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La representación, defensa judicial y cuasi judicial del Estado ecuatoriano ante organismos internacionales de derechos humanos es ejercida por la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado. De igual manera, la estrategia y argumentos jurídicos en defensa del Ecuador dentro de cada uno de los casos denunciados ante los diferentes Sistemas de Protección de Derechos Humanos, son desarrollados íntegramente por esta Dirección.

Ecuador, a través de la Procuraduría General del Estado y su Dirección Nacional de Derechos Humanos, litiga internacionalmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana (Corte IDH), así como también comparece en defensa del Estado ecuatoriano ante el Sistema Universal de Derechos Humanos (ONU). En lo relacionado al ámbito nacional, asiste a los procesos relacionados con la Ley para la Reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

En un recuento histórico, esta Dirección ha recibido un total de 324 procesos. De los cuales, 284 se han presentado ante el Sistema Interamericano y 15 ante el Sistema Universal de Derechos Humanos. Actualmente se encuentran en litigio activo un total de 218 procesos. De este total de procesos activos, 191 se encuentran a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), distribuidos entre trámites de admisibilidad, fondo, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares; en la Corte IDH se encuentra un caso en litigio y 13 en trámite de supervisión de sentencia; en tanto que, dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos (ONU), 13 procesos se encuentran activos.

Es preciso destacar que, a lo largo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el informe de archivo de 7 peticiones individuales presentadas contra Ecuador, que se encontraban sometidas para su estudio. De la misma manera, la CIDH notificó al Ecuador su decisión de archivar siete medidas cautelares solicitadas a ese organismo.

En lo referente a la Corte IDH, el máximo tribunal de justicia regional en materia de derechos humanos, resolvió el archivo de los casos Salvador Chiriboga y Camba Campos y otros vs. Ecuador, al declarar el cumplimiento total de las reparaciones ordenadas en las sentencias y cumplidas integralmente por el Estado ecuatoriano.

En lo que respecta al Sistema Universal de Protección de las Naciones Unidas, durante el período 2016 existieron importantes logros de la defensa del Estado ecuatoriano ante los comités de Derechos Humanos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, puesto que Ecuador recibió dos dictámenes dentro de los casos: Peña Maje e Isaías. El dictamen dentro del caso Peña Maje, que fue puesto a conocimiento del Comité Derechos Económicos y Culturales en el 2014, fue resuelto por este organismo al inadmitir el caso en junio de 2016, constituyéndose en el primer dictamen totalmente favorable para el Estado ecuatoriano. En lo que respecta a la comunicación presentada por los señores Isaías Dassum al Comité de Derechos Humanos en el 2012, el Estado ecuatoriano fue notificado con el Dictamen emitido por el organismo, el 6 de junio del 2016, dictamen que no reconoció las supuestas violaciones alegadas por los señores Isaías, relacionadas al proceso penal que por delito de peculado bancario se siguió en su contra, como tampoco ordenó indemnización alguna dentro del caso.

Durante el 2016, la defensa del Estado ecuatoriano, a través de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, compareció a seis audiencias ante el Sistema Interamericano, de las cuales se celebraron cuatro audiencias dentro de los casos controvertidos ante la Corte IDH: Herrera Espinosa y otros, Vásquez Durand, Homero Flor, Valencia Hinojosa y una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. En tanto que ante la CIDH se desarrolló la audiencia de fondo relacionada al proceso de Luis Eduardo Guáchala Chimbo vs. Ecuador. El Estado ecuatoriano fue notificado dentro de este período, con tres sentencias correspondientes a los casos: Herrera Espinosa, Homero Flor y Valencia Hinojosa, resoluciones en las que el máximo tribunal de justicia regional se pronunció en cuanto a excepciones preliminares, fondo y reparaciones.

A escala interna, de conformidad con la Ley de Víctimas y el Reglamento de procedimientos para acuerdos reparatorios, la Dirección Nacional de Derechos Humanos atiende 205 procesos que se encuentran en trámite por disposición de esta normativa; de ellos 189 están en la fase para acuerdo indemnizatorio, a partir de los que la Procuraduría General del Estado ha sido convocada para asistir a más de 120 audiencias dentro del periodo.

