Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Barra de Inclusion
header cont pub new
 title sintesis

La Procuraduría General del Estado, en ejercicio de la facultad otorgada por la Constitución y la Ley, de controlar los actos y contratos que celebren los organismos y entidades del sector público, en concordancia con lo determinado en el Art. 15 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que concierne a las dependencias, entidades y organismos de las Funciones del Estado y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales, procesó 188 casos de control de la legalidad.

El control legal tiene como propósito verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en las normas y principios que rigen a la contratación pública, en los actos y procedimientos preparatorios, precontractuales, suscripción del contrato, su ejecución y liquidación. Del total de casos procesados; 121 de ellos concluyeron con informe final, 62 de éstos se enviaron a la Contraloría General del Estado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y el resto continúa en estudio dentro del término establecido para el efecto.

En relación a la cuantía del total de los casos analizados se observa los siguientes porcentajes: el 82.45% tienen cuantía, mientras que el 17.55% su monto es indeterminado, por el objeto de la contratación.

El monto total de los 188 casos analizados con cuantía durante el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, asciende a $ 437.581.081,03, y de los 121 finalizados a $ 184.427.013,54

Sobre el sector al que corresponden las entidades a las que se realizó el control de la legalidad, se desprende que el 51,44% de ellos pertenecen a organismos del Régimen Autónomo Descentralizado, el 39.8% devienen de organismos y dependencias de la Función Ejecutiva, el 1% proceden de organismos de la Función Electoral y, el 7.76% a Personas Jurídicas Privadas.

Adicionalmente, sobre el origen del control, se evidencia que: el 2,92% de los casos materia de estudio, son por petición de la entidad contratante; el 14.56% corresponden a control de oficio por parte de la Procuraduría General del Estado; el 38.83% a denuncias presentadas; y el 43.69 a petición de Funciones del Estado y Órganos de Control

Sobre las observaciones realizadas en los informes de control de la legalidad, se puede destacar que la más recurrente tiene relación con la publicación parcial de la documentación relevante en el portal COMPRASPÚBLICAS, afectando así el principio de publicidad. La falta de motivación en las resoluciones tomadas por las entidades o sus delegados dentro de los procesos contractuales; la equívoca elección del procedimiento precontractual; y la actuación de la Comisión Técnica de no responder a ciertas preguntas formuladas por futuros oferentes o responderlas con imprecisión en la fase precontractual también posee un porcentaje elevado.

Durante el período se registran además inobservancias que tienen que ver con la incapacidad legal de apoderados de partícipes mayoritarios del consorcio al suscribir la escritura de su conformación, la falta de domiciliación del partícipe mayoritario del consorcio contratista, previo a la firma del contrato, llegando estas a afectar la validez del mismo.

Se ha cumplido a cabalidad con sus funciones de realizar el control de la legalidad, respetando los tiempos establecidos en el artículo 1 de la Resolución No. 040 de 14 de enero de 2016, de esta Casos relevantes

Observaciones al proceso: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO, CANTÓN Institución

Finalmente, y en ejercicio de las facultades contempladas en el Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría General del Estado, se asesoró a 53 entidades públicas, en temas de contratación pública.
REGRESAR ARRIBA

 

 title casosrelevantes

5.1.1 Ambato, provincia de Tungurahua

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Ambato.

Monto: USD 26´141.890,07 (SIN INCLUIR IVA)

Motivo del análisis: control de oficio por cumplir con los parámetros emitidos para el efecto por esta entidad.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del cantón Ambato publicó en el portal institucional del SERCOP en junio de 2016, el proceso de licitación de obra signado con código LICOGADMA-03-2016, cuyo objeto fue la “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE AMBATO Y LOS COLECTORES EMISARIO, DESCARGAS MENORES Y QUEBRADA TERREMOTO PARA LA CIUDAD DE AMBATO, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE

TUNGURAHUA”, mismo que fue adjudicado al Consorcio Saneamiento PTAR Ambato (conformado por dos partícipes: 1.- AQUALIA INTECH S.A.; y, 2.- ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.).

El 5 de agosto de 2016, se suscribió el respectivo contrato con un plazo de 740 días contados a partir de la notificación de disponibilidad de anticipo, por un valor de USD 26´141.890,07 (sin incluir iva).

La Procuraduría General del Estado, como resultado del control legal de las fases preparatoria, precontractual y contractual (formalización y forma del contrato) del proceso signado con código LICO-GADMA-03-2016; y, análisis comparativo con la etapa precontractual de los procesos signados con códigos LICO-GADMA-2015-06, LICO-GADMA-08-2015 y LICO-GADMA-10-2015 (estos tres últimos, declarados desiertos), todos con el mismo objeto contractual, concluyó, que:

Etapa preparatoria:

  • No publicaron el plan anual de contrataciones en la página web del Municipio de Ambato; tampoco se publicaron en el Portal Institucional del SERCOP los documentos de la impugnación a la Resolución de Adjudicación, la Resolución Administrativa que rechazó dicho recurso, la petición del adjudicatario para la firma del contrato; y, publicó el contrato fuera del tiempo máximo estipulado.
  • El Plan Anual de Contrataciones del año 2016, no fue reformado a pesar de que hubo modificaciones.
  • El expediente del proceso LICO-GADMA-03-2016, no contiene el estudio de mercado para establecer el presupuesto referencial de éste.
Etapa precontractual:

  • El Alcalde subrogante del cantón Ambato, no consideró que existían servidores públicos en la entidad contratante, que como profesionales afines al objeto contractual, pudieron ser nombrados como tales dentro de la Comisión Técnica, y se designó a uno de fuera de dicha entidad.
  • Las respuestas de la entidad contratante a 19 preguntas, no absolvieron lo requerido por los interpelantes.
  • La Comisión Técnica del proceso habilitó para pasar a la segunda etapa, luego evaluó la oferta y posteriormente sugirió a la máxima autoridad, la adjudicación del contrato, al Consorcio SANEAMIENTO PTAR AMBATO, a pesar de que éste no cumplió con todos los requisitos mínimos establecidos en el pliego, dado que no se desglosaron todas las personas naturales del accionista mayoritario de su partícipe AQUALIA INTECH S.A.
  • La Comisión Técnica rechazó la oferta del Consorcio AB AMBATO, por la falta de firma al final del formulario único, sin considerar que el resto de los formularios estaban firmados en especial el de la carta de presentación y compromiso, siendo susceptible de convalidación.
  • Se emitió la Resolución DA-16-188 de 21 de julio de 2016, que adjudicó la contratación al Consorcio SANEAMIENTO PTAR AMBATO, cuya oferta no cumplió con los requisitos mínimos solicitados en el pliego del proceso.
Etapa contractual:

  • Los apoderados de AQUALIA INTECH S.A., quienes suscribieron el contrato de constitución del consorcio SANEAMIENTO PTAR AMBATO, como partícipe de éste, no tenían la capacidad legal para suscribir el mismo, porque eran ciudadanos extranjeros sin calidad de residentes en Ecuador y, se ampararon en poderes que limitaban y restringían su accionar, incumpliendo uno de los requisitos para la validez de dicho contrato; y, este contrato de constitución de consorcio, era uno de los documentos habilitantes y requisito de formalidad del contrato de obra que fue sujeto a control legal.
  • Dicha inobservancia, produjo causales para la terminación unilateral del contrato estudiado, así como para demandar la nulidad relativa del mismo.
  • Aqualia Intech S.A., compañía anónima española y una de las partícipes del Consorcio contratista, que ejercería en Ecuador la obra pública del objeto contractual, no se domicilió en Ecuador, previo a la firma del contrato.
Dicha omisión, acarrea la nulidad absoluta del contrato, al haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente establecidas.

Recomendaciones:

  1. El Alcalde podrá dar por terminado unilateralmente el contrato referido, amparado en el artículo 64 de la LOSNCP, puesto que éste se suscribió contra expresa prohibición de la ley, al motivarse en la Resolución Nro. DA-16-188 de 21 de julio de 2016, que adjudicó la contratación a un Consorcio que no cumplió con todos los requisitos solicitados en el pliego; así como, por la falta de capacidad legal de los apoderados de AQUALIA INTECH S.A., al suscribir la escritura de conformación del consorcio, documento habilitante del contrato de obra referido; y, porque no existió domiciliación previa al contrato, de la compañía extranjera AQUALIA INTECH S.A., partícipe del Consorcio contratista.
  2. La entidad contratante deberá publicar todos los documentos relevantes que aún no lo están y que fueron detallados por esta Procuraduría en el numeral 4.4. del presente documento.
Las otras observaciones deberán ser acatadas obligatoriamente por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Ambato, en todas las etapas de los subsiguientes procesos de contratación.

El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Ambato deberá notificarnos sobre las acciones implementadas, en relación con la recomendación que consta en el numeral 1, a fin de que esta Procuraduría tome las acciones que le correspondan, con base al artículo 65 numeral 2 de la LOSNCP.

El presente informe de control legal fue notificado a la Contraloría General del Estado con oficio Nro. 12898, de 9 de noviembre de 2017.


5.1.2 Observaciones al proceso: Asfaltado desde Arajuno hasta Shiguacocha, y los ramales a las comunidades de Karapacocha, Killu Kaspi, 20 de Marzo y 10 de Julio

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Monto: USD 6’999,640.24

Revocada la Resolución de Adjudicación a favor del Consorcio Arajuno

Motivo de análisis: control de oficio por cumplir con los parámetros emitidos para el efecto por esta entidad.

El prefecto de la provincia de Pastaza aprobó el pliego y dispuso el inicio del proceso de licitación de obras signado con el código LICO-GADPPz-003-2016, para la construcción del “ASFALTADO DESDE ARAJUNO HASTA SHIGUACOCHA, Y LOS RAMALES A LAS COMUNIDADES DE KARAPACOCHA, KILLU KASPI, 20 DE MARZO Y 10 DE JULIO”, el cual fue adjudicado al CONSORCIO ARAJUNO mediante resolución Nro. 320-GADPPz-2016, de 14 de octubre de 2016. Posteriormente, cuando el control de la legalidad estaba en curso, la entidad referida emitió la Resolución No. 021-GADPPz-2017 de 19 de enero de 2017, a través de la cual dejó sin efecto la adjudicación del proceso.

La Procuraduría General del Estado, como resultado del control de la legalidad efectuado a las fases preparatoria y precontractual del proceso antedicho, concluyó que:

  • Se recibió indebidamente la única oferta presentada, puesto que se lo hizo a través de una servidora que no contaba con el nombramiento de secretaria de la Comisión Técnica, pues conforme consta en el pliego, era otra servidora la facultada para receptar las ofertas.
  • Publicación parcial de la información considerada como relevante del proceso.
  • La Comisión Técnica habilitó, y posteriormente la entidad adjudicó el proceso, a una oferta que no cumplía con los requisitos mínimos del pliego, puesto que, no llenó el formulario 1.3 alusivo a la nómina de socios, accionistas o partícipes de personas jurídicas, a pesar de que, el referido consorcio tenía la obligación de hacerlo en razón de la naturaleza jurídica de sus asociados.
  • El informe de calificación de ofertas fue notificado a un servidor distinto al Prefecto Provincial de Pastaza (máxima autoridad), sin que este cuente con delegación alguna, y tampoco se recomendó expresamente la adjudicación a favor del Consorcio Arajuno.
Considerando la terminación del proceso en virtud de la revocatoria de la adjudicación, se recomendó a la entidad contratante que las observaciones obtenidas del control de legalidad sean aplicadas obligatoriamente en los subsiguientes procesos de contratación que realicen; además, dichas observaciones también fueron notificadas a la Contraloría General del Estado, con oficio 10329 de 25 de abril de 2017, acatando así la disposición del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.


5.1.3 Observaciones al proceso: “IMPLEMENTACIÓN DEL DATA CENTER”

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo.

Monto: USD 720,982.14

Contrato terminado en virtud del cumplimiento de las obligaciones contenidas en éste.  

Motivo del análisis: control de oficio por cumplir con los parámetros emitidos para el efecto por esta entidad.

