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El Procurador General del Estado promueve el empoderamiento de la mujer en cargos directivos
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 04 de junio de 2020
UCS/124
El Procurador General del Estado promueve el empoderamiento de la mujer en cargos directivos
Como parte de una política impulsada por el señor Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, esta institución cuenta con la participación mayoritaria de mujeres en altos cargos directivos.
Con la flamante posesión de la Directora Regional de Chimborazo, Leonor Holguín, tres de cinco (60%) direcciones regionales y cinco de siete (70%) direcciones nacionales misionales están lideradas por mujeres.
En cuanto a todo el personal que integra la Procuraduría se ha alcanzado la equidad de género: el 46,94% pertenece al género femenino. Asimismo, de todos los coordinadores y directores registrados, el 50% son mujeres.
La diversidad de género dentro de una institución contribuye a la mejora organizacional en todo sentido, en materia de creatividad, de innovación y de apertura. Por lo que, el doctor Íñigo Salvador Crespo busca incentivar la igualdad de género y hacerlo en el camino del respeto. “Todo lo que un hombre competente hace bien, una mujer igualmente competente lo hace mejor, pues añade la fortaleza y la intuición propias de su femineidad”, exhortó el Procurador.
Para el Procurador General del Estado, esta política nos ubica unos pasos más adelante en su objetivo de alcanzar el fortalecimiento institucional que encabeza su gestión, en términos de eficacia y eficiencia de los trabajadores al servicio del país. Además de fomentar un mejor clima laboral por parte de este organismo del Estado.
Cabe señalar que la Procuraduría se organiza de dos maneras: mediante los procesos sustantivos o misionales, que son su razón de ser. Sus responsabilidades están determinadas en el artículo 237 de la Constitución, en cuanto a la representación y patrocinio del Estado, asesoramiento legal, absolución de consultas y control de legalidad; y se ejercen mediante las direcciones de Patrocinio Nacional, Asuntos Internacionales y Arbitraje, Derechos Humanos, Consultoría, Control de Legalidad, Iniciativa Legislativa y Mediación.
En cambio, los procesos adjetivos o de apoyo facilitan el desarrollo de las actividades que integran los procesos sustantivos, estos son: financiero, administrativo, coordinación institucional, comunicación, talento humano, secretaría general y planificación.
Las funcionarias que desempeñan la mayoría de altos cargos directivos son las siguientes:
DIRECCIONES MISIONALES:
Ab. María Fernanda Álvarez Alcívar
Directora Nacional de Derechos Humanos
Esta dirección ejerce la representación judicial y la defensa del Estado ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, precautelando el interés del Estado ecuatoriano.
Ab. María Gabriela Muñoz Crespo
Directora Nacional de Mediación
Lidera el Centro de Mediación de la PGE donde se resuelven conflictos con entidades del sector público, situación que ha generado confianza entre los usuarios.
Dra. Ana María Rosero Rivas
Directora Nacional de Consultoría
Esta dirección prepara los proyectos de pronunciamientos, mediante los cuales el señor Procurador absuelve las consultas formuladas por las máximas autoridades del sector público.
Dra. Claudia Helena Salgado Levy
Directora Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje
Su responsabilidad se enfoca en participar de forma activa en el desarrollo de los procesos arbitrales internacionales y procesos en jurisdicción extranjera.
Dra. Rosa Jacqueline Álvarez Ulloa
Directora Nacional de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas
Esta dependencia tiene el reto de consolidarse como una instancia técnica de revisión normativa y contribuir con investigaciones jurídicas en el ámbito de las competencias de la Procuraduría.
DIRECCIONES REGIONALES:
Dra. Ruth Susana Averos Jaramillo
Directora Regional del Azuay (Cuenca, Azogues y Macas)
Esta dirección ejerce el patrocinio del Estado y sus instituciones; el asesoramiento legal, la absolución de consultas y la prestación de servicios en el Centro de Mediación en Cuenca.
Dra. Leonor Helena Holguín Bucheli
Directora Regional de Chimborazo (Riobamba y Ambato)
En representación y defensa del Estado ecuatoriano, esta dirección participa en procesos penales, civiles, laborales, constitucionales, contenciosos administrativos y tributarios; además de arbitrajes y mediación.
Ab. Ana Cristina Vivanco Eguiguren
Directora Regional de Loja (Loja y Zamora Chinchipe)
Los abogados de esta dirección acuden a audiencias asistidas, atienden demandas, llegan a acuerdos en mediaciones, entre otras acciones a favor del Estado ecuatoriano.
COORDINACIONES:
Lcda. Vanessa Acuña Mantilla
Coordinadora Institucional (E)
Coordina los procesos necesarios para la comunicación interna y externa de la Procuraduría, monitorea la gestión institucional y facilita a los usuarios el acceso a la información que se genera por parte de la entidad.
Ing. Gabriela Falconí Paredes
Coordinadora Nacional de Planificación
La funcionaria dirige las actividades institucionales de planificación de corto, mediano y largo plazo. Formula planes, programas y proyectos, utilizando para el efecto herramientas técnicas de planificación e implementa la gestión por procesos en la institución.
Ing. Andrea Nataly Herdoíza Ricaurte
Directora Nacional de Planificación e Inversión
Esta dirección tiene a su cargo el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual de la institución, el Sistema de Indicadores para la toma de decisiones de las autoridades, entre otros.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL
Telf. 2941300 Ext. 2321
La Procuraduría interviene en todas las acciones de garantías jurisdiccionales
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 02 de junio de 2020
UCS/123
La Procuraduría interviene en todas las acciones de garantías jurisdiccionales
La Procuraduría General del Estado tiene la misión de defender a las instituciones públicas de las acciones de garantías jurisdiccionales presentadas en su contra, y en las que pudiere verse comprometido el interés público o el patrimonio del Estado ecuatoriano.
