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El trabajo de la DNAIA en tiempos de COVID-19
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 24 de abril de 2020
UCS/90
El trabajo de la DNAIA en tiempos de COVID-19
A pesar de la rigurosidad de las medidas adoptadas por las autoridades frente a la pandemia del COVID-19, no se ha detenido el trabajo de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje (DNAIA) de la Procuraduría General del Estado.
Los procedimientos arbitrales y los procesos judiciales en sede extranjera tampoco se han detenido, y los abogados de esta dirección han continuado trabajando para defender los intereses del Estado ecuatoriano en estas instancias. Durante las últimas semanas, muchos de ellos han demandado la presentación de memoriales, recursos y comunicaciones. Durante el confinamiento, la DNAIA ha presentado, conjuntamente con los estudios jurídicos que llevan el co-patrocinio de los intereses nacionales, varios escritos para atender el acelerado desarrollo de estas causas.
No es ajeno para esta Dirección trabajar con plataformas digitales de forma constante. Incluso antes de la pandemia, las actuaciones de la DNAIA en los procesos en defensa del Estado ecuatoriano y de sus organismos han requerido que los servidores de esta dirección participen permanentemente en videoconferencias y teleconferencias por medio de dichas plataformas. Por ejemplo, reuniones procesales con tribunales arbitrales internacionales, contrapartes y abogados contratados, quienes se encuentran en diferentes partes del mundo, se realizan ordinariamente por estos medios.
En cuanto al trabajo interno, las investigaciones jurídicas son posibles a través de los sistemas legales informáticos que provee la Procuraduría General del Estado a sus abogados. Además, para efectos de la coordinación de actuaciones procesales y requerimientos de información, los servidores están en contacto permanente con las instituciones jurídicas involucradas en los procesos. Estas actividades se realizan por medio de llamadas o videoconferencias.
La defensa internacional del Estado y sus organismos en tiempos de COVID-19 no se ha detenido. El cambio en la modalidad de trabajo de la DNAIA no ha mermado la calidad de trabajo de sus funcionarios, cuyos esfuerzos y profesionalismo no ha cesado a pesar de la emergencia sanitaria que atraviesa el país.
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Importancia de que la Procuraduría participe como acusadora particular en un proceso penal
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 24 de abril de 2020
UCS/89
Importancia de que la Procuraduría participe como acusadora particular en un proceso penal
La Procuraduría General del Estado (PGE) interviene dentro de las causas penales en forma directa o supervisando el desarrollo de los procesos judiciales relacionados con las instituciones públicas. Durante la etapa de instrucción fiscal y de conformidad con los artículos 11, número 1 y 432, número 3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esta entidad puede presentar una acusación particular.
La participación de la Procuraduría como acusadora particular está relacionada con el ejercicio de sus competencias dentro de los juicios; esto es, la representacion judicial del Estado y sus instituciones. Por ello, a esta institución le corresponde velar por los intereses del Estado ecuatoriano y de esa manera garantizar que quienes han cometido delitos en contra de éste, respondan penalmente por sus actos y reparen los daños ocasionados.
En general, la acusación particular tiene dos efectos procesales:
- En el caso de un dictamen fiscal abstentivo, el Fiscal está obligado a elevar en consulta al superior dicha abstención, quien podrá ratificarla o revocarla (artículo 600 número 3 del COIP).
- En el evento de que el Fiscal acuse pero posteriormente se ratifique el estado de inocencia mediante sentencia o se dicte auto de sobreseimiento, la víctima como parte procesal puede apelar para que estas resoluciones sean nuevamente analizadas por el correspondiente tribunal de alzada.
De esta manera, la acusación particular constituye una forma de participación activa de la víctima en el proceso, a fin de alcanzar una resolución que garantice verdad, justicia y reparación.
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Causas por las que pueden suspenderse los derechos constitucionales
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 23 de abril de 2020
UCS/88
Causas por las que pueden suspenderse los derechos constitucionales
Los derechos constitucionales en el Ecuador pueden ser suspendidos durante estados de excepción decretados por el Presidente de la República. El artículo 165 de la Constitución, en apego a los instrumentos internacionales, señala que únicamente podrá suspenderse o limitarse el ejercicio de los siguientes derechos: a las inviolabilidades de domicilio y de correspondencia; a las libertades de tránsito, de asociación y reunión, de información. En este caso, a la Corte Constitucional le corresponde efectuar el control de constitucionalidad.
En cuanto a los derechos políticos, de acuerdo al artículo 64 de la Constitución, solamente pueden suspenderse por:
- Interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta.
- Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras esta subsista.
Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina como una pena no privativa de libertad, la pérdida de los derechos de participación. En el artículo 68 de esta norma se señala que la persona sentenciada con esta pena no podrá ejercer estos derechos por el tiempo determinado en cada tipo penal, una vez cumplida la pena privativa de libertad.
Adicionalmente, mediante referéndum y consulta popular realizada el 4 de Febrero del 2018, se aprobó la inclusión de un segundo inciso en el artículo 68 del COIP que determina que en el caso de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada, relacionados con actos de corrupción, los jueces de forma obligatoria aplicarán esta sanción por un lapso de entre diez y veinticinco años.
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La Procuraduría General del Estado acompaña los procesos de investigación que realiza la Fiscalía en el marco de sus competencias
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 23 de abril de 2020
UCS/87
La Procuraduría General del Estado acompaña los procesos de investigación que realiza la Fiscalía en el marco de sus competencias
Dentro de las causas penales, la Procuraduría General del Estado (PGE) interviene en representación del Estado ecuatoriano, de conformidad con el artículo 441, número 6 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que le reconoce como víctima de la infracción penal. Esto, de conformidad con el artículo 237, números 1 y 2 de la Constitución que establecen que la PGE ejerce la representación judicial y el patrocinio del Estado y de sus instituciones.
La Fiscalía, por su parte, de acuerdo al artículo 195 de la Constitución es la titular de la acción penal; por ende, es función privativa de dicha institución investigar preprocesal y procesalmente todas las conductas que sean penalmente relevantes.
De acuerdo a los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (LOPGE), al titular de esta institución le corresponde la representación judicial del Estado y tiene la competencia privativa para promover juicios, intervenir como parte procesal o supervisar el desenvolvimiento de los procesos judiciales, en defensa del patrimonio nacional y del interés público.
Es necesario aclarar que el Procurador, o su delegado, pueden intervenir de forma directa únicamente en aquellas causas en las que la institución afectada no cuente con personería jurídica y exista una afectación al patrimonio del Estado y al interés público.
Cuando la institución cuenta con personería jurídica, el artículo 7 de la LOPGE determina que sus representantes legales, síndicos, directores o asesores jurídicos o procuradores judiciales serán responsables del patrocinio. En esos casos, la Procuraduría General del Estado supervisa el desarrollo de los procesos y coordina acciones con las instituciones correspondientes; sin perjuicio de intervenir en ellas, cuando se considere necesario.
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“Caso Sobornos 2012-2016. La visión jurídica de la Procuraduría General del Estado como acusador particular”
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 17 de abril de 2020
UCS/86
“Caso Sobornos 2012-2016. La visión jurídica de la Procuraduría General del Estado como acusador particular”
El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo brindó hoy una ponencia virtual denominada: Caso Sobornos 2012-2016. La visión jurídica de la Procuraduría General del Estado como acusador particular.
Este evento estuvo organizado por la World Compliance Association y tuvo el objetivo de analizar los puntos más relevantes de este proceso judicial, el cual, se ha convertido en un símbolo en la lucha contra la corrupción en el sector público.
En la cita, el Procurador Salvador explicó el motivo de su intervención como acusador particular en defensa del patrimonio del Estado. Además, dijo que los hechos se dieron en una época en la que se dieron contrataciones públicas sobre las cuales se intuía que existía un “caldo de cultivo” de posibles indicios de corrupción.
El Procurador también dio cuenta de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos durante el juicio e hizo un breve análisis de la sentencia del tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
Además de las pruebas testimoniales, periciales y documentales, explicó que en el proceso se dieron elementos de convicción, como los registros de Pamela M. y Laura T. Señaló que durante la investigación de la Fiscalía General del Estado, se incautaron las computadoras de Laura T., en las cuales hay información similar a la que se encontró en los 11 cuadernos de Pamela M.
En esos resgistros se detallaron los destinos de los dineros. “Cada elemento de prueba tiene que ser analizado en su totalidad y se demostró que los hechos fueron realizados”, expresó.
El doctor Salvador también explicó el cruce de facturas utilizado para el pago de servicios en este esquema de corrupción. El sobornante entregaba el dinero y recibía la factura del proveedor, de manera que no solo daban dinero de forma indebida sino que además los pagos los deducían del impuesto a la renta, lo que representaba para ellos una doble ganancia. Esto, señaló el Procurador, fue corroborado por numerosos testimonios.
La sentencia se dictó oralmente el 7 de abril pasado y será notificada a los sujetos procesales en los próximos días; la misma estará sujeta a análisis por parte de la Procuraduría General del Estado a fin de definir las siguientes acciones.
El Procurador manifestó que el Tribunal penal hizo uso de un principio fundamental del Derecho constitucional que es el iura novit curia, el cual quiere decir que el derecho es conocido por el Tribunal, aún cuando las partes procesales no lo invoquen o esgriman.
Además, el Tribunal determinó que existirían otros posibles delitos como peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito cuya investigación fue requerida.
Los jueces determinaron que el exmandatario Rafael C. y el exvicepresidente Jorge G. fueron autores mediatos por instigación, ya que se trataba de sujetos activos del delito “que no se manchan las manos, pero están al corriente del esquema delictivo”, indicó Salvador.
A los demás procesados se les calificó como autores directos, y a todos se les impuso una pena de ocho años. A Laura T. se le sentenció como cómplice y junto a Pamela M. se beneficiaron de una pena menor, en virtud de la cooperación eficaz que brindaron.
Respecto a la reparación integral, el Procurador dijo que la indemnización deberá calcularse del monto de los sobornos y, en su momento, se pedirá una aclaración respecto al monto al que asciende la misma.
También se refirió a los mecanismos para la reparación de los daños inmateriales, como la publicación de la sentencia en los periódicos de alcance nacional, la instalación de una placa recordatoria con un texto que se refiera a que los recursos del Estado no son para el enriquecimiento personal, e incluso de que los condenados se disculpen públicamente en la Plaza de la Independencia, a más de recibir un curso de 300 horas de ética pública.
La condena, además, declara la pérdida de derechos de ciudadanía por 25 años, algo que ha causado revuelo porque muchos de los sentenciados tienen aspiraciones electorales. Pero esto, según el Procurador, no forma parte de la reparación ya que es una norma para cualquier persona que comete cohecho.
El doctor Salvador también recordó que esta sentencia es de primera instancia, por lo que proceden recursos horizontales (ampliación o aclaración) que se resuelven por el mismo Tribunal. Cumplidos aquellos, cabe el recurso de apelación con otro tribunal de la Corte Nacional de Justicia y, finalmente, se puede plantear el recurso de casación.
El Procurador considera que resulta difícil hacer un pronóstico del tiempo que se puedan demorar estos recursos.
El caso Sobornos 2012-2016, a su criterio, sentará un precedente en la historia de la lucha anticorrupción y para él ha sido un honor haber aportado con recursos profesionales e institucionales dentro del mismo.
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Telf. 2941300 Ext. 2321
- Direcciones regionales de la Procuraduría organizan sus actividades durante el estado de excepción COVID-19
- No se detiene la gestión documental y la recepción de pedidos de información al interior de la Procuraduría General de Estado
- Continúa en vigencia la Resolución No.044 que suspende los términos y plazos en la Procuraduría General del Estado
- La Procuraduría refuerza los reportes semanales en medio de la crisis sanitaria
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