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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 20 de julio de 2020
UCS/147

 

La Procuraduría inicia ciclo de cursos virtuales sobre la Responsabilidad Internacional del Estado en derechos humanos

La Procuraduría General del Estado, inició este 20 de julio, el curso virtual sobre la Responsabilidad Internacional del Estado en Derechos Humanos con los funcionarios del Ministerio de Educación.  La inauguración estuvo presidida por el subprocurador, Diego Regalado y el viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga.

El encuentro se llevará a cabo por la plataforma Zoom y tendrá una duración de 20 horas, distribuidas en tres semanas. Participan 50 funcionarios de las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Napo e Imbabura.

Entre los instructores de la Procuraduría se encuentran María Fernanda Álvarez, Directora Nacional de Derechos Humanos y los abogados Carlos Espín, Alonso Fonseca, María Fernanda Narváez, Amparo Esparza, Rodrigo Varela, Mirella Tonato y Gabriela Alencastro.

El curso tiene el objetivo de transmitir los conocimientos y herramientas acerca de los conceptos básicos de derechos humanos. El taller es parte de varias jornadas de capacitación que se realizarán con otras instituciones.

Dentro de sus competencias, la Procuraduría ejerce la representación y defensa del interés público, garantiza la seguridad jurídica del Estado y asesora a las instituciones. En ese contexto, y bajo la directriz del Procurador Íñigo Salvador, la institución capacita y da asesoría legal preventiva a los equipos jurídicos de las entidades públicas del país. 

 

 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL

Telf. 2941300 Ext. 2321

 

BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 17 de julio de 2020
UCS/146

Procuraduría General del Estado y MINTEL formalizan cooperación sobre capacidad tecnológica

 La Procuraduría General del Estado suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) para coordinar esfuerzos en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la PGE (PROFIP).

La firma del acuerdo permitirá desarrollar una activa colaboración en el impulso de una de las actividades estratégicas del PROFIP: la estructuración e implementación de la Agenda Digital de la Procuraduría.

El instrumento prevé una cooperación interinstitucional en el plazo de cuatro años.​

 
 
 
 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL
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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 13 de julio de 2020
UCS/145

 

La Procuraduría es acusadora particular en dos casos que involucran a la Secom

Durante esta semana, la Procuraduría General del Estado compareció como acusadora particular en dos procesos penales: el primero fue la audiencia de juicio que se realizó este 15 de julio por el caso Secom I (F. Alvarado y otros) por el presunto delito de peculado; el segundo fue al día siguiente, cuando se reinstaló la audiencia preparatoria del caso Secom II (G. Pacheco y otros) por el presunto delito de tráfico de influencias.
 
En el caso Secom I (F. Alvarado y otros), la Contraloría General del Estado emitió el informe con indicios de responsabilidad penal No. DNA4-0004-2018, en el que se analizaron los gastos y procesos de contratación realizados por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos realizados entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.
 
En tanto, el caso Secom II (G. Pacheco y otros) se refirió al convenio interinstitucional, suscrito entre la Secretaría Nacional de comunicación y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para la cobertura de la visita del Papa Francisco al país. Para esta actividad, la Secom suscribió un convenio de pago por USD 89.600,00 con Televisión Satelital S.A. que se encargó de registrar la visita papal. En este proceso, la Contraloría General del Estado también emitió un informe con indicios de responsabilidad penal.
 
En estos casos, el equipo de la Procuraduría General del Estado participó en todas las etapas en defensa del Estado ecuatoriano, ratificando la lucha efectiva contra la corrupción.

 
 
 
 
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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 8 de julio de 2020
UCS/144

 

Caso Banco Continental/Ortega-Trujillo: La Corte de Bancarrota del Distrito del Sur de la Florida acogió los argumentos presentados por el Ecuador y negó la bancarrota solicitada por Leonidas Ortega

Luego de la presentación de múltiples escritos y la realización de varias audiencias, la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de la Florida aceptó en su totalidad los argumentos presentados por la Procuraduría General del Estado y estableció que la actuación de Leonidas Ortega Trujillo -para beneficiarse de la protección de la bancarrota- fue deshonesta, por lo que le negó su intención de evitar el pago de USD 191’953.517,50  de la sentencia en favor del Interamerican Asset Management Fund (IAMF), de propiedad del Banco del Pacífico.
 
