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Personal de la Procuraduría General del Estado se empodera de los resultados favorables de su clima laboral en el 2019
Personal de la Procuraduría General del Estado se empodera de los resultados favorables de su clima laboral en el 2019
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Los procesos tributarios son intransigibles
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 04 de diciembre de 2019
UCS/104
Los procesos tributarios son intransigibles
Tributario la Sección 6ª, "De la transacción".
Las demandas en lo contencioso tributario son intransigibles, es decir, que no tienen la posibilidad de mediación o transacción. Esto se debe a su materia tributaria, en la que el Estado asume una posición de poder, mientras los ciudadanos tienen la obligación de acatar sus disposiciones. Los tributos tienen un carácter general, no son para una persona en particular.
Por esa razón, una controversia de esa naturaleza jamás podría solucionarse con una mediación por ser absolutamente intransigible. Los jueces del más alto tribunal son los únicos que pueden declarar que una norma tributaria de menor jerarquía a la ley, es contraria a Derecho, a tal punto que lo que resuelven esos jueces es de cumplimiento obligatorio para todos y no únicamente para las partes que litigaron.
Por eso, “sería difícil que pidan una mediación en temas relacionados con acciones (demandas) de impugnación o directas contra las autoridades tributarias respecto a los impuestos u otro tipo de contribuciones”, señala Martha Escobar, subdirectora de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Procuraduría General del Estado.
Acciones de impugnación
Un ciudadano puede impugnar las determinaciones tributarias ante el Tribunal Contencioso e incluso los gremios “pueden demandar la ilegalidad de una Ley”, dijo Escobar, quien agregó que esas demandas se las debe presentar en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). “La Ley considera que es tan importante mantener un tributo vivo, que no le corresponde decidir su vigencia solo a los tribunales. De ahí la importancia que le da el Estado a lo tributario”, enfatizó.
Las acciones de impugnación más comunes están dirigidas a los actos de determinación del Servicio de Rentas Internas, o a la negativa de la autoridad tributaria a conceder los recursos de revisión respecto a sus decisiones. Son menos frecuentes las acciones ante la Sala de lo Contencioso Tributario de la CNJ para impugnar normas generales de carácter tributario.
Definiciones
Transigir implica el abandono de una pretensión o un derecho, por esa misma razón quien acude a ella debe ser capaz de disponer de los bienes, acciones o derechos sobre los que existe una disputa, o respecto de los cuales se pretende precaver un conflicto futuro.
La transacción, de acuerdo al Código Civil, es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o evitan un litigio eventual, y se puede o no llegar a través de la intervención de un mediador.
Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, el titular de la PGE debe autorizar las transacciones a las que arriban las instituciones del sector público, con excepción de aquellas a las que alcanzan las instituciones del régimen autónomo descentralizado; y tratándose de las transacciones de las entidades que carecen de personería jurídica, como los ministerios, el Procurador es quien transige.
La mediación, por su parte, es un método de resolución de conflictos, en el que las partes con la asistencia de un tercero imparcial -el mediador- consiguen por sí mismas, mediante negociaciones y discusiones, adoptar un acuerdo satisfactorio que generalmente implica concesiones y renunciamientos de cada parte. La autonomía de la voluntad de las partes y la capacidad de disposición de lo que es objeto de la mediación, confirma también que la mediación procede únicamente con respecto a materia transigible.
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La Procuraduría General del Estado llega al 77% de calificación favorable en materia de clima laboral
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 03 de diciembre de 2019
UCS/103
La Procuraduría General del Estado llega al 77% de calificación favorable en materia de clima laboral
El Ministerio del Trabajo entregó, este 3 de diciembre de 2019, los resultados de la encuesta laboral de la Procuraduría General del Estado (PGE) en 2019.
En este evento estuvieron el ministro del Trabajo, abogado Andrés Madero; y el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador Crespo.
El clima laboral de la PGE este año llega al 77% de la calificación muy buena. Mientras en el 2018, en la administración anterior de la Procuraduría llegó al 68%, que corresponde a la calificación de aceptable, según el Ministerio de Trabajo.
El ministro Madero recordó que en octubre de 2018 los resultados de la encuesta laboral en la PGE sirvieron como punto partida para mejorar el clima laboral. “Era importante tener la radiografía clara de la institución porque eso sirvió de insumo para el trabajo del área de Talento Humano”.
Destacó que el incremento del promedio general y de todos los componentes, que forman parte del clima laboral, es un esfuerzo conjunto que va desde los que lideran el proceso hasta el Procurador, además pasa por el compromiso de todos los funcionarios que conforman la institución, dijo el titular de la Cartera de Trabajo.
Mónica Nuñez, directora de Gestión de Cambio y Cultura Organizacional del Ministerio de Trabajo, dijo que los resultados y balance que tiene la PGE son favorables. “En todos los componentes estamos hacia arriba, sobre todo en aquellos que son de mayor demanda de las percepciones que nos han dado el personal de la PGE”.
Indicó que de un total de 498 funcionarios que representan a la población total de la PGE, se logró una participación del 92%, lo cual “es un trabajo plausible porque demuestra la participación activa de las personas. La gente está hablando en un porcentaje muy alto”, señaló.
Núñez también se refirió a los componentes demográficos: a nivel de talento humano y de planificación se tomó en cuenta la masa poblacional, de 48 años hacia arriba, que llega a un 36% para determinar cuáles van a ser los planes de desvinculación, salida de permanencia dentro de la organización.
En cuanto a la formación académica, en la PGE se registra un 26 % de personas con el nivel de primaria y secundaria. “Para la primaria sugerimos que se realice un bachillerato acelerado; y a los de secundaria que se respalden con un título, tecnificarles o formarles”. Esto, a criterio de la experta, va a repercutir mucho en el indicador de capacitación y formación que con mayor atención se demanda en la pregunta abierta.
Al referirse al tipo de vinculación, Núñez indicó que no tienen observaciones, existen cumplimientos en la parte técnica y en el tipo de procesos se pide ajustar en la parte de talento humano para llegar al 70%. “Muy probablemente falta ajustar el proceso y reclasificar a los funcionarios”.
El Procurador General del Estado, por su parte, acogió con optimismo esta información. “Creo que estos resultados son dignos de un sano orgullo del personal de la Procuraduría. El tema de que uno de los rubros en el que hayamos crecido sea el de liderazgo, no lo atribuyo a quien está a la cabeza de la institución. Mi único mérito, es haber escogido a un grupo de colaboradores directos que son de lo mejor; y ellos a la vez han sabido replicar ese ejemplo, ese grado de compromiso a nivel del personal de la Procuraduría”.
El doctor Salvador agradeció al personal de la Procuraduría porque toda mejora que se logre en estos indicadores son “métodos cuantitativos para darnos cuenta del buen trabajo que estamos haciendo y logremos a futuro”. Expresó que para el próximo año habrá una nueva meta para pasar al nivel de excelencia. “Doce puntos sí se pueden conseguir en un año, sobre todo, si sabemos a dónde dirigirnos”, finalizó.
Los resultados del clima laboral en el presente año se darán a conocer a todo el personal de la Procuraduría el próximo jueves.
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La Procuraduría General del Estado y el Ministerio del Trabajo firman un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 03 de diciembre de 2019
UCS/102
La Procuraduría General del Estado y el Ministerio del Trabajo firman un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
Con el propósito de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones entre las dos instituciones, este 3 de diciembre de 2019, la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio del Trabajo firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional.
Las dos entidades, representadas por el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador Crespo; y el ministro del Trabajo, abogado Andrés Madero, primero se refirieron a los resultados de la encuesta del clima laboral, elaborada por la Cartera de Trabajo, para todas las instituciones del sector público.
Según ese indicador, el clima laboral de la PGE de 2019 es muy bueno, con el 77% de la calificación. Mientras en 2018, en la administración anterior de la Procuraduría, era del 68%, que corresponde a la calificación de aceptable, de acuerdo al Ministerio de Trabajo.
Mientras el convenio tiene como objeto establecer los mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan fortalecer el ejercicio de las competencias y funciones legales de las partes intervinientes.
Las partes cooperarán de manera especial en el diseño, elaboración e implementación del modelo de gestión que impulsa la PGE como parte del Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PROFIP).
Intercambiarán información que pueda ser de utilidad para el ejercicio de sus competencias específicas, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y leyes correspondientes.
Desarrollarán programas de formación profesional en sectores de interés institucional; además de la realización de congresos, seminarios, simposios y otros eventos académicos en todo lo concerniente a su organización.
Este Convenio Marco tendrá un plazo de cuatro años, contados a partir de la suscripción, plazo que podrá renovarse siempre que exista acuerdo escrito entre las partes, con una anticipación de por lo menos treinta días a la fecha prevista para la conclusión del mismo.
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La Procuraduría acude a 40 audiencias diarias en el ámbito constitucional
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 02 de diciembre de 2019
UCS/101
La Procuraduría acude a 40 audiencias diarias en el ámbito constitucional
Las acciones constitucionales más comunes en las que interviene la Procuraduría General del Estado (PGE) son: acciones de protección, habeas data, acceso a la información pública, medidas cautelares y habeas corpus, en menor medida.
En ellas participan alrededor de 12 abogados, quienes acuden a un promedio de 40 y 50 audiencias diarias en materia constitucional. Debido a su trascendencia, en ciertos procesos también intervienen la subdirectora de Asuntos Constitucionales de la PGE, Alexandra Mogrovejo; el director Nacional de Patrocinio, Marco Proaño, e incluso el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo.
En la Corte Constitucional (CC), por mandato de la ley, se debe contar con el Procurador en las acciones extraordinarias de protección, de inconstitucionalidad, de incumplimiento de sentencia, o por incumplimiento de norma, dictámenes en consultas populares y más acciones en las que la CC deba emitir un pronunciamiento.
Alexandra Mogrovejo enfatizó que la acción de protección en lo que respecta a la justicia ordinaria y en la Corte Constitucional, se plantea por vulneración de los derechos constitucionales.
El pedido de habeas data se da respecto a la información personal que reposa en alguna institución y a la que el interesado o accionante en este caso quiere tener acceso y se le ha denegado de una o de otra manera.
El acceso a la información pública, en cambio, está relacionada con las instituciones del Estado y puede presentar cualquier persona a la cual se denegado sin justa causa.
Las medidas cautelares buscan precautelar los derechos constitucionales que corren el riesgo de sufrir una vulneración inminente.
En cuanto a las acciones de habeas corpus, la Procuraduría no interviene en mayor proporción. Sin embargo, la PGE ha acompañado a algunas de ellas debido a su trascendencia, como el pedido de habeas corpus que hizo el exvicepresidente, Jorge Glas, quien fue sentenciado por asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht.
Estas acciones son inherentes a las personas que se encuentran privadas de libertad, y “si bien son motivo de una acción constitucional estas no están directamente relacionadas a la defensa de los intereses del Estado”, señala la experta.
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- La Procuraduría General del Estado ha presentado cinco acciones de nulidad en este año
- Parámetros que se necesitan y utilizan para pedir la nulidad de laudos arbitrales
- Sentencia a favor de la CNT-EP en Miami – Florida por el caso Convergia INC.
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