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La Procuraduría General del Estado, interviene en las causas que se tramitan en el Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos; y, en el orden interno, en los procedimientos previstos que se encuentran vinculados a la reparación de Víctimas según la ley vigente.  

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que está integrado por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana (Corte IDH), desde enero hasta diciembre de 2017, Ecuador ha sido notificado con 23 nuevas peticiones, 8 informes de admisibilidad, 4 informes de fondo, 3 solicitudes de medidas cautelares y una sentencia. Cabe indicar que la mayoría de las causas corresponden a hechos acontecidos hace más de diez años.

Ante el Sistema Universal, desde enero hasta diciembre de 2017, el Estado ha sido notificado con un total de 7 trámites, los que se encuentran en análisis por parte de los diferentes órganos de Naciones Unidas.

En lo que se refiere al ámbito interno, dentro de este mismo período, la PGE ha recibido 59 notificaciones de procedimientos relacionados a la Ley de Víctimas.  

3.1.1 Causas nuevas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
De enero a diciembre de 2017, la CIDH notificó al Estado ecuatoriano 23 peticiones nuevas que han sido atendidas por la Procuraduría General del Estado, a través de su Dirección Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con las instituciones públicas relacionadas a los hechos materia del Reclamo.

3.1.2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informes
Entre enero y diciembre de 2017, la CIDH emitió 8 informes de admisibilidad, 12 archivos de peticiones y 3 archivos de medidas cautelares. Durante ese lapso, dicho organismo notificó al Ecuador con 4 informes de fondo a través de los cuales la CIDH presumió la existencia de violación a los Derechos Humanos.

3.1.3 Resolución 1/16
El 18 de octubre de 2016, la CIDH, buscando reducir el retraso procesal de las causas en su conocimiento, expidió la Resolución 1/16, mediante la cual resolvió diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo de las peticiones que entre otras causales han estado pendientes ante la Comisión por un lapso extenso. Al respecto, acumular admisibilidad y fondo en razón del lapso de tiempo de tramitación vulnera el derecho a la defensa del Estado, ya que la CIDH pretende imputar este retardo a los Estados, cuando realmente la Comisión como el organismo cuasijudicial tiene la competencia plena de emitir informes. Adicionalmente, se observaría una vulneración al principio de preclusión, ya que las etapas, a pesar de estar definidas por el Reglamento, podrían integrarse en una sola según el criterio de la CIDH. En aplicación de la citada resolución, la Procuraduría General del Estado, en 2017, ha sido notificada con 16 casos en los que se resolvió diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo, incrementando así el volumen de gestión en las causas al tener que presentar las observaciones sobre el fondo en aquellos casos sobre los que se encuentra pendiente la decisión sobre admisibilidad.

3.1.4 Medidas cautelares
En el período comprendido entre enero-diciembre 2017, la CIDH notificó al Estado con 3 solicitudes nuevas y archivó 3 solicitudes correspondientes a los años 2012 y 2014, al no determinarse la existencia de gravedad, urgencia y daño irreparable, fundamentos característicos de estas medidas.

Ecuador mantiene una clara posición respecto a la falta de convencionalidad de las medidas cautelares y, por tanto, de la capacidad de la CIDH para dictarlas. Sin embargo, actuando bajo el principio de buena fe, siempre ha informado de las acciones que adopta para proteger los Derechos Humanos. Cabe indicar que contra el Estado ecuatoriano, la CIDH no ha otorgado en este periodo ninguna medida cautelar.

3.1.5 Causas en la Corte IDH
En el período enero-diciembre de 2017, no han sido sometidos para conocimiento de la Corte IDH casos relacionados con Ecuador. En el mes de diciembre de 2017, la Corte IDH notificó al Estado con el archivo del caso García Ibarra por cumplimento total de la sentencia.

3.1.6  Sentencias en la Corte IDH
En el período enero-diciembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió 1 sentencia respecto al caso Vásquez- Durand vs. Ecuador, misma que se encuentra en etapa de cumplimiento.

3.1.7 Medias provisionales
La Corte IDH en el caso ecuatoriano, no ha registrado ninguna solicitud de medidas provisionales, dentro del período enero-diciembre 2017.

3.1.8 Causas en SIDH por Monto
A través de su defensa internacional en materia de Derechos Humanos, en el período enero-diciembre de 2017, la Procuraduría General del Estado ha evitado a Ecuador el pago aproximado de USD 11 millones de dólares, por concepto de reparación material e inmaterial a las víctimas, según las pretensiones planteadas que no han sido reconocidas.  

