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Al Procurador General del Estado le preocupa la votación en relación al Proyecto de Ley Orgánica de Repetición 

Este 17 de febrero de 2022, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado no aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Repetición presentado por iniciativa del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, en julio de 2021. El objetivo de esta Ley es crear un marco normativo moderno y ágil que permita ejercer el derecho de repetición en contra de quienes causaron perjuicios económicos al Estado en el ejercicio de un cargo público.

Pese al apoyo del Presidente y de varios legisladores de la Comisión, los cuatro votos de la bancada de UNES, sin argumento jurídico que sustente su razón para oponerse a esta iniciativa, sumada una abstención, impidió que la Comisión aprobara dicho informe. El tratamiento de este importante proyecto de Ley para el país, queda suspendido.  

El Procurador General del Estado alerta que “lo ocurrido hoy es un boicot de los asambleístas de UNES, a quienes no les interesa la recuperación de los recursos del Estado y defienden a ultranza a sus líderes, quienes provocaron que el país pague cuantiosos recursos por decisiones arbitrarias en contra de la Constitución y la Ley”.

El Procurador General del Estado, vocero de un clamor ciudadano unánime, exhorta a los asambleístas que votaron en contra del proyecto de Ley a reconsiderar su decisión, lo que permitirá que el país cuente en breve con un instrumento legal ágil y efectivo para restituir al Estado sus recursos públicos.

Caso Murphy: Procuraduría General del Estado insta al Ministerio de Energía y Recursos Naturales a ejercer la acción de repetición por pago a petrolera estadounidense

La Procuraduría General del Estado, mediante oficio de 28 de enero de 2022, instó al ingeniero Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales, a ejercer de manera inmediata la acción de repetición respecto al pago que realizó el Estado ecuatoriano a la empresa Murphy Exploration & Production Company – International.

Recordemos que, en el año 2011, la petrolera inició un procedimiento de arbitraje en contra del Ecuador bajo las Reglas de UNCITRAL, acción en la que alegó haber sufrido  perjuicios como efecto de la promulgación de la Ley No. 42, expedida en el año 2006, que incrementó a 50% la participación del Estado sobre las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras, porcentaje que fue elevado al 99%  mediante Decreto Ejecutivo No. 662 del año 2007, suscrito por Rafael Correa Delgado.

En el año 2017, el Tribunal Arbitral condenó al Estado ecuatoriano a pagar una indemnización de USD 19,9 millones de dólares más intereses a la empresa Murphy. El Ecuador pagó en tres cuotas entre agosto y octubre de 2018.

Finalmente, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Energía y Recursos no Renovables “informar sobre el estado de ese proceso y, en adelante, comunicar periódicamente a esta procuraduría de los avances de ese trámite”. Además, indicó que “en caso de que esa cartera del Estado no ejecute la acción de repetición, en ejercicio de las competencias previstas en la Constitución de la República y la Ley, le corresponderá al Procurador General del Estado incoarla en contra de quienes incumplieron con esa obligación”.

Caso OXY:

Procuraduría insta a EP Petroecuador a ejercer inmediatamente la acción de repetición por millonario pago a empresa petrolera estadounidense

La Procuraduría General del Estado, mediante oficio de 28 de enero de 2022 dirigido al ingeniero Ítalo Cedeño, gerente general de EP Petroecuador, instó a ejercer, de manera inmediata, la acción de repetición respecto del pago que realizó el Estado ecuatoriano en favor de la empresa Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Production Company C. República del Ecuador  (OXY).

Recordemos que, en el año 2006, esa empresa inició un arbitraje de inversiones en contra del Ecuador con fundamento en la declaratoria de caducidad del contrato de participación que mantenía para la exploración y explotación del Bloque 15 en la región amazónica. El Comité del Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) en el año 2015 dictó su laudo por USD $ 1.061 millones de dólares en favor de la petrolera. El 7 de enero de 2016 la República del Ecuador y OXY suscribieron un acuerdo de pago que incluyó nueve cuotas que fueron canceladas entre febrero y junio de 2016.

La Procuraduría solicitó a EP Petroecuador informar sobre el estado de ese proceso y, en adelante, comunicar periódicamente los avances de ese trámite. Además, informó que “en caso de que esa entidad del Estado no ejecute la acción de repetición, en ejercicio de las competencias previstas en la Constitución de la República y la Ley, le corresponderá al Procurador General del Estado incoarla en contra de quienes incumplieron con esa obligación”.

Procurador General del Estado presenta denuncia contra legislador de UNES, Ferdinan Álvarez

El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, presentó la mañana de este miércoles ante la Fiscalía del Estado una denuncia contra el legislador Ferdinan Álvarez, de la bancada de UNES, por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida.

El asambleísta Álvarez, quien el 4 de octubre de 2021 solicitó el enjuiciamiento político del Procurador General del Estado, en declaraciones públicas difundió el contenido del oficio reservado No. 203 R de 1 de julio de 2021, remitido por el Procurador General del Estado al Presidente de la República, en relación al proceso de ejecución del laudo arbitral dictado en el caso Perenco.

El referido oficio reservado se encuentra protegido bajo las normas de reserva y confidencialidad que amparan su emisión de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Administración y Custodia del Fondo Documental de la PGE, en concordancia con el inciso primero del artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que disponen la reserva de los documentos declarados por la autoridad.

En consecuencia, se presume que el asambleísta Álvarez de UNES ha difundido de manera ilícita información protegida por la reserva y confidencialidad, acción que se encuentra tipificada por el Código Orgánica Integral Penal en sus artículos 180 y 472, y sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El Procurador General del Estado, luego de la entrega oficial de la denuncia, exhortó a la Fiscalía a realizar las investigaciones pertinentes.

“Que no se vaya a alegar que estoy tratando de impedir el derecho a fiscalizar que tienen los asambleístas. Yo estoy listo a someterme al control político y a la fiscalización de la Asamblea Nacional, siempre que sean ejercidos lícitamente y no a través del cometimiento de delitos”, dijo el Procurador.

“El juicio político solicitado por la bancada de UNES no es sino un acto de retaliación por haber presentado acusación particular en varios procesos penales que involucran a los jerarcas del correísmo y por exigir la repetición de las indemnizaciones que el Ecuador ha sido condenado a pagar como resultado de actos ilegales perpetrados durante el gobierno de Rafael Correa, como es la ordenada en el laudo del caso Perenco”, añadió.