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La Procuraduría General del Estado avanza en la implementación del servicio de Asesoramiento Legal Externo
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 12 de noviembre de 2019
UCS/70
La Procuraduría General del Estado avanza en la implementación del servicio de Asesoramiento Legal Externo
El 14 de noviembre de 2019 se realizará la cuarta edición del enlace de acta de entrega de usuario – clave para el acceso al Servicio de Asesoramiento Legal Externo (ALE) de la Procuraduría General del Estado. Este es un proceso estandarizado y automatizado en una plataforma virtual que orienta sobre la correcta aplicación de las normas legales a las instituciones y organismos del sector público.
En esa edición participarán mediante videoconferencia la matriz Quito y las cinco direcciones regionales: Guayas, Manabí, Chimborazo, Azuay y Loja.
A este evento han sido invitadas 67 entidades y organismos del sector público de todo el país; sus máximas autoridades o sus delegados acudirán a cada una de las cinco oficinas regionales.
El objetivo de esta reunión es conocer los alcances y condiciones del Servicio de Asesoramiento Legal Externo, que se fundamenta en la Constitución de la República Art. 237 numeral 3: “Corresponderá al Procurador General del Estado […]: 3. El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos. […]”.
Finalmente, las máximas autoridades o sus delegados firmarán el acta entrega recepción de usuario - clave con los términos y condiciones para el buen uso del Servicio ALE.
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La Procuraduría evita el pago de casi USD 600 millones en arbitrajes internacionales
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 12 de noviembre de 2019
UCS/69
La Procuraduría evita el pago de casi USD 600 millones en arbitrajes internacionales
En ocho casos de litigios y demandas internacionales, la actual gestión de la Procuraduría General del Estado ha logrado hasta el momento evitar el pago de USD 597 millones de un total de USD 615 millones. Estos procesos son, generalmente, por incumplimientos de contratos, juicios en sede extranjera, o por supuestas violaciones a los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI).
Hasta la presente fecha, esas ocho entidades que acudieron a tribunales en el exterior son: Internexa, Inmobiliar, Sociedades Grupo Albacora, FAE, TAME, OCP, Cooper Mesa y Repsol 3.
De ellas, los arbitrajes y juicios en sede extranjera de Internexa, Inmobiliar, el Grupo Albacora y Tame resultaron favorables para la defensa del Estado, es decir, que el Estado no tuvo que desembolsar ningún monto tras acogerse al proceso judicial.
En el caso Internexa, por ejemplo, dos compañías extranjeras iniciaron en el 2015 un arbitraje internacional en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
En su demanda argumentaron que la telefónica incumplió el Acuerdo Global de Compromiso para la explotación del Negocio de Transporte Regional en Ecuador (NTR). Este se hizo para que las empresas participaran en el negocio regional portador de telecomunicaciones en la región Andina, Centroamérica y Brasil. Las compañías extranjeras solicitaban el cumplimiento de este acuerdo y la indemnización por daños y perjuicios.
En julio de este año, la Procuraduría General del Estado desvirtuó las pretensiones de las empresas extranjeras y ganó el arbitraje internacional.
Algo similar ocurrió con el caso Albacora. El 2 de marzo de 2015, la empresa española Albacora S.A. notificó a la PGE una controversia relativa a inversiones al Estado ecuatoriano. La empresa alegó que las determinaciones tributarias realizadas por el Servicio de Rentas Internas afectaban a su inversión, pues consideraba que la exención al impuesto a la renta, establecida en la Ley de Zonas Francas, estaba vigente.
Además de estos casos ganados, la Procuraduría ha llegado a soluciones amistosas, como las registradas con el caso OCP y Repsol 3. También hubo un desistimiento en el caso de FAE y un acuerdo parcialmente favorable en el caso Cooper Mesa.
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LA PROCURADURÍA COMPARECE EN AUDIENCIA POR PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDAD
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 11 de noviembre de 2019
UCS/68
La Procuraduría comparece en audiencia por pedido de inconstitucionalidad
La Procuraduría General del Estado compareció hoy a la Corte Constitucional a una audiencia pública por inconstitucionalidad del Mandato no.8, que prohibió la tercerización e intermediación laboral.
En la audiencia se presentaron los argumentos de las partes procesales y de los amicus curiae. La Procuraduría hizo una defensa técnica especializada y contradijo los alegatos de la persona particular que interpuso, en el 2016, la acción pública de inconstitucionalidad. En tanto, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría actuaron como demandados.
El Mandato No.8 fue publicado, el 06 de mayo de 2008 en el Registro Oficial No. 230, y fue expedido por la Asamblea Nacional Constituyente. El juez a cargo de la audiencia es el doctor Alí Lozada y emitirá su proyecto de veredicto en el tiempo que la ley otorga y será conocido por el pleno de la Corte Constitucional conforme a las reglas aplicadas.
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MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS TIENEN DERECHO A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIA
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 07 de noviembre de 2019
UCS/64
MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS TIENEN DERECHO A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIA
En la mesa sobre Prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en las Américas del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH, dijo que es una iniciativa para promover los hallazgos de violencia en la Región. “El tema de la violencia es de humanidad, de lo que somos los seres humanos”, recalcó.
Ella subrayó que hicieron una capacitación con agentes funcionarios del sector público y de la sociedad civil. Dividieron en dos grupos para escuchar su percepción y realidades a fin de evaluar un tema en común: elaborar un plan con una visión de enfoques de derechos de género, de intersectorialidad y de recoger las políticas públicas que los Estados necesitan elaborar.
“Mujeres, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia, ese es un principio que está en el sistema central de los derechos humanos y en nuestros sistemas nacionales”, dijo.
