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Resumen de Segunda Jornada de Capacitación para la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales
Segunda Jornada de Capacitación para la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales
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| La Procuraduría presenta avances en el combate al tráfico ilícito de bienes culturales | Segunda Jornada de Capacitación para la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales |
La Procuraduría presenta avances en el combate al tráfico ilícito de bienes culturales
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 10 de junio de 2020
UCS/133
La Procuraduría presenta avances en el combate al tráfico ilícito de bienes culturales
La Procuraduría General del Estado participó hoy en la Segunda Jornada de Capacitación para la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales, a través de la plataforma de videoconferencia Zoom, desde las 08:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
En representación de la PGE intervino la abogada Diana Moya Dávalos, servidora de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje, con el tema “EL COMBATE AL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES. Perspectiva del Patrocinio Internacional del Estado”.
La abogada señaló que los bienes culturales y patrimoniales son invaluables ya que se trata de la memoria histórica y cultural del país. Su recuperación es parte de una política estatal que se encuentra en marcha hace varios años.
Dividió su presentación en cuatro ejes temáticos: en primer lugar abordó las competencias de la Procuraduría en la recuperación del patrimonio cultural, los resultados de la intervención de este organismo, los procesos judiciales que se encuentran activos y, finalmente, analizó si cabe la negociación de los bienes patrimoniales en el contexto internacional.
En cuanto a las competencias que tiene la PGE en la recuperación del patrimonio cultural, la funcionaria se refirió a la normativa nacional (Constitución de la República, Artículos 235, 237; Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Artículos 2, 3 literal d) y 5 literal d y 8); y Decreto Ejecutivo Nro. 277 del 9 de marzo de 2010) e internacional que sustenta y permite el accionar de la institución. Destacó, además, el trabajo coordinado con las entidades que pertenecen a la Comisión y Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.
En este sentido, dijo que los agentes diplomáticos y consulares se encuentran legalmente facultados para representar al Estado y demás entidades del sector público ecuatoriano en calidad de actores, en procesos legales en el exterior. Para el efecto, las misiones diplomáticas deben poner al conocimiento del Procurador las citaciones y/o notificaciones recibidas a fin de que se autorice a quienes participarán activamente en la controversia por la recuperación de los bienes patrimoniales, para ello deberán cumplirse los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de la Procuraduría.
La abogada Moya explicó que la Procuraduría también realiza la contratación de abogados especializados en los respectivos países donde se realiza la controversia, ya sea por la dificultad del idioma, la falta de conocimiento de la legislación en donde se encuentran los bienes, y porque los abogados ecuatorianos no se encuentran habilitados para litigar en una legislación extranjera. En Italia, por ejemplo, el país ya ha recuperado más de 200 piezas arqueológicas.
Luego, la expositora hizo referencia a varios casos emblemáticos de recuperación de bienes patrimoniales como Baronetto, Rivoira, La Spezia, y Kuchenmüller; y de otros casos que están activos y en proceso de recuperación como Janier Aude, Otella y Sedart.
En cuanto al último punto de su ponencia, acerca de si cabe la negociación de los bienes patrimoniales en el contexto internacional, la representante de la PGE identificó como una amenaza la existencia de legislaciones en las que la comercialización de los bienes culturales es permitida y protegida. Destacó los problemas que debe enfrentar la defensa en ese tipo de jurisdicciones y concluyó conforme la política del Estado ecuatoriano que no cabe una negociación en esta materia.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL
Telf. 2941300 Ext. 2321
Acciones de coordinación entre la D.N. de Patrocinio y las Direcciones Regionales de la PGE
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 10 de junio de 2020
UCS/132
Acciones de coordinación entre la D.N. de Patrocinio y las Direcciones Regionales de la PGE
La Dirección Nacional de Patrocinio, de la Procuraduría General del Estado (DNP-PGE), se encarga de emitir directrices, absolver dudas y dar apoyo continuo a las Direcciones Regionales pertenecientes a este organismo en los temas de defensa del Estado y de sus instituciones.
Las Direcciones Regionales se encuentran en Loja, Manabí, Azuay, Chimborazo y la Regional 1, cuya sede está en Guayaquil. Ejercen el patrocinio del Estado en sus respectivas circunscripciones territoriales y además ejecutan las políticas emanadas de la máxima autoridad de la Procuraduría General.
La DNP también coordina con la Direcciones Regionales en forma activa y permanente las estrategias de defensa que se deben presentar en los diferentes procesos con la finalidad de que la misma sea eficiente y eficaz.
Adicionalmente, la Dirección Nacional de Patrocinio es el soporte de las Direcciones Regionales, tras absolver conjuntamente los problemas que se presenten, generando soluciones rápidas y correctas.
Por último, esta dirección ha coordinado la capacitación de los funcionarios, tanto de la planta central, cuanto de las Direcciones Regionales, realizando conversatorios que permitan a los equipos actualizar su conocimiento.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL
Telf. 2941300 Ext. 2321
Segunda Jornada de Capacitación para la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 10 de junio de 2020
UCS/131
Segunda Jornada de Capacitación para la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales
Este miércoles 10 de junio de 2020, la Procuraduría General del Estado participará en la Segunda Jornada de Capacitación para la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales, la misma que se realizará vía videoconferencia, a través de la plataforma Zoom, a partir de las 08:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
Este encuentro busca fortalecer los conocimientos y brindar nuevos insumos a los actores involucrados en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, a fin de prevenir, controlar, investigar y sancionar dicho delito. Cabe señalar que los bienes culturales patrimoniales representan el soporte de la memoria social para la construcción y fortalecimiento de la identidad nacional.
La Segunda Jornada de Capacitación es organizada por la Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, creada en el año 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 277, como parte de la política estatal de combatir dicho delito. Conforme lo dispone la normativa vigente, la referida Comisión se integra por las siguientes instituciones:
- Procuraduría General del Estado
- Ministerio de Cultura y Patrimonio
- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
- Ministerio del Interior (hoy Ministerio de Gobierno)
- Fiscalía General del Estado
- Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
Por parte de la Procuraduría General del Estado, intervendrá en este evento, como parte del Eje temático 3: “EL COMBATE AL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES. Perspectiva del Patrocinio Internacional del Estado”, la abogada Diana Moya Dávalos, servidora de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje .
Quienes deseen participar en esta capacitación, lo podrán hacer ingresando a través del siguiente enlace: https://cedia.zoom.us/j/96699994927 (ID de reunión: 96699994927, contraseña: P@trimo20)
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Telf. 2941300 Ext. 2321
Autorización del Procurador General del Estado en indemnizaciones por violaciones de derechos humanos
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 09 de junio de 2020
UCS/130
Autorización del Procurador General del Estado en indemnizaciones por violaciones de derechos humanos
Las víctimas de violaciones de derechos humanos reciben indemnizaciones por parte del Estado como reparación cuando se ha reconocido la existencia de una violación a través de un proceso judicial nacional o internacional o también a través de un procedimiento establecido por la ley. En instancias internacionales, dependiendo del caso, el Estado puede acordar con la víctima la reparación que recibirá y llegar a una solución amistosa o un acuerdo de cumplimiento. En estas instancias internacionales, el Estado ecuatoriano es representado por la Procuraduría General del Estado.
Asimismo, en Ecuador existe un procedimiento establecido en el Reglamento a la “Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008”, a través del cual ser reparan graves violaciones de derechos humanos documentadas por la “Comisión de la Verdad”, institución creada por Decreto Ejecutivo del 3 de mayo de 2007. En el artículo 2 de la citada ley, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad objetiva de los casos documentados y se obligó a repararlos. En tal sentido, en los casos en que hay lugar a una indemnización por daños materiales o inmateriales el Estado ecuatoriano efectiviza el pago de dicha indemnización en cumplimiento de lo establecido en un acuerdo indemnizatorio al que llegan las víctimas con el Estado o en cumplimiento de lo ordenado en una sentencia ejecutoriada.
Para determinar el monto de la indemnización y demás formas de reparación, se llevan a cabo rondas indemnizatorias entre el Estado y la víctima aplicando los parámetros y criterios desarrollados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, si las partes acuerdan un monto de reparación, se suscribe el correspondiente acuerdo indemnizatorio.
El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que “en los organismos y entidades del sector público que carezcan de personería jurídica, el Procurador General del Estado está facultado para transigir o desistir del pleito, en las causas en las que interviniere como actor o demandado, en representación de dichos organismos y entidades, siempre y cuando dichas actuaciones se produzcan en defensa del patrimonio nacional y del interés público”. De esta manera, cuando interviene una entidad pública que llevó el caso pero carece de personería jurídica, el Procurador General del Estado le delega la facultad de transigir y le autoriza suscribir el acuerdo al que se ha llegado con la víctima.
Con el fin de que las entidades públicas puedan suscribir el acuerdo indemnizatorio, el acuerdo de cumplimiento o el acuerdo de solución amistosa con las víctimas de violaciones de derechos humanos, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría General del Estado, procesa las solicitudes de dichas instituciones. En este proceso, esta Dirección revisa la información técnica, financiera y jurídica del caso proporcionada por la entidad, y de ser conveniente a los intereses del Estado, se elabora la delegación del Procurador General del Estado para transigir y la autorización para que la entidad suscriba el acuerdo correspondiente.
Adicionalmente, para la optimización y celeridad del trámite, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional conjuntamente con la Dirección Nacional de Derechos Humanos asesoran a las entidades públicas sobre temas técnicos de derechos humanos y sobre la información que las entidades deben proporcionar a la Procuraduría General del Estado (PGE) para obtener las delegaciones y autorizaciones.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL
Telf. 2941300 Ext. 2321
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