3.1.9 Causas notificadas en el Sistema Universal de Protección de Naciones Unidas
El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, integrado por varios comités, grupos de trabajo y relatorías, dentro del período enero-diciembre de 2017, ha notificado al Ecuador, un total de 7 procesos ante el Comité para la Eliminación de la discriminación Racial y los grupos de trabajo de Desapariciones Forzadas o involuntarias y de las Detenciones Arbitrarias, así como de la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.

3.1.10 Ley de Víctimas
A nivel interno, de conformidad con la Ley de Víctimas y el Reglamento de procedimientos para acuerdos reparatorios, en el período enero-diciembre de 2017, la Procuraduría General del Estado ha sido notificada con 59 procesos que se encuentran en trámite por disposición de esta normativa; de ellos, 262 son causas activas, 78 se encuentran con acuerdos de reparación inmaterial con la Defensoría del Pueblo y 184 se encuentran en la fase para acuerdo indemnizatorio en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
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Casos resueltos


3.2.1 Corte Interamericana de Derechos Humanos

3.2.1.1 Vásquez Durand

Hechos que se desarrollaron en la temporalidad del conflicto limítrofe armado del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú en el que Jorge Vásquez Durand, comerciante de nacionalidad peruana, dedicado a la venta de artesanías entre ambas naciones, fue víctima de desaparición forzada en el año 1995. La petición inicial ante la CIDH fue presentada el 9 de marzo de 1995, se sometió a la Corte IDH en 2015. Este caso también fue documentado en el Informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador. El Tribunal Interamericano emitió sentencia el 15 de febrero de 2017, la cual fue notificada al Estado ecuatoriano en abril de este mismo año.

Ecuador presentó como excepción preliminar la existencia de un mecanismo de reparación nacional (Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008) que responde a los estándares interamericanos, por lo que la Corte IDH no debía pronunciarse sobre el fondo (vulneraciones de derechos humanos), y consecuentemente tampoco sobre reparaciones. En este sentido, aunque la Corte IDH desechó la excepción del Estado, valoró y reconoció los avances del Estado al contar con un mecanismo interno de reparación de víctimas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal Interamericano en su fallo recogió los argumentos del Estado sobre la protección judicial (artículo 25 de la Convención), y declaró que no existió la alegada vulneración por la inefectividad del hábeas corpus que en el caso de haber sido interpuesto por las víctimas, pudo haber generado un proceso de búsqueda de mayor efectividad. El organismo de justicia interamericano no declaró la vulneración del artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, ya que al valorar la posición estatal se demostró que existe una adecuada tipificación del delito de desaparición forzada dentro del Código Integral Penal ecuatoriano (COIP).

De otro lado y a pesar de que las víctimas alegaron que habría existido un patrón de desapariciones forzadas a ciudadanos peruanos en el contexto del Conflicto Bélico del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú, las pruebas presentadas por el Estado permitieron que la Corte IDH concluyera que no existían evidencias de tal acusación. En torno al análisis de reparaciones, la Corte IDH al reconocer la demostración técnica del Estado, excluyó de la reparación a una de las alegadas víctimas, señora María Durand. El Estado presentó dos peritajes sobre Comisión de la Verdad y uno sobre Derecho Internacional Humanitario, mismos que fueron valorados por el Tribunal en la sentencia.

En sentencia de 18 de abril de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró vulnerados los siguientes derechos: libertad, vida, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica, garantías judiciales. La Procuraduría General del Estado, informará al Tribunal, hasta el 18 de abril de 2018, sobre las medidas de reparación adoptadas.

3.2.2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos

3.2.2.1 James Judge
Caso relacionado con la máscara de oro con ojos movibles de platino que fue hallada en 1967, en la

Isla de la Tolita durante excavaciones realizadas por el señor James Judge, sin contar con autorización para ello, quien encontró varios objetos arqueológicos entre los que destacó la máscara de oro. La joya fue declarada propiedad del patrimonio nacional mediante Decreto Supremo 320 de 6 de mayo de 1975 y actualmente es propiedad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

El señor Judge alegó que la propiedad de la máscara le correspondía, y que al aplicarle el Decreto Supremo retroactivamente, su derecho a la propiedad había sido conculcado. Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) el peticionario solicitó una indemnización de USD 11´816.000,00 valor sustentado en el costo de la máscara y en la presunta violación a sus derechos, monto que resulta invaluable por ser parte del patrimonio nacional.

La defensa del Estado, tras un proceso que duró casi 16 años, logró probar que el señor Judge no estaba autorizado a realizar excavaciones en la Isla de la Tolita, así mismo, probó que la máscara de oro con ojos movibles de platino es parte del patrimonio nacional ecuatoriano, por lo que no cabía otorgar indemnización alguna al señor Judge.

El 29 de noviembre de 2016, la CIDH, en su Informe de Fondo No.45/16, señaló que “el Estado de Ecuador no es responsable por la violación al derecho a la propiedad del señor James Judge” y, por tanto, “no resulta exigible al Estado ecuatoriano el pago de una justa indemnización”. De igual manera el órgano internacional en el citado informe recomendó al Estado “adoptar las medidas necesarias para que el señor James Judge pueda contar con una decisión definitiva en el marco del recurso de inconstitucionalidad que presentó en 1993”.

Al respecto, el 3 de marzo de 2017, el Estado informó a la CIDH que la Corte Constitucional, como entidad competente para conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad contra actos normativos, estableció en sesión de Pleno, que la decisión emitida por el Tribunal de Garantías Constitucionales el 27 de diciembre de 1995, mediante la cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad, es la decisión definitiva en la casusa No. 26-93. Informando así sobre el cumplimiento total del Informe de Fondo.

En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el Informe No. 44/17 de 23 de mayo de 2017, en el que puso fin al proceso relacionado a la máscara de oro y ojos de platino, extraída de la Isla de la Tolita en la provincia de Esmeraldas, en virtud de que el Estado ha dado cumplimiento total del Informe No. 45/16.

3.2.2.2 Darwin García
En la madrugada el día 12 de septiembre de 1993, en un baile popular en la ciudad de Otavalo, se produjo un enfrentamiento entre los hermanos Segundo y José de la Cruz y el Señor Edwin Guzmán por una parte y los hermanos Jorge Darwin y Franklin Plutarco Garcia por otra, lo que produjo la muerte de Darwin Garcia y lesiones de Franklin Garcia por disparos proferidos por Segundo de la Cruz.

Al momento de los hechos los señores Segundo de la Cruz y Edwin Guzmán, eran miembros activos de la Policía Nacional, e hicieron uso de sus armas de dotación.

El 09 de noviembre de 1994, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la muerte del señor Jorge Darwin García Espinoza y las lesiones a su hermano Franklin Plutarco García Espinoza, así como por las falencias en la investigación y la administración de justicia.

El 28 de julio de 2015, la CIDH emitió un Informe acumulado de Admisibilidad y Fondo, en el cual recomendó:

  • Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declarados en el informe
  • Disponer mecanismos de no repetición, entre ellos: a) capacitación a la Policía Nacional sobre estándares internacionales en derechos humanos, b) mecanismos para asegurar la efectiva rendición de cuentas en el fuero, penal, disciplinario o administrativo en casos de presunto abuso de poder de agentes del Estado; y c) medidas legislativas, administrativas y de otra índole para investigar la necesidad y proporcionalidad del uso letal de la fuerza por parte de los funcionarios policiales.

A partir de la fecha en la que el Estado fue notificado con el Informe de Admisibilidad y Fondo, se inició un proceso diálogo con el representante y apoderado de las víctimas reconocidas en el citado Informe, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, en el cual la Procuraduría General del Estado acompañó y asesoró de manera activa y adecuada. En tal virtud, luego de que las partes han llegado a un acuerdo, el Procurador luego de realizar el control de legalidad correspondiente, autorizó mediante Oficio No. 12951 de 14 de noviembre de 2017 la firma del acuerdo de reparación entre el Ministerio del Interior y la apoderada especial de las víctimas con el cual se dio cumplimiento total del Informe de Admisibilidad y Fondo.



Casos en litigio


3.2.3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH

Admisibilidad

3.2.3.1 Comunidad de San Pablo de Amalí
Este caso guarda relación a concesiones otorgadas en el año 2004 por parte del CONELEC, a favor de la empresa Hidrotambo, para la puesta en marcha del Proyecto de la Central Hidroeléctrica “San José del Tambo”, sobre la cuenca hidrográfica del Río Dulcepamba en el cantón Chillanes y sus afluentes, por lo que, los peticionarios afirman que el desarrollo de este proyecto, presuntamente habría afectado a la Comunidad de San Pablo de Amalí.

Algunos de sus moradores se opusieron al desarrollo del Proyecto, alegando que no habría existido una consulta previa. Resultado de esta postura, se habrían generado algunos hechos de violencia, que involucraron a algunos pobladores de esta Comunidad, así como otros actores privados y públicos. A consecuencia de estos sucesos, se dio inicio a una serie de procesos administrativos y judiciales en diferentes jurisdicciones.

La defensa estatal, mediante oficio de 2 de octubre de 2017, presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la petición, alegando como excepción, la falta de caracterización de los hechos como violatorios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que tanto el proceso de concesión a favor de la Hidroeléctrica, así como las posteriores declaraciones de utilidad pública, auditorías y juicios de expropiación, se enmarcaron en lo legalmente dispuesto, sin producir vulneraciones a los derechos de los peticionarios. En igual sentido, el Estado manifestó la falta de agotamiento de recursos internos, puesto que los peticionarios pudieron interponer recursos a fin de reclamar los supuestos daños al medio ambiente e impugnar el proceso de concesión y las resoluciones que impusieron servidumbres y declararon de utilidad pública a bienes para la construcción del proyecto hidroeléctrico. Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, propiedad, protección judicial.

3.2.3.2 Joba Fonfay Vásquez y otros (ex diputados)
Caso en torno a 12 ex diputados del Congreso Nacional, que fueron elegidos para cumplir sus funciones, en el período comprendido entre el 5 de enero de 2007 al 4 de enero de 2011, quienes fueron declarados en receso por parte de la Asamblea Constituyente del Ecuador mediante Mandato Constituyente No. 01, de noviembre de 2007, que declaró en receso a todos los diputados electos para ese período. El artículo 7 del citado Mandato disponía: “Este receso no será susceptible de interrupción, impugnación, acción de amparo constitucional u otra acción judicial”. Los peticionarios en el año 2010 presentaron una acción de protección, que fue declarada improcedente en primera y segunda instancia.

La defensa estatal, mediante oficio de 2 de agosto de 2017, presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la petición alegando como excepción, la falta de caracterización de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que la declaratoria de receso de los diputados, dispuesta por la Asamblea Constituyente, se enmarcó en las facultades a ésta concedida por el pueblo ecuatoriano mediante consulta popular, sin que esta acción haya vulnerado los derechos de los peticionarios. En igual sentido, el Estado alegó el abuso del derecho de petición, ya que los peticionarios simularon el agotamiento de recursos internos a través de la interposición de una acción de protección en la jurisdicción interna, 3 años más tarde de sucedidos los hechos, con la única finalidad de acudir al SIDH.

Derechos presuntamente vulnerados: garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, igualdad ante la ley, protección judicial.

3.2.3.3 Carlos Pérez Barriga (accionista de diario El Universo)
Caso originado a partir de que el señor Pérez Barriga (accionista del diario El Universo), solicitó por escrito, en el año 2010, al Presidente de la República, información de los contratos firmados con la empresa encargada de producir campañas publicitarias, que habrían sido transmitidas, a través de avisos publicitarios por varios canales de televisión ecuatorianos, en partidos del mundial de fútbol Sudáfrica 2010. Las campañas denominadas "Manos" y "Ya Basta", habrían tenido como objetivo promocionar en el país, la aprobación de la Ley de Comunicación. Aunque dichas campañas publicitarias fueron transmitidas en forma anónima el peticionario sostuvo que, el Presidente de la República, habría señalado públicamente que fueron contratadas y transmitidas por encargo del Gobierno.

La solicitud de información del señor Pérez fue negada por el Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República, ante la “inexistencia de los datos solicitados en poder del requerido”, de conformidad al Art. 20 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Ante la negativa, el señor Pérez Barriga presentó una acción de acceso a la información en la vía judicial, que fue inadmitida en todas las instancias de la jurisdicción interna.

El 21 de agosto de 2017, el Ecuador presentó sus observaciones sobre admisibilidad. En esta oportunidad el Ecuador alegó que la petición no contiene hechos que caractericen violaciones a los derechos humanos de la CADH, dado que el señor Pérez Barriga no se encontró limitado en el acceso a la información concerniente a una contratación pública, es más el Ecuador indicó que la información solicitada por el peticionario era de libre acceso y se encontraba disponible en el portal de compras públicas del SERCOP. Adicionalmente, en el desarrollo de las causas constitucionales de acceso a la información, se constató que las decisiones tanto de primera como de segunda instancia fueron fundamentadas y no violentaron los derechos del señor Pérez Barriga, por lo que, sus pretensiones ante el organismo internacional se basaron únicamente en su inconformidad con las decisiones internas. En el mismo sentido, Ecuador alegó la falta de agotamiento de recursos internos ya que el señor Pérez Barriga no solicitó a la institución correspondiente la información que requería, a pesar de que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública le brindaba esa opción; y, de igual manera, el Estado señaló la falta de agotamiento de recursos internos con relación a la acción de inconstitucionalidad, que el peticionario pudo presentar respecto a la presunta incompatibilidad del Art. 20 de la LOTAIP.

Derechos presuntamente vulnerados: libertad de expresión, protección judicial.

3.2.3.4 Elektra Borja y otros (predio aeropuerto de Manta)
El caso se origina en Manta, cuando en noviembre de 1972 un inmueble de 256.000 metros cuadrados aproximadamente, fue declarado de utilidad pública con orden de expropiación urgente a favor de la Dirección de Aviación Civil (DAC). El juicio de expropiación del predio se inició en el año 2000.

Según los peticionarios, este inmueble es parte del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta y a pesar de la existencia de una sentencia emitida a la luz del juicio de expropiación que dispuso a la DAC el pago de USD 2´568.010,60, por el bien expropiado, no se ha cumplido. Esto a pesar de que en dicho proceso la defensa de la institución sostuvo que el monto requerido es exorbitante en comparación con los avalúos de predios similares. La falta de ejecución, manifiestan los peticionarios, originó el inicio de nuevos procesos en diferentes jurisdicciones como la civil, penal, entre otras.

El 26 de octubre de 2017, el Estado ecuatoriano dio respuesta a las observaciones aportadas por los peticionarios, en la que manifestó como excepciones preliminares, la falta de competencia del organismo interamericano en razón del tiempo ya que los hechos se circunscriben al año 1972, tiempo en el cual, el Estado no había ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se alegó la falta de agotamiento de recursos internos con relación al juicio de expropiación del predio ya que la peticionaria contaba con un juicio ejecutivo para la ejecución de la sentencia, el cual fue interpuesto erróneamente por los solicitantes.

Derechos presuntamente vulnerados: propiedad, protección judicial, protección de la honra y dignidad, igualdad ante la ley de la CADH.

3.2.3.5 César Ataulfo Carrión Moreno (30-S)

El caso se relaciona a la insubordinación policial que se generó en Ecuador, principalmente en la ciudad de Quito, el día 30 de septiembre de 2010, en contra del entonces Presidente de la República Ec. Rafael Correa Delgado, por las medidas que éste habría adoptado en relación a los miembros de la Policía Nacional. El punto central en donde se focalizaron las manifestaciones de los miembros de la Policía Nacional, fue el Regimiento de Policía Quito No. 1, junto al Hospital de la Policía Nacional No. 1, del cual el peticionario era Director.

Según relata el peticionario, el día de los hechos, el ex Presidente de la República, acudió al Regimiento de Policía a fin de intentar controlar la crisis que se había suscitado, sin embargo, se produjeron agresiones por parte del personal policial, razón por la cual el entonces Presidente intentó abandonar el área en helicóptero, sin embargo, no lo realizó ya que el helicóptero no pudo aterrizar porque fue impedido por acciones del personal policial que se encontraban en el lugar. Ante estos hechos, la guardia policial del ex Presidente decidió conducirlo al Hospital Quito No. 1, lugar en el cuál permaneció aproximadamente 10 horas, mientras las manifestaciones continuaban a las afueras del Hospital. Cuando el ex Presidente salió del lugar, se produjo un enfrentamiento entre los miembros del GEO del Ejército y miembros del GOE y GIR de la Policía Nacional, mismo que produjo el deceso de dos personas, varios heridos e incluso daños materiales.

La defensa estatal mediante oficio de 7 diciembre de 2017, presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la petición alegando como excepción, la falta de caracterización de los hechos como atentatorios a los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que tanto en el proceso penal seguido en contra del peticionario, como en los procesos administrativos desarrollados ante la Policía Nacional y Contraloría General del Estado, se respetaron las garantías del debido proceso, incluso las decisiones adoptadas en el juicio penal, como en el proceso administrativo ante la Policía Nacional le fueron favorables. Por otro lado, la multa impuesta por la Contraloría General del Estado, en el proceso desarrollado en su contra, tuvo como sustento la inobservancia del señor Carrión de disposiciones legales que en su calidad de Director del Hospital de Quito No.1, estaba obligado a atender y no fue impugnada por el señor Carrión pese a tener recursos legales disponibles. Lo que evidencia que todos los procesos se enmarcaron en lo legalmente dispuesto, sin que exista vulneración a los derechos del peticionario. Asimismo, se indicó que el señor Carrión no fue dado de baja por acciones de la institución policial, sino que su salida de la Policía Nacional se dio en base al requerimiento voluntario del peticionario, cuando se encontraba en servicio activo.

De igual manera, el Estado alegó como excepción, el incumplimiento del requisito de 6 meses, esto en virtud de que el señor Carrión presentó su petición ante la CIDH 8 meses después de haber sido notificado con la sentencia de casación dentro del juicio penal que se seguía en su contra; en tal sentido, el señor Carrión incumplió con el requisito de temporalidad establecido en la Convención Americana sobre la presentación oportuna de peticiones. Finalmente, la defensa estatal alegó la falta de agotamiento de recursos internos, pues el peticionario pudo haber interpuesto recursos tanto judiciales como administrativos a fin de impugnar las resoluciones emitidas en el marco del proceso penal y de los procesos administrativos, sin embargo, decidió no hacerlo.

Derechos presuntamente vulnerados: Integridad personal, libertad personal, derecho a que se presuma su inocencia, protección a la honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión, derecho a la rectificación o respuesta, protección a la familia y derecho del niño y protección judicial.



Medidas Cautelares


3.2.3.6 Fernando Villavicencio y familia (MC-931-16)
Solicitud de medidas cautelares relacionadas a la orden de prisión preventiva dictada en contra de Fernando Villavicencio, a la luz de un proceso penal por el delito de divulgación de información protegida.

El Estado ecuatoriano, mediante oficio de 19 de enero de 2017, puso a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la solicitud de medidas cautelares carece de fundamento por no configurarse las características de urgencia, gravedad y daño inminente. Esto en virtud de que la motivación de dicha solicitud, radicaba en las supuestas afectaciones a los derechos políticos, libertad personal y libertad de expresión del señor Villavicencio, debido a la orden de privación de libertad que pesaba en su contra.  

Al respecto, la defensa Estatal ha informado que el señor Villavicencio no fue impedido de ejercer sus derechos políticos a candidatizarse a una dignidad de elección popular debido a la orden de privación de libertad que pesaba en su contra, sino que el mismo incurrió en una prohibición dispuesta en la normativa legal electoral, que le impidió inscribir su candidatura, pues el señor Villavicencio se encontraba afiliado a un partido político distinto al que promovía dicha candidatura. En tal sentido, se comprobó que el proceso penal no tuvo relación con la imposibilidad de inscripción del señor Villavicencio.

Por otro lado, respecto a las supuestas afectaciones al derecho a la libertad personal del señor Villavicencio, la defensa estatal mediante oficio de 5 de septiembre de 2017, informó a la CIDH que la misma que nunca se efectivizó y que en la actualidad ha quedado insubsistente pues las autoridades judiciales ecuatorianas sustituyeron dicha medida por el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. Por lo que no existen los requisitos de urgencia, gravedad y daño inminente necesarios para el otorgamiento de una medida cautelar.

Derechos presuntamente vulnerados: vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, garantías judiciales y derechos políticos.

3.2.3.7 Shuar
Solicitud de medidas cautelares relacionadas a una presunta situación de riesgo de la Comunidad Shuar, por la implementación de proyectos mineros en las parroquias de San Miguel de Conchay y Santiago de Panantza, cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago, predios en los que se localizaría el proyecto minero San Carlos Panantza. Los solicitantes alegaron que los propuestos beneficiarios de la medida cautelar, estarían siendo objeto de desalojos violentos, allanamientos y requisas a las viviendas de los pobladores, por parte de personal de la fuerza pública. Afirman que la situación se habría agravado debido al estado de excepción que decretó el Presidente de la República, en el territorio de la provincia.

El 10 de febrero de 2017, el Estado ecuatoriano puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la solicitud de medidas cautelares es improcedente, ya que, existe una falta de determinación de los presuntos beneficiarios, lo cual se contrapone a lo determinado en el artículo 25 (3) del Reglamento de la Comisión. De otra parte, Ecuador ha señalado que la situación no cumple con las condiciones de gravedad, urgencia y de daño irreparable necesarias para su otorgamiento, ya que los desalojos y reubicación de las personas que estaba asentadas de manera irregular en los predios particulares del sector Panantza, se llevaron a cabo en el marco de la ley, y fueron desarrollados de manera adecuada. Adicionalmente, no existe un nexo de causalidad entre lo relatado en la solicitud de medidas cautelares y la supuesta vulneración a los derechos alegados. Posteriormente, el 19 de junio de 2017, los solicitantes presentaron información adicional, la cual fue controvertida por el Estado el 26 de junio de 2017, donde se recalcó que la solicitud era improcedente y la información no aportaba elementos para el otorgamiento de este tipo de medidas.

Derechos presuntamente vulnerados: privación de libertad, vida, integridad personal y propiedad.


3.2.4 Sistema de Naciones Unidas

3.2.4.1 Alarcón Flores (117 exfuncionarios del BCE que se jubilaron antes de cumplir 45 años de edad) - ONU
Los hechos del caso se relacionan con la Resolución N° DBCE-0226-FPJ de 4 de marzo de 2009, en la que el Directorio del BCE dispuso la supresión del pago de las pensiones provenientes del Fondo Complementario Previsional Cerrado-BCE (FCPC-BCE), que venían percibiendo un grupo de ex servidores del Banco Central del Ecuador. Los peticionarios alegan que se habría producido una vulneración al derecho a la seguridad social, a la protección a la familia y a la salud en contra de los ex empleados y jubilados de esa institución. La comunicación se presentó ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en 2016 y se transmitió al Estado en el mismo año.

El Estado remitió sus observaciones respecto a la admisibilidad mediante oficios de 10 de febrero, 12 de abril, 16 de junio y 22 de agosto de 2017 respectivamente, en los que ha argumentado la falta de competencia del Comité en razón del tiempo pues los hechos ocurrieron en 2009, mientras que el Protocolo Facultativo entró en vigencia en 2013; la falta de agotamiento de recursos de la jurisdicción interna por parte de los denunciantes, al no haber agotado en ningún caso el recurso contencioso administrativo que era el efectivo e idóneo para solucionar la situación jurídica; y, además, alegó que la comunicación es manifiestamente infundada, debido a que el sistema de pensiones del que se beneficiaban los denunciantes era complementario, consistía en un seguro independiente y adicional, por lo que la suspensión de este no implicaba la imposibilidad de acceso a las prestaciones y beneficios otorgados por el seguro general obligatorio.

El 12 de diciembre de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) transmitió al Estado la decisión final adoptada por el Comité el 4 de octubre de 2017, en la que el Comité, tomando en cuenta toda la información proporcionada por las partes, acogiendo los argumentos del Estado ecuatoriano en relación a la excepción de competencia ratione temporis del Comité, dictaminó que la comunicación es inadmisible de conformidad con el artículo 3(2)(b) del Protocolo Facultativo.

Aceptando los argumentos estatales, el Comité dictaminó que la supuesta violación alegada por los autores, ocurrió el 4 de marzo de 2009 y aunque estos aún sufran las consecuencias de la medida en cuestión, esta circunstancia no modifica la caracterización de ese acto como instantáneo. Por tanto, los hechos que dieron origen a la violación alegada no son de carácter continuado y tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo.

La defensa jurídica del Estado, tras un proceso que duró aproximadamente dieciocho meses, logró demostrar ante el Comité la procedencia de su excepción preliminar respecto a la admisibilidad de la comunicación. Con esta decisión, la causa queda archivada, y se evita al Estado el pago de las pretendidas reparaciones a favor de los 117 peticionarios, que hubiera representado a las arcas estatales la erogación de un cuantioso monto indemnizatorio, que solo en devolución de aportes y prestaciones no gozadas desde 2009 más intereses y considerando la expectativa de vida, alcanzaría un valor de alrededor de USD. 40 millones de dólares, sin tomar en cuenta los montos a ser calculados de forma particularizada, como las indemnizaciones por daños inmateriales por USD. 1´400 mil dólares aproximadamente[1], costas y gastos producidas; y, deudas de créditos adquiridos por las presuntas víctimas que solicitaban se suspendan (USD. 700 mil dólares aproximadamente)[2].

3.2.4.2 Carlos Pérez Guartambel- ONU
El caso versa sobre una presunta discriminación racial explícita contra el derecho a tener reconocimiento y protección de matrimonio ancestral indígena, entre el señor Pérez Guartambel de nacionalidad ecuatoriana y la periodista de nacionalidad franco-brasileña Manuela Picq, esto, a pesar que Ecuador es un Estado Plurinacional que reconoce derechos colectivos. La comunicación fue presentada por el señor Carlos Pérez Guartambel, a nombre propio y en representación de varias organizaciones indígenas y campesinas, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.

Según el peticionario, en 2016 el Estado ecuatoriano habría negado el reconocimiento del matrimonio ancestral, imposibilitando su inscripción en el Registro Civil de Quito, y el cambio de estado civil del señor Pérez Guartambel, negativa, según alega, es resultado de una doble discriminación contra el matrimonio y la familia indígena, así como la falta de reconocimiento de la persona del señor Pérez Guartambel como autoridad indígena.

El Comité solicitó al Estado que presenté observaciones de admisibilidad, por lo que el 28 de junio de 2017, el Estado presentó ante el organismo exclusivamente los alegatos que corresponden a esta fase procesal, subrayando que el mismo carecía de competencia ratione personae, ya que la petición fue presentada en abstracto, sin identificar claramente a las víctimas, lo cual se contrapone a las disposiciones de la Convención. Del mismo modo, se expuso la incompetencia en razón de la materia, toda vez que los elementos presentados por el peticionario no configuran una vulneración a la Convención. Ecuador señaló también la falta de agotamiento de recursos internos en el ámbito nacional, puesto que el señor Pérez contaba con la acción extraordinaria de protección, acción que habría sido adecuado agotar. Finalmente, la defensa estatal mostró la existencia de un abuso de derecho de petición, ya que el señor Pérez informó al Comité que su pretensión era generar un vínculo matrimonial ancestral con la señora Picq cuando su real objetivo era la obtención de una visa de amparo para la misma.

Derechos presuntamente vulnerados: igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia, al matrimonio y a la elección del cónyuge, artículos 5 a) y d) IV de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.




[1] Monto establecido tomando en consideración los montos ordenados por la Corte IDH en los casos Cinco pensionistas Vs. Perú, Quintana Coello Vs. Ecuador y Lagos del Campo Vs. Perú.  

[2] Contraloría General del Estado, oficio 21901-DA.1 de 18 de noviembre de 2009.
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La Dirección Nacional de Derechos Humanos, para ejercer la representación y defensa judicial y cuasijudicial del Estado ante Organismos Internacionales de Derechos Humanos, se encarga de los siguientes productos y servicios :

 

1. Escritos relacionados a demandas, contestación a demandas, pruebas, diligencias, alegatos, sentencias, resoluciones, recomendaciones, recursos y otros.
2. Acuerdos de solución amistosa y de cumplimiento.
3. Registro de las causas de derechos humanos que competan a la Dirección.
4. Informes periódicos que el Estado presenta, de conformidad con el Art. 19 numeral primero del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
5. Plan Operativo Anual de la Dirección.
6. Informe de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Dirección.


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Para el desarrollo de la gestión que lleva adelante la Dirección Nacional de Derechos Humanos, se considera, además de lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, las principales Declaraciones y Convenios sobre Derechos Humanos y la normativa básica aplicable a cada caso. De conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, se aplica, entre otras, las siguientes normas publicadas en el Registro Oficial:

 

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969.
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, publicado en el Registro Oficial 101 de 24 de enero de 1969.
3. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, publicada en el Registro Oficial No. 140, de 14 de octubre de 1966.
4. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969.
5. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, publicada en el Registro Oficial No. 132 del 2 de diciembre de 1981.
6. La Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José” publicada en el Registro Oficial No. 801 del 6 de agosto de 1984.
7. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, publicada en el Registro Oficial No. 924 de 28 de mayo de 1988.
8. La Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Registro Oficial No. 31 de 22 de septiembre de 1992.
9. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos y culturales “Protocolo de San Salvador”, publicada en el Registro Oficial No. 175 de 23 de abril de 1993.
10. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, publicada en el Registro Oficial No. 360 de 13 de enero de 2000.

 

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