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Casos emblemáticos en el ámbito penal que están suspendidos a causa de la pandemia del COVID-19
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 30 de abril de 2020
UCS/95
Casos emblemáticos en el ámbito penal que están suspendidos a causa de la pandemia del COVID-19
Debido a la actual emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se han suspendido temporalmente los procesos emblemáticos en los que participa la Procuraduría General del Estado (PGE), como acusadora particular; sin embargo, una vez que se reactive la actividad jurisdiccional los procesos retomarán su normalidad.
Los abogados que conforman la Dirección Nacional de Patrocinio de la PGE, intervienen en las causas de gran importancia y trascendencia para el país, realizando la defensa técnica con resultados positivos.
En el ámbito penal los procesos judiciales más relevantes son:
Caso Singue
Presunto delito: peculado
El 12 de marzo de 2020 inició la audiencia de juzgamiento con los representantes de la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría General del Estado y las defensas de los acusados. Sin embargo, la misma fue suspendida por el Tribunal, en atención a la solicitud de las partes procesales debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19
La investigación tiene su origen en el informe de Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal No. DASE-0044-2017, en el que se revisaron los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución del contrato de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de petróleo crudo en el Bloque Singue de la región amazónica, suscrito entre el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría de Hidrocarburos y el Consorcio DGC integrado por las compañías DYGOIL Consultoría y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y Gente Oil Development Ecuador LLC. La actuación de los acusados habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano por USD 28 ́479.889.
Caso Vicuña A.
Presunto delito: concusión
El 30 de enero del 2020, la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña Muñoz fue juzgada como autora del delito de concusión por haber solicitado y recibido aportes económicos de sus colaboradores, de manera injustificada.
El 5 de febrero del 2020, el Tribunal conformado por los jueces Marco Rodríguez, Wilman Terán y Daniella Camacho negó la suspensión condicional de la pena solicitada por la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña.
La Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y la sentenciada interpusieron recursos de apelación cuya resolución está pendiente.
Caso SECOM
Presunto delito: peculado
La Contraloría General del Estado emitió el informe de indicios de responsabilidad penal No. DNA4-0004-2018, en el que se analizaron los gastos y procesos de contratación realizados por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos realizados entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.
A inicios del 2020 la audiencia de juicio fue diferida por pedido de la Fiscalía y Fernando Alvarado (principal acusado).
Caso Vallejo N.
Presunto delito: concusión
El 9 de enero de 2020, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia difirió por segunda vez la audiencia de juicio en contra de la exasambleísta N. Vallejo. La diligencia estaba prevista para el 16 de enero y no pudo realizarse porque la acusada presentó problemas de salud.
La acusación se refiere a la entrega de retribuciones o aportes económicos, por parte de cuatro excolaboradores de la exasamableísta, a cambio de estabilidad laboral en los cargos de asesores o asistentes.
Caso SECOM II
Presunto delito: tráfico de influencias
El 13 de mayo de 2015, la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) suscribió un convenio interinstitucional con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mediante el cual se comprometió a transmitir la señal de todas las coberturas en vivo. Ésto se derivó del Decreto Ejecutivo No. 663, suscrito el 29 de abril de 2015, mediante el cual el expresidente, Rafael Correa Delgado, dispuso se planifique, programe y ejecute la visita
del Papa Francisco a la República del Ecuador.
De la investigación se determina que no existe documentación que refleje la existencia de un proceso de contratación; sin embargo, Televisión Satelital S.A. estuvo a cargo de la cobertura de dicho evento y el 28 de septiembre de 2015, se suscribió un convenio de pago por USD 89.600,00.
El caso está a la espera de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, en la que se dictará la resolución correspondiente.
Caso Sobornos 2012-2016
Presunto delito: cohecho
El 27 de abril de 2020, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia notificó la sentencia condenatoria en contra de 20 procesados. En atención a que los plazos y términos dentro de los procesos judiciales se encuentran suspendidos, la fase de impugnación se activará una vez que se reinicien las actividades en la Función Judicial.
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La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional no detiene su trabajo en medio de la emergencia sanitaria
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 28 de abril de 2020
UCS/94
La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional no detiene su trabajo en medio de la emergencia sanitaria
A pesar de las medidas restrictivas ocasionadas en el ámbito laboral por la pandemia del COVID-19, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional (DNAJI) trabaja de forma permanente al interior de la Procuraduría General del Estado (PGE) con la realización de varias actividades.
De conformidad con el Reglamento Orgánico Funcional de la PGE, la DNAJI absuelve consultas que, sobre materia jurídica institucional, son formuladas por las diferentes coordinaciones, direcciones nacionales y regionales de esta entidad.
La DNAJI también asesora a las áreas de mediación, derechos humanos y asuntos internacionales de la PGE, cuando intervienen en casos donde el Estado ecuatoriano desiste de pleitos o realiza una concesión tendiente a evitar o terminar un conflicto de manera eventual.
En los casos de indemnizaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos, la DNAJI y la Dirección Nacional de Derechos Humanos asesoran conjuntamente a otras entidades públicas sobre temas de derechos humanos y sobre la información técnica, financiera y legal que las entidades deben entregar a la Procuraduría para obtener la delegación y/o la autorización para transigir de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Institución.
Conjuntamente con el área penal de la Dirección Nacional de Patrocinio suele representar a la PGE ante el Grupo de Enlaces Interinstitucionales para la Recuperación de Activos (GEIRA), donde se trabaja con otras entidades públicas para coordinar acciones dirigidas a reparar el daño económico producido al Estado, especialmente en casos de lavado de activos.
También, la DNAJI elabora y publica en el Registro Oficial los extractos de los pronunciamientos del Procurador General del Estado que son emitidos a través de la Dirección Nacional de Consultoría.
De esta manera, la DNAJI cumple con su misión institucional a favor de los intereses del Estado ecuatoriano
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La Procuraduría General del Estado analiza pedir posibles aclaraciones a la sentencia escrita del caso Sobornos 2012-2016
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 28 de abril de 2020
UCS/93
La Procuraduría General del Estado analiza pedir posibles aclaraciones a la sentencia escrita del caso Sobornos 2012-2016
El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, a través de una entrevista telefónica con radio Quito, señaló que este organismo analiza la posibilidad de pedir aclaraciones a varios aspectos de la sentencia escrita por el caso Sobornos 2012 -2016, la misma que fue notificada este lunes, en un documento de 413 páginas.
Por un lado, el Procurador no está conforme con el monto de indemnización fijado por el Tribunal en USD 14’745.297,16, en comparación con el monto pedido por este organismo de USD 23,3 millones, en concordancia con el art. 286 del Código Penal, con el cual, el monto de los sobornos se fijó en USD 7’675.000, al multiplicarse por tres de acuerdo a la norma, daba como resultado la cifra de USD 23’025.000.
Según el doctor Salvador, en la sentencia se explica que se utilizó el baremo de dos y no de tres, de conformidad con el artículo 285 del Código Penal, en lugar del artículo 286. Pero aún así no comprende cómo se llega a la cifra de USD 7’372.000 cuando la suma propuesta por la PGE era de USD 7’675.000. “Ahí hay una diferencia de más o menos USD 300 mil que debe aclararse”, enfatizó durante la entrevista.
Otro tema en el que la Procuraduría podría pedir otra aclaración es que el cobro de la reparación se ha puesto con cargo al comiso de los bienes inmuebles de los sentenciados. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) prevé al comiso como una forma de pena, adicional a la privación de libertad.
A su criterio, el Tribunal debería haber dictado en su sentencia la pena privativa de la libertad, el comiso de los bienes producto de los actos ilícitos en este caso y, aparte de eso, el pago de la reparación al Estado, por la vía de la indemnización. Sin embargo -sostiene el doctor Salvador- esto se va a perfeccionar conforme transcurran las instancias.
Además, suponiendo que efectivamente el Estado ecuatoriano recupere los USD 14 millones que establece el Tribunal penal, no se ha definido la forma como deberán aportar individualmente cada uno de los 20 procesados.
Según el Procurador, entre los funcionarios públicos hay dos autores mediatos, siete coautores, diez autores directos y una cómplice. Al momento no se sabe cuál será el aporte pecuniario que cada uno de ellos debe pagar para cubrir el monto total de la reparación y eso le corresponde definir al Tribunal.
El doctor Salvador señaló que debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, la Corte Nacional de Justicia ha suspendido los plazos y términos, por lo que
al momento no es posible presentar las solicitudes de ampliación y aclaración de estos temas. “Estamos en un compás de espera que esperamos no sea muy largo, ya que se necesita de una sentencia definitiva y ejecutoriada para que estos casos de corrupción sean cerrados”, indicó el Procurador.
En materia de organización interna, el Procurador dijo que la entidad desarrolla de forma impostergable sus actividades con el mecanismo de teletrabajo. “No hay mejor aliciente que la urgencia y la necesidad. El teletrabajo permite que me encuentre en permanente contacto a nivel externo e interno. El área de mediación, por ejemplo, ha tenido que ingeniárselas para cumplir con sus tareas por vía telemática”, expresó.
Según el principal personero de la PGE cuando pasemos del semáforo rojo a amarillo, algunos funcionarios deberán turnarse para trabajar de forma presencial, dando prioridad a las personas con vulnerabilidad para que se queden en casa.
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Direcciones Regionales de la Procuraduría General del Estado realizan reuniones interinstitucionales
BOLETÍN DE PRENSA
Guayaquil, 24 de abril de 2020
UCS/92
Direcciones Regionales de la Procuraduría General del Estado realizan reuniones interinstitucionales
Mediante el mecanismo de teletrabajo, las Direcciones Regionales de la Procuraduría General del Estado continúan con sus actividades, tanto misionales como de apoyo. Mientras transcurre la emergencia sanitaria en el Ecuador esta entidad utiliza con frecuencia la aplicación Zoom, una herramienta de software de videoconferencias líder en el mercado.
Esta herramienta permite la interacción entre compañeros de trabajo y con el personal de otras instituciones o empresas públicas. Además, con ella se mantienen los flujos de trabajo diarios con una interrupción mínima.
Es así que en esta semana, las Direcciones Regionales tuvieron reuniones de diversa índole con otras instituciones públicas. Por ejemplo, la Dirección Regional 1 (DR1) de la PGE se reunió con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Playas (Guayas) para revisar la resolución N.44, emitida por el señor Procurador, que habla sobre la suspensión de plazos y términos que se encuentran discurriendo en los pedidos de información dentro de las acciones de control.
La Dirección Regional de Azuay, Cañar y Morona Santiago, se reunió virtualmente con la Empresa Pública de Urbanismo y Vivienda para analizar temas relativos a la contratación pública durante el estado de emergencia.
Cabe mencionar que su Directora, la doctora Ruth Averos, mantuvo el jueves 23 de abril una reunión virtual con el Director Nacional de Patrocinio, doctor Marco Proaño D. y el Coordinador Nacional Jurídico del Ministerio de Finanzas, para preparar la defensa técnica dentro de una audiencia constitucional de protección propuesta en contra de esta cartera de Estado. Dicha audiencia se llevó a cabo también por vía telemática hoy viernes 24 de abril a partir de las 09:30.
La Dirección Regional de Loja, representada por su directora, la doctora Ana Cristina Vivanco, mantuvo reuniones virtuales con la Directora Regional del Consejo de la Judicatura, en Loja y con la Directora Provincial de la misma entidad con sede de Zamora Chinchipe. De esta manera la doctora Vivanco se mantiene en continuo contacto con todas las instituciones y empresas públicas dentro de su jurisdicción.
De esta manera es un hecho que la Procuraduría General del Estado ha implementado el teletrabajo y sus funcionarios siguen cumpliendo con sus obligaciones a través de una computadora, laptop, tableta o teléfono celular.
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