Las garantías jurisdiccionales son vías constitucionales que pueden ser accionadas por los ciudadanos para la protección de sus derechos fundamentales por parte del Estado o por otros particulares.
Estas garantías son las siguientes: Acción de Protección, Habeas Data, Habeas Corpus, Acceso a la Información Pública, Acción por Incumplimiento, Acción Extraordinaria de Protección, Acción Extraordinaria en contra de decisiones de la Justicia Indígena, Acción de Inconstitucionalidad.
Consecuentemente, cuando se demanda al Estado, lo asume la Procuraduría General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Orgánica la Procuraduría General del Estado, con lo cual es su deber presentarse a juicio y realizar una defensa técnica jurídica del Estado y de sus instituciones.
El patrocinio del Estado se desarrolla en una audiencia pública oral, en estricto apego y respeto a los derechos fundamentales de todos los involucrados y del ordenamiento jurídico.
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Caso Sobornos 2012 - 2016: Nuevo Tribunal resolverá pedidos de las partes
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 02 de junio de 2020
UCS/122
Caso Sobornos 2012 - 2016: Nuevo Tribunal resolverá pedidos de las partes
Aunque la Procuraduría General del Estado se muestra conforme con la sentencia emitida en el caso Sobornos 2012-2016, el jueves anterior presentó un recurso de apelación debido a que el tribunal penal no determinó la forma en que cada uno de los sentenciados deberá responder frente a la reparación integral. El monto global de la sentencia está fijado en $14.745.297,16.
De conformidad con el artículo 628, inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) “si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la modalidad de la reparación en función de las circunstancias de la infracción y del grado de participación en la infracción como autora, autor o cómplice”.
El Tribunal de primera instancia conformado por los jueces, Iván León (ponente), Iván Saquicela y Marco Rodríguez, determinó la existencia de dos autores mediatos, siete coautores, diez autores directos y una cómplice.
Los jueces fijaron la pena de ocho años de prisión para los autores, entre los que se encuentran el exmandatario Rafael C. y el exvicepresidente Jorge G., por el delito de cohecho agravado; además de la pérdida de sus derechos políticos por 25 años. Otras sanciones también se impusieron para el resto de procesados.
Al momento, varios de los sentenciados han presentado sus recursos de apelación, por lo que se espera que el nuevo tribunal avoque conocimiento y convoque a la audiencia en la que se fundamentarán cada uno de los pedidos.
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Procurador pide reglas claras para pagos por concepto de indemnización que deberán hacer los sentenciados en caso Sobornos
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 30 de junio de 2020
UCS/142
Procurador pide reglas claras para pagos por concepto de indemnización que deberán hacer los sentenciados en caso Sobornos
El Procurador Íñigo Salvador, en su réplica en defensa del Estado ecuatoriano como víctima de los actos de corrupción dentro del caso Sobornos 2012-2016, apeló la sentencia de primera instancia, de conformidad con el art. 653 #4 del COIP, al no haber determinado el tribunal reglas claras para la individualización del monto que le corresponderá pagar a cada sentenciado.
En la sentencia se declaró que se provocó un perjuicio al Estado por USD 7.372.648,58 y se dispuso una indemnización de USD 14.745.297,16. Sin embargo, no se identificó la forma en que cada uno de los sentenciados responderá frente a este monto total.
El Procurador indicó que en este caso se cuenta con 19 autores (de distintas modalidades) y un cómplice, por lo que se entendería que no puede hacerse una división simple del monto, fijado por el Tribunal, entre los 20 sentenciados.
Además, precisó que la determinación de las reglas -en base a las cuales se fijará el monto individualizado de indemnización- debe tener una justificación de carácter procesal para alcanzar su efectiva ejecución.
Para el Procurador, esta sentencia es un precedente para el país en la lucha contra la corrupción. Es la primera vez que los más altos exfuncionarios de un Gobierno han sido sentenciados con pena de prisión, obligación de indemnizar y otras medidas.
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El Procurador resalta la importancia de la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 11 de mayo de 2020
UCS/104
El Procurador resalta la importancia de la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016
Como un desincentivo para quienes quieran incurrir en actos de corrupción, así calificó el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, al caso Sobornos 2012-2016, cuya sentencia escrita fue notificada el 27 de abril anterior.
En una entrevista publicada hoy por diario El Telégrafo, el titular de la Procuraduría señaló que se presentará un pedido de aclaración a los jueces del Tribunal penal en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) principalmente en dos aspectos:
El cobro de la reparación que se ha puesto con cargo al comiso de los bienes inmuebles de los sentenciados. En este sentido, el Procurador manifestó que la entidad solicitará una ampliación, a fin de que el comiso se extienda adicionalmente, a bienes muebles, fondos y activos.
Y, la forma como deberán aportar individualmente cada uno de los 20 procesados, una vez establecida la sentencia en primera instancia.
El Procurador está consciente de que no es un proceso judicial fácil, debido a que las organizaciones delictivas conocen mejor que nadie cómo esconder los activos de la corrupción. Es indispensable, a su criterio, la perseverancia y la gestión concertada de las instituciones estatales.
En cuanto a la reparación de los daños inmateriales, el doctor Salvador considera que es lo más difícil de recuperar, porque, recobrar entre los ecuatorianos la confianza en el Estado y en sus gobernantes es algo que puede llevar varias generaciones.
Invitamos a leer la entrevista completa en la siguiente dirección: https://bit.ly/35Q97e5
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL
Telf. 2941300 Ext. 2321
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