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Rendición de Cuentas 2021 - Procuraduría General del Estado 

Sobre la consulta de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado

El artículo 1 del Decreto Legislativo No. 103 publicado en el Registro Oficial No. 996 de 9 de agosto de 1988 dispone que la Junta de Beneficencia de Guayaquil es una “entidad del Sector Público Autónoma”. Por otro lado, la Ley de Impuestos para la Junta de Beneficencia de Guayaquil publicada en el Registro Oficial No. 068 de 30 de noviembre de 1920, le asigna recursos públicos para su financiamiento.

Con esos antecedentes, la Procuraduría General del Estado atendió dos consultas presentadas por esa entidad. La primera mediante oficio No. 05937 de 3 de febrero de 2009, sobre la sujeción de la Junta de Beneficencia de Guayaquil a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y, la segunda, mediante oficio No. 07017 de 13 de diciembre de 2019, sobre la aplicación de las normas previstas en la Ley de Turismo que regulan las actividades económicas definidas por esa norma como actividades de turismo.

Recordemos que, sobre este último tema, la Consulta Popular de 7 de mayo de 2011 prohibió toda clase de locales de juegos y apuestas con fines de lucro, que generó la incorporación en el COIP del artículo 236, que dispone: “Casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar.- La persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La persona que con afán de lucro lleve a cabo las actividades señaladas en el inciso anterior, simulando que las efectúa sin fines de lucro, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Serán comisados los instrumentos, productos o réditos utilizados u obtenidos por el cometimiento de la infracción”.

El pronunciamiento de la Procuraduría de 13 de diciembre de 2019 examinó las disposiciones contempladas en la Ley de Turismo en relación a las actividades turísticas; en el COOTAD respecto de las competencias de los GAD para desarrollar, controlar, promover y regular la actividad turística cantonal y la Resolución del Consejo Nacional de Competencias que otorgó facultades para el desarrollo de actividades turísticas a los GAD municipales. Por otro lado, se analizó que la Ley no define al “azar” o los “juego de azar”. El Diccionario jurídico reconoce al “azar” como sinónimo de casualidad o suerte y, al “juego de azar” como “El ajeno en absoluto a la habilidad o destreza del jugador”. Por otro lado, se consideró el principio de legalidad que rige en materia penal y la prohibición de interpretar por analogía prevista en el artículo 13 del COIP.

Finalmente, se concluyó que la Ley de Turismo y el COOTAD contienen regulaciones sobre actividades económicas permitidas en materia de turismo y sujetas al otorgamiento de los permisos respectivos y sujetas al control de las autoridades públicas competentes, por lo que, el tipo penal previsto en el artículo 236 del COIP, debe entenderse de forma literal y restringida.

 Oficio07017

Caso Sobornos

Procuraduría General del Estado recupera bienes de los sentenciados

Mediante escrito de 24 de febrero de 2022, la Procuraduría General del Estado informó al Tribunal de Ejecución del Caso Sobornos que el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil, inscribió el comiso a nombre del Estado ecuatoriano de varios bienes de Rafael Vicente Correa Delgado, Alexis Javier Mera Giler, Walter Hipólito Solís Valarezo, Roldán Vinicio Alvarado Espinel, Viviana Patricia Bonilla Salcedo, Christian Humberto Viteri López, Bolívar Napoleón Sánchez Rivadeneira y Pedro Vicente Verduga Cevallos, sentenciados por el delito de cohecho en el Caso Sobornos. La propiedad sobre estos bienes le corresponde actualmente al Estado ecuatoriano conforme consta en los certificados de gravámenes. 

En el mismo escrito, con fundamento en el artículo 377 del COGEP, la Procuraduría solicitó al Tribunal que disponga el embargo inmediato de varios bienes muebles e inmuebles que logró identificar y ubicar en otros cantones del país, registrados a nombre de los condenados.  

La Procuraduría General del Estado, responsable del proceso de ejecución, no cejará en su tarea para que los sentenciados por casos de corrupción cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país, garantizando de este modo la eficacia de la administración de justicia.