Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
ATbar
header ddhh new
 title sintesis

Las estadísticas extraídas del Sistema de Gestión de Trámites de la Procuraduría General del Estado, respecto al 2016, en el área de la Dirección Nacional de Patrocinio muestran el trabajo y los resultados obtenidos durante este período en la gestión de la defensa técnica de los intereses del Estado. De la comparación respecto a los resultados alcanzados en el año inmediatamente anterior; es decir, en el 2015 en relación a las causas activas, procesos nuevos, sentencias favorables y desfavorables se ha alcanzado los siguientes resultados:

Análisis estadístico

Al 31 de diciembre de 2016 existen 89 584 causas activas a escala nacional, de las cuales 15 131 son causas nuevas ingresadas en los 12 meses de ese año; en comparación con las 16 498 causas nuevas que ingresaron en el 2015, encontramos un decrecimiento de 1 367 causas nuevas ingresadas. En el cuadro siguiente se muestra que a partir de los meses de junio y julio de 2016, es decir luego de varias semanas de vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) -juicios orales-, el número de demandas nuevas contra entidades del Estado inicia un evidente decrecimiento, como se observa a continuación:

patrocinio rc16 01

Respecto a las sentencias favorables y desfavorables a los intereses del Estado hemos logrado determinar que la tendencia se mantiene: en el 2016, 7.6 de cada 10 sentencias son favorables y el restante 2.4 sentencias son desfavorables. Es decir que la defensa técnica jurídica de los intereses del Estado mantiene los estándares de eficiencia y efectividad de los años anteriores, manteniendo un porcentaje del 76% de sentencias favorables frente a un 24% de sentencias desfavorables.

Capacitación

El actual sistema procesal de administración de justicia en materias no penales, ha exigido que los abogados de la Procuraduría General del Estado actualicen sus conocimientos y desarrollen destrezas de litigación oral, acordes a la nueva estructura procesal impuesta por el COGEP, norma en la que resalta los principios de oralidad, concentración, contradicción y dispositivo.

La Procuraduría General del Estado replicó los conocimientos y las técnicas de litigación oral asimiladas en algunas entidades del sector público, como son: Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Defensa Nacional.

Durante la primera semana del mes de abril de 2016, en la sala de conferencias de la Procuraduría General del Estado, se desarrollaron prácticas de exposición en audiencias en conjunto con los coordinadores y asesores jurídicos de 12 ministerios de Estado, con el propósito de que los abogados que defienden los intereses del Estado mejoren sus conocimientos y destrezas al comparecer a las audiencias orales, lo que ha permitido que los abogados litigantes se familiaricen con la aplicación de técnicas de oralidad, para una mejor defensa técnica jurídica de eficiencia y de calidad.

REGRESAR ARRIBA

 

title casosrelevantes

 

1.2.1 Precedente penal sobre el derecho de la víctima

Descripción de los hechos del caso

Con fecha 9 de marzo de 2009, la PGE concedió una comisión de servicios con remuneración al servidor público Wilmer Suárez, la misma que debía cumplirse en la Superintendencia de Compañías, en la ciudad de Guayaquil, desde el 16 de marzo de 2009 al 16 de marzo de 2010. Semanas después se descubrió que el Sr. Suárez no cumplió con su obligación de prestar sus servicios en el cargo de asesor del despacho del Superintendente ni atendió esta función, sin embargo, de lo cual cobró varias remuneraciones que como servidor público por un monto de USD 41 870,78 en calidad de remuneración que no devengó.

Argumentos de la defensa del Estado

Dada la información proporcionada por la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado practicó un examen especial de auditoría cuyo informe final estableció indicios de responsabilidad penal contra el servidor, al haberse beneficiado de remuneraciones sin que haya prestado sus servicios como Asesor en la Superintendencia de Compañías.

La Procuraduría General del Estado planteó acusación particular por el delito de peculado e impulsó la prosecución del delito de peculado contra el referido funcionario.

El proceso penal concluyó con sentencia condenatoria contra el servidor público Wilmer Suárez, en calidad de autor de delito de peculado tipificado en el 257 del Código Penal; se le impuso la pena de 8 años de reclusión mayor ordinaria, declarándose la incapacidad perpetua para el ejercicio de cargo/función pública, condenado además por concepto de reparación integral al pago de la suma de USD 48 241,50.

La sentencia se encuentra ejecutoriada y se está impulsando su ejecución.

1.2.2 Asociación de Bancos Privados del Ecuador contra la Junta Bancaria

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador presentó una acción pública de inconstitucionalidad de la Resolución No. JB-2012-2138 adoptada por la Junta Bancaria, mediante la cual se reforma las tarifas máximas para servicios financieros y se eliminan las correspondientes a servicios de afiliación y renovación de tarjetas de crédito.

La Procuraduría General del Estado en su intervención dejó evidenciado que la Resolución de la Junta Bancaria, No. JB-2012-2138 fue expedida con sustento en el artículo 226 de la Constitución de la República y del artículo 201 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Dejando claro que la misma no violentaba derecho alguno garantizado en la Constitución, quedando demostrado que tampoco existía incompatibilidad normativa alguna en la Resolución de la Junta Bancaria.

