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ESTERILIZACIONES FORZADAS DE MUJERES INDÍGENAS EN LAS AMÉRICAS
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 07 de noviembre de 2019
UCS/63
ESTERILIZACIONES FORZADAS DE MUJERES INDÍGENAS EN LAS AMÉRICAS
La mesa esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas en América Latina en el Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos abordó la violación a los derechos humanos de 294.000 indígenas peruanas durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1996 y 2000.
En Perú, durante la presidencia de Alberto Fujimori, se esterilizaron a 272.000 mujeres y a 22.004 hombres como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. La mayoría de mujeres y de hombres eran indígenas pobres y vivían en el campo. El objetivo de ese Gobierno era terminar con la pobreza a través del control de la tasa de natalidad, sin embargo, esas esterilizaciones fueron a la fuerza, sin consentimiento de las víctimas y violaba sus derechos reproductivos.
Según el portal digital Latinoamérica Post, más de 2.000 mujeres han testificado que los médicos practicaron los procedimientos en contra de su voluntad, denunciaron grupos de derechos humanos.
La feminista peruana Emilia Salazar explicó que los casos de esterilizaciones forzadas son un crimen de lesa humanidad: 211.00 no recibieron información completa. Fueron mujeres indígenas, pobres y de zonas rurales.
Según ella, fue un crimen de lesa humanidad porque fue un ataque a una población específica. “En el gobierno de Fujimori, en 1992, se declaró como el año de la austeridad y se aplicó un plan sobre la política demográfica. Empezaron a hacer ligaduras, fue toda una organización desde el Presidente hasta los médicos y las enfermeras”, dijo.
Ella subrayó que las asociaciones de derechos humanos han estado luchando por alcanzar justicia y sanciones, mientras que el Estado hizo un registro de víctimas forzadas. También hubo casos de hombres que sufrieron la vasectomía y hay cinco mujeres muertas. Salazar hace un llamado a la CIDH para recoger otros casos como estos.
Lisa Reinsberg, de la organización International Justice Resource Center, espera obtener el reconocimiento de que las esterilizaciones son una violación múltiple de derechos en Canadá y en Perú. Se requiere hacer un trabajo con los sobrevivientes para saber dónde están las brechas y sobre todo la discriminación. La mayoría de países reconocen este crimen, pero no hay un seguimiento, dijo.
Mientras Margaret Macaulay, relatora sobre los derechos de la mujer en la CIDH, quien ha trabajado sobre este tema, tiene dos elementos: La Comisión fue creada para tratar los derechos de la mujer y tiene mecanismos especiales para tratar los asuntos de esterilización forzada contra las mujeres.
Ella señaló que hay grandes obstáculos en las mujeres indígenas para el disfrute de sus derechos y auto determinación cultural. En todas las sociedades este tipo de violencia constituye un ataque y las ha llevado a una forma especial de discriminación. “Tenemos información que la Comisión ha sido informada de casos en El Salvador y Colombia. Pero también he solicitado información a otras naciones como Brasil”, dijo.
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LA CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS ESTÁN LIGADAS
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 07 de noviembre de 2019
UCS/62
LA CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS ESTÁN LIGADAS
En el panel de corrupción y de derechos humanos, el representante de la Fundación para el Debido Proceso, Ramiro Orias, explicó que en los últimos años las organizaciones regionales reflexionan sobre la estrecha relación, cada vez más evidente, entre las graves violaciones a los derechos humanos y las estructuras de corrupción que afectan a varios países latinoamericanos.
Según él, ese análisis no es solo académico, sino desde la perspectiva legal, es necesario que los organismos internacionales de derechos humanos desarrollen nuevos estándares internacionales que incorporen la categoría de la corrupción. “Eso contribuye a entender determinadas situaciones de impunidad, las violaciones a los derechos humanos y lo que significa un cambio de paradigma sobre cómo enfrentar parte de estos problemas que nos afectan”, explicó.
El académico subrayó que esos estándares podrían ser aplicados en ciertas circunstancias y en casos en regímenes autoritarios, represivos y corruptos. La CIDH ha trabajado en un informe sobre este tema que fue presentado de forma preliminar. Para él, ese esfuerzo contribuirá a visualizar la forma en que la corrupción está afectando el estado de derecho y el impacto que ese fenómeno tiene en