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La Procuraduría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, ejerce la representación judicial y defensa del Estado ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, precautelando el interés del Estado ecuatoriano. En lo pertinente, el Sistema Interamericano conformado por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus diferentes comités y grupos de trabajo.

En el periodo comprendido entre el 31 de julio y 31 de diciembre de 2018, la gestión de la Dirección de Derechos Humanos ha estado orientada a fortalecer el trabajo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en concordancia con el compromiso del Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia.

Esta Procuraduría entiende que velar por los intereses del Estado ecuatoriano implica trabajar por la garantía y protección de los derechos humanos en el país y fortalecer la institucionalidad estatal en este sentido. En tal virtud, ha definido como uno de sus objetivos la consecución de acuerdos de cumplimiento de informes de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, durante el período citado se autorizaron tres acuerdos de cumplimiento y un acuerdo de solución amistosa.

De igual forma, se ha respondido con profesionalismo y responsabilidad en los casos que se encuentran en trámite en los diferentes sistemas, tanto en la preparación de documentos como en la participación en reuniones y audiencias. En este sentido, la Dirección de Derechos Humanos intervino en tres reuniones de trabajo convocadas por la CIDH y una audiencia pública y acompañó a la delegación del Estado en tres audiencias temáticas. De igual manera, ha preparado la defensa escrita del Estado en aquellos casos tramitados en Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, se ha realizado un trabajo conjunto con diversas instituciones públicas con la finalidad de definir y coordinar la defensa jurídica de los intereses del Estado.

En lo que se refiere al ámbito interno, dentro del mencionado período, la Procuraduría General ha comparecido a rondas de negociación y, se autorizaron cinco acuerdos indemnizatorios relacionados a la Ley de Víctimas. 

Adicionalmente, en razón de las competencias de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, así como de la experiencia en los casos a su cargo, la Institución atendió las solicitudes de asesoría de varias entidades públicas, situación que ha permitido difundir la importancia de los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos, y ha facilitado la coordinación interinstitucional en pro de los intereses estatales.

Capacitación a funcionarios del Consejo de la Judicatura en la provincia de Chimborazo

La Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado y el Consejo de la Judicatura de la Provincia de Chimborazo, diseñaron y planificaron un Seminario Taller denominado "Derecho Internacional de los Derechos Humanos para operadores de justicia" desarrollado en dos módulos, los días 12 y 19 de octubre de 2018, contando con participación activa de jueces y magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, además de fiscales y servidores judiciales.

Las unidades temáticas abordadas incluyeron el análisis de estándares interamericanos y universales sobre el debido proceso, plazo razonable, medidas cautelares, instrumentos internacionales de soft law. Dentro de este marco, el Procurador General del Estado dictó la conferencia "Visión histórica y jurídica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

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 title casosrelevantes

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

1.1.1            Montesino Mejía vs. Ecuador

El caso se refiere a una presunta detención arbitraria, ilegal y prolongada, así como la falta de garantías judiciales y actos de torturas presuntamente cometidas por agentes del Estado, en contra del señor Mario Montesinos, en el año 1992. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de fondo no determinó presuntas vulneraciones al derecho a la propiedad, la presunta víctima alegó que se habría violentado este derecho por efecto de haberse producido un comiso de bienes como consecuencia de que la justicia penal ecuatoriana declaró su responsabilidad en el delito de testaferrismo.

El 18 de abril de 2018, la CIDH sometió el caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos. El 06 de septiembre de 2018, el Estado ecuatoriano envió su contestación al Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas remitido por los representantes de la presunta víctima y se encuentra a la espera de la audiencia ante el Tribunal Interamericano.

1.1.2            Carranza Alarcón vs. Ecuador

El caso se refiere a una supuesta detención, sin orden judicial, del señor Ramón Rosendo Alarcón en noviembre de 1994 y su permanencia en detención preventiva más allá del tiempo establecido en la normatividad interna, así como presuntas torturas psicológicas a las que habría sido sometido durante su detención.

Después de ser sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana por parte de la CIDH, el 28 de noviembre de 2018 el Estado ecuatoriano remitió su contestación al Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas enviado por los representantes de la presunta víctima y se encuentra a la espera de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Medidas de Protección

1.1.3            Asuntos vinculados a la Ley de víctimas

Durante el período comprendido entre el 31 de julio y 30 de septiembre de 2018, la Comisión Negociadora del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en virtud la de “Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008”, y su Reglamento, firmó 5 acuerdos indemnizatorios relacionados al caso C 118A REF: “Hermanos Jiménez”, con la participación activa de la Procuraduría General del Estado dentro de los procesos de negociación y la autorización de la suscripción de los mencionados acuerdos.

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 title productos

 

La Dirección Nacional de Derechos Humanos, para ejercer la representación y defensa judicial y cuasijudicial del Estado ante Organismos Internacionales de Derechos Humanos, se encarga de los siguientes productos y servicios :

 

1. Escritos relacionados a demandas, contestación a demandas, pruebas, diligencias, alegatos, sentencias, resoluciones, recomendaciones, recursos y otros.
2. Acuerdos de solución amistosa y de cumplimiento.
3. Registro de las causas de derechos humanos que competan a la Dirección.
4. Informes periódicos que el Estado presenta, de conformidad con el Art. 19 numeral primero del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
5. Plan Operativo Anual de la Dirección.
6. Informe de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Dirección.


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title normativa

 

Para el desarrollo de la gestión que lleva adelante la Dirección Nacional de Derechos Humanos, se considera, además de lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, las principales Declaraciones y Convenios sobre Derechos Humanos y la normativa básica aplicable a cada caso. De conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, se aplica, entre otras, las siguientes normas publicadas en el Registro Oficial:

 

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969.
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, publicado en el Registro Oficial 101 de 24 de enero de 1969.
3. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, publicada en el Registro Oficial No. 140, de 14 de octubre de 1966.
4. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969.
5. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, publicada en el Registro Oficial No. 132 del 2 de diciembre de 1981.
6. La Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José” publicada en el Registro Oficial No. 801 del 6 de agosto de 1984.
7. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, publicada en el Registro Oficial No. 924 de 28 de mayo de 1988.
8. La Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Registro Oficial No. 31 de 22 de septiembre de 1992.
9. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos y culturales “Protocolo de San Salvador”, publicada en el Registro Oficial No. 175 de 23 de abril de 1993.
10. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, publicada en el Registro Oficial No. 360 de 13 de enero de 2000.

 

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CASOS SENTENCIADOS EN CORTE

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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS


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