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La Dirección Nacional de Control de la Legalidad y Contratos de la PGE da cuenta de las metas de cara al 2020
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 26 de diciembre de 2019
UCS/120
La Dirección Nacional de Control de la Legalidad y Contratos de la PGE da cuenta de las metas de cara al 2020
La Dirección Nacional de Control de la Legalidad y Contratos (DNCLC) de la Procuraduría General del Estado enfrentó este año un gran desafío: la realización de las Jornadas de Contratación Pública PGE 2019, a nivel nacional, con la colaboración de todas las direcciones regionales del país.
Este primer ciclo de conferencias se realizó entre julio y septiembre del presente año. Estuvo dirigido a los funcionarios de las áreas de compras públicas, de los GAD provinciales y representa un aporte a las nuevas autoridades en la actualización de conocimientos para el adecuado manejo de los recursos del Estado. “Cumplimos con una de las metas y productos del Plan Operativo Anual (POA)”, señaló Hólger Córdova, subdirector de Contratación Pública de la PGE
A criterio de Córdova, las jornadas fueron positivas porque los organismos y entidades del Estado adolecen de muchas falencias en el conocimiento y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
Pero no solo se abordó la LOSNCP, “también se trató el tema de mediación”, recordó Vanessa Cedeño, Subdirectora de Contratación Especial de la Procuraduría. Además de los desafíos que presentan las instituciones en el tema del acuerdo con la Unión Europea.
Ambos subdirectores coincidieron en señalar que el plan del 2019 se cumplió a cabalidad y el año que viene la DNCLC fortalecerá la asesoría y capacitación.
Para el 2020 también registran dos desafíos adicionales: aportar como Dirección Nacional de Control de la Legalidad con un informativo en la página web de la PGE con reflexiones en diversos temas y crear un nuevo ciclo de conferencias o seminarios.
La DNCLC también abarcará todos los procedimientos con las observaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) previstas para el 2020.
Además, fortalecerá la participación de la Dirección de Control de la Legalidad en el servicio de Asesoría Legal Externa (ALE). “Esto es muy importante porque este servicio nos ha dado frutos y satisfacciones en lo que va este último semestre”, dijo el subdirector Córdova.
El ALE es un proceso estandarizado y automatizado en una plataforma virtual que orienta sobre la correcta aplicación de las normas legales a las instituciones y organismos del sector público.
A la par, esta dirección continuará con las asesorías presenciales, las cuales se incrementaron con el pasar del tiempo. En la actualidad, “vienen los delegados de las entidades públicas a realizar consultas, sobre casos concretos, con expedientes”, indicaron los subdirectores.
Ambos funcionarios están a la espera de que en el menor tiempo posible la Asamblea Nacional reforme la LOSNCP, en la cual posiblemente se reincorpore el informe previo de los contratos. Esto posiblemente tendría implicaciones para la PGE, “porque habría que fortalecer a esta Dirección. Ese es el desafío para este año”, finalizó Córdova.
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La Procuraduría General del Estado asume un rol activo en el patrocinio de las causas
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 23 de diciembre de 2019
UCS/119
La Procuraduría General del Estado asume un rol activo en el patrocinio de las causas
La Procuraduría General del Estado (PGE) impulsa una política de austeridad a fin de reducir los gastos que se derivan del patrocinio de la República del Ecuador y sus organismos en litigios en sede extranjera y arbitrajes internacionales.
En este sentido, desde octubre de 2018, se han suscrito 23 contratos modificatorios entre la PGE y estudios jurídicos que tienen a su cargo la co-defensa internacional estatal.
Estos contratos están orientados a optimizar descuentos respecto de los honorarios profesionales facturados por los abogados. De esta manera, la PGE y los estudios jurídicos han acordado porcentajes fijos de descuentos y, en algunos casos, incluso, porcentajes adicionales de descuentos sujetos al pronto pago de facturas.
Con esta política no solo se reducen los gastos incurridos por concepto de co-defensa, sino que, además, la PGE ha adquirido un rol más activo en el patrocinio de las causas. Para ello, esta entidad ha intensificado su participación en los procesos internacionales, a través de la preparación de escritos e insumos, investigaciones jurídicas, así como con el manejo directo de actuaciones procesales en el ejercicio de la defensa del Estado y de sus instituciones.
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La Procuraduría General del Estado suscribió convenios interinstitucionales
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 19 de diciembre de 2019
UCS/118
La Procuraduría General del Estado suscribió convenios interinstitucionales
La Procuraduría General del Estado (PGE) firmó convenios con algunas instituciones para establecer mecanismos de cooperación interinstitucional con entidades del sector público y privado que permitan el fortalecimiento en algunos aspectos, como Talento Humano.
En esa área los temas de los convenios se relacionan con la actividad jurídica administrativa institucional; en las competencias y funciones legales de las instituciones; en el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública.
También en el desarrollo y ejecución de mecanismos y actividades conjuntas en materias de competencia y mutuo interés de las instituciones; en el desarrollo de proyectos de investigación, programas de capacitación, fortalecimiento y actualización en el ámbito de la Teoría del Derecho, Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
Además otros temas como la recuperación de activos; en pasantías con diferentes universidades del país; en el establecimiento de un marco regulatorio con respecto a la organización y celebración del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Procuraduría General del Estado, durante la administración del doctor Íñigo Salvador Crespo, suscribió 11 convenios con las siguientes instituciones:
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas-AME
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales-CONGOPE
Corte Constitucional del Ecuador.
Contraloría General del Estado.
Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación-UNITAR.
Ministerio de Economía y Finanzas.
Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP.
Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE.
Universidad Central del Ecuador.
Universidad Internacional del Ecuador.
Universidad San Francisco.
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El Procurador Íñigo Salvador explica las causas que suspendieron la negociación con Odebrecht
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 18 de diciembre de 2019
UCS/117
El Procurador Íñigo Salvador explica las causas que suspendieron la negociación con Odebrecht
El Procurador General del Estado Íñigo Salvador Crespo explicó hoy, miércoles 18 de diciembre de 2019, en Ecuavisa, las razones por las que se encuentra detenidas las conversaciones con la constructora brasileña Odebrecht a fin de determinar una reparación integral al Estado ecuatoriano.
El Procurador explicó que no es una tarea sencilla la determinación del daño causado por la empresa Odebrecht, a través de sus actos de corrupción, porque exige un análisis de cada uno de los contratos firmados por esa empresa. Reiteró que la reparación deberá ser en el ámbito material e inmaterial.
“Tenemos una cifra aproximada, que representa coimas de USD 50 millones, admitida por la compañía Odebrecht. Creemos que podría ser más, pero eso es solamente una parte del daño causado. También hay posibles sobreprecios, incumplimientos contractuales, entre otros. Pero, además, está el daño moral”, dijo el titular de la PGE.
En cuanto a la cooperación eficaz de Odebrecht, el doctor Salvador recalcó que la compañía no ha entregado toda la información a la Fiscalía General del Estado. “Conforme avancen las conversaciones indemnizatorias debe continuar la entrega de esa información hasta su totalidad”.
También recordó que el 16 de octubre pasado, el contralor Pablo Celi tenía prevista una reunión con Félix Martins, antecesor de Mauricio Cruz Lopes, director regional de Odebrecht. Pero en días previos hubo las protestas sociales en las cuales fue incendiado el edificio de la Contraloría en Quito y se perdió buena parte de la información.
Sin embargo, se está reconstituyendo la base documental y tan pronto como haya la posibilidad real de contar con esa documentación “retomaremos las conversaciones con la compañía”. El Procurador espera que esto se concrete desde inicio del próximo año y de inmediato se redefinirá el calendario.
Para el Procurador, Odebrecht tiene que cumplir con el deber de indemnizar al Estado ecuatoriano y en eso trabajarán. Pero la constructora brasileña también debe cumplir sus obligaciones con los proveedores ecuatorianos trayendo fondos propios adicionales. Indicó que el Estado ecuatoriano tiene retenidos a la compañía montos por encima de los USD 100 millones, en virtud de una medida cautelar dictada por la Fiscalía, en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht y ahora Sobornos 2012-2016.
“Es absurdo pensar que la única garantía que tiene el Estado ecuatoriano para resarcirse de los daños sufridos a manos de Odebrecht deba utilizarse para que esa empresa pague sus otras obligaciones”, enfatizó.
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La Procuraduría General del Estado brinda asesoría sobre los principios de técnica legislativa y parlamentaria
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 12 de diciembre de 2019
UCS/116
La Procuraduría General del Estado brinda asesoría sobre los principios de técnica legislativa y parlamentaria
La Procuraduría General del Estado, a través de la Dirección de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas, creada el 04 de diciembre de 2019, brinda asesoría a todas las instituciones públicas que soliciten revisión de la normativa o cuerpos legales.
En esa asesoría aplica la técnica legislativa que contribuye a la redacción de cuerpos normativos con criterios como: formalidad, claridad, integralidad, precisión, coherencia y concordancia.
La formalidad implica que el proyecto de ley, para su aprobación, debe cumplir con los requisitos previstos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y demás normas pertinentes. Su aplicación garantiza su legitimidad.
Mientras la claridad ser refiere a la redacción del texto del proyecto de ley debe ser entendible y preciso, lo que permitirá tener un documento con certeza y seguridad jurídica.
La integralidad, en cambio, es para que el proyecto contenga todos los elementos temáticos relacionados con los asuntos a ser normados; debe ser un producto completo, sin vacíos. Debe eliminar los temas que no correspondan con el objeto y ámbito.
La coherencia y concordancia se refiere a que el proyecto de ley debe contener normas que no se contradigan entre sí, (coherencia interna), ni con otras normas del sistema jurídico (coherencia externa). Debe evitar antinomias e imprecisiones.
Y la precisión quiere decir que la norma debe ser una respuesta a una necesidad social y tiene que determinar el presupuesto que conllevaría para su implementación.
Hasta el momento, este servicio de asesoramiento de iniciativa legislativa se impartió al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
En su contribución a mejorar los cuerpos normativos en materia de iniciativa legislativa, ha participado en el desarrollo en las siguientes normas:
- Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código General de Procesos.
- Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación.
- Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y a la ley de Seguridad Social de la Policía Nacional.
- Proyecto de Ley de la Defensoría del Pueblo.
- Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial.
- Proyecto del Código de Comercio.
- Proyecto de Ley Orgánica Reforma al Código Orgánico Integral Penal.
- Reglamento de Disciplina para los Centro de Formación Policial.
- Proyecto de Instructivo de Aplicación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Procuraduría General del Estado y la Asamblea Nacional.
- Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública.
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Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en casos de Personas desaparecidas y extraviadas.
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Proyecto de Ley de Transparencia Fiscal, Asamblea Nacional.
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Observaciones al Reglamento del Procedimiento para la suscripción de Acuerdos Indemnizatorios con víctimas documentadas en el Informe de la Comisión de la Verdad.
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