Ese principio recoge deberes jurídicos para exigir su cumplimiento y erradicar la violencia y la discriminación. “En nuestra Región la violencia contra las mujeres es la forma de violación a los derechos humanos más extendida. No es posible hablar de embarazos tempranos, pero la prensa dice que las adolescentes se embarazan. Un embarazo forzado en una niña es violación, un delito. Este es un asunto que se debe evaluar y no tolerar”.
Explicó que la Comisión desarrolla un proyecto de estándares sobre la discriminación, ha evaluado esta realidad que ha ido marcando en audiencias y medidas cautelares e indicando a los Estados para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. El cumplimiento de ello garantizará su efectividad, dijo.
Mientras Margareth Macaulay, Relatora sobre derechos de la mujer de la CIDH, reconoce los avances pero también los retrocesos. Hay retos de los Estados que necesitan cumplir, el proyecto analiza los avances más significativos para erradicar la violencia, se hizo con el apoyo del Gobierno de Canadá y los resultados se presentarán en Washington D.C, en diciembre de este año. “Hay que identificar las prácticas en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, así como las iniciativas que son válidas”.
En este estudio, dijo, se detectaron que no solo las mujeres sufren discriminación, sino los grupos GLBTI y otros. Hay una brecha en el marco regulatorio sobre la violencia en contra de las niñas y adolescentes, además existen formas de violencia invisibles que tienen relación con la falta de información y datos relegados.
La Relatora subrayó las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, los crímenes contra ellas que no tienen prioridad, el tráfico, el aborto no seguro y la criminalización de las mujeres que son encarceladas y enjuiciadas por ese tema.
Para Carolina Muñoz, docente de la Universidad de Chile, los avances en materia de política pública sobre violencia son significativos y de larga data. Los informes son abundantes en iniciativas, pero persisten y se transforman en desafíos: visibilizar la violencia. Las políticas públicas deben evitar que ese problema ocurra porque está en juego la vida de las niñas y de las adolescentes.
En la Región hay iniciativas, pero “necesitamos preguntarnos si son buenas o malas políticas públicas, dijo, que necesitan un fuerte impulso de los Estados, pero llegan de los movimientos de mujeres y de otros grupos”, señaló. Otro desafío: se necesitan leyes integrales y políticas públicas integrales, advirtió.
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ESTERILIZACIONES FORZADAS DE MUJERES INDÍGENAS EN LAS AMÉRICAS
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 07 de noviembre de 2019
UCS/63
ESTERILIZACIONES FORZADAS DE MUJERES INDÍGENAS EN LAS AMÉRICAS
La mesa esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas en América Latina en el Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos abordó la violación a los derechos humanos de 294.000 indígenas peruanas durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1996 y 2000.
En Perú, durante la presidencia de Alberto Fujimori, se esterilizaron a 272.000 mujeres y a 22.004 hombres como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. La mayoría de mujeres y de hombres eran indígenas pobres y vivían en el campo. El objetivo de ese Gobierno era terminar con la pobreza a través del control de la tasa de natalidad, sin embargo, esas esterilizaciones fueron a la fuerza, sin consentimiento de las víctimas y violaba sus derechos reproductivos.
Según el portal digital Latinoamérica Post, más de 2.000 mujeres han testificado que los médicos practicaron los procedimientos en contra de su voluntad, denunciaron grupos de derechos humanos.
La feminista peruana Emilia Salazar explicó que los casos de esterilizaciones forzadas son un crimen de lesa humanidad: 211.00 no recibieron información completa. Fueron mujeres indígenas, pobres y de zonas rurales.
Según ella, fue un crimen de lesa humanidad porque fue un ataque a una población específica. “En el gobierno de Fujimori, en 1992, se declaró como el año de la austeridad y se aplicó un plan sobre la política demográfica. Empezaron a hacer ligaduras, fue toda una organización desde el Presidente hasta los médicos y las enfermeras”, dijo.
Ella subrayó que las asociaciones de derechos humanos han estado luchando por alcanzar justicia y sanciones, mientras que el Estado hizo un registro de víctimas forzadas. También hubo casos de hombres que sufrieron la vasectomía y hay cinco mujeres muertas. Salazar hace un llamado a la CIDH para recoger otros casos como estos.
Lisa Reinsberg, de la organización International Justice Resource Center, espera obtener el reconocimiento de que las esterilizaciones son una violación múltiple de derechos en Canadá y en Perú. Se requiere hacer un trabajo con los sobrevivientes para saber dónde están las brechas y sobre todo la discriminación. La mayoría de países reconocen este crimen, pero no hay un seguimiento, dijo.
Mientras Margaret Macaulay, relatora sobre los derechos de la mujer en la CIDH, quien ha trabajado sobre este tema, tiene dos elementos: La Comisión fue creada para tratar los derechos de la mujer y tiene mecanismos especiales para tratar los asuntos de esterilización forzada contra las mujeres.
Ella señaló que hay grandes obstáculos en las mujeres indígenas para el disfrute de sus derechos y auto determinación cultural. En todas las sociedades este tipo de violencia constituye un ataque y las ha llevado a una forma especial de discriminación. “Tenemos información que la Comisión ha sido informada de casos en El Salvador y Colombia. Pero también he solicitado información a otras naciones como Brasil”, dijo.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL
Telf. 2941300 EXT. 2321 Cel. 0994537806
- LA CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS ESTÁN LIGADAS
- LA SOCIEDAD CIVIL ESTÁ LLAMADA A PARTICIPAR EN EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS
- EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL TIENEN UN FIN COMÚN: ALCANZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS
- MÉXICO HA FIRMADO 32 ACUERDOS DE SOLUCIONES AMISTOSAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
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