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El equipo de la Procuraduría General del Estado presentó pruebas en el caso Vicuña
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 06 de enero de 2020
UCS/04
El equipo de la Procuraduría General del Estado presentó pruebas en el caso Vicuña
Hoy, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de juicio en contra de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien es acusada de haber cometido el delito de concusión (petición de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas de un funcionario abusando de su cargo o funciones).
La Procuraduría General del Estado señaló que la acusada se valió de su calidad de asambleísta para pedir la entrega de USD 23.300 a sus colaboradores. Este criterio fue reforzado posteriormente por el director Nacional de Patrocinio de la PGE, Marco Proaño, quien manifestó, en su alegato de apertura, que la Procuraduría participa como acusador particular en este caso porque, con el delito de concusión, se ha visto afectada la eficiencia de la administración pública.
Proaño indicó que desde el 2011 al 2013 Vicuña habría solicitado a Ángel Sagbay el pago de aportaciones para el movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista.
A la vez, cuestionó la existencia de esta agrupación política porque no está registrada en el Consejo Nacional Electoral.
Por su parte, la defensa técnica de Vicuña indicó que durante la audiencia probarán que sí existe el ABA y que Sagbay fue integrante de aquella agrupación y que al no ver cristalizadas sus pretensiones individuales chantajeó a Vicuña con la intención de obtener contratos y altos cargos públicos. Por esa razón desfiguró la naturaleza de los aportes.
Posteriormente, la audiencia entró en la fase de pruebas, con la presentación de tres peritos y con la recavación de los testimonios de los testigos que se encuentran a favor y en contra de la exvicepresidenta.
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El 6 de enero se instala la audiencia de juicio por el caso Vicuña
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 04 de enero de 2019
UCS/03
El 6 de enero se instala la audiencia de juicio por el caso Vicuña
El 6 de enero de 2020 será la audiencia de juicio en contra de la exvicepresidenta, María Alejandra Vicuña, en la Corte Nacional de Justicia.
La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó la acusación particular el 18 de abril de 2019. En la audiencia de juicio, la PGE demostrará la existencia del presunto delito de concusión (cuando un funcionario público exige a una persona una contribución a cambio de algo).
Según Ángel Polivio Sagbay, quien laboraba en el despacho de Vicuña cuando ella era legisladora, la exsegunda mandataria le solicitaba dinero a cambio de trabajo en la Asamblea Nacional.
Sagbay señaló que Vicuña le decía que esos aportes económicos eran para el movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), del cual ella era integrante. La PGE comprobará que hubo requerimiento ilícito de dinero a Sagbay.
Según reportes del Consejo Nacional Electoral (CNE), ese movimiento político no existe jurídicamente y dentro del proceso de investigación se ha determinado que hay transferencias bancarias desde la cuenta de Sagbay a la de la ex vicepresidenta de la República, que corroborarían lo señalado por Sagbay.
Al tratarse de un delito en contra de la administración pública, la Procuraduría solicitará la reparación a favor del Estado ecuatoriano por USD 23.300,00. Este valor se habría transferido de una cuenta de Sagbay a la de la exvicepresidenta de la República.
Sobre ese monto se dictaron las medidas cautelares, como la prohibición de enajenar bienes y la retención de las cuentas bancarias de Vicuña.
En caso de dictarse sentencia condenatoria, aparte de la pena que se le imponga a Vicuña, la Procuraduría pedirá que se reconozca la reparación integral a favor del Estado para que ese monto pase a la cuenta del tesoro nacional.
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Logros y metas para el 2020 presenta la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 03 de enero de 2019
UCS/02
Logros y metas para el 2020 presenta la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje
Acorde a la política de austeridad impulsada por el Gobierno Nacional, desde el inicio de sus funciones, el Procurador General del Estado estableció en la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje (DNAIA) la adopción de políticas concretas orientadas a reducir los gastos generados por el patrocinio internacional del Estado.
Entre las metas planteadas en el 2019, la Dirección participó activamente en el desarrollo de los procesos arbitrales internacionales. También llegó a términos contractuales favorables para los intereses de la institución en los nuevos contratos suscritos con los estudios jurídicos extranjeros.
Por ello, en el ejercicio de la codefensa del Estado presentó de manera directa varios escritos relativos a la contestación de solicitudes de arbitraje, solicitudes de bifurcación (división), oposición a las medidas provisionales, recursos de interpretación y escritos de costas. También participó activamente en varias diligencias procesales. Todas estas actuaciones han guardado el mismo profesionalismo y calidad que aquellas en los que intervienen los abogados externos y han obtenido resultados positivos en los casos.
Por otra parte, la DNAIA lideró varios procesos de negociación que se espera concluyan con la suscripción de acuerdos transaccionales y con el consecuente retiro de notificaciones de controversia o desistimiento de arbitrajes internacionales, y la prevención de nuevas disputas.
El objetivo es reducir el índice de conflictividad que enfrenta el Estado ecuatoriano y encontrar soluciones amistosas a las controversias internacionales surgidas tanto con contratistas como con inversionistas, durante este año.
Entre los logros de esta Dirección se destaca la obtención de dos decisiones totalmente favorables en arbitrajes internacionales (caso Albacora e Internexa), en las cuales se aceptaron los argumentos del Estado ecuatoriano, desechando las demandas planteadas.
En el ámbito nacional, a fin de alcanzar una defensa efectiva de los intereses del Estado, en el patrocinio de las causas, la Dirección ha implementado una política activa de prevención de disputas. Sus abogados trabajan en permanente coordinación con las diferentes entidades públicas. Dicha actividad incluye reuniones de trabajo encaminadas a definir una estrategia de defensa, de asesoramiento; requerimiento y obtención de información; elaboración de escritos y alegatos; preparación de peritos y testigos; y, asistencia a las diversas audiencias que tienen lugar durante la sustanciación de los procesos.
La DNAIA espera que en el año 2020 los procesos de negociación en marcha concluyan con la suscripción de acuerdos de solución amistosa que ponga fin a las controversias en curso, permitiendo disminuir el índice de conflictividad que afronta el Estado.
Asimismo, aspira a incrementar su participación directa en los procesos internacionales, lo que permitiría la reducción en los costos de defensa del Ecuador.
El trabajo de esta Dirección estará encaminado a lograr la mayor cantidad de resultados favorables posible, trabajando conjuntamente con los estudios jurídicos extranjeros en la estrategia legal para enfrentar tanto los casos en marcha como los que se propongan en el nuevo año.
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Caso sobornos: 21 procesados pasan a juicio en la Corte Nacional Justicia
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 02 de enero de 2020
UCS/01
Caso sobornos: 21 procesados pasan a juicio en la Corte Nacional Justicia
Tras el llamamiento a juicio de los 21 de 24 procesados por el caso Sobornos 2012-2016 por parte de la jueza nacional Daniella Camacho, el proceso pasa nuevamente a la Corte Nacional de Justicia para el sorteo de los jueces que integrarán el tribunal penal.
La Procuraduría General del Estado continuará como acusadora particular a esos acusados por el delito de cohecho agravado, tipificado en el artículo 286 del Código Penal, vigente al momento de los hechos.
Este artículo señala que “todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, en el ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a más del triple de lo que hayan percibido”.
En la actualidad, el delito de cohecho no ha sido despenalizado es imprescriptible y juzgable en ausencia, según el artículo 280, inciso segundo y cuarto del Código Integral Penal (COIP); y en el 233, inciso segundo de la Constitución de la República.
De esos procesados, 11 son exfuncionarios públicos, entre los que se encuentran el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.
El pasado 18 de noviembre de 2019, el titular de la PGE, Íñigo Salvador Crespo, expuso la validez y aplicabilidad de la norma, así como la teoría sobre el delito de cohecho y pidió el monto máximo de reparación, valorado en USD 23,3 millones.
Este organismo analizó el expediente de la investigación previa y la instrucción fiscal, de más de 700 cuerpos, que contiene informes periciales, evidencias documentales y testimoniales.
La Procuraduría General del Estado continuará como acusadora particular a esos acusados por el delito de cohecho agravado, tipificado en el artículo 286 del Código Penal, vigente al momento de los hechos.
Este artículo señala que “todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, en el ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a más del triple de lo que hayan percibido”.
En la actualidad, el delito de cohecho no ha sido despenalizado es imprescriptible y juzgable en ausencia, según el artículo 280, inciso segundo y cuarto del Código Integral Penal (COIP); y en el 233, inciso segundo de la Constitución de la República.
De esos procesados, 11 son exfuncionarios públicos, entre los que se encuentran el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.
El pasado 18 de noviembre de 2019, el titular de la PGE, Íñigo Salvador Crespo, expuso la validez y aplicabilidad de la norma, así como la teoría sobre el delito de cohecho y pidió el monto máximo de reparación, valorado en USD 23,3 millones.
Este organismo analizó el expediente de la investigación previa y la instrucción fiscal, de más de 700 cuerpos, que contiene informes periciales, evidencias documentales y testimoniales.
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La Procuraduría General de Estado estará presente en la resolución del caso Vicuña
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 28 de enero de 2020
UCS/22
La Procuraduría General de Estado estará presente en la resolución del caso Vicuña
La Procuraduría General del Estado (PGE) ha sido convocada por la Corte Nacional de Justicia, el jueves 30 de enero, a las 12:30, a la resolución del juicio en contra de la exasambleísta por Alianza País (AP) y exvicepresidenta María Alejandra Vicuña.
Durante 19 días, el tribunal de juzgamiento, integrado por los jueces Marco Rodríguez (ponente), Daniella Camacho y Wilman Terán analizaron los argumentos expuestos por las partes procesales, además de la presentación de pruebas testimoniales y periciales.
La Procuraduría participa como acusadora particular en este caso. En su alegato de clausura coincidió con la Fiscalía en que la exvicepresidenta incurrió en el delito de concusión, (cuando un funcionario pide derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, abusando de su cargo o funciones), tipificado y sancionado en el art. 264 del Código Penal y previsto en el art. 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
También se comprobó que Ángel Sagbay (acusador) entregó USD 23.300 a las cuentas personales de Vicuña, en 48 transferencias, de junio de 2012 a mayo de 2013.
Por su parte, la defensa técnica de Vicuña, liderada por la abogada Ana María Ontaneda intentó convencer al jurado de la existencia del movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) y que los aportes eran “voluntarios” cuando, en realidad, eran exigidos de manera obligatoria a cambio de un cargo público.
Ante ello, la Procuraduría pidió la pena privativa de libertad para la acusada y la reparación económica al Estado de USD 23.300,00.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL
Telf. 2941300 Ext. 2321
- Exvicepresidenta María Alejandra Vicuña es condenada a un año de cárcel
- La Procuraduría General del Estado lleva 100.000 causas
- La Procuraduría ha sido notificada con 44 denuncias durante 2019
- La Dirección de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas de la PGE da cuenta de su gestión en su primer año de creación
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