Durante el 2016, se desarrolló una intensa gestión jurídica, compendio y procesamiento de información fáctica, solicitada a múltiples instituciones públicas para articular la defensa estatal. A partir de la información recibida, el equipo de abogados de la Dirección Nacional de Derechos Humanos estudió, definió y preparó la estrategia jurídica y argumentos del Estado para cada uno de los casos atendidos durante el período. Para la defensa de los casos, se presentaron 754 escritos, cinco peritajes, ocho objeciones a peritos y declarantes, 13 interrogatorios y contrainterrogatorios. Este ejercicio de defensa estatal jurídica, efectuada eficientemente por la Procuraduría General del Estado ante los organismos de derechos humanos, logró en el 2016 que de los USD 2 960 393,65 solicitados por concepto indemnizatorio, la Corte IDH únicamente reconozca dentro de todos los casos resueltos en el periodo, un valor de USD 579 788,25; en tal sentido, la defensa efectuada íntegramente por la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, evitó al país un pago de USD 2 380 605,40, lo que representa una reducción del 80,42% del total del valor indemnizatorio solicitado por las víctimas ante el Sistema Interamericano.

La Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, a lo largo de 2016, logró conjugar de manera eficiente los dos objetivos fundamentales de su misión como son la representación y la defensa del Estado ecuatoriano ante organismos internacionales de derechos humanos, con base en una gestión altamente profesional y de elevado litigio, que orientó su estrategia hacia una eficaz defensa de los intereses del Ecuador, al tiempo de observar compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
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 title casosrelevantes

 

3.2.1    Comisión Interamericana de Derechos Humanos

3.2.1.1 Medida Cautelar solicitada por gerentes y trabajadores de diario El Universo

El 18 de junio de 2015, directivos y trabajadores de diario El Universo solicitaron medidas cautelares a su favor, encaminadas a la protección de presumibles daños irreparables a sus derechos ante decisiones sancionatorias dictadas por la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM). Las supuestas vulneraciones, según los solicitantes, habrían sido a sus derechos de libertad de expresión, propiedad y debido proceso en los procedimientos administrativos y judiciales relativos a las disposiciones emitidas por la SUPERCOM.

A pesar de que el Estado ecuatoriano ha reiterado la falta de competencia de la CIDH para dictar medidas cautelares, en virtud que dicha potestad no ha sido otorgada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ecuador envió información y observaciones jurídicas que demostraron al organismo del Sistema Interamericano, que la solicitud de medidas cautelares por parte de los directivos de diario El Universo no implicaba la existencia de un daño inminente, grave ni irreparable, como tampoco existía nexo de causalidad entre las afirmaciones de los solicitantes y el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad. De igual forma, el Estado demostró que no fueron limitados en su facultad personal de buscar, recibir y difundir información, menos aún fueron impedidos del uso y goce de sus bienes.

El 22 de junio de 2016, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH notificó al Ecuador que, en consideración a la información remitida por las partes, la Comisión Interamericana concluyó que la solicitud de medidas cautelares no reunió los requisitos establecidos en el artículo 25 de su Reglamento; en consecuencia, las medidas cautelares solicitadas por los directivos de diario El Universo fueron negadas.

3.2.1.2 Medida Cautelar solicitada por ex Alcalde de una ciudad de la provincia de Azuay

El 3 de noviembre de 2014, el ex Alcalde del cantón Gualaceo de la provincia de Azuay, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares orientadas a la protección de su derecho a garantías judiciales y el debido proceso, derecho a la libertad de expresión y derechos políticos, que según el solicitante habrían sido vulnerados en el marco de procesos judiciales penales y civiles seguidos en su contra, sentenciados en la jurisdicción interna, cuyos resultados le fueron adversos.