La Corte Constitucional mediante sentencia No. 052-16-SIN-CC, emitida el 12 de octubre de 2016 señala: “… Así, se verifica que la reforma de las tarifas máximas para servicios financieros adoptada… por la Junta Bancaria… mediante la cual determina la gratuidad para la afiliación y renovación de tarjetas de crédito no vulnera el derecho a la igualdad en su dimensión formal, de conformidad con lo prescrito en el artículo 66 numeral 4, en concordancia con el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República”, y resuelve negar la demanda de inconstitucionalidad planteada.

La decisión de la Corte Constitucional garantiza la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y precautela los derechos de centenares de miles de usuarios de tarjetas de crédito.

1.2.3 Caso Compañía de Seguros y Reaseguros SEGUROS UNIDOS S.A. contra Procuraduría General del Estado

Sentencia: 22 de noviembre de 2016

Síntesis: La Compañía de Seguros y Reaseguros SEGUROS UNIDOS S.A., en marzo de 2008, insistió en su petición de que se le restituya el pago que ella realizó a su asegurada, C.A. Ecuatoriana de Cerámica, argumentando tener derecho a la subrogación de derechos de su asegurada, basándose en disposiciones del Código Civil, señalando que el siniestro se debió por un estallido generado en el cuartel de la Brigada de Caballería No. 11 Galápagos. Por todo ello, planteó una demanda en lo contencioso administrativo buscando que el Tribunal Contencioso Administrativo en sentencia condene al Estado ecuatoriano al pago de USD 1 570 606,53.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 -causa No. 14729-2006-, en sentencia de 2 de marzo de 2011 aceptó parcialmente la demanda y ordenó que el Estado pague a la actora la suma de USD 1 570 606,53.

Finalmente y luego de analizar las argumentaciones de las partes, el 22 de noviembre de 2016 la Corte Nacional de Justicia a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la que declaró la nulidad de lo resuelto en instancia inicial por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 para que el indicado órgano jurisdiccional conozca la causa a partir del acto anterior al que produjo la nulidad, es decir se reiniciaría desde la contestación a la demanda.

La Procuraduría General del Estado en su contestación a la demanda alegó entre otras excepciones la Incompetencia del Juzgador, puesto que lo exigido por el actor corresponde ventilarlo ante un Juez de lo Civil y no ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, al que no le corresponde atender estos temas puramente patrimoniales.

La Corte Nacional de Justicia en la sentencia de 22 de noviembre de 2016 concluye que: “… la pretensión se contrae al reconocimiento de un derecho patrimonial y a la liquidación de valores económicos, sin que en ninguna parte se haya demandado el control de la legalidad de algún acto, contrato o hecho administrativo, o que declare la responsabilidad objetiva del Estado… Por lo que declaró la nulidad de la sentencia del Tribunal y determinó que se remita el proceso a aquel órgano jurisdiccional para que resuelva lo que en derecho corresponden.”

Este fallo resulta evidentemente relevante, en tanto que contiene una aplicación práctica e ilustrativa de la Resolución No. 04-2015 de la Corte Nacional de Justicia, en la que se establecieron los parámetros para verificación de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en materia de contratación pública y daños y perjuicios.

REGRESAR ARRIBA

 

• EQUIPO JURÍDICO •
patrocinio equipo juridico01
REGRESAR ARRIBA

 

title productos

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 237.2 de la Norma Suprema que determina que al Procurador General del Estado, entre otras funciones, le corresponde el Patrocinio del Estado y sus instituciones, en atención al mandato que obra del artículo 226 de la Carta Magna; y en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica Institucional, los responsables de los equipos jurídicos de las instituciones del Estado podrán contactar con los encargados de cada una de las áreas institucionales de la PGE para coordinar todas aquellas acciones conducentes a la defensa de los intereses del Estado ecuatoriano.

 

REGRESAR ARRIBA

 

title normativa

 

NORMATIVA APLICABLE DEL ÁREA CONSTITUCIONAL

• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
• LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL
• LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
• REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
• CÓDIGOS Y LEYES CONEXAS

 

NORMATIVA APLICABLE DEL ÁREA CIVIL

• CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
• CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
• CONSTITUCIÓN
• CÓDIGO CIVIL
• COOTAD

 

NORMATIVA APLICABLE DEL ÁREA PENAL

• CÓDIGO PENAL
• CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
• COIP
• CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
• CONSTITUCIÓN


NORMATIVA APLICABLE AL ÁREA LABORAL

• CONSTITUCIÓN
• CÓDIGO DEL TRABAJO
• CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
• LEYES APLICABLES SEGÚN LA INSTITUCIÓN DEMANDADA O LA FUNCIÓN QUE HAYA DESARROLLADO EL ACTOR

 

REGRESAR ARRIBA

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech