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Desde su posesión, el 31 de julio de 2018, el Procurador General del Estado ha alineado su gestión con una política encaminada al uso más eficiente posible de los fondos del erario público. Como consecuencia, una de las directrices en la gestión de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje fue la adopción de políticas concretas orientadas a reducir los gastos generados por el patrocinio internacional del Estado y de sus instituciones en instancias internacionales, arbitrales y extranjeras.
 

En este contexto, entre las metas planteadas en el 2019, a más de alcanzar términos contractuales favorables para los intereses de la Institución en los nuevos contratos suscritos con los estudios jurídicos extranjeros. La Dirección asumió la responsabilidad de participar activamente en el desarrollo de los procesos arbitrales internacionales y procesos en jurisdicción internacional y extranjera.

Por ello, en el ejercicio de la co-defensa del Estado, presentó de manera directa varios escritos relativos a la contestación de solicitudes de arbitraje, solicitudes de bifurcación, oposición a las medidas provisionales, recursos de interpretación y escritos de costas.

La Dirección también participó activamente en varias diligencias procesales. Todas estas actuaciones han guardado el mismo profesionalismo y calidad que aquellas en los que intervienen abogados externos y se han obtenido resultados positivos en los casos.

Por otra parte, a fin de reducir el índice de conflictividad que enfrenta el Estado ecuatoriano y buscar soluciones amistosas a las controversias internacionales surgidas tanto con contratistas como con inversionistas, durante el año 2019, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje lideró varios procesos de negociación que se espera concluyan con la suscripción de acuerdos transaccionales y con el consecuente retiro de notificaciones de controversia o desistimiento de arbitrajes internacionales y la prevención de nuevas disputas.
 
De esta manera, a nivel internacional, durante el 2019, esta Dirección registra 69 procesos activos, de los cuales 8 son arbitrajes en materia de inversión, 8 arbitrajes comerciales, 16 juicios en sede extranjera, 5 procesos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1 en Junta Combinada de Disputas, y 31 notificaciones sobre la existencia de controversias. Las materias involucradas en este tipo de disputas son variadas, entre los que destacan asuntos relativos a corrupción, tributos, hidrocarburos, ambiente, infraestructura pública, eléctrico, recuperación del patrimonio cultural, entre otros.
 

Como parte de los logros de la gestión de esta Dirección a nivel internacional, se destaca que en el 2019 terminaron 12 procesos, de los cuales 11 tuvieron resoluciones favorables para el Estado ecuatoriano, evitando el pago de más de 12.000 millones de dólares.

A manera de ejemplo, en el caso Albacora, además de desestimarse todas las pretensiones de la demandante, el Tribunal Arbitral ordenó que dicha compañía pague costas a favor del Estado ecuatoriano.
 

En el ámbito del arbitraje nacional, esta Dirección continúa con la supervisión, patrocinio y defensa de los distintos casos iniciados en años anteriores y los promovidos en el 2020. Al presente, dichos procesos tienen relación primordialmente con materias de competencia, telecomunicaciones, contratación pública, electricidad e hidrocarburos. Así, esta Dirección registra 164 procesos activos a nivel nacional, de los cuales iniciaron 16 y concluyeron 13 en el período de 1 de enero a 31 de diciembre 2019.

Entre estos casos, por ejemplo, se incluye el proceso arbitral propuesto por CONECEL contra ARCOTEL, en el que el Tribunal rechazó la pretensión principal y de esa forma evitó que la entidad pública deba pagar aproximadamente 300 millones de dólares; y, el proceso arbitral propuesto por Harbin Electric International CO. LTD contra CELEC EP, por una cuantía de USD 5.276.229,28, en el que el Tribunal Arbitral rechazó la demanda en su totalidad.

Otro ámbito importante del accionar de esta Dirección a nivel nacional está relacionado con el ejercicio de acciones judiciales y constitucionales, como las de nulidad de laudos arbitrales y extraordinarias de protección, mismas que se deducen para  precautelar el pleno ejercicio de los derechos procesales que les asiste a las entidades defendidas, en caso de que fuesen necesarias por la existencia de causales de nulidad previstas en la ley de la materia, o por la vulneración de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Constitucional.

Adicionalmente, la Dirección continúa con la política implementada a fin de prevenir controversias, así como de alcanzar una defensa efectiva de los intereses del Estado en el patrocinio de las causas. Para dicho fin, los abogados de la Dirección trabajan en permanente coordinación con las diferentes entidades públicas, actividades que incluyen reuniones de trabajo enfocadas a definir una estrategia de defensa y de asesoramiento; requerimiento y obtención de información; elaboración de escritos y alegatos; preparación de peritos y testigos; y, asistencia a las diversas audiencias que tienen lugar durante la sustanciación de los procesos.
 
En materia de capacitación, sus servidores han participado en varios eventos académicos, en los que se han discutido temas de interés en materia arbitral. Particularmente, participaron en conferencias de arbitraje nacional e internacional, cursos sobre Contratación Pública y sobre el Código Orgánico Administrativo, COGEP, entre otros.

La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje aspira continuar e incrementar su participación directa en los procesos internacionales y nacionales, lo que permitiría la reducción en los costos de defensa del Estado y el fortalecimiento de capacidad local. Así también, esta Dirección está encaminada a lograr la mayor cantidad de resultados favorables posibles.

REGRESAR ARRIBA

 

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Fuente: Asuntos Internacionales y Arbitraje – Elaboración: Coordinación Institucional

REGRESAR ARRIBA

 

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2.2.1             Albacora

El 2 de marzo de 2015, la empresa española Albacora S.A. notificó a la PGE una controversia relativa a inversiones al Estado ecuatoriano.

El 04 de abril de 2016, Albacora presentó una Notificación de Arbitraje bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y España (“el APPRI”) y bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) de 1976. En su notificación, Albacora sostuvo que el Estado ecuatoriano violó las protecciones del APPRI al negar ciertas exenciones tributarias a las que sus empresas supuestamente tenían derecho como operadoras de una Zona Franca, en virtud de la Ley de Zonas Francas.

La compañía argumentó, además, que el Estado le ha tratado de forma diferenciada en comparación con otras empresas. Por su parte, el Ecuador, en la defensa técnica jurídica de la Procuraduría General del Estado, sostuvo que la Ley de Régimen Tributario Interno derogó tal exención.

Durante la audiencia en la cual se expusieron los argumentos previamente planteados de manera escrita, la defensa del Estado realizó una exposición ante el Tribunal sobre el desarrollo legislativo en materia tributaria desde 1989 hasta la actualidad, con el fin de desvirtuar afirmaciones erróneas realizadas por Albacora en sus memoriales y durante la audiencia. 

 Después de tres años de litigio, el 18 de julio de 2019 el Tribunal resolvió, de manera unánime, rechazar todas las alegaciones constantes en la demanda propuesta por la empresa española y ordenó que la misma pague a favor del Estado ecuatoriano el 50% de las costas procesales incurridas por el Ecuador.

 De esta manera, la Procuraduría a través de una sólida defensa logró reivindicar los intereses estatales, obteniendo un laudo favorable en una demanda por aproximadamente 56.000.000 USD.

 

2.2.2             Internexa

El 25 de noviembre de 2015, se recibió una notificación de arbitraje comercial internacional interpuesto por las compañías Internexa S.A. de Colombia e Internexa Perú S.A. en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). Se argumentó el incumplimiento por parte de CNT del Acuerdo Global Compromisorio para la explotación del Negocio de Transporte Regional en Ecuador (“NTR”) celebrado entre Internexa y Transelectric en la ciudad de Quito, Ecuador, el 22 de agosto de 2007, y de los estatutos sociales del contrato de compañía Transnexa de fecha 29 de noviembre de 2002, en vista de lo cual solicitan el cumplimiento del mismo y la indemnización de daños y perjuicios.

El 31 de octubre de 2016, las Demandantes presentaron su memorial de Demanda. El 27 de marzo de 2017, la PGE en representación de la CNT EP, presentó su memorial de contestación a la demanda y reconvención.  El 28 de julio de 2017, las Demandantes presentaron su memorial de réplica a la contestación a la demanda y contestación a la reconvención. El 22 de mayo de 2018, la PGE presentó el memorial de dúplica y de réplica a la contestación de la reconvención. El 15 de agosto 2018, Internexa presentó su memorial de dúplica a la reconvención. Posteriormente, la audiencia de presentaciones orales y pruebas tuvo lugar en la ciudad de Miami, Florida, entre el 5 y 10 de noviembre de 2018. El 21 de diciembre de 2018, las partes presentaron simultáneamente sus escritos de conclusiones y el 13 de marzo de 2019, las partes remitieron al tribunal sus respectivos escritos de estimación de costas arbitrales. Finalmente, el 19 de junio de 2019, el Tribunal Arbitral ordenó el cierre del procedimiento arbitral y el 15 de julio de 2019 emitió el laudo final, y declaró inadmisibles todas las pretensiones de Internexa en contra de CNT EP.

En el Memorial de Demanda, las demandantes solicitaron al Tribunal Arbitral condenar a CNT al cumplimiento de las obligaciones contractuales y societarias incumplidas o, subsidiariamente y para el supuesto no consentido de que el Tribunal Arbitral no ordenare un cumplimiento forzoso, a la reparación de daños compensatorios por la pérdida del negocio en marcha. Esta petición fue posteriormente modificada por la parte actora, alegando que Transnexa había entrado en causal de disolución lo cual hacía inviable ordenar el cumplimiento forzoso de las obligaciones contractuales y societarias demandadas.

En adición a la petición de declaración de incumplimiento contractual, las demandantes solicitaron también que se condenara a CNT a la indemnización de los daños y perjuicios -particularmente el daño emergente y lucro cesante- que señalaron han sufrido supuestamente Internexa y/o Internexa Perú como consecuencia de los alegados incumplimientos contractuales. Dichos daños fueron estimados por las Demandantes, luego de la última modificación realizada al petitorio, en la cantidad de USD 15.149.277.

Por su parte, la CNT EP, representada por la Procuraduría, alegó que Internexa Perú no era parte del Acuerdo Global y, por tanto, no tenía legitimación para reclamar incumplimiento de obligación alguna ni la indemnización de los supuestos daños derivados de tal incumplimiento; y en lo que respecta a Internexa, alegó que esta última no era acreedora de las obligaciones pactadas en los números 2, 3, 4 y 7 del Acuerdo Global, pues se trataba de supuestas obligaciones bilaterales que sólo vinculaban a CNT y a Transnexa, no teniendo Internexa, legitimación activa para reclamar el incumplimiento de dichas obligaciones, ni la indemnización por daños y perjuicios derivados de tales supuestos incumplimientos.

Al momento de contestar a la demanda, la CNT EP presentó demanda reconvencional contra Internexa e Internexa Perú, alegando el incumplimiento por parte de estas últimas tanto del Contrato de Compañía como del Acuerdo Global, así como la violación de la normativa concordante y, por tanto, de los derechos de CNT. En particular, señaló que las Demandantes Reconvenidas se beneficiaron de un esquema de uso y abuso de Transnexa, sus redes, equipos y hasta de los fondos de esta última empresa. Dicho esquema, fue diseñado por Internexa e Internexa Perú e implementado durante al menos 13 años.

En su laudo final, el Tribunal Arbitral decidió que no tiene competencia rationae personae para adjudicar las pretensiones de Internexa Perú con base al Acuerdo de Arbitraje contenido en el Acuerdo Global, por lo que todas las pretensiones de Internexa Perú en el marco del Acuerdo Global, fueron declaradas inadmisibles.

El Tribunal Arbitral decidió que sí es competente rationae personae para adjudicar las pretensiones de Internexa Perú con base en el acuerdo arbitral del Contrato de Compañía. Y en ese contexto, declaró sin lugar todas las reclamaciones formuladas por las Demandantes contra CNT por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los números 1, 2, 3, 4 y 7 del Acuerdo Global, al igual que declaró sin lugar todas las pretensiones de las Demandantes fundamentadas en la intención de las Partes y obligación de buena fe que de dicho Acuerdo Global habría derivado.

 Adicionalmente, el Tribunal Arbitral declaró sin lugar todas las pretensiones de las Demandantes fundamentadas en incumplimientos de CNT del Contrato de Compañía.

Por último, el Tribunal Arbitral declaró sin lugar todas las pretensiones de CNT contenidas en su Reconvención.


2.2.3             Inmobiliar

Las compañías Cardno International PTY Limited, Cardno Holdings PTY Limited, y Cardno Limited ACN (en adelante “Cardno”) iniciaron un proceso judicial de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral dictado en contra de cuatro de los ex accionistas de Caminosca en la Corte Distrital de Estados Unidos de América del Distrito Sur de Florida en contra del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (en adelante “Inmobiliar”), el cual fue notificado el 28 de febrero de 2019 y puesto en conocimiento de esta Procuraduría el 07 de marzo de 2019.

Cardno obtuvo un auto de la Corte Distrital ordenando la sustitución de Rafael Alberto Jácome Varela (fallecido) por sus herederos legítimos.  El auto de la Corte, sin embargo, no nominó a una persona en específico, sino que se refiere de manera general a los herederos de éste. Cardno posteriormente obtuvo autos de emplazamiento (summons) a nombre de los supuestos herederos del fallecido y del Servicio de Gestión Inmobiliaria.  Sin embargo, debido al repudio de la herencia por parte de la esposa e hijos del señor Jácome Varela, la Corte Distrital procedió a citar a Inmobiliar, en representación del Estado ecuatoriano, como “administrador de la herencia”.

La Corte notificó a Inmobiliar y solicitó responder a la petición de la parte demandante dentro de los 21 días a partir de su notificación, de no hacerlo se llevará a cabo un juicio en rebeldía de la referida institución pública.

Inmobiliar presentó un escrito de moción para desestimar (Motion to Dismiss) y una declaración juramentada (Affidavit) suscrita por el Director de Litigios de Inmobiliar frente a la Corte Distrital de Estados Unidos de América como contestación a la notificación recibida.

El 27 de junio de 2019, la contraparte dio contestación a este escrito, ante lo cual el juez que sustancia la causa fijó, de oficio, una audiencia que tuvo lugar el lunes 01 de julio de 2019 a las 16:00 ante la Corte Distrital de Florida en Miami.

En la mencionada audiencia estuvieron presentes los abogados de Cardno y sus filiales, los de los demandados sobrevivientes y los contratados por esta Procuraduría. Los puntos más relevantes de la audiencia giraron en torno a las razones por las cuales Cardno y sus filiales insistían en seguir el proceso de ejecución en Estados Unidos en contra del occiso en vez de seguir el procedimiento correspondiente en Ecuador para demandar a los herederos del mismo, ya que en el país no existe ningún procedimiento en curso para determinar quiénes son realmente los herederos del señor Jácome Varela. Por otro lado, los abogados contratados por el Estado ecuatoriano alegaron principalmente que Inmobiliar goza de inmunidad soberana bajo el “Foreign Sovereign Inmunities Act”, por ser una institución del sector público de Ecuador.

El 2 de julio de 2019, el Juez de la Corte Distrital de Florida emitió su resolución, la cual resulto ser favorable para el Estado ecuatoriano, habiendo acogido el alegato respecto de la inmunidad soberana bajo el “Foreign Sovereign Inmunities Act” de la cual goza Inmobiliar; y, rechazando la moción de Cardno que pretendía obtener una  autorización para notificar su demanda a otros supuestos representantes de la sucesión del señor Jácome Varela, hasta que no se establezca quienes son efectivamente los herederos del difunto.

 

2.2.4             Convergia

El 30 de abril de 2001, la empresa PACIFICTEL S.A, actualmente CNT EP, celebró un Convenio de Tráfico Bilateral (N°VPJ-CONT-044-2001) con la compañía CONVERGIA INC., a través de su filial CONVERGIA ECUADOR S.A. A raíz del mencionado convenio surgieron disputas contractuales, las cuales se tramitan en jurisdicción nacional.

En el proceso que se lleva a cabo en jurisdicción nacional, la jueza que sustancia el caso dictó un auto el 15 de agosto de 2017, el cual contiene un mandamiento de ejecución y ordenaba a CNT EP que pague al accionante, la Compañía CONVERGIA INC., la cantidad de 19’141,975.88 USD o dimita bienes.

A fin de homologar y ejecutar el mencionado auto, el 26 de octubre de 2018 CONVERGIA INC. inició el proceso No. 2018-36331-CA-01, en la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida. 

Para la defensa de este proceso en jurisdicción extranjera se contrató al estudio jurídico Akerman LPP, cuyo primer logró fue remitir el proceso de la Corte Estatal a la Corte Federal, en donde la jueza que sustanciaba la causa emitió una orden el 26 de agosto de 2019 en la que determinó que la declaración jurada con la que CONVERGIA INC.  empezó el proceso no era suficiente para iniciar una acción civil, por lo que CONVERGIA INC. tenía que regresar a la Corte Estatal y presentar una nueva demanda. A pesar de ello, CONVERGIA INC. solicitó se escuche a las partes en una audiencia en la Corte Estatal. Esta audiencia finalizó el 19 de noviembre de 2019 con resultados favorables para CNT E.P. 

En principio, el argumento más fuerte que se usaría en la audiencia se relacionaba con que CNT EP, al ser una institución perteneciente al sector público ecuatoriano, gozaba de inmunidad soberana, razón por la cual el caso no podía sustanciarse en la Corte Estatal. A pesar de ello, el juez dispuso a las partes que se refieran respecto del fondo caso, en tal virtud, la defensa de CNT EP expuso las razones por las cuales el auto emitido el 15 de agosto de 2017 no era ejecutable a la fecha en la que se presentó la demanda en Estados Unidos de América. Esta moción fue acogida por el Juez y así dispuso la terminación y cierre del proceso.

En este sentido, el juez determinó que:

  1. Según los estatutos del Estado de la Florida, una sentencia extranjera podrá ser reconocida y ejecutada en ese Estado, con ciertas limitaciones y siempre que la misma sea final, conclusa y ejecutable en el lugar en que fue emitida.
  2. De acuerdo a los testimonios y a la evidencia presentada, se determinó que la sentencia extranjera (auto) emitida el 15 de agosto de 2017, no poseía un carácter ejecutable en Ecuador el 26 de octubre de 2018, fecha en la cual CONVERGIA INC. presentó una Declaración Jurada de Francisco O. Sánchez, buscando el reconocimiento de dicha sentencia.

Finalmente, la actora no interpuso ningún recurso en contra de la sentencia hasta el 19 de diciembre de 2019, fecha en la que se vencía el plazo para hacerlo, por lo tanto, la sentencia ha quedado en firme.

 

2.2.5             Zofragua

El 24 de julio de 2019, el señor el señor Seyed M. Moghani presentó una demanda en contra de la República del Ecuador, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros y la Autoridad Portuaria de Guayaquil ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, juicio signado bajo el número 19cv22281. Sus reclamaciones tenían relación con el Contrato de Concesión para el desarrollo de la Zona Franca en el Puerto de Guayaquil de 2008. Los reclamos incluían al proceso de liquidación de la compañía en el Ecuador e inclusive los valores pagados a Zofragua derivados de un proceso judicial en el Ecuador, que según el demandante no fueron entregados a éste sino a su abogado.

El 13 de noviembre de 2019, el juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida dispuso la terminación y cierre del proceso iniciado por el señor Seyed M. Moghani.

Esta decisión es el resultado del desistimiento presentado por parte del demandante una vez que la defensa del Estado ecuatoriano, liderada por el Procurador General del Estado, presentara una sólida moción para que el juez desechara la demandada y condenara a Moghani al pago de las reparaciones que dieran lugar. Sin embargo, debido al desistimiento el juez determinó que cada parte asumirá sus propios gastos y costas.

En lo principal, la posición del Ecuador destacó que la demanda obviaba elementos fundamentales como la inmunidad soberana o la prescripción de la acción, del mismo modo se incumplían requisitos formales exigidos en la legislación de los Estados Unidos respecto de las notificaciones o del idioma de los documentos. Todas estas cuestiones impedían a los jueces pronunciarse sobre la demanda.

Con este resultado, el Estado ecuatoriano y las instituciones demandadas han evitado continuar un litigio plagado de vicios, en una demanda frívola, cuya cuantía era de aproximadamente 400.000.000 USD.

 

2.2.6             CCRC c. GAD Cuenca

Las compañías EUSKOTREN PARTICIPACIONES S.A.; CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A.; e, INFRAINTER INFRAESTRUCTRURAS INTERNACIONALES S.A., miembros del “Consorcio de los Cuatro Ríos Cuenca” (en adelante CCRC), iniciaron un arbitraje en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca (en adelante GAD CUENCA) alegando supuestos incumplimientos al contrato de construcción de obra civil del proyecto TRANVÍA en la ciudad de Cuenca (en adelante el CONTRATO).

El CONTRATO suscrito entre el GAD CUENCA y el CCRC, contempla que las controversias que se presenten en la ejecución del contrato podrán ser sometidas a arbitraje internacional, con sede en la ciudad de Santiago de Chile, de conformidad con el procedimiento contenido en el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

El 3 de febrero de 2017, el CCRC presentó a la Cámara de Comercio Internacional (en adelante CCI) una petición de Medidas de Emergencia en contra del GAD Cuenca, y solicitó al Árbitro de Emergencia, en lo medular, que mientras se plantea el arbitraje principal, ordene al GAD Cuenca que se abstuviese de ejecutar las garantías otorgadas por el CCRC al GAD Cuenca en el ámbito del CONTRATO.

El GAD Cuenca, representado por la Procuraduría General del Estado, requirió al Árbitro de Emergencia el rechazo de la petición del CCRC, señalando además que quien ha incumplido el contrato ha sido el CCRC. 

El 24 de febrero de 2017, el Árbitro de Emergencia, acogiendo los argumentos del GAD CUENCA, desestimó la petición de Medidas de Emergencia formuladas por el CCRC.

El 13 de febrero de 2017, el CCRC presentó una solicitud de arbitraje principal ante la CCI, en contra del GAD Cuenca, en la que solicita que el Tribunal Arbitral que se conforme resuelva que el GAD CUENCA incumplió el CONTRATO. 

El 24 de abril de 2017, la Procuraduría General del Estado en defensa del GAD Cuenca, presentó ante la CCI su contestación a la solicitud de arbitraje, en la cual manifestó que quien incumplió el contrato, incluso con el abandono de la obra, fue el CCRC, por lo que presentará una reconvención en contra del CCRC.

El 29 de junio de 2018, el CCRC y el GAD CUENCA presentaron su Primer Memorial ante el Tribunal Arbitral.

El 30 de octubre de 2018 el CCRC y el GAD CUENCA presentaron su Segundo Memorial, en el cual se pronunciaron sobre las pretensiones de las Partes.

El 4 y 5 de febrero de 2019 se realizó una audiencia en París ante el Tribunal Arbitral, en la cual se trataron los puntos controvertidos entre las Partes.

El 24 de mayo de 2019, el CCRC y el GAD CUENCA presentaron sus Terceros Memoriales ante el Tribunal Arbitral.

Entre el 4 y el 12 de julio de 2019 se realizó, en Santiago de Chile, la audiencia de fondo ante el Tribunal Arbitral.

El 31 de octubre de 2019, el CCRC y el GAD CUENCA presentaron sus Escritos Post-Audiencia.

Se espera que el Tribunal Arbitral dicte el laudo hasta finales del mes de enero de 2020.

 

2.2.7             Artelia c. GAD Cuenca

El Consorcio SMTC-AC/Artelia Ville & Transport, (en adelante “Artelia”) inició un arbitraje internacional en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca (en adelante “GAD CUENCA”) alegando supuestos incumplimientos al contrato de Gerencia y Fiscalización del proyecto TRANVÍA en la ciudad de Cuenca.

El contrato suscrito entre el GAD CUENCA y Artelia, contempla que las controversias que se presenten en la ejecución del contrato podrán ser sometidas a arbitraje internacional, con sede en la ciudad de Santiago de Chile, de conformidad con el procedimiento contenido en el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

De conformidad con el Acta de Misión suscrita el 5 de febrero de 2018, por el Tribunal Arbitral y las Partes, se acordó que el procedimiento arbitral es confidencial.

Con fecha 22 de octubre de 2018, Artelia presentó su Memorial de Demanda en contra del GAD Cuenca.

El 27 de marzo de 2019, el GAD Cuenca, representado por la Procuraduría General del Estado, presentó ante el Tribunal Arbitral su Memorial de Contestación a la Demanda.

El 12 de septiembre de 2019, Artelia presentó su Memorial de Réplica ante el Tribunal Arbitral.

El 16 de diciembre de 2019, el GAD CUENCA, representado por la Procuraduría General del Estado, presentó su Memorial de Dúplica.

En el 2020, en fecha aún por definirse, se llevará a cabo la audiencia ante el Tribunal Arbitral.

 

2.2.8             Romero Quezada

Primer proceso de extradición por el delito de plagio

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana remitió a la Procuraduría General del Estado el expediente entregado por la Corte Nacional de Justicia en el caso de extradición solicitada para el señor Pablo Romero Quezada, exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia, proceso que se está ventilando en las Cortes de España, y solicitó a esta Institución el patrocinio en dicho proceso de extradición. 

La República del Ecuador, mediante nota verbal, remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, la solicitud de extradición del Sr. Romero Quezada.

Es preciso indicar que el trámite de la extradición en España, tiene dos fases, la primera gubernamental y la segunda judicial. En la gubernamental, el Consejo de Ministros resuelve si aprueba o no la solicitud de extradición. En caso de aprobarse, remite el expediente a la justicia ordinaria.

El 3 de agosto de 2018, el Consejo de Ministros del Reino de España acordó la continuación en vía judicial del procedimiento de extradición del Sr. Romero Quezada, por lo tanto, remitió el expediente a la justicia ordinaria. 

El 25 de octubre de 2018, la Fiscalía de España solicitó al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de Madrid, España, que abra el proceso judicial de extradición contra Pablo Romero, llamado a juicio en Ecuador por el delito de plagio.

El día 9 de enero de 2019, ante la Sala 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, se celebró una audiencia dentro del proceso de extradición, en la cual el equipo de defensa del Estado, encabezado por la Procuraduría General del Estado, demostró que se cumple con los requisitos previstos en el Tratado de Extradición, suscrito entre el Reino de España y la República del Ecuador y en la Ley de Extradición Pasiva española, para autorizar la extradición solicitada.

 El 14 de enero de 2019, la Sala 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España dictó un Auto accediendo a la solicitud del Estado ecuatoriano para extraditar al ciudadano Pablo Romero Quezada.

La defensa del señor Pablo Romero Quezada presentó un Recurso de Súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España.

 El 25 de abril de 2019, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, acogiendo los argumentos del Estado ecuatoriano, notificó el Auto en virtud del cual se desestima íntegramente el recurso de súplica interpuesto por el señor Pablo Romero Quezada, accediendo en fase jurisdiccional a la extradición instada por la República del Ecuador.

 

Segundo proceso de extradición por el delito de peculado

El 8 de abril de 2019 la República del Ecuador remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, la solicitud de extradición del señor Pablo Romero Quezada, para que sea juzgado por la justicia ecuatoriana por el delito de peculado.

Una vez que el Consejo de Ministros del Reino de España acordó la continuación en vía judicial del segundo procedimiento de extradición por el delito de peculado en contra del señor  Romero Quezada, el 2 de agosto de 2019 la República del Ecuador presentó un escrito de personación ante la justicia ordinaria en España para ser parte de dicho proceso.

El 15 de octubre de 2019 la Fiscalía de España solicitó al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de Madrid, España, que abra el proceso judicial de extradición contra Pablo Romero, llamado a juicio en Ecuador por el delito de peculado.

El 12 de diciembre de 2019, ante la Sala 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, se celebró una audiencia dentro del proceso de extradición por el delito de peculado, en la cual el equipo de defensa del Estado, encabezado por la Procuraduría General del Estado, demostró que se cumple con los requisitos previstos en el Tratado de Extradición suscrito entre el Reino de España y la República del Ecuador y en la Ley de Extradición Pasiva española, para autorizar la extradición solicitada.

En los próximos días se espera la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España.

 

2.2.9             Inter Rao

Mediante comunicación de 14 de diciembre de 2018, dirigida al Procurador General del Estado, el estudio jurídico Freshfields Bruckhaus Deringer, en representación de la compañía Inter RAO UES, notificó el inicio del procedimiento arbitral en contra de CELEC EP. La disputa se deriva del contrato de “Ejecución de las obras Electro e Hidromecánicas, Procura, Ingeniería, Fabricación, Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas, Puesta en Servicio y Entrega en Perfecto Funcionamiento, de las Unidades Turbogeneradoras equipadas para dos Centrales Alluriquín y Sarapullo, más sus obras complementarias”. El proceso arbitral se sustancia ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile (en adelante “CAM Santiago”).

A través de una comunicación de 18 de enero de 2019, la Procuraduría General del Estado, en representación de CELEC EP, presentó ante el CAM Santiago su Contestación a la Solicitud de Arbitraje.

El 05 de marzo de 2019 se constituyó el Tribunal Arbitral para este caso.

En su notificación de arbitraje, Inter RAO UES solicitó, entre otras peticiones, que el Tribunal Arbitral declare que la demandada rescindió injustificadamente el Contrato en violación de sus términos y ley aplicable; que CELEC EP ha incumplido sus obligaciones en virtud del Contrato y la ley aplicable; y que Ecuador es responsable por todos los daños derivados de sus actos y omisiones.

El 14 de junio de 2019, el Tribunal expidió la primera orden procesal, en cuyo punto IX se estableció que el arbitraje es confidencial, conforme lo acordado por las partes en la cláusula de controversias del contrato.

El 20 de junio de 2019, el Tribunal Arbitral decidió sobre la solicitud de medidas provisionales solicitadas por Inter Rao UES, la cual concluyó con un resultado favorable para CELEC EP.

El 10 de julio de 2019, el Tribunal expidió la Orden Procesal N°2, que contiene el calendario procesal acordado por las partes.

El 2 de octubre de 2019, las partes acordaron modificaciones al calendario procesal.

El 25 de noviembre de 2019, Inter Rao UES presentó su Memorial de Demanda.

El 5 de junio de 2020, CELEC EP deberá presentar su Memorial de Contestación a la Demanda, Reconvención y Objeciones a la Jurisdicción.

 

2.2.10             Pañaturi

El 05 de abril de 2019, la Procuraduría General del Estado recibió la notificación de arbitraje interpuesta por la empresa Servicios lntegrados Pañaturi S.A., cuyo accionista principal es Sinopec, en contra de Petroamazonas EP.

La controversia planteada gira en torno a tres contratos de servicios específicos, celebrados para la ejecución de actividades de optimización de la producción, actividades de recuperación mejorada, y actividades de exploración en los campos Indillana, Limoncocha y Yanaquincha, respectivamente, los cuales fueron suscritos el 08 de octubre de 2014.

De conformidad con los tres contratos referidos, el mecanismo para la solución de controversias es el arbitraje nacional o internacional, dependiendo de la cuantía de las demandas. En este caso, Pañaturi planteó un solo arbitraje internacional ad hoc, por las tres controversias.

Actualmente, se está discutiendo el calendario procesal que contendrá una fase de presentación de escritos y, al menos, una audiencia, previo a que se resuelva tanto las objeciones a la competencia del tribunal como el fondo de las disputas.

 

2.2.11             WorleyParsons

El 14 de febrero de 2019, Ecuador fue notificado por la compañía WorleyParsons con el inicio de un arbitraje por una supuesta violación al Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. El Ecuador respondió a esta notificación de arbitraje.

El 31 de julio de 2019 se conformó el Tribunal Arbitral de este caso y el 4 de noviembre 4 de 2019 WorleyParsons presentó el escrito de demanda.

Actualmente se está tramitando la Solicitud de Bifurcación presentada por Ecuador el 4 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Arbitral. Se espera que el Tribunal se pronuncie sobre esta petición, lo cual definirá el camino que se seguirá en este proceso arbitral.

 

2.3           Casos relevantes en Arbitraje Nacional

2.3.1             Otecel vs Arcotel

OTECEL S.A. demanda por USD 24’972.047,09 debido a un supuesto incumplimiento contractual de ARCOTEL al haber calculado el valor de devolución que debe hacer OTECEL S.A. por el cobro indebido de redondeo tarifario, a los usuarios en la prestación del servicio de telefonía móvil celular (STMC), en el período comprendido entre febrero de 1999 y julio de 2000, a una tasa de cambio errónea.

El Tribunal Arbitral acepta la demanda mediante laudo arbitral dictado el 03 de octubre de 2017.

La PGE interpuso acción de nulidad de dicho laudo ante el Presidente de la Corte Provincial de Justicia, por cuanto el Tribunal laudó sobre una materia que no tuvo origen contractual, sino que era consecuencia de una resolución sancionatoria, esto es, impugnación de un acto administrativo; y, porque la decisión de la obligación de reintegrar a los usuarios lo indebidamente cobrado por efecto del redondeo tarifario, no se encontraba debidamente motivada.

La Presidencia de la Corte Provincial con sentencia dictada el 2 de agosto de 2018, aceptó la demanda y declaró la nulidad del laudo arbitral.

El 17 de septiembre de 2018, OTECEL S.A. interpuso Acción Extraordinaria de Protección para ante la Corte Constitucional; y, simultáneamente, el 20 de noviembre de 2018, solicitó la integración de un nuevo Tribunal Arbitral.

La audiencia de sustanciación se realizó el 30 de septiembre de 2019, la misma que se suspendió a efectos de que el Tribunal delibere sobre su competencia, señalándose para el 10 de enero de 2020 la fecha de continuación de la audiencia, en la que deberá emitir su pronunciamiento al respecto.

 

2.3.2             Conecel vs Arcotel

CONECEL demanda al Tribunal Arbitral, el reconocimiento y la declaratoria de la existencia de cláusula de estabilidad jurídica en el Contrato de Concesión suscrito con ARCOTEL; y, como consecuencia, la inaplicabilidad a dicho contrato del artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que establece el pago de un porcentaje de sus ingresos totales anuales por concentración de mercado para promover competencia; así como la devolución de los valores cobrados por ARCOTEL por ese concepto y la orden de no cobrarlos en el futuro. El valor de la demanda es de USD 58’488.184,98.

El Tribunal Arbitral mediante laudo notificado el 29 de agosto de 2018, acogiendo los argumentos principales de la PGE y ARCOTEL, rechazó la mayoría de pretensiones de la demanda, y aceptó únicamente aquella relativa a la existencia de la cláusula de estabilidad jurídica en el contrato de concesión,  sin embargo,  determinó que el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es una norma de competencia aplicable al contrato de concesión por lo que se rechazaron todas las pretensiones de CONECEL que, en definitiva, eran las que fijaban la cuantía del arbitraje.

El 27 de septiembre de 2018, CONECEL presentó acción de nulidad del laudo arbitral ante el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; dicha autoridad aceptó a trámite la acción propuesta y fijó la audiencia única para el día 02 de abril de 2019 a las 09:00. El día y hora señalados comparecieron las partes procesales con sus respectivas intervenciones y en la misma audiencia el Presidente de la Corte Provincial dictó su sentencia rechazando la acción de nulidad deducida por CONECEL.

La Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante providencia notificada el 23 de mayo de 2019 pone en conocimiento de las partes la Acción Extraordinaria de Protección propuesta por CONECEL en contra de la referida sentencia y ordena su remisión ante la Corte Constitucional.

El 03 de octubre de 2019, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional resolvió admitir a trámite la Acción Extraordinaria de Protección propuesta por la parte accionante.

 

2.3.3             La Fabril S.A y Manageneración vs SENAGUA

La controversia entre las compañías LA FABRIL S.A. y MANAGENERACIÓN por  USD 50’000.000,00 contra la actual Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), (anterior Corporación Reguladora de los Recursos Hídricos de Manabí, CGRHM) inició con la demanda arbitral presentada en el año 2009 ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Manta, por un supuesto incumplimiento de los tres contratos suscritos por el entonces CGRHM, cuyos objetos fueron la construcción, operación, mantenimiento y explotación de las centrales de generación hidroeléctrica, las presas de bombeo y los trasvases de agua, así como la administración accionaria de MANAGENERACIÓN.  El Tribunal Arbitral aceptó la demanda mediante laudo emitido en el año 2014.

Contra dicho laudo, tanto la SENAGUA como la PGE presentaron acciones de nulidad, las que produjeron que la Presidencia de la Corte Provincial de Manabí, en noviembre de 2014, anule el proceso arbitral desde el auto de calificación de la demanda arbitral.

En septiembre de 2017, el proceso arbitral fue reactivado por las demandantes, lo que ha motivado que la PGE, conjuntamente con SENAGUA, comparezcan al proceso y contesten a las pretensiones de las compañías actoras.

El 19 de octubre de 2018, se llevó a efecto la audiencia de sustanciación en la que los árbitros, sin motivación suficiente, se declararon competentes y ordenaron la práctica de diligencias probatorias solicitadas por las partes.

El 4 y 5 de diciembre de 2018 la PGE y la SENAGUA, respectivamente, interpusieron una Acción Extraordinaria de Protección en contra de la resolución contenida en el acta de audiencia de sustanciación mediante la cual el Tribunal Arbitral se declaró competente, acción que fue remitida a la Corte Constitucional el 07 de diciembre de 2018, sin que se suspenda el arbitraje, misma que fue inadmitida mediante resolución de 7 de agosto de 2019.

El 27 de septiembre de 2019 se realizó la audiencia en estrados, en la que la PGE presentó su alegato final. El 4 de octubre del 2019 el Tribunal dictó su laudo aceptando parcialmente la demanda y declarando el incumplimiento contractual de la demandada y la resolución de los contratos, el pago de USD $ 2’950.000,00 por concepto de reembolso costos y gastos de mantenimiento de la presa y trasvase, el pago de USD $ 36’000.000,00 de penalidad prevista en el Contrato de Administración de Acciones y rechazó la condena en costas.

El 29 de octubre de 2019, la PGE presentó una Acción de Nulidad del Laudo en base a las causales establecidas en los literales d) y e) del artículo 31 de la LAM, esto es, (i) por existir cosa juzgada que imposibilitaba someter a arbitraje nuevamente la controversia, por la inexistencia de un convenio arbitral en el Primer Contrato o Contrato de Construcción, lo que afecta la pretensión de las actoras en su totalidad; (ii) porque el Tribunal Arbitral declaró la resolución de los contratos sobre la base de una cláusula contractual que hace referencia a la terminación del contrato por rescisión y no por resolución; (iii) porque el Tribunal Arbitral ordenó el pago de una indemnización que no procedía, pues el tercer Contrato o Contrato de Administración señala que dicha indemnización solo procede cuando se declare la rescisión del contrato y el pago debe ser realizado en la forma ahí establecida, con lo que se incurre en la incongruencia ultra petita; (iv) por la violación de los procedimientos previstos por la LAM y por las partes para designar árbitros o constituir el Tribunal Arbitral.  El 17 de diciembre de 2019 se realizó la audiencia única y el 27 de diciembre de 2019 la Presidencia de la Corte Provincial dictó sentencia rechazando la acción de nulidad.

Se espera la notificación de la sentencia y se prepara Acción Extraordinaria de Protección.

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La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje (“DNAIA”) atiende y genera los elementos necesarios para ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones en jurisdicción internacional y en arbitrajes nacionales.


Sus actividades en el ámbito internacional están dirigidas a producir con la asistencia de estudios jurídicos internacionales, los distintos escritos relacionados con los litigios internacionales, tales como memoriales de demanda o contestación, correspondencia con el tribunal o la contraparte, así como comparecer a audiencias en los distintos foros.


Del mismo modo, en jurisdicción nacional, la DNAIA produce directamente cada uno de los escritos que deben ser presentados ante los tribunales arbitrales, y cuando el caso rebasa dicha fase ante las cortes correspondientes.


Adicionalmente, las labores de la DNAIA están avocadas a la supervisión de los procesos en los que es parte procesal una entidad del sector público con personería jurídica propia.


En cumplimiento del mandato constitucional y legal, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje emite también las autorizaciones que el Procurador General del Estado efectúa en la contratación pública, cláusulas por las cuales las entidades del sector público se someten a arbitraje nacional. Esta misma autorización es necesaria para el caso del arbitraje internacional o para el sometimiento a ley extranjera.


Por otra parte, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje brinda asesoramiento en materia arbitral, ya sea nacional o internacional, o en materias relacionadas con la DNAIA a las distintas entidades del sector público.


Finalmente, como parte de su gestión la Dirección es la encargada de elaborar el Plan Operativo Anual e informar sobre su ejecución.


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• CASO HIDROTAMBO VS. CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
• CASO BUENO & CASTRO INGENIEROS VS. EMDUQ-CEM
• CASO PETROALAMEREC, FOSFORCOMP, PETRORIVA VS. PETROECUADOR Y PETROPRODUCCION
• CASO CONSTRUCTORA GAR S.C.C. VS. CORPORACION DE SALUD AMBIENTAL DE QUITO
• CASO NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED VS. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA 2003_2014-10-28

• CASO PETROLEOS SUMMA PET S.A. VS. EMPRESA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR     CELEC EP
• CASO JUAN CARLOS CHAPARRO ÁLVAREZ VS. EL ESTADO ECUATORIANO
• LEONARDO ERNESTO BASSIGNANA NARANJO Y OTROS VS. CONSORCIO CASTILLA DE GUÁPULO/CONSORCIO FC BLOCK Y CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

• CASO PETROBELL VS. PETROECUADOR
• CASO LUIS RUILOVA CASTILLO VS. CNT
• CASO USV CONSTRUCTORES VS PETROPRODUCCION
• CASO NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED VS. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA 2002_2014-08-25
• CASO NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED VS. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA 2004_2014-10-28

• SERVICIOS ALIMENTICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SERAMIN CIA. LTDA. VS. EMPRESA ESTATAL DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEOS DEL ECUADOR (PETROPRODUCCIÓN)
• ING. ABG. FREDDY WALTER VILLAO QUEZADA VS. ANDINATEL S.A.
• ECUAPET Vs. PETROPRODUCCIÓN

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• ÁMBITO LEGAL MISIONAL •
  • Constitución de la República del Ecuador, artículo 190.
  • Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Disposición General Quinta.
  • Ley Orgánica de Procuraduría General del Estado, artículo 11.
  • Ley de Arbitraje y Mediación, artículos 4, 41 y 42.
  • Instructivo para solicitar al Procurador General del Estado, autorización para el sometimiento a arbitraje nacional, internacional, ley y jurisdicción extranjeras, Resolución N° 122 de 7 de mayo de 2014.
  • Reglamento para la Contratación de Abogados o Estudios Jurídicos para el Patrocinio Internacional del Estado y su asesoramiento, Resolución N° 023 de 19 de junio de 2019.
  • Reglamento para la administración de contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado para el patrocinio internacional del Estado ecuatoriano y sus organismos, Resolución N° 022 de 19 de junio de 2019.
• ENLACES DE INTERÉS •
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