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Caso OXY: Procuraduría insta a EP Petroecuador a ejercer inmediatamente la acción de repetición por millonario pago a empresa petrolera estadounidense
Caso OXY:
Procuraduría insta a EP Petroecuador a ejercer inmediatamente la acción de repetición por millonario pago a empresa petrolera estadounidense
La Procuraduría General del Estado, mediante oficio de 28 de enero de 2022 dirigido al ingeniero Ítalo Cedeño, gerente general de EP Petroecuador, instó a ejercer, de manera inmediata, la acción de repetición respecto del pago que realizó el Estado ecuatoriano en favor de la empresa Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Production Company C. República del Ecuador (OXY).
Recordemos que, en el año 2006, esa empresa inició un arbitraje de inversiones en contra del Ecuador con fundamento en la declaratoria de caducidad del contrato de participación que mantenía para la exploración y explotación del Bloque 15 en la región amazónica. El Comité del Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) en el año 2015 dictó su laudo por USD $ 1.061 millones de dólares en favor de la petrolera. El 7 de enero de 2016 la República del Ecuador y OXY suscribieron un acuerdo de pago que incluyó nueve cuotas que fueron canceladas entre febrero y junio de 2016.
La Procuraduría solicitó a EP Petroecuador informar sobre el estado de ese proceso y, en adelante, comunicar periódicamente los avances de ese trámite. Además, informó que “en caso de que esa entidad del Estado no ejecute la acción de repetición, en ejercicio de las competencias previstas en la Constitución de la República y la Ley, le corresponderá al Procurador General del Estado incoarla en contra de quienes incumplieron con esa obligación”.
Procurador General del Estado presenta denuncia contra legislador de UNES, Ferdinan Álvarez
Procurador General del Estado presenta denuncia contra legislador de UNES, Ferdinan Álvarez
El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, presentó la mañana de este miércoles ante la Fiscalía del Estado una denuncia contra el legislador Ferdinan Álvarez, de la bancada de UNES, por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida.
El asambleísta Álvarez, quien el 4 de octubre de 2021 solicitó el enjuiciamiento político del Procurador General del Estado, en declaraciones públicas difundió el contenido del oficio reservado No. 203 R de 1 de julio de 2021, remitido por el Procurador General del Estado al Presidente de la República, en relación al proceso de ejecución del laudo arbitral dictado en el caso Perenco.
El referido oficio reservado se encuentra protegido bajo las normas de reserva y confidencialidad que amparan su emisión de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Administración y Custodia del Fondo Documental de la PGE, en concordancia con el inciso primero del artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que disponen la reserva de los documentos declarados por la autoridad.
En consecuencia, se presume que el asambleísta Álvarez de UNES ha difundido de manera ilícita información protegida por la reserva y confidencialidad, acción que se encuentra tipificada por el Código Orgánica Integral Penal en sus artículos 180 y 472, y sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
El Procurador General del Estado, luego de la entrega oficial de la denuncia, exhortó a la Fiscalía a realizar las investigaciones pertinentes.
“Que no se vaya a alegar que estoy tratando de impedir el derecho a fiscalizar que tienen los asambleístas. Yo estoy listo a someterme al control político y a la fiscalización de la Asamblea Nacional, siempre que sean ejercidos lícitamente y no a través del cometimiento de delitos”, dijo el Procurador.
“El juicio político solicitado por la bancada de UNES no es sino un acto de retaliación por haber presentado acusación particular en varios procesos penales que involucran a los jerarcas del correísmo y por exigir la repetición de las indemnizaciones que el Ecuador ha sido condenado a pagar como resultado de actos ilegales perpetrados durante el gobierno de Rafael Correa, como es la ordenada en el laudo del caso Perenco”, añadió.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL
Caso Cohecho Petroecuador: Procuraduría General del Estado identifica nuevos bienes a nombre de Alex Bravo y solicita su embargo
Caso Cohecho Petroecuador: Procuraduría General del Estado identifica nuevos bienes a nombre de Alex Bravo y solicita su embargo
La Procuraduría General del Estado solicitó al Tribunal de Ejecución del caso Cohecho Petroecuador que ordene el embargo sobre nuevos bienes registrados a nombre del exgerente de Petroecuador Alex Bravo Panchano, quien fue sentenciado en este caso por delito de cohecho.
Las propiedades, que se encuentran en el cantón Esmeraldas, son:
- Dos lotes de terreno identificados con los números 6 y 11, cada uno de 98 metros cuadrados, ubicados en la urbanización Julio Estupiñan Tello de la parroquia Simón Plata Torres.
- Tres lotes de terreno identificados con los números 9, 10 y 11, cada uno de 160 metros cuadrados, ubicados en el barrio La Habana de la parroquia Tachina.
En este mismo caso, la Procuraduría recuperó tres inmuebles localizados en el cantón Esmeraldas, avaluados en USD 240.000,00, cuya propiedad le corresponde ahora al Estado ecuatoriano.
Finalmente, la Procuraduría General del Estado no cejará en sus esfuerzos para que los sentenciados en este y otros procesos subsanen el daño ocasionado y, de esa manera, se garantice la eficacia de la resolución dictada por la Función Judicial.
Acceda a la solicitud de embargo aquí:
Ante la muerte de Ricardo Rivera Arauz, la Procuraduría General del Estado toma acciones inmediatas
Ante la muerte de Ricardo Rivera Arauz, la Procuraduría General del Estado toma acciones inmediatas
La Procuraduría General del Estado no cejará en sus esfuerzos para garantizar la eficacia de la sentencia dictada por la Función Judicial que condenó al señor Rivera Arauz a reparar materialmente al Estado ecuatoriano por sus actos de corrupción en varios casos, entre otros, ODEBRETCH.
Al respecto, el 17 de enero de 2022, se solicitó la prohibición de enajenar, retención y secuestro de los bienes a nombre del sentenciado recientemente fallecido Ricardo Rivera Arauz, toda vez que la obligación impuesta por la justicia ecuatoriana de reparar integralmente al Estado no se extingue por su muerte.
La Procuraduría continuará con la ejecución de la sentencia y perseguirá los bienes que consten a nombre de todos los sentenciados hasta recuperar los montos de la indemnización que deben restituir al país.
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