El Alcalde Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, mediante resolución Nro. GADMSD-R-DCP-2015-273 de 16 de diciembre de 2015, autorizó la realización del proceso de subasta inversa electrónica Nro. SIE-GADMSD-119-2015 para la “IMPLEMENTACIÓN DEL DATA CENTER”, el cual fue adjudicado a la empresa TECNOPLUS CIA. LTDA.; y, cuyo contrato fue celebrado el 14 de enero de 2016, por un valor de USD. 720.982,14 sin incluir IVA y un plazo de ejecución de 30 días.

Posteriormente, el 27 de abril de 2016, se suscribió el acta de entrega-recepción definitiva.  

La Procuraduría General del Estado, como resultado del control de la legalidad efectuado a las fases preparatoria, precontractual y contractual del proceso de contratación aludido, concluyó respecto de la etapa precontractual, que:

  • El procedimiento de subasta inversa electrónica se eligió equívocamente para esa contratación, en virtud de que el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA CENTER” fue catalogado como normalizado, a pesar de no abarcar componentes susceptibles de homologarse o estandarizarse, por tanto, debió optarse por un procedimiento aplicable para bienes o servicios no normalizados.  
  • Publicación parcial de la información considerada como relevante del proceso.
  • La Comisión Técnica intervino en la sesión de negociación a nombre de la entidad, sin tener competencia para hacerlo, cuando el facultado era el Director de Compras Públicas en vista de que contaba con delegación de la máxima autoridad.
En lo que atañe a la etapa contractual, se observó que:

  • En las cláusulas del contrato se estableció la entrega de un anticipo del 70% de su valor total, pero no se determinó el plazo para su pago, ni existe tal referencia en ninguna otra cláusula del mismo.
En virtud de que el contrato referido se encuentra terminado por la suscripción del acta de entrega recepción definitiva, se recomendó a la entidad contratante que las observaciones obtenidas del control de legalidad sean aplicadas obligatoriamente en los subsiguientes procesos de contratación que iniciaren; además, dichas observaciones también fueron notificadas a la Contraloría General del Estado, con oficio 9062 de 10 de enero de 2017, acatando así la disposición del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.


5.1.4 Observaciones al proceso: “Remodelación y construcción de la segunda etapa del parque central de la Parroquia Ricaurte”

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ricaurte

Monto: USD 110,931.68

Contrato suspendido por el SERCOP  

Motivo del análisis: mediante oficio No. SERCOP-CZ5-2016-3889-OF del 11 de octubre del 2016, el SERCOP puso en conocimiento de esta Dirección Regional los instrumentos relacionados con la supervisión efectuada por dicha secretaría al proceso.

A pesar de las recomendaciones realizadas por el SERCOP para que proceda a inhibirse de continuar con el proceso Menor Cuantía de Obra No. MCO-GADPRR-01-201 y declararlo desierto por considerar que el procedimiento revelaba deficiencias insubsanables, entre ellas, los requisitos exigidos para acreditar experiencia general de los oferentes y del personal técnico propuesto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ricaurte continuó con el proceso y suscribió el contrato de obra con fecha 5 de abril del 2016, con el Ing. Ramón Alejandro Villacrés Salazar; además de un primer contrato complementario con fecha 6 de mayo del 2016; y, otro contrato complementario con fecha 19 de mayo del 2016, ambos por creación de rubros nuevos.

Previamente, el SERCOP procedió con la suspensión del proceso en el portal de compras públicas.

La Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, como resultado del control de la legalidad efectuado, concluyó que:

  • El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ricaurte celebró el contrato sin contar previamente con la garantía de fiel cumplimiento del mismo, contraviniendo expresamente la disposición contenida en el inciso quinto del artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
  • La cuantía del segundo contrato complementario del 19 de mayo de 2016 excedió el límite del 35% de la cuantía del contrato principal señalado en la norma aplicable para la época, por lo que la entidad contratante no atendió lo previsto en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (posteriormente reformado por la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.966 del 20 de marzo del 2017).
  • No se encuentra la publicación en el portal de compras públicas de la información relevante del proceso objeto de control, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en el artículo 13 del Reglamento General de la materia; y, en los artículos 9 y 10 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 del Servicio Nacional de Contratación Pública (antes Resolución INCOP No.053-2011).
El informe de control fue puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado con oficio No. 10353-GY de 10 de mayo de 2017, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.


