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Caso Sobornos 2012-2016: Doce funcionarios públicos constan en la acusación particular
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 20 de noviembre de 2019
UCS/87
Caso Sobornos 2012-2016: Doce funcionarios públicos constan en la acusación particular
En el marco de la fundamentación del caso Sobornos 2012-2016, la Procuraduría General del Estado, en calidad de acusadora particular, detalló los nombres de los funcionarios que incurrieron en el delito de cohecho agravado.
Según el artículo 286 del Código Penal, vigente (hasta el 10 de agosto de 2014) en el momento de los hechos: “Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, en el ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a más del triple de lo que hayan percibido”.
Entre los funcionarios constan:
- Rafael Vicente Correa Delgado (A1–SP-RC-RCD) Presidente de la República entre el 15 enero de 2007 al 24 mayo de 2017. También fue presidente del Movimiento Alianza País (AP) del 2006 al 2017.
- Jorge David Glas Espinel (A2-SVP-L1-JG). Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos del 5 de abril de 2010 al 10 de noviembre de 2012.
Vicepresidente de la República del 24 de mayo de 2013 al 6 enero de 2018.
Segundo vicepresidente de AP desde el 2014 al 2017
- María de los Ángeles Duarte Pesantes (MD-L2). Ministra de Transportes y Obras Públicas (MTOP) del 1 de mayo de 2010 a 10 marzo del 2014.
Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) del 18 de febrero del 2015 al 5 de enero del 2017.
Directora Provincial de Alianza País (AP) Guayas.
- Walter Hipólito Solís Valarezo (WS-L3). Secretario Nacional del Agua (Senagua) del 10 noviembre del 2011 al 22 de junio del 2015.
Ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del 22 de junio del 2015 al 22 de septiembre del 2016.
- Pamela María Martínez Loayza (PM-C3). Asesora del Presidente de la República. Servidora pública de Presidencia del 16 de noviembre de 2012 al 30 de octubre del 2015.
- Roldán Vinicio Alvarado Espinel (VA-VAE). Ministro de Turismo, del 19 junio del 2013 al 10 de marzo de 2014.
Secretario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), del 10 de marzo de 2014 al 15 de octubre del 2015
Ministro Coordinador de la Producción, del 10 de marzo del 2015 al 10 de junio de 2016
Miembro del buró político de Alianza País (AP)
- Laura Guadalupe Terán Betancourt (LT). Servidora pública de la Presidencia de la República desde el 26 de agosto de 2009 al 30 de septiembre del 2015.
- Alexis Javier Mera Giler (AM). Secretario Jurídico de la Presidencia de la República del 15 de enero del 2007 al 24 de mayo de 2017.
- María Augusta Enríquez Argudo. Asesora del SNAP, del 1 de febrero de 2012 al 2 de julio de 2013.
- Yamil Farah Massuh Jolley. Asesor del MTOP, del 5 de julio de 2010 al 30 de abril de 2014
- Viviana Patricia Bonilla Salcedo. (VB) Asambleísta.
- Christian Humberto Viteri López (CV) Asambleísta.
La Procuraduría General de Estado también estableció que la mayoría de contratos y convenios de pago en el caso Sobornos se realizó en la Vicepresidencia de la República, la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), Petroecuador, la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, el Ministerio de Trasportes y Obras Públicas (MTOP) y Senagua.
De esta manera, la PGE pidió que se dicte el auto de llamamiento a juicio, y que se ratifiquen las medidas cautelares, personales y reales que se encuentran vigentes.
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La fundamentación del caso Sobornos 2012-216 se basa en los “archivos verdes”
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 19 de noviembre de 2019
UCS/82
La fundamentación del caso Sobornos 2012-216 se basa en los “archivos verdes”
La fundamentación del caso Sobornos 2012-2016 en la que participa la Procuraduría General del Estado, como acusadora particular, se basa en la información que se encuentra en los informes periciales de los “archivos verdes” mantenidos por Pamela Martínez y Laura Terán, exasesora y exasistente en la presidencia de Rafael Correa.
