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Personal de la Procuraduría General del Estado se empodera de los resultados favorables de su clima laboral en el 2019
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 05 de diciembre de 2019
UCS/105
Personal de la Procuraduría General del Estado se empodera de los resultados favorables de su clima laboral en el 2019
Los resultados de la encuesta de Clima Laboral 2019 se presentaron hoy a todo el personal de la Procuraduría General del Estado (PGE). Este estudio estuvo a cargo del Ministerio del Trabajo y se realizó entre el 18 al 22 de noviembre de 2019.
El clima laboral es la percepción que tiene el servidor público hacia su ambiente de trabajo y que afecta directa o indirectamente a su desempeño.
La Procuraduría llegó al 77% de calificación muy buena, en comparación al 2018, en la que alcanzó el 68% equivalente a aceptable, durante la administración anterior, según el Ministerio de Trabajo. También existe una percepción generalizada de que el ambiente de trabajo en la institución es positivo.
La primera intervención estuvo a cargo del Procurador Íñigo Salvador quien señaló que los resultados son muy buenos. “Demuestran que estamos comprometidos con nuestra institución, contentos con el trabajo que hacemos y con el entorno en que nos desenvolvemos”. Dijo que los avances son asombrosos, conseguidos “en tan poco tiempo y sin habernos empeñado en trabajar en algunos parámetros de la evaluación”.
Mencionó , por ejemplo, el componente de liderazgo, del que a su criterio, ha tenido muy poco que ver: “quizá mi único mérito como Procurador General del Estado es haber escogido a un grupo de colaboradores directos en las direcciones y coordinaciones nacionales, que son gente proba, excelente, desde el punto de vista humano y profesional”. No obstante, recalcó que en una institución como la PGE, “todos somos líderes, todos seguimos a alguien y todos damos ejemplo a alguien más; y eso es lo que están reflejando estas estadísticas”, señaló.
Mónica Núñez, directora de Gestión de Cambio y Cultura Organizacional del Ministerio de Trabajo, refrendó lo dicho por el Procurador. Subrayó que es difícil encontrarse con instituciones técnicamente maduras, “por el aporte que hacen al clima que generan en la cotidianidad. Cada uno de ustedes refleja ahora los resultados de este año en la PGE”.
De un total de 498 funcionarios que representan a la población total de la PGE, se logró una participación del 92%. “Esa ya es la primera alerta de que la gente tiene confianza para hablar y decir lo que le vuelve confortable y lo que hace que lo detenga”, dijo Núñez.
Al referirse a la composición demográfica explicó que la institución tiene una estructura sana. Esto significa que hay una cadena de valor en donde está identificado el qué hacer, el cuándo hacerlo y el cómo hacerlo.
En cuanto al tema de la edad, dijo que son una institución medianamente joven, en donde hay una amalgama entre experiencia y juventud. “Lo bueno es que no hay una territorialidad en donde las personas se creen dueñas de los procesos y no transfieren sus conocimientos”.
En el componente de liderazgo hay un crecimiento del 12%. “Los objetivos técnicos son el crecer un 5% por lo que el porcentaje se ha duplicado”. A criterio de Núñez, este logro lo atribuye al liderazgo que ejerce el Procurador General del Estado, porque “logra generar equipos de alto desempeño”.
Asimismo, en el tema de compromiso existe un incremento del 9% y en el componente en torno de trabajo la PGE alcanza un 7%.
En lo referente al movimiento de participación existe un crecimiento del 2%. “Esto es normal. Hay que seguir con la tendencia de que la respuesta y la participación sea voluntaria. Nosotros, como ministerio, les garantizamos la confidencialidad. Les entregamos una matriz codificada para que sus respuestas puedan contribuir para un plan de mejora”, dijo la experta
Por su parte, Gabriela Falconí, coordinadora Nacional de Planificación de la PGE, se refirió a la importancia de esta encuesta y agradeció al personal de la Procuraduría por su participación y enfatizó que el objetivo es ir mejorando en las cifras, con el compromiso de todos. “Del 77% queremos alcanzar para el próximo año, como límite inferior, el 85%; y como un desafío institucional el 90%. Con esto alcanzaríamos un clima laboral denominado como excelente”.
Con estos resultados, la Procuraduría se perfila como una institución emblemática en la administración pública.
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Personal de la Procuraduría General del Estado se empodera de los resultados favorables de su clima laboral en el 2019
Personal de la Procuraduría General del Estado se empodera de los resultados favorables de su clima laboral en el 2019
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Los procesos tributarios son intransigibles
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 04 de diciembre de 2019
UCS/104
Los procesos tributarios son intransigibles
Tributario la Sección 6ª, "De la transacción".
Las demandas en lo contencioso tributario son intransigibles, es decir, que no tienen la posibilidad de mediación o transacción. Esto se debe a su materia tributaria, en la que el Estado asume una posición de poder, mientras los ciudadanos tienen la obligación de acatar sus disposiciones. Los tributos tienen un carácter general, no son para una persona en particular.
Por esa razón, una controversia de esa naturaleza jamás podría solucionarse con una mediación por ser absolutamente intransigible. Los jueces del más alto tribunal son los únicos que pueden declarar que una norma tributaria de menor jerarquía a la ley, es contraria a Derecho, a tal punto que lo que resuelven esos jueces es de cumplimiento obligatorio para todos y no únicamente para las partes que litigaron.
Por eso, “sería difícil que pidan una mediación en temas relacionados con acciones (demandas) de impugnación o directas contra las autoridades tributarias respecto a los impuestos u otro tipo de contribuciones”, señala Martha Escobar, subdirectora de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Procuraduría General del Estado.
Acciones de impugnación
Un ciudadano puede impugnar las determinaciones tributarias ante el Tribunal Contencioso e incluso los gremios “pueden demandar la ilegalidad de una Ley”, dijo Escobar, quien agregó que esas demandas se las debe presentar en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). “La Ley considera que es tan importante mantener un tributo vivo, que no le corresponde decidir su vigencia solo a los tribunales. De ahí la importancia que le da el Estado a lo tributario”, enfatizó.
Las acciones de impugnación más comunes están dirigidas a los actos de determinación del Servicio de Rentas Internas, o a la negativa de la autoridad tributaria a conceder los recursos de revisión respecto a sus decisiones. Son menos frecuentes las acciones ante la Sala de lo Contencioso Tributario de la CNJ para impugnar normas generales de carácter tributario.
Definiciones
Transigir implica el abandono de una pretensión o un derecho, por esa misma razón quien acude a ella debe ser capaz de disponer de los bienes, acciones o derechos sobre los que existe una disputa, o respecto de los cuales se pretende precaver un conflicto futuro.
La transacción, de acuerdo al Código Civil, es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o evitan un litigio eventual, y se puede o no llegar a través de la intervención de un mediador.
Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, el titular de la PGE debe autorizar las transacciones a las que arriban las instituciones del sector público, con excepción de aquellas a las que alcanzan las instituciones del régimen autónomo descentralizado; y tratándose de las transacciones de las entidades que carecen de personería jurídica, como los ministerios, el Procurador es quien transige.
La mediación, por su parte, es un método de resolución de conflictos, en el que las partes con la asistencia de un tercero imparcial -el mediador- consiguen por sí mismas, mediante negociaciones y discusiones, adoptar un acuerdo satisfactorio que generalmente implica concesiones y renunciamientos de cada parte. La autonomía de la voluntad de las partes y la capacidad de disposición de lo que es objeto de la mediación, confirma también que la mediación procede únicamente con respecto a materia transigible.
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La Procuraduría General del Estado llega al 77% de calificación favorable en materia de clima laboral
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 03 de diciembre de 2019
UCS/103
La Procuraduría General del Estado llega al 77% de calificación favorable en materia de clima laboral
El Ministerio del Trabajo entregó, este 3 de diciembre de 2019, los resultados de la encuesta laboral de la Procuraduría General del Estado (PGE) en 2019.
En este evento estuvieron el ministro del Trabajo, abogado Andrés Madero; y el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador Crespo.
El clima laboral de la PGE este año llega al 77% de la calificación muy buena. Mientras en el 2018, en la administración anterior de la Procuraduría llegó al 68%, que corresponde a la calificación de aceptable, según el Ministerio de Trabajo.
El ministro Madero recordó que en octubre de 2018 los resultados de la encuesta laboral en la PGE sirvieron como punto partida para mejorar el clima laboral. “Era importante tener la radiografía clara de la institución porque eso sirvió de insumo para el trabajo del área de Talento Humano”.
Destacó que el incremento del promedio general y de todos los componentes, que forman parte del clima laboral, es un esfuerzo conjunto que va desde los que lideran el proceso hasta el Procurador, además pasa por el compromiso de todos los funcionarios que conforman la institución, dijo el titular de la Cartera de Trabajo.
Mónica Nuñez, directora de Gestión de Cambio y Cultura Organizacional del Ministerio de Trabajo, dijo que los resultados y balance que tiene la PGE son favorables. “En todos los componentes estamos hacia arriba, sobre todo en aquellos que son de mayor demanda de las percepciones que nos han dado el personal de la PGE”.
Indicó que de un total de 498 funcionarios que representan a la población total de la PGE, se logró una participación del 92%, lo cual “es un trabajo plausible porque demuestra la participación activa de las personas. La gente está hablando en un porcentaje muy alto”, señaló.
Núñez también se refirió a los componentes demográficos: a nivel de talento humano y de planificación se tomó en cuenta la masa poblacional, de 48 años hacia arriba, que llega a un 36% para determinar cuáles van a ser los planes de desvinculación, salida de permanencia dentro de la organización.
En cuanto a la formación académica, en la PGE se registra un 26 % de personas con el nivel de primaria y secundaria. “Para la primaria sugerimos que se realice un bachillerato acelerado; y a los de secundaria que se respalden con un título, tecnificarles o formarles”. Esto, a criterio de la experta, va a repercutir mucho en el indicador de capacitación y formación que con mayor atención se demanda en la pregunta abierta.
Al referirse al tipo de vinculación, Núñez indicó que no tienen observaciones, existen cumplimientos en la parte técnica y en el tipo de procesos se pide ajustar en la parte de talento humano para llegar al 70%. “Muy probablemente falta ajustar el proceso y reclasificar a los funcionarios”.
El Procurador General del Estado, por su parte, acogió con optimismo esta información. “Creo que estos resultados son dignos de un sano orgullo del personal de la Procuraduría. El tema de que uno de los rubros en el que hayamos crecido sea el de liderazgo, no lo atribuyo a quien está a la cabeza de la institución. Mi único mérito, es haber escogido a un grupo de colaboradores directos que son de lo mejor; y ellos a la vez han sabido replicar ese ejemplo, ese grado de compromiso a nivel del personal de la Procuraduría”.
El doctor Salvador agradeció al personal de la Procuraduría porque toda mejora que se logre en estos indicadores son “métodos cuantitativos para darnos cuenta del buen trabajo que estamos haciendo y logremos a futuro”. Expresó que para el próximo año habrá una nueva meta para pasar al nivel de excelencia. “Doce puntos sí se pueden conseguir en un año, sobre todo, si sabemos a dónde dirigirnos”, finalizó.
Los resultados del clima laboral en el presente año se darán a conocer a todo el personal de la Procuraduría el próximo jueves.
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La Procuraduría General del Estado y el Ministerio del Trabajo firman un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 03 de diciembre de 2019
UCS/102
La Procuraduría General del Estado y el Ministerio del Trabajo firman un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
Con el propósito de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones entre las dos instituciones, este 3 de diciembre de 2019, la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio del Trabajo firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional.
Las dos entidades, representadas por el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador Crespo; y el ministro del Trabajo, abogado Andrés Madero, primero se refirieron a los resultados de la encuesta del clima laboral, elaborada por la Cartera de Trabajo, para todas las instituciones del sector público.
Según ese indicador, el clima laboral de la PGE de 2019 es muy bueno, con el 77% de la calificación. Mientras en 2018, en la administración anterior de la Procuraduría, era del 68%, que corresponde a la calificación de aceptable, de acuerdo al Ministerio de Trabajo.
Mientras el convenio tiene como objeto establecer los mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan fortalecer el ejercicio de las competencias y funciones legales de las partes intervinientes.
Las partes cooperarán de manera especial en el diseño, elaboración e implementación del modelo de gestión que impulsa la PGE como parte del Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PROFIP).
Intercambiarán información que pueda ser de utilidad para el ejercicio de sus competencias específicas, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y leyes correspondientes.
Desarrollarán programas de formación profesional en sectores de interés institucional; además de la realización de congresos, seminarios, simposios y otros eventos académicos en todo lo concerniente a su organización.
Este Convenio Marco tendrá un plazo de cuatro años, contados a partir de la suscripción, plazo que podrá renovarse siempre que exista acuerdo escrito entre las partes, con una anticipación de por lo menos treinta días a la fecha prevista para la conclusión del mismo.
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