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El 24 de mayo de 2022, un tribunal arbitral internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje dictó su laudo final en el arbitraje planteado el 6 de abril de 2018 por la compañía Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. (Gente Oil) en contra de la República del Ecuador, conforme con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1976.

La compañía Gente Oil fue parte del consorcio DGC conformado por la Empresa Dygoil y Gente Oil, adjudicatario del Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (petróleo crudo), en el Bloque Singue de la Región Amazónica Ecuatoriana. La controversia internacional surgió del supuesto incumplimiento por parte de Ecuador de varias de sus obligaciones bajo el Contrato.

De una pretensión inicial de Gente Oil, de aproximadamente USD 92 millones, el laudo condenó al Ecuador al pago de alrededor de USD 11 millones, con lo cual, Gente Oil consiguió apenas el 11% de los daños que solicitaba al tribunal, en razón de los siguientes incumplimientos contractuales: daños por restricciones de transporte, costos por frustración de solución integral (adquisición de tubería), daños por la resolución 281 (disminución del ingreso disponible), entre otros. 

La condena al Estado en el arbitraje internacional no incide en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juzgamiento de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia dentro del caso Singue por el delito de peculado ni en los recursos de apelación planteados, por cuanto los hechos que conforman el supuesto delito en este juicio penal no han sido objeto de análisis y resolución por parte del tribunal arbitral en el caso Gente Oil contra Ecuador.

La Procuraduría General del Estado planteará una acción de anulación del laudo ante los tribunales de Santiago de Chile, sede del arbitraje.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL 

En el juicio que sigue el Ecuador en contra de los hermanos William y Roberto Isaías Dassum para recuperar el dinero que ellos adeudan como propietarios y administradores de Filanbanco, la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida (Estados Unidos) celebró una audiencia, este 10 de mayo de 2022, con la finalidad de tratar la apelación de la sentencia de primera instancia que desechó la demanda.

El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, compareció ante la Corte de Apelaciones como parte del ejercicio legítimo del derecho que le asiste al Ecuador, según la legislación de Florida, de apelar la decisión del juez y así proteger los intereses del Estado ecuatoriano.

Ecuador demostró que la Corte de primera instancia incurrió en error al pronunciarse sobre temas de derecho ecuatoriano sin basarse en el expediente. Además, alegó que esa Corte había determinado equivocadamente que los juicios ante las cortes ecuatorianas trataron las mismas cuestiones litigadas en Florida y erró al considerar que las sentencias ecuatorianas emitidas dentro de los procesos de insolvencia de los hermanos Isaías son inamovibles.

Esta es la tercera vez que el proceso sube a instancia de apelación. En las dos ocasiones anteriores hubo decisiones favorables para el Estado ecuatoriano.

Con seis votos a favor, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional archivó, este 3 de mayo de 2022, el pedido de juicio político al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, por no cumplir con los requisitos previstos en la Constitución y la ley.

El 4 de octubre de 2021, el asambleísta Ferdinan Álvarez Zambrano, de la bancada de UNES, presentó la solicitud de juicio político en contra del Procurador, con base a supuestos incumplimientos relacionados con la defensa en el caso Perenco, el criterio emitido en el tema CIADI, las absoluciones de consultas a organismos del Estado y la defensa en el caso Chevron.

El archivo del pedido de juicio político deja sin efecto las aludidas imputaciones, las mismas que nunca tuvieron un sustento fáctico ni asidero jurídico. Más allá de dicho proceso, esta Procuraduría ratifica su compromiso de continuar realizando una defensa jurídica inquebrantable contra la corrupción y la impunidad en los delitos que han atentado contra la administración pública y los recursos del Estado ecuatoriano.

En este sentido, este organismo de control legal seguirá velando por el cumplimiento del ordenamiento jurídico e impulsando iniciativas como la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Repetición, con el fin de agilizar los procedimientos que permitan la recuperación efectiva de los recursos públicos afectados por las malas actuaciones de servidores públicos.

Finalmente, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, continuará compareciendo a los pedidos de información y fiscalización que impulse la Asamblea Nacional o cualquier otro organismo de control, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.