5.1.5 Observaciones al proceso: “Construcción de la II etapa del sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de Colimes, Cantón Colimes, Provincia del Guayas”

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Colimes

Monto: 2’681,784.40

Adjudicado – Registro de Contrato

Motivo del análisis: mediante oficio No. SERCOP-CZ5-2016-3094 del 10 de agosto del 2016, puso en conocimiento de esta Dirección Regional el memorando No.SERCOP-CZ5-2016-0509-M del 8 de agosto de 2016 que contiene el Informe Técnico efectuado por dicha secretaría al proceso que nos ocupa.

La Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, como resultado del control de la legalidad efectuado, concluyó que:

  • La entidad contratante no desarrolló la metodología de evaluación de las propuestas con el mecanismo de la proporcionalidad en la asignación de los puntajes establecidos para cada parámetro, por lo que no se explica la pertinencia de la calificación efectuada por la Comisión Técnica.
  • El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colimes no acató expresas disposiciones legales y reglamentarias establecidas para la calificación y selección del consorcio correspondiente, afectando con ello los principios de legalidad, trato justo, transparencia, oportunidad y publicidad en la contratación objeto del control, consagrados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
  • No se encuentra la publicación en el portal de compras públicas de la información relevante del proceso objeto de control, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en el artículo 13 del Reglamento General de la materia; y, en los artículos 9 y 10 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 del Servicio Nacional de Contratación Pública (antes Resolución INCOP No.053-2011).
El informe de control fue puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado con oficio Nro. 10151-GY de 24 de marzo de 2017, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
REGRESAR ARRIBA

 

• EQUIPO JURÍDICO •
contrapublical equipo juridico01
REGRESAR ARRIBA

 

 title productos

 

PROCESO DE CONTROL LEGAL

Por mandato constitucional la Dirección Nacional de Contratación Pública se encarga de realizar el control de la legalidad de los actos y contratos suscritos por organismos del Sector Público, en el ámbito de las compras gubernamentales realizadas dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP).

Para el efecto, la Dirección analiza procesos de contratación a partir de observaciones presentadas por proveedores, por requerimiento de la entidad contratante, de algún órgano de control del SNCP o de oficio. El control legal implica la verificación de que los actos y contratos administrativos se hayan realizado según lo previsto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y demás normativa secundaria o conexa.

 

El proceso de control legal termina con la elaboración de un informe que puede ser enviado a los órganos de control competentes, a fin de que se establezcan responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal; si se cumplen los presupuestos normativos, se presentan informes a la Dirección Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, para efectos de demandar la nulidad de uno o más contratos.

Este esquema de control pretende velar por el interés común, en la medida de que se trabaja para reducir el riesgo futuro de incumplimientos legales y errores en los procesos de contratación que realizan las entidades del Sector Público.


 

ASESORÍA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

El personal de la Dirección Nacional de Contratación Pública asesora a las entidades contratantes de todas las funciones del Estado, y a los gobiernos autónomos descentralizados, sobre la aplicación de las normas legales, reglamentarias y resolutivas que constituyen al Sistema Nacional de Contratación Pública.


A continuación, una muestra de la oferta temática en materia de capacitación:
1. Procedimientos de contratación de régimen común y régimen especial.
2. Administración y fiscalización de contratos.
3. Términos de referencia y especificaciones técnicas.
4. Lo que no se debe hacer en contratación pública: exposición de las malas prácticas más perjudiciales al realizar compras gubernamentales.
5. El combate a prácticas colusorias en el mercado público.
6. Principios básicos de Derecho Administrativo.


 

CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Dirección Nacional de Contratación Pública ofrece a las entidades contratantes procesos de capacitación con respecto a la aplicación de la normativa que rige la contratación pública en el Ecuador. La temática es variada, según el interés o la coyuntura de gestión.


REGRESAR ARRIBA

 

title normativa


1. Constitución de la República del Ecuador
2.Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado
3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento general
4. Ley Orgánica de Empresas Públicas
5. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
6. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
7. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sistema Financiero Popular y Solidario
8. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado
9. Resoluciones del SERCOP
10. Normativa reglamentaria conexa


 

REGRESAR ARRIBA

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech