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El PROFIP avanza pese a limitaciones de la emergencia sanitaria
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 06 de mayo de 2020
UCS/99
El PROFIP avanza pese a limitaciones de la emergencia sanitaria
La Procuraduría General del Estado impulsa su Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PROFIP), manejando las dificultades administrativas a causa de la pandemia del COVID-19.
Al momento se han tenido que postergar y reprogramar los procesos de contratación, incluyendo el relacionado al modelo de gestión, que contempla, al menos, cuatro ámbitos fundamentales: estandarización de procesos y estructura, plan de carrera del personal, soporte tecnológico y gestión del cambio.
El objetivo general del PROFIP es el de “fortalecer la gestión institucional de la Procuraduría mediante el diseño e implementación de la estructura y funciones de este organismo, consolidando sus capacidades legales, técnicas, financieras y administrativas”.
El mencionado proyecto de inversión forma parte del Programa de Modernización de Administración Financiera que ejecuta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta el 2023, financiado a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La cristalización de este proyecto es vital para la Procuraduría porque a diario se enfrenta a nuevos retos en el ámbito de la defensa y patrocinio del Estado; la transparencia y lucha contra la corrupción y el respeto del Estado constitucional de derechos.
La PGE cree en la gestión eficiente del sector público como un medio para superar las inequidades sociales y apoyar un modelo de desarrollo sustentable. A esto se suma la necesidad de fortalecer una intervención preventiva, articulada y efectiva de la PGE, en beneficio de la defensa jurídica del Estado ecuatoriano.
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La Procuraduría aplica su Plan de Manejo de la Emergencia Sanitaria Nacional
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 30 de abril de 2020
UCS/98
La Procuraduría aplica su Plan de Manejo de la Emergencia Sanitaria Nacional
La Procuraduría General del Estado ejecuta, a nivel institucional, su Plan de Manejo de la Emergencia Sanitaria Nacional.
Este documento estuvo preparado antes del anuncio que realizara el Gobierno Nacional en torno a que los 221 alcaldes del país decidirán en qué momento las ciudades pasarán de la fase de aislamiento al distanciamiento social, mediante el sistema de semaforización. En lo posterior, los alcaldes emitirán un reporte semanal para decidir si cabe o no un cambio de color en sus respectivas localidades.
El plan fue aprobado por el Procurador General del Estado, mediante la resolución 046, el 21 de abril del presente año y busca prever las condiciones necesarias para una progresiva y efectiva gestión de las labores misionales y de apoyo de la entidad a través de la optimización de medios tecnológicos que aseguren la eficiencia en la gestión institucional y precautelen la salud de todos los servidores y trabajadores de la PGE.
De esta manera, la Procuraduría General de Estado tiene establecidas las jornadas de trabajo presenciales ordinarias o especiales, de teletrabajo emergente, o mixtas, en cumplimiento de las nuevas modalidades previstas por las autoridades del ramo, y mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud Pública. Estas modalidades se distribuyen dentro de las ocho horas diarias, de lunes a viernes; o, según las disposiciones que la autoridad laboral emita.
En atención a las políticas de gobierno electrónico, la Procuraduría optimiza los trámites y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). Para ello incorpora la firma electrónica en los documentos que son emitidos por las coordinaciones y direcciones que forman parte de la institución.
También se realizan acciones para el mejoramiento de clima laboral con apoyo del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la PGE (PROFIP).
Por último, el personal de la institución que pertenece a los grupos de atención prioritaria continuará sus actividades, obligatoriamente, mediante teletrabajo emergente.
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Direcciones Regionales de la Procuraduría General del Estado participan de video audiencias domiciliarias
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 30 de abril de 2020
UCS/97
Direcciones Regionales de la Procuraduría General del Estado participan de video audiencias domiciliarias
A partir del 27 de abril del presente año se amplió a todo el país, la realización de video audiencias domiciliarias. El objetivo de esta medida adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura presidido por la doctora María del Carmen Maldonado la noche del 25 de abril, es reducir el número de personas que circulen por las dependencias judiciales y prevenir posibles contagios de Covid-19.
La Dirección Regional de Azuay, Cañar y Morona Santiago, liderada por la Dra. Ruth Averos, participó de numerosas Acciones Constitucionales de Protección durante esta semana. Entre ellas, podemos mencionar las interpuestas en contra de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico y otra en contra del Ministerio de Salud Pública ambas en Cuenca, así como también en la Unidad Judicial Civil del cantón Cañar se desarrolló una Acción de Protección en contra del Ministerio de Salud Pública.
De igual manera, la participación de los funcionarios de la Dirección Regional de Loja ha sido continua según nos comenta su Directora la Dra. Ana Cristina Vivanco. Cabe mencionar que participaron de video audiencias de Acciones Constitucionales de Protección en contra del IESS y la Dirección Regional de Salud, así como también de una audiencia de Acción de Protección planteada en contra del Ministerio de Transporte, ambas en el cantón Loja. La mañana de hoy jueves 30 de abril participaron de una Audiencia de Acción Constitucional de Protección en contra del Ministerio de Salud en el cantón Puyango, con sentencia favorable al Estado ecuatoriano.
La abogada María Fernanda Pumaguallí de la Dirección Regional de Chimborazo, participó de una audiencia domiciliaria de Acción de Protección presentada por un exfuncionario en contra del Ministerio de Inclusión Económica y Social por motivo de la compra de renuncia. El juez constitucional dictó sentencia favorable al Estado.
El objetivo de las autoridades tanto de la Procuraduría como del Consejo de la Judicatura de garantizar la continuidad del servicio de justicia y precautelar la vida y la salud los usuarios y servidores públicos se ha cumplido a carta cabal.
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Iniciativa Legislativa destaca cuatro ejes del Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 30 de abril de 2020
UCS/96
Iniciativa Legislativa destaca cuatro ejes del Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario
La Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa de la Procuraduría General del Estado destaca cuatro ejes que contiene el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADO DEL COVID 19, que se analiza al momento en la Asamblea Nacional.
- Un régimen de contribución solidaria que permita al Estado atender con recursos necesarios la pandemia COVID-19.
- Un régimen de medidas económicas adicionales llamadas solidarias y de bienestar que aporte a aquellas personas vulnerables o afectadas por el COVID-19.
- Reformas relacionadas a fuentes y plazas de trabajo.
- Un régimen temporal para prevenir procesos de quiebra e incentivos para satisfacer acuerdos entre deudores y acreedores.
Los legisladores, al revisar y resolver este proyecto de ley, deben considerar que la norma no debe atentar contra la Constitución, los principios generales del derecho, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos, de los trabajadores y a las normas en el campo tributario. Además, se deben equilibrar los esfuerzos de los distintos estamentos de la sociedad, protegiendo a los sectores más vulnerables.
El proyecto debe ser objeto de un análisis técnico y humano profundo. Debe generarse una ley, para que el Estado pueda seguir cumpliendo con los deberes que le corresponden, especialmente en el sector de la salud, el mismo que debe ser primordial en estos momentos.
Debe servir para sostener el empleo y la inversión y permitir que los ciudadanos encuentren alivio inmediato para sus necesidades básicas. El proyecto tiene que tener proyección a futuro.
Por otra parte, la muerte cruzada se encuentra establecida en la Constitución y el Presidente o la Función Legislativa pueden hacer uso de ella si se cumplen con los preceptos y se realiza el trámite que corresponde. De producirse, su resultado es una convocatoria inmediata, por el Consejo Nacional Electoral, a elecciones. Esto generaría un ambiente de inestabilidad que no contribuye y más bien ahonda la crisis que vive el país por la presencia del COVID 19.
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Casos emblemáticos en el ámbito penal que están suspendidos a causa de la pandemia del COVID-19
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 30 de abril de 2020
UCS/95
Casos emblemáticos en el ámbito penal que están suspendidos a causa de la pandemia del COVID-19
Debido a la actual emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se han suspendido temporalmente los procesos emblemáticos en los que participa la Procuraduría General del Estado (PGE), como acusadora particular; sin embargo, una vez que se reactive la actividad jurisdiccional los procesos retomarán su normalidad.
Los abogados que conforman la Dirección Nacional de Patrocinio de la PGE, intervienen en las causas de gran importancia y trascendencia para el país, realizando la defensa técnica con resultados positivos.
En el ámbito penal los procesos judiciales más relevantes son:
Caso Singue
Presunto delito: peculado
El 12 de marzo de 2020 inició la audiencia de juzgamiento con los representantes de la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría General del Estado y las defensas de los acusados. Sin embargo, la misma fue suspendida por el Tribunal, en atención a la solicitud de las partes procesales debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19
La investigación tiene su origen en el informe de Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal No. DASE-0044-2017, en el que se revisaron los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución del contrato de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de petróleo crudo en el Bloque Singue de la región amazónica, suscrito entre el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría de Hidrocarburos y el Consorcio DGC integrado por las compañías DYGOIL Consultoría y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y Gente Oil Development Ecuador LLC. La actuación de los acusados habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano por USD 28 ́479.889.
Caso Vicuña A.
Presunto delito: concusión
El 30 de enero del 2020, la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña Muñoz fue juzgada como autora del delito de concusión por haber solicitado y recibido aportes económicos de sus colaboradores, de manera injustificada.
El 5 de febrero del 2020, el Tribunal conformado por los jueces Marco Rodríguez, Wilman Terán y Daniella Camacho negó la suspensión condicional de la pena solicitada por la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña.
La Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y la sentenciada interpusieron recursos de apelación cuya resolución está pendiente.
Caso SECOM
Presunto delito: peculado
La Contraloría General del Estado emitió el informe de indicios de responsabilidad penal No. DNA4-0004-2018, en el que se analizaron los gastos y procesos de contratación realizados por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos realizados entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.
A inicios del 2020 la audiencia de juicio fue diferida por pedido de la Fiscalía y Fernando Alvarado (principal acusado).
Caso Vallejo N.
Presunto delito: concusión
El 9 de enero de 2020, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia difirió por segunda vez la audiencia de juicio en contra de la exasambleísta N. Vallejo. La diligencia estaba prevista para el 16 de enero y no pudo realizarse porque la acusada presentó problemas de salud.
La acusación se refiere a la entrega de retribuciones o aportes económicos, por parte de cuatro excolaboradores de la exasamableísta, a cambio de estabilidad laboral en los cargos de asesores o asistentes.
Caso SECOM II
Presunto delito: tráfico de influencias
El 13 de mayo de 2015, la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) suscribió un convenio interinstitucional con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mediante el cual se comprometió a transmitir la señal de todas las coberturas en vivo. Ésto se derivó del Decreto Ejecutivo No. 663, suscrito el 29 de abril de 2015, mediante el cual el expresidente, Rafael Correa Delgado, dispuso se planifique, programe y ejecute la visita
del Papa Francisco a la República del Ecuador.
De la investigación se determina que no existe documentación que refleje la existencia de un proceso de contratación; sin embargo, Televisión Satelital S.A. estuvo a cargo de la cobertura de dicho evento y el 28 de septiembre de 2015, se suscribió un convenio de pago por USD 89.600,00.
El caso está a la espera de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, en la que se dictará la resolución correspondiente.
Caso Sobornos 2012-2016
Presunto delito: cohecho
El 27 de abril de 2020, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia notificó la sentencia condenatoria en contra de 20 procesados. En atención a que los plazos y términos dentro de los procesos judiciales se encuentran suspendidos, la fase de impugnación se activará una vez que se reinicien las actividades en la Función Judicial.
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- La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional no detiene su trabajo en medio de la emergencia sanitaria
- Boletín de enmiendas No. 3
- La Procuraduría General del Estado analiza pedir posibles aclaraciones a la sentencia escrita del caso Sobornos 2012-2016
- Direcciones Regionales de la Procuraduría General del Estado realizan reuniones interinstitucionales
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