En el caso Banco Continental/Trujillo Ortega, la institución asumió la defensa dentro del proceso N° ‪1996-648 iniciado por el Banco Central del Ecuador, el Interamerican Asset Management Fund (IAMF), el Banco Continental y el Banco Continental Overseas NV en contra de Conticorp S.A., Luis Alberto, Leonidas y Jaime Ortega Trujillo ante las cortes de Nassau (Bahamas) por la transferencia ilegal de una cartera de préstamos en perjuicio del IAMF.
 
El proceso tuvo una decisión final en el Consejo Privado de la Reina en Reino Unido (el 23 de mayo de 2015) en la cual se dispuso a los demandados el pago de USD 191’953.517,50 por indemnización de daños, más intereses y costas a favor del IAMF.
 
A partir de ello, la Procuraduría General del Estado inició acciones de reconocimiento y ejecución de la sentencia en los Estados Unidos.
 
El 15 de junio de 2015, Leonidas Ortega Trujillo presentó una solicitud ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de la Florida para declararse voluntariamente en bancarrota, en su calidad de deudor de la sentencia emitida por el Consejo Privado de la Reina de Inglaterra. Con esta acción pretendía alcanzar la protección de la corte de los Estados Unidos para que no se ejecutara la sentencia en su contra.
 
El 14 de julio de 2015, el IAMF, representada por la Procuraduría General del Estado, presentó la demanda de oposición al proceso de bancarrota y solicitó a la Corte que rechazara el pedido de que se lo releve de responsabilidad respecto de la sentencia del Consejo Privado.
 
Con la reciente decisión de la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de la Florida, el Estado ecuatoriano podrá continuar con las acciones necesarias para ejecutar la sentencia contra Leonidas Ortega Trujillo.

 
 
 
 
 
 
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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 1 de julio de 2020
UCS/143

 

Caso Sobornos 2012-2016: Procuraduría General del Estado solicitó que se desestime los recursos propuestos por los sentenciados y que se ratifique la decisión del tribunal

 

Durante los días 24, 29, 30 de junio y 1 julio de 2020 se llevó a cabo, en la Corte Nacional de Justicia, la audiencia de apelación de la sentencia de primera instancia, dentro del Caso Sobornos 2012- 2016.
 
En este proceso, el Estado ecuatoriano, como perjudicado por los actos de corrupción, está representado y defendido por el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo y su equipo.
 
El Tribunal dispuso que primero intervengan los sujetos procesales que interpusieron el recurso de apelación; es decir, los veinte sentenciados, en orden alfabético, y luego la Procuraduría General del Estado.
 
Hoy, la Fiscalía General inició con la réplica a los recursos presentados por los procesados. Luego intervino el Procurador quien indicó lo siguiente:
  • El tribunal de juicio analizó en conjunto todas las pruebas documentales, periciales y testimoniales con las que se demostró la culpabilidad de los procesados.
  • El criterio del tribunal, tras el análisis de todo el acervo probatorio actuado en la audiencia de juicio, es que se comprobó el delito de cohecho pasivo propio agravado. Existe compatibilidad entre el delito imputado a los procesados y la sentencia debido a que los hechos fijados desde la audiencia de formulación de cargos y delimitados en la audiencia preparatoria, han coexistido con la acusación fiscal.
  • De igual forma, los cargos por los cuales la Fiscalía formuló la acusación son los hechos por los que se llamó a juicio. Son elementos que fueron discutidos en la audiencia y señalados por el tribunal al emitir su sentencia.
  • El tribunal, tras un análisis exhaustivo, determinó que en este delito de cohecho los funcionarios públicos o intraneus infringieron su obligación de proteger a la administración pública de la cual eran garantes. Por su parte, los empresarios o extraneus contribuyeron al quebrantamiento de deberes especiales y defraudación de expectativas positivas de actuación por parte del intraneus.
La Procuraduría, como acusadora particular del delito de cohecho dentro del Caso Sobornos 2012-2016, ratifica su compromiso de defensa del patrimonio del Estado y su lucha contra la corrupción.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL
Telf. 2941300 Ext. 2321
  1. Hitos en la defensa jurídica del Estado ecuatoriano
  2. Procurador pide reglas claras para pagos por concepto de indemnización que deberán hacer los sentenciados en caso Sobornos
  3. La Procuraduría General del Estado se prepara para el retorno paulatino al trabajo presencial
  4. El Centro de mediación de la Dirección Regional de Loja ha atendido 38 audiencias en tiempos de pandemia

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