dentro del análisis de los artículos 71 y 94 de la LOSNCP, los artículos 112 y 116 de su

Reglamento General y el artículo 1561 del Código Civil, determinó que la norma de Derecho Civil no tiene igual dimensión de aplicación en el Derecho Público, donde la voluntad de los contratantes está limitada a las normas que rigen la contratación pública; y que la aplicación supletoria del Código Civil debe enmarcarse dentro de los términos prescritos en la LOSNCP, según lo dispuesto en su artículo 60 que establece que los contratos a los que se refiere esa ley y que son celebrados por las entidades contratantes son contratos administrativos.

La última consulta formulada sobre el tema está relacionada a si en caso de retardo en el cumplimiento de obligaciones parciales, cuya valoración se encuentra en relación directa con el valor total del contrato, es posible que estas multas sean calculadas con relación a dicho valor.

Para atender esta consulta se partió del análisis de las disposiciones contenidas en los artículos 71 y 81 de la LOSNCP que tratan respectivamente sobre la imposición de multas por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales en las que existe un cronograma valorado y los casos en los que las entidades contratantes pueden establecer recepciones parciales, de acuerdo a la naturaleza de las obras, bienes o servicios.

Luego del análisis jurídico respectivo este Organismo concluyó que de conformidad con los artículos 71 y 81 de la LOSNCP, en los contratos de obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, en los cuales se prevea entregas parciales con un cronograma valorado, ante el incumplimiento o retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, corresponde a las entidades contratantes, aplicar las multas conforme a lo previsto en el contrato por cada día de retraso en su cumplimiento, en función de las entregas parciales que se hubieren estipulado atenta la naturaleza del contrato, considerando el monto de los bienes, obras o servicios que aún no han sido entregados y recibidos a satisfacción por la contratante, puesto que la obligación se entiende cumplida parcialmente en cuanto a los bienes que han sido entregados y recibidos a entera satisfacción por parte de la entidad contratante.

Finalmente se indicó que es responsabilidad de las entidades contratantes, verificar que cada entrega sea realizada en forma sistemática y conforme el cronograma valorado de entregas parciales establecido, así como el cálculo y la imposición de las multas a que hubiere lugar en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista, en los términos que se hubiere previstos en la respectiva cláusula contractual.


4.2.9 Prórroga de Funciones de los miembros del Consejo Nacional Electoral.

Consultante: Secretaría General de la Presidencia de la República

Fecha: 9 de noviembre de 2017

La Secretaría General de la Presidencia de la República, con motivo de la reforma realizada al artículo 105 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y ante el hecho de que a la fecha de la consulta no se encontraban designados los nuevos titulares de las vacantes existentes en el Consejo Nacional Electoral, formuló dos consultas relacionadas con la prórroga de funciones de los miembros de dicho cuerpo colegiado cuyos periodos estaban próximos a concluir y si dicha prórroga implicaba mantener la representación institucional a través de los actuales presidente y vicepresidente.

Para atender la primera consulta la Procuraduría General del Estado partió del análisis de los artículos 6, 18 y 24 del Código de la Democracia para determinar el procedimiento de conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su funcionamiento, y el momento en el que se produce la elección del Presidente y Vicepresidente de ese Organismo.

Por otra parte, se analizó también el numeral 1 del artículo 3 de la LOSEP, el artículo 83 y la Disposición General Décima Octava Ibídem y se estableció que los consejeros del CNE son funcionarios sujetos a periodo fijo, que integran los grupos ocupacionales del nivel jerárquico superior y están excluidos de la carrera del servicio público y la aplicabilidad de las normas de la LOSEP a dichos funcionarios.

También, se analizó el texto reformado del artículo 105 del Reglamento a la LOSEP que en las letras a) y b) del numeral 4.1 determinan las circunstancias en las que es aplicable la prórroga de funciones de un funcionario público sujeto a periodo fijo.

Este organismo concluyó que de acuerdo a las excepciones previstas en el numeral 4.1 del artículo 105 reformado del Reglamento a la LOSEP, los miembros del CNE cuyos periodos estaban próximos a vencer no podían separarse del desempeño de sus puestos hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a sus reemplazos y sean posesionados ante el Pleno de la Asamblea Nacional, ya que el procedimiento de selección no había concluido.

Finalmente, para atender la segunda consulta se determinó que la continuidad en el cargo que por excepción admite el numeral 4.1 del artículo 105 reformado del Reglamento General a la LOSEP para los funcionarios cuyo periodo fijo concluyó, se motiva en la necesidad de garantizar la no interrupción de las actividades institucionales y da lugar a que los funcionarios del nivel jerárquico superior no puedan separarse del desempeño del puesto, conserven la calidad que ostenten, y mantengan la representación institucional correspondiente, hasta que se perfeccione su reemplazo conforme al procedimiento legal respectivo.

La Procuraduría consideró que al no existir la renovación parcial de los miembros del CNE que permita la realización de la sesión inaugural en la que se designen nuevo Presidente y Vicepresidente de ese Organismo conforme prevé el artículo 24 del Código de la Democracia, los actuales Presidente y Vicepresidente de ese Organismo mantienen sus calidades y la representación de ese órgano de acuerdo con los incisos segundo y final del numeral 4.1 del artículo 105 del Reglamento a la LOSEP hasta que se produzca la renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral.


4.2.10 Establecimiento de límites máximos y rangos de velocidad por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales.

Consultante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loja.

Fecha: 5 de diciembre de 2017.

Para atender esta consulta, se analizó el ejercicio de la competencia en materia de tránsito y transporte terrestre que tienen los gobiernos autónomos descentralizados municipales para identificar la aplicación de las normas nacionales relacionadas a límites de velocidad y rangos moderados.

En ese sentido, se revisó las disposiciones contenidas en el artículo 264 numeral 4 de la Constitución de la República y artículo 55 letra f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD que establecen que es de competencia exclusiva de los municipios la planificación, regulación y control del tránsito y el transporte público dentro de su respectiva jurisdicción; y, para aclarar el alcance de esta competencia, este Organismo se refirió a lo concerniente a cada una de esas facultades que están definidas en el artículo 116 del COOTAD.

También, se analizó el artículo 130 del COOTAD el cual prescribe que la rectoría del sistema nacional de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial corresponde a la Cartera de Estado del ramo, misma que es ejercida a través de su respectivo órgano técnico nacional, que en ese caso es la Agencia Nacional de Tránsito.

Posteriormente, se analizó el contenido de la Resolución No. 006-CNC-2012 expedida por el Consejo Nacional de Competencias, la cual regula la transferencia de la competencia de tránsito y transporte terrestre a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos del país. Dicha norma define las facultades que corresponden tanto al gobierno central como a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos en el ejercicio de la mencionada competencia.

Por otra parte, se examinó la disposición del artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial LOTTTSV, que señala entre otros temas, que los gobiernos autónomos descentralizados municipales, tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su jurisdicción, para lo cual deben observar las disposiciones de carácter nacional expedidas por la Agencia Nacional Tránsito ANT. De igual forma, se analizó la disposición del artículo 30 del Reglamento General para la Aplicación de la LOTTTSV que establece que los GADs al expedir sus ordenanzas en materia de tránsito deben observar que guarden armonía con las políticas emitidas por la Cartera de Estado encargada del tránsito y transporte terrestre así como de la ANT, debiendo comunicar a esta última en forma inmediata de la expedición de sus ordenanzas, para que el órgano nacional pueda ejercer el control correspondiente.

Finalmente, se revisó el contenido de los artículos 190 y 191 del Reglamento General para la aplicación de la LOTTTVS que en su orden disponen que los GADs dentro de sus jurisdicciones determinarán los límites máximos de velocidad con sujeción a los límites establecidos en el artículo 191 de ese reglamento; y, dicho artículo, en su parte final faculta tanto a la ANT como a las municipalidades, manteniendo la debida coordinación, a establecer por razones de prevención y seguridad “límites menores de velocidad”, respecto a los límites generales máximos que esa norma determina.

En base al análisis jurídico antes referido, la Procuraduría General del Estado concluyó que los gobiernos autónomos descentralizados municipales deben observar los límites máximos y los rangos de velocidad determinados en el Reglamento General para la Aplicación de la LOTTTVS; sin perjuicio de que en ejercicio de la atribución de regulación local que les corresponde en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, por razones de seguridad y prevención debidamente justificadas, los GADs municipales puedan establecer límites menores a los establecidos en la norma reglamentaria nacional prescritos según los tipos de vías y vehículos en su respectiva jurisdicción, evento en el cual deben coordinar acciones con la Agencia Nacional de Tránsito.
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Tutorial Sistema Consultas Absueltas

A través de este tutorial podrás conocer cómo acceder al Sistema de Consultas Absueltas, que contiene los pronunciamientos vinculantes emitidos por la PGE sobre las consultas formuladas por las entidades y organismos del sector público a través del buscador Consultas Absueltas Web. En el siguiente video te guiamos para que realices tu consulta.

 

 

SISTEMA DE CONSULTAS ABSUELTAS

A través de su portal web La PGE pone a disposición del público los pronunciamientos vinculantes emitidos por la Institución sobre las consultas formuladas por las entidades y organismos del sector público, de conformidad con los artículos 237 de la Constitución de la República del Ecuador, 2, 3 letra e), y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que confieren al Procurador General del Estado, la competencia para el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la Ley, en aquellos temas en que la Constitución o la Ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos.

 

A través del pronunciamiento vinculante del Procurador General del Estado, el estudio y análisis de la normativa jurídica y la doctrina con relación a cada consulta permite delinear un marco jurídico para el accionar público, cuyo norte es la correcta aplicación de la Ley, el ejercicio de las funciones y potestades públicas dentro del principio de legalidad consagrado en el artículo 226 de la Constitución de la República, y la protección del patrimonio público.

Esta herramienta jurídica pretende ser una guía que oriente la actuación de los entes públicos a la luz del derecho, la eficiencia y ética en el ejercicio de la función pública.


>> Acceso al Sistema de Consultas Absueltas<<



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