El solicitante sostuvo que la supuesta violación de sus derechos fue producto de una sanción establecida dentro de un proceso penal que lo declaró autor del delito de injuria no calumniosa grave, le impuso pena de libertad y una sanción pecuniaria por concepto de reparación al querellante, según él, imposible de afrontar. Afirmó también que, a partir del proceso civil de insolvencia derivado de la causa penal, se habría puesto en juego su patrimonio completo, una quiebra inevitable y una consecuente violación adicional a sus derechos políticos.

Si bien el Estado ecuatoriano ha sido enfático en manifestar la falta de competencia de la CIDH para dictar medidas cautelares, puesto que tal facultad no está amparada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ecuador envió los argumentos jurídicos y observaciones de defensa estatal, que demostraron que las afirmaciones del solicitante no involucraban de manera alguna la existencia de vulneraciones a sus derechos al no demostrar gravedad, urgencia, daño irreparable y un nexo de causalidad entre los hechos denunciados y los artículos de la Convención que alegó el solicitante, habrían sido violentados, consecuentemente, de ninguna manera resultaba necesaria la adopción urgente de medidas cautelares por parte del organismo interamericano.

El 30 de junio de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado que el expediente correspondiente a la solicitud de medidas cautelares dentro de este caso, fue cerrado.

3.3      Corte Interamericana de Derechos Humanos

3.3.1    Sentencia del caso Flor Freire vs. Ecuador

El 31 de agosto de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia dentro del caso Flor Freire, notificada a Ecuador el 1 de noviembre del mismo año, caso que fue abordado por el Tribunal en relación a la situación de un oficial que fue sometido a un proceso disciplinario militar en el 2000, cuyo resultado fue su separación de la Fuerza Terrestre ecuatoriana por supuestamente haber cometido actos homosexuales dentro de las instalaciones militares.

El Tribunal Interamericano analizó si existió discriminación dentro del proceso disciplinario de información sumaria que se entabló en contra del militar, ante lo que la Corte IDH encontró que el régimen disciplinario militar ecuatoriano vigente al momento de los hechos y aplicado al caso, regulaba de dos maneras distintas la comisión de actos sexuales en el marco de las Fuerzas Armadas, presentando una diferencia de trato al sancionar de forma más gravosa los actos de homosexualismo, en relación con los actos sexuales no homosexuales; consecuentemente determinó que existió discriminación hacia el militar dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, proceso efectuado por una falta cometida en virtud de una orientación sexual diversa y, en tal sentido, declaró la responsabilidad del Estado por violación al derecho a la igualdad ante la ley y discriminación. El organismo interamericano refirió que la orientación sexual de las personas es una categoría protegida por la Convención y, por tanto, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.

La defensa del Estado ecuatoriano demostró con argumentos jurídicos y jurisprudencia nacional ante la Corte, que el exmilitar no fue sancionado exclusivamente en base a una norma reglamentaria, por lo que el Tribunal observó, entre otras cosas, que el hecho de que la conducta sancionada fuera precisada en un Reglamento de Disciplina Militar no infringía el principio de legalidad, así la Corte concluyó que el Estado no violó el principio de legalidad, consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana. De igual manera, el Estado demostró que el exoficial tenía la posibilidad de interponer un recurso interno para impugnar las decisiones disciplinarias que culminaron con su baja de las filas militares, recurso que resultaba idóneo para su protección judicial; tras el análisis respectivo, la Corte IDH consideró que Ecuador no podía ser responsabilizado internacionalmente por la ausencia de un recurso efectivo cuando, por causas atribuibles a la presunta víctima, por lo que declaró que el Estado tampoco era responsable de la violación del artículo 25 de la Convención, referente a la protección judicial; por tanto, la Corte IDH desechó en parte, la solicitud realizada por el exmilitar y no declaró la responsabilidad internacional del Estado referente a los artículos 9 y 25 de la Convención, así como tampoco aceptó lo solicitado por el exmilitar en relación a incluir una nueva víctima dentro del proceso interamericano.

La Corte estableció que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y entre otras cosas dispuso colocar al exmilitar en situación de servicio pasivo, eliminar la referencia del proceso disciplinario de la hoja de vida militar del exoficial, la publicación del resumen oficial de la sentencia en el Registro Oficial y en un diario de amplia circulación, así como un valor indemnizatorio por daño material e inmaterial.

3.3.2    Caso Herrera Espinoza y Otros vs. Ecuador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 1 de septiembre de 2016, emitió sentencia en el caso Herrera Espinoza, dentro del que se discutió sobre la responsabilidad del Estado respecto a detención ilegal, prisión preventiva arbitraria y tortura, de cuatro ciudadanos extranjeros detenidos en 1994 por miembros policiales, en el marco de un operativo antinarcóticos que se desarrolló para investigar el delito de tráfico internacional de drogas y que dio origen a procesos penales sustanciados contra ellos.

La defensa del Estado ecuatoriano presentó ante el Tribunal Interamericano los argumentos jurídicos y excepciones, entre ellos la incompetencia temporal de la Corte IDH para conocer sobre la tortura alegada, puesto que el Estado ecuatoriano ratificó la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura en el año 1999, es decir, con posterioridad a 1994, año en el que ocurrieron los hechos materia del caso. En este sentido, la Corte ponderó la excepción estatal al estimar que la irretroactividad de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, le inhibiría tratar al ilícito internacional por antedatar a la vigencia convencional, por lo que concluyó admitiéndola parcialmente.

Entre sus puntos resolutivos, la Corte IDH declaró responsabilidad del Estado por violación a la integridad personal al incumplir la prevención, sanción e investigación de tortura, a la libertad personal y en relación a una de las cuatro víctimas, declaró que el Estado vulneró el derecho a las garantías judiciales. En cuanto a las reparaciones, el Tribunal dispuso, entre otras cosas, iniciar una investigación de los hechos relacionados con las violaciones a la integridad personal, la publicación del resumen oficial de la sentencia en un diario nacional, así como una indemnización compensatoria por daños material e inmaterial, que fue fijada en un monto inferior a un tercio de la pretensión solicitada por los representantes de las víctimas al organismo interamericano.

3.3.3   Sentencia del caso Valencia Hinojosa vs. Ecuador

El 29 de noviembre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció su sentencia dentro del caso Valencia Hinojosa vs. Ecuador, caso en el que se analizó sobre hechos ocurridos en 1992, relacionados a la muerte de un miembro activo de la Policía Nacional, quien encontrándose de servicio y tras ingerir licor se vio envuelto en un altercado, efectuó disparos hiriendo a un superior y a uno de sus compañeros, tras lo que se dio a la fuga, por lo que se emprendió un operativo para su búsqueda y detención; posteriormente fue encontrado muerto. Los hechos ocurridos dieron inicio a investigaciones y procesos penales bajo el marco constitucional y legal vigentes en aquella época.

La investigación por la muerte del policía en servicio activo se inició en la jurisdicción ordinaria; no obstante, dicha investigación fue trasladada al proceso iniciado en la jurisdicción penal policial, por la condición de miembro activo y en servicio del señor Valencia Hinojosa. El proceso investigativo se desarrolló ante un juez de instrucción policial, que a su vez dispuso el sobreseimiento definitivo de los involucrados en 1996, sobreseimiento confirmado en marzo de 1997 por la Primera Corte Distrital, con lo cual culminaron las acciones estatales para investigar la muerte del señor Valencia Hinojosa.

La Corte Interamericana examinó que, si bien la jurisdicción penal policial ecuatoriana vigente en el año 1992 investigó la muerte del policía, esta no ofrecía garantías suficientes de independencia e imparcialidad de los jueces penales policiales, ante la existencia de una cierta dependencia funcional y administrativa del sistema de justicia policial, a un poder estatal distinto al Poder Judicial. Sin embargo, tomó nota que la defensa del Estado demostró que Ecuador derogó la jurisdicción policial en el 2008 y valoró así mismo los cambios normativos realizados por el Estado; no obstante, advirtió que dicha modificación no fue aplicada al caso concreto, por lo que concluyó que la investigación de la muerte del policía y el procesamiento de los presuntos responsables por parte de la jurisdicción penal policial, violó las garantías de independencia e imparcialidad, consagradas en el artículo 8.1 de la Convención; declaró responsable al Estado por la violación del derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25.1 de la CADH. La Corte señaló que el Estado no es responsable por violación a la obligación de respetar el derecho a la vida, sin embargo, concluyó que el Estado incumplió la obligación de garantizar este derecho mediante una investigación independiente e imparcial. En consecuencia, la Corte manifestó que, si bien la muerte del miembro policial no fue atribuida al Estado, al no haberse desarrollado una investigación independiente e imparcial, el Estado era responsable de la vulneración a la integridad personal en perjuicio de la esposa del policía fallecido.

En lo que respecta a las reparaciones y a pesar de que los representantes y la CIDH solicitaron a la Corte una nueva investigación respecto a la muerte producida en 1992, sustentados en una supuesta ejecución extrajudicial del policía, los fuertes argumentos estatales llevaron a que la Corte acogiera la posición de la defensa de Ecuador, respecto a la prescripción de la acción, por lo que desechó el pedido de una nueva investigación. Rechazó también otras pretensiones solicitadas, como por ejemplo la capacitación a miembros policiales, reformas normativas, que más bien el Tribunal determinó como pedidos innecesarios, puesto que el Estado cuenta ya con normativa relacionada. De la misma forma, la Corte desechó la pretensión de los representantes de incorporar una nueva víctima al caso, en virtud de que el Estado impugnó tal solicitud dado que las víctimas ya habían sido determinadas en el Informe emitido en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y dispuso que el Estado publique la misma y su resumen oficial, no fijó una indemnización por daños materiales ante la inexistencia de acervo probatorio pertinente y puesto que la responsabilidad por la muerte del miembro policial no le fue acreditada al Estado, en tanto que fijó una ecuánime indemnización por daños inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos.

3.3.4    Sistema Universal de Protección de las Naciones Unidas

3.3.4.1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas

Dictamen adoptado respecto a la comunicación presentada por Roberto y William Isaías Dassum

En el año 2012, los señores Isaías presentaron una Comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde alegaron la violación a sus derechos por parte del Estado ecuatoriano, en relación al proceso penal seguido en su contra por el delito de peculado y respecto a la emisión del Mandato Constituyente No.13. Entre los derechos alegados como violados por los señores Isaías, estaban la libertad personal, garantías judiciales, protección judicial y aplicación retroactiva de la ley.

El 6 de junio de 2016, el Estado ecuatoriano fue notificado con el Dictamen del Comité de Derechos Humanos en el caso de los señores Isaías, dictamen que constituye un logro para el Estado, por ser mayoritariamente favorable, pues el Comité no encontró violación a los derechos humanos de los señores Isaías en el proceso penal por el delito de peculado, estableció que no hubo aplicación retroactiva de la ley y dispuso que no era aplicable el análisis de una supuesta violación a la libertad personal de los señores Isaías. El Comité resolvió no examinar la queja relativa a la violación del artículo 26 del Pacto (derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación). Así mismo, estimó que no cuenta con elementos suficientes que le permitan concluir la existencia de dilaciones procesales indebidas, bajo el artículo 14(3c) del Pacto y consideró que no hay elementos suficientes para afirmar que la interpretación del artículo 257 del Código Penal realizada por los tribunales ecuatorianos en el proceso penal fue manifiestamente errónea o arbitraria, por lo que concluyó que no hubo una violación del artículo 15 del Pacto (principio de legalidad).

Finalmente, el Comité consideró que la emisión del Mandato Constituyente N° 13, que prohibió la interposición de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD violó el derecho de los autores bajo el artículo 14(1) del Pacto, a un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil y concluyó que el Estado debe asegurar que los procesos civiles pertinentes cumplan con las garantía en conformidad con el articulo 14(1) del Pacto. El Comité no dejó sin efecto la Resolución AGD-UIO-GG-2008-12 de 8 de julio de 2008, ni dispuso el pago de una indemnización ni la restitución de bienes.