El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, dijo que esta estructura delictiva se evidencia en una serie de subterfugios para evitar que sean identificados los protagonistas, desde quienes dan y reciben el dinero. Por ejemplo, cada uno de los funcionarios públicos tiene uno o varios códigos asignados en estos “archivos verdes”. Rafael Correa era “A1”, “SP” o “RC”, que además son las siglas de “Revolución Ciudadana”. Jorge Glas era “JG”, “SVP”, “Líder 1 o L1”; o Pamela Martínez que era “PM” o Coordinadora 3 “C3”.
“En los archivos informáticos no aparecen los nombres de los líderes o los coordinadores, ni de las empresas que entregaban los sobornos porque cada una de ellas tenía un código que era la “V” precedida de un número: “V1” era José Hidalgo Zabala, de Hidalgo- Hidalgo, entre otros”, indicó el titular de la PGE.
El Procurador sostiene que más allá de que los cuadernos de Pamela Martínez sean o no contemporáneos a los hechos, representan solamente una de las posibles evidencias a utilizarse en este caso. “Lo que dice es absolutamente corroborado por los “archivos verdes”, es decir, los archivos informáticos que fueron obtenidos de las computadoras que usaban Martínez y Terán en la Presidencia de la República y en sus oficinas del edificio Concorde”.
Además de los informes periciales están los testimonios varias de las personas implicadas que corroboran cada una de las aseveraciones de Pamela Martínez. Según el Procurador, un juez suele valorar la integralidad de la prueba no hay forma de decir que Martínez estaba mintiendo.
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Transigir o desistir de un pleito es un servicio de la PGE para las entidades del sector público
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 18 de noviembre de 2019
UCS/81
Transigir o desistir de un pleito es un servicio de la PGE para las entidades del sector público
Uno de los servicios de la Procuraduría General del Estado (PGE) es asesorar a todas las instituciones y organismos públicos en las controversias. Esto significa que la PGE hace posible que dos entidades estatales acudan a transigir o desistir de un pleito antes de ir a instancias legales más costosas y largas.
La misión de la PGE es ejercer la representación y defensa del interés público y patrimonio del Estado velando por la oportuna aplicación de la ley para garantizar su seguridad jurídica”. La PGE, a través de la Dirección de Asesoría Jurídica, elabora informes de autorización para transigir o desistir del pleito.
Transigir es concluir una transacción, sobre lo que se estima justo, razonable o verdadero, para conciliar discrepancias, evitar un conflicto o poner término a él, pero con concesiones y renuncias recíprocas.
El artículo 12 de la Ley Orgánica de la PGE señala que las entidades y organismos del sector público con excepción de los gobiernos autónomos deben solicitar autorización o delegación para transigir o desistir del pleito al Procurador General del Estado, cuando surjan controversias.
Para acceder a ese servicio, las instituciones deberán cumplir con:
- Solicitud con la petición concreta al PGE para que se le conceda la autorización o delegación para transigir o desistir del pleito, detallando los antecedentes que motivaron la controversia y los acuerdos alcanzados.
- Nombramiento de la máxima autoridad que solicita la autorización o delegación.
- Proyecto de acta transaccional o acta de mediación con sus respectivos anexos y habilitantes.
- Informe técnico
- Informe económico o financiero
- Informe jurídico favorable
- Certificación presupuestaria en caso de existir erogación de fondos públicos.
La PGE tiene convenios interinstitucionales para fortalecer el área de Talento Humano en la actividad jurídica administrativa institucional; en las competencias y funciones legales; en el cumplimiento del Sistema de Contratación Pública; en el fortalecimiento y actualización en el ámbito de la Teoría del Derecho, Derecho Constitucional y Derechos Humanos; en la recuperación de activos; en las pasantías con diferentes universidades del país; en el marco regulatorio con respecto a la organización y celebración del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La PG ha suscrito convenios con 15 instituciones, tres de las cuales son universidades.
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El Procurador Íñigo Salvador Crespo fijó el pago de reparación integral de 23,3 millones de dólares por el caso Sobornos 2012-2016
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 18 de noviembre de 2019
UCS/80
El Procurador Íñigo Salvador Crespo fijó el pago de reparación integral de 23,3 millones de dólares por el caso Sobornos 2012-2016
La Procuraduría General del Estado expuso hoy, 18 de noviembre de 2019, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la fundamentación de su acusación particular en el caso Sobornos 2012-2016.
