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La Procuraduría ha sido notificada con 44 denuncias durante 2019
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 30 de diciembre de 2019
UCS/123
La Procuraduría ha sido notificada con 44 denuncias de derechos humanos durante 2019
La Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado (PGE) litiga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la CIDH se tramitan 289 casos, de los cuales la PGE ha sido notificada en 2019 con 44 denuncias nuevas.
De igual manera, ha sido notificada con seis casos que han pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos son Grijalva Bueno Vicente Aníbal; Garzón Guzmán; Palacio Urrutia Emilio y otros (Caso El Universo); Villarroel Jorge y otros; Guáchala Chimbo Luís –INREDH; y el caso Guzmán Albarracín Paola.
La Dirección Nacional de Derechos Humanos de la PGE informa que el Estado acudió a la audiencia del caso Montesinos Mejía, el pasado 29 de Agosto de 2019. También señala que tiene dos casos de medidas cautelares: el primero es de Jorge Glas, ex Vicepresidente de la República, el segundo es la del Diario El Comercio.
Además, la Dirección hizo el Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Foro SIDH), el 6 y 7 de noviembre de 2019.
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La Dirección de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas de la PGE da cuenta de su gestión en su primer año de creación
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 27 de diciembre de 2019
UCS/122
La Dirección de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas de la PGE da cuenta de su gestión en su primer año de creación
Con apenas un año de creación y gracias a la suscripción de varios convenios interinstitucionales, la Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas (DNILIJ) de la Procuraduría General del Estado, ha colaborado en la revisión de 14 cuerpos normativos.
- Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código General de Procesos.
- Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación.
- Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y a la ley de Seguridad Social de la Policía Nacional.
- Proyecto de Ley de la Defensoría del Pueblo.
- Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial.
- Proyecto del Código de Comercio.
- Proyecto de Ley Orgánica Reforma al Código Orgánico Integral Penal.
- Reglamento de Disciplina para los Centro de Formación Policial.
- Proyecto de Instructivo de Aplicación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Procuraduría General del Estado y la Asamblea Nacional.
- Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública.
- Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en casos de Personas desaparecidas y extraviadas.
- Proyecto de Ley de Transparencia Fiscal, Asamblea Nacional.
- Observaciones al Reglamento del Procedimiento para la suscripción de Acuerdos Indemnizatorios con víctimas documentadas en el Informe de la Comisión de la Verdad.
- Reforma al Código Orgánico de la Función Judicial
A través del servicio de Asesoría Legal Externa (ALE) de la PGE, la Dirección de Iniciativa Legislativa capacitó a instituciones públicas como al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
Para el 2020, la DNILIJ creará un procedimiento para generar investigaciones jurídicas en la PGE, así como continuará con la revisión de cuerpos normativos en relación a la aplicación de principios de técnica legislativa.
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En 2019, la PGE presentó Proyecto de Ley Reformatoria a la Asamblea Nacional
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 26 de diciembre de 2019
UCS/121
En 2019, la PGE presentó Proyecto de Ley Reformatoria a la Asamblea Nacional
La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Restituir el Control Previo de la Legalidad en Actos y Contratos. La propuesta, que fue entrega el 19 de junio de 2019, tiene dos objetivos: el primero es prevenir actos de corrupción en la contratación pública: el segundo es disminuir los futuros litigios para el Estado, explicó el Procurador Íñigo Salvador Crespo.
Según cifras del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), entre 2010 y 2018, los contratos públicos fueron por 73 mil millones de dólares, pero ninguno de ellos ha pasado por el control previo de su legalidad.
Para evitar la arbitrariedad en la contratación pública y promover el manejo eficiente de recursos públicos, es necesario fortalecer la institucionalidad de la PGE y restituirle el control previo de la legalidad con la revisión de las etapas: preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos.
El doctor Salvador señaló que con un adecuado control previo a la contratación pública, se evitarán futuros litigios y se reducirán los espacios para actos de corrupción.
Según el proyecto de ley, se busca restituir el control previo de legalidad a todo contrato superior al 0.000015 del Presupuesto General del Estado, que equivale a USD 532.000,00 al 2019, así como, de manera aleatoria, a todo contrato sujeto de denuncia, por incumplimiento de la ley.
Además, plantea fortalecer la prevención de disputas en jurisdicción internacional, originadas en contratos celebrados con el Estado, a través de la creación de un Comité de Prevención de Disputas, que será presidido por el Procurador e integrado por autoridades del Estado.
El proyecto de ley también establece fortalecer las facultades de asesoramiento, absolución de consultas y capacitación de la PGE para los organismos y entidades públicas sobre la adecuada aplicación de la norma. La propuesta incluye tres ejes fundamentales para su aplicación:
1. Control de la legalidad:
a. Control previo
b. Control concurrente y posterior
2. Fortalecimiento institucional:
a. Comité de prevención de disputas
b. Asesoramiento y capacitación
c. Absolución de consultas
3. Autonomía:
a. Gestión del talento humano - capacitación
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La Dirección Nacional de Control de la Legalidad y Contratos de la PGE da cuenta de las metas de cara al 2020
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 26 de diciembre de 2019
UCS/120
La Dirección Nacional de Control de la Legalidad y Contratos de la PGE da cuenta de las metas de cara al 2020
La Dirección Nacional de Control de la Legalidad y Contratos (DNCLC) de la Procuraduría General del Estado enfrentó este año un gran desafío: la realización de las Jornadas de Contratación Pública PGE 2019, a nivel nacional, con la colaboración de todas las direcciones regionales del país.
Este primer ciclo de conferencias se realizó entre julio y septiembre del presente año. Estuvo dirigido a los funcionarios de las áreas de compras públicas, de los GAD provinciales y representa un aporte a las nuevas autoridades en la actualización de conocimientos para el adecuado manejo de los recursos del Estado. “Cumplimos con una de las metas y productos del Plan Operativo Anual (POA)”, señaló Hólger Córdova, subdirector de Contratación Pública de la PGE
A criterio de Córdova, las jornadas fueron positivas porque los organismos y entidades del Estado adolecen de muchas falencias en el conocimiento y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
Pero no solo se abordó la LOSNCP, “también se trató el tema de mediación”, recordó Vanessa Cedeño, Subdirectora de Contratación Especial de la Procuraduría. Además de los desafíos que presentan las instituciones en el tema del acuerdo con la Unión Europea.
Ambos subdirectores coincidieron en señalar que el plan del 2019 se cumplió a cabalidad y el año que viene la DNCLC fortalecerá la asesoría y capacitación.
Para el 2020 también registran dos desafíos adicionales: aportar como Dirección Nacional de Control de la Legalidad con un informativo en la página web de la PGE con reflexiones en diversos temas y crear un nuevo ciclo de conferencias o seminarios.
La DNCLC también abarcará todos los procedimientos con las observaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) previstas para el 2020.
Además, fortalecerá la participación de la Dirección de Control de la Legalidad en el servicio de Asesoría Legal Externa (ALE). “Esto es muy importante porque este servicio nos ha dado frutos y satisfacciones en lo que va este último semestre”, dijo el subdirector Córdova.
El ALE es un proceso estandarizado y automatizado en una plataforma virtual que orienta sobre la correcta aplicación de las normas legales a las instituciones y organismos del sector público.
A la par, esta dirección continuará con las asesorías presenciales, las cuales se incrementaron con el pasar del tiempo. En la actualidad, “vienen los delegados de las entidades públicas a realizar consultas, sobre casos concretos, con expedientes”, indicaron los subdirectores.
Ambos funcionarios están a la espera de que en el menor tiempo posible la Asamblea Nacional reforme la LOSNCP, en la cual posiblemente se reincorpore el informe previo de los contratos. Esto posiblemente tendría implicaciones para la PGE, “porque habría que fortalecer a esta Dirección. Ese es el desafío para este año”, finalizó Córdova.
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La Procuraduría General del Estado asume un rol activo en el patrocinio de las causas
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 23 de diciembre de 2019
UCS/119
La Procuraduría General del Estado asume un rol activo en el patrocinio de las causas
La Procuraduría General del Estado (PGE) impulsa una política de austeridad a fin de reducir los gastos que se derivan del patrocinio de la República del Ecuador y sus organismos en litigios en sede extranjera y arbitrajes internacionales.
En este sentido, desde octubre de 2018, se han suscrito 23 contratos modificatorios entre la PGE y estudios jurídicos que tienen a su cargo la co-defensa internacional estatal.
Estos contratos están orientados a optimizar descuentos respecto de los honorarios profesionales facturados por los abogados. De esta manera, la PGE y los estudios jurídicos han acordado porcentajes fijos de descuentos y, en algunos casos, incluso, porcentajes adicionales de descuentos sujetos al pronto pago de facturas.
Con esta política no solo se reducen los gastos incurridos por concepto de co-defensa, sino que, además, la PGE ha adquirido un rol más activo en el patrocinio de las causas. Para ello, esta entidad ha intensificado su participación en los procesos internacionales, a través de la preparación de escritos e insumos, investigaciones jurídicas, así como con el manejo directo de actuaciones procesales en el ejercicio de la defensa del Estado y de sus instituciones.
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- La Procuraduría General del Estado suscribió convenios interinstitucionales
- El Procurador Íñigo Salvador explica las causas que suspendieron la negociación con Odebrecht
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- El PROFIP trabaja en mejorar la defensa legal del Estado
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