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Dentro de la Acción de Protección No. 09287-2022-00338T, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas, resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por los hermanos Willian y Roberto Isaías Dassum. Por tanto, declaró sin lugar su acción, acogiendo los argumentos presentados por la Procuraduría General del Estado.   

Recordemos que, con esa acción, los hermanos Isaías Dassum pretendían beneficiarse de una medida cautelar que prohíba la inscripción o marginación de cualquier acto traslaticio de dominio sobre un grupo de terrenos ubicados en los cantones Durán, Yaguachi y El Triunfo.  

Esta Procuraduría, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, continuará con la defensa de los intereses del Estado ecuatoriano.

El Tribunal de Ejecución que conoce el proceso No. 17721-2017-00204, seguido en contra del excontralor Carlos Pólit Faggioni por el cometimiento del delito de concusión, atendiendo la petición e insistencias de la Procuraduría General del Estado, emitió este 2 de junio de 2022 el mandamiento de ejecución para que dicho sentenciado pague al Estado ecuatoriano cuarenta millones cuatrocientos mil dólares, fijados en sentencia como indemnización.

Fenecido el término de cinco días para el pago y en caso de que el condenado no cumpla con esa obligación, la Procuraduría General del Estado solicitará el inmediato inicio del procedimiento de ejecución forzosa.

Finalmente, la Procuraduría no cejará en su trabajo de hacer cumplir lo dispuesto en las sentencias dictadas por los jueces competentes y, de este modo, restituir el daño ocasionado al Estado ecuatoriano.

El 24 de mayo de 2022, un tribunal arbitral internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje dictó su laudo final en el arbitraje planteado el 6 de abril de 2018 por la compañía Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. (Gente Oil) en contra de la República del Ecuador, conforme con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1976.

La compañía Gente Oil fue parte del consorcio DGC conformado por la Empresa Dygoil y Gente Oil, adjudicatario del Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (petróleo crudo), en el Bloque Singue de la Región Amazónica Ecuatoriana. La controversia internacional surgió del supuesto incumplimiento por parte de Ecuador de varias de sus obligaciones bajo el Contrato.

De una pretensión inicial de Gente Oil, de aproximadamente USD 92 millones, el laudo condenó al Ecuador al pago de alrededor de USD 11 millones, con lo cual, Gente Oil consiguió apenas el 11% de los daños que solicitaba al tribunal, en razón de los siguientes incumplimientos contractuales: daños por restricciones de transporte, costos por frustración de solución integral (adquisición de tubería), daños por la resolución 281 (disminución del ingreso disponible), entre otros. 

La condena al Estado en el arbitraje internacional no incide en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juzgamiento de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia dentro del caso Singue por el delito de peculado ni en los recursos de apelación planteados, por cuanto los hechos que conforman el supuesto delito en este juicio penal no han sido objeto de análisis y resolución por parte del tribunal arbitral en el caso Gente Oil contra Ecuador.

La Procuraduría General del Estado planteará una acción de anulación del laudo ante los tribunales de Santiago de Chile, sede del arbitraje.

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