Este organismo se ratificó en la acusación por el delito de cohecho agravado, tipificado en el artículo 286 del Código Penal vigente (hasta el 10 de agosto de 2014) en el momento de los hechos. Este delito tampoco ha sido despenalizado y se encuentra en el artículo 280 (incisos segundo y cuarto) del Código Orgánico Integral Penal (COIP), e inciso segundo del artículo 233 de la Constitución de la República, que lo declara imprescriptible y juzgable en ausencia.
El artículo 286 señala que “todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, en el ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes, serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con multa de 16 a 77 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, a más del triple de lo que hayan percibido”.
El Procurador también fijó como monto de reparación integral el pago de USD 23,3 millones.
Entre los 24 procesados se encuentran el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado; el exvicepresidente Jorge Glas Espinel y otros altos exfuncionarios de la administración pública, como Vinicio Alvarado Espinel, María de los Ángeles Duarte Pesantes, Alexis Mera Giler, Viviana Bonilla Salcedo y Walter Solís Valarezo; además de varios empresarios y contratistas del Estado.
El titular de la PGE recordó que la acusación particular fue presentada el 28 de agosto de 2019, sobre esta base, “la Fiscalía General del Estado ha apoyado su teoría del caso. Lo que ha hecho hoy la Procuraduría ha sido reexponer de forma más didáctica, más clara y esquemática, cómo se dieron los hechos que condujeron a este delito de cohecho”, expresó.
Con la presentación de un gráfico, el Procurador demostró que se cumplen a cabalidad cada uno de los elementos del cohecho agravado. En esa explicación, el titular de la PGE evidenció que los funcionarios públicos (sujetos activos) cometieron ese delito, además que existió un grupo adicional de empresarios. “Ellos ofrecían los sobornos a los funcionarios y estos últimos a cambio entregaban contratos y convenios de pago”.
A su criterio, el delito de cohecho es el que mejor representa este atentado, pues, al cometerlo, los funcionarios públicos que intervienen como sujetos activos, faltan a su obligación legal, por cumplir o dejar de cumplir sus funciones, influidos por un estímulo económico o de otra índole, corroyendo así el entramado administrativo del Estado, cuyo funcionamiento correcto parte de la premisa de que todos los funcionarios públicos, al participar en procesos de contratación pública, cumplan con los principios constitucionales y del derecho internacional de eficiencia, transparencia, integridad y honestidad, y con los preceptos legales aplicables. Es el delito de corrupción por excelencia.
De esta manera, se configuró una sofisticada estructura de corrupción, diseñada, dirigida y utilizada desde la Presidencia, Vicepresidencia y Ministerios de la República, utilizando sus instalaciones y recursos, para canalizar y administrar sobornos recibidos de empresarios privados, a cambio de contratos de obra pública.
El líder de este esquema –indicó el Procurador- era Rafael Correa Delgado, presidente de la República, quien designaba como ministros o secretarios de Estado a personas de su absoluta confianza (Jorge Glas Espinel, María de los Ángeles Duarte Pesantes, Roldán Vinicio Alvarado Espinel y Walter Hipólito Solís Valarezo).
No es fortuito el hecho de que estas personas giraron siempre en torno a Rafael Correa Delgado y ocuparon cargos de alta responsabilidad de manera cíclica, consecutiva y recurrente. Es evidente que la vinculación de estos altos funcionarios, en varios momentos, con carteras de Estado altamente proclives a la celebración de cuantiosos contratos de obra pública y que, además eran directivos del movimiento político Alianza País, garantizaba la lealtad al líder del esquema delincuencial Rafael Correa, la clandestinidad y continuidad del esquema y la autoridad necesaria para que sus instrucciones fueran cumplidas por los funcionarios de rango inferior.
Finalmente, el Procurador presentó indicadores de la naturaleza criminal de este esquema:
-
La utilización de códigos secretos de reconocimiento y ocultamiento de sus verdaderas identidades.
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La utilización del llamado “cruce de facturas” entre los implicados y terceras personas que proveían al movimiento Alianza País de servicios relacionados con su actividad política, a fin de ocultar la participación de los altos funcionarios y evadir todo control estatal.
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El hecho de que los dineros provenientes de los sobornos eran entregados en efectivo, dentro de sobres, a fin de evitar que su procedencia y destino fueran rastreados a través del sistema financiero y tributario.
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La condición de funcionarios públicos de algunos de los sujetos activos les permitía conocer los resquicios administrativos y legales que podían ser aprovechados para evadir los controles del propio Estado, de cuya correcta administración ellos eran custodios y garantes, según la Constitución y las leyes.
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El hecho de que los dineros provenientes de los sobornos destinados a actividades de política electoral no fue reportado a la autoridad de control, es decir, al Consejo Nacional Electoral.
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La Procuraduría acompañó la acusación particular en el caso María Sol Larrea
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Quito, 18 de noviembre de 2019
UCS/79
La Procuraduría acompañó la acusación particular en el caso María Sol Larrea
El único caso concluido y favorable para el Estado ecuatoriano en el ámbito penal, que cuenta con sentencia ejecutoriada es el de María Sol Larrea quien incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito. Larrea fue directora del Hospital Carlos Andrade Marín durante la administración de Ramiro González, ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y ahora prófugo de la justicia.
Según Alicia Contero, subdirectora de lo Civil y Penal de la Procuraduría General del Estado, el hecho de que este sea el único caso con sentencia ejecutoriada responde a que el Código Integral Penal (COIP) establece ciertas fases y etapas que deben cumplirse. “Los procesados también ejercen su derecho a impugnar”.
Larrea fue juzgada por enriquecimiento ilícito: “se detectó un incremento patrimonial de todas las pericias practicadas en un monto específico, no se logró hacer una similitud entre lo que ella recibía y lo que tenía en patrimonio”, indicó Contero.
El 23 de febrero de 2018, se acogió a un procedimiento abreviado (acepta los hechos e impone la pena), fue sancionada con 54 meses de reclusión y a pagar USD 3,6 millones de reparación al Estado, que es lo cuantificado por el incremento injustificado de sus bienes.
Los periodos que son objeto del análisis del examen especial de Contraloría, con el que se inició este proceso, se refieren a dos momentos en que Larrea ocupó cargos públicos: el uno en el IESS y el otro cuando pasa al Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro). “En estas dos fases hay el monto que no se puede justificar que es de USD 3,6 millones”.
Larrea apeló este procedimiento abreviado al aducir que se le juzgó con el Código Penal anterior, cuando la pena del COIP (Código Integral Penal) es más beneficioso. “Ese criterio lo acogió la Corte Provincial de Pichincha y redujo su condena de 54 a 20 meses, pero se mantuvo el tema de la reparación”, explicó Contero.
La Procuraduría realizó la defensa técnica de la acusación particular presentada por el Mipro y el IESS también hizo lo mismo en este caso. La PGE y el IESS presentaron recursos de casación que no fueron admitidos por la Corte Nacional de Justicia, respecto a la sentencia que le favoreció en la Corte Provincial. Una vez inadmitidos estos recursos, el 9 de mayo de este año se dio el mandamiento de ejecución, es decir, la jueza ordena a Larrea que cumpla con la sentencia.
Para el 17 de mayo del 2019, la PGE incorporó la solicitud de ejecución en la que se incluyen las pruebas, como requisitos que establece el Código Orgánico General de Procesos (Cogep) para emprender una demanda: “se adjuntaron oficios de instituciones bancarias para determinar si existían cuentas a nombre de la implicada, los registros de la propiedad de la Superintendencia de Compañías, de la Agencia de Tránsito, respecto a los vehículos que tenía”, dijo Contero y añadió que se contestó a otras instituciones que no habían respondido a los pedidos de la PGE y se los ha incorporado en el proceso.
En la actualidad, Contero señaló que han pedido a la jueza que se proceda al embargo de los bienes para su posterior remate.
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- Caso Sobornos 2012-2016: La Fiscalía continúa presentando sus elementos de convicción
- Tres sistemas informáticos contribuyen a la evacuación de casos en la Procuraduría
- La Procuraduría General del Estado realizó la cuarta edición del servicio de Asesoramiento Legal Externo ALE para la entrega de claves a las entidades y organismos del sector público
- Conferencia “Arbitraje en tiempo de Millenials”
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