Dictamen adoptado respecto a la comunicación Peña Maje

La señora Adela Peña Maje presentó el 28 de julio de 2014, una comunicación ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la que alegaba que el Estado ecuatoriano era responsable de la vulneración de los derechos de su hijo menor de edad, relacionados a garantizar el ejercicio de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relacionados a la no discriminación, adopción de medidas a favor de los niños, derecho a la educación y acceso a la vida cultural.

La solicitante afirmó que se habría generado una presunta discriminación hacia su hijo menor de edad, a quien se le habría impedido participar en varias competencias de fútbol organizadas por la Federación Deportiva Nacional del Ecuador en los años 2011, 2012 y 2013; supuesta discriminación dada por su condición de refugiado y en razón que no pudo contar con una cédula de identidad, requisito contemplado para participar en ese tipo de competencias.

El Estado alegó que a la fecha en que ocurrieron los hechos, el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se encontraba vigente para el Ecuador, motivo por el cual el Comité no podía tramitar esta causa. En igual sentido, el Estado demostró que la señora Peña Maje en el ámbito interno contaba con recursos adecuados y efectivos para subsanar la presunta vulneración a los derechos de participación de su hijo, recursos que no fueron interpuestos. A su vez, el Estado señaló que las alegaciones carecían de sustento probatorio para acreditar los hechos que habrían originado las supuestas violaciones. Así mismo, Ecuador con sólidos argumentos jurídicos, desvaneció las presuntas violaciones alegadas en relación al derecho a la educación, la práctica de deportes y no discriminación.

El 20 de junio de 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, acogiendo los argumentos de defensa del Estado ecuatoriano, declaró en su dictamen la inadmisibilidad de la comunicación presentada por la señora Peña Maje en virtud de que la denunciante no agotó los recursos adecuados y efectivos, en el ámbito interno.
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• EQUIPO JURÍDICO •
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 title productos

 

La Dirección Nacional de Derechos Humanos, para ejercer la representación y defensa judicial y cuasijudicial del Estado ante Organismos Internacionales de Derechos Humanos, se encarga de los siguientes productos y servicios :

 

1. Escritos relacionados a demandas, contestación a demandas, pruebas, diligencias, alegatos, sentencias, resoluciones, recomendaciones, recursos y otros.
2. Acuerdos de solución amistosa y de cumplimiento.
3. Registro de las causas de derechos humanos que competan a la Dirección.
4. Informes periódicos que el Estado presenta, de conformidad con el Art. 19 numeral primero del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
5. Plan Operativo Anual de la Dirección.
6. Informe de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Dirección.


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title normativa

 

Para el desarrollo de la gestión que lleva adelante la Dirección Nacional de Derechos Humanos, se considera, además de lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, las principales Declaraciones y Convenios sobre Derechos Humanos y la normativa básica aplicable a cada caso. De conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, se aplica, entre otras, las siguientes normas publicadas en el Registro Oficial:

 

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969.
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, publicado en el Registro Oficial 101 de 24 de enero de 1969.
3. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, publicada en el Registro Oficial No. 140, de 14 de octubre de 1966.
4. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969.
5. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, publicada en el Registro Oficial No. 132 del 2 de diciembre de 1981.
6. La Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José” publicada en el Registro Oficial No. 801 del 6 de agosto de 1984.
7. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, publicada en el Registro Oficial No. 924 de 28 de mayo de 1988.
8. La Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Registro Oficial No. 31 de 22 de septiembre de 1992.
9. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos y culturales “Protocolo de San Salvador”, publicada en el Registro Oficial No. 175 de 23 de abril de 1993.
10. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, publicada en el Registro Oficial No. 360 de 13 de enero de 2000.

 

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CASOS SENTENCIADOS EN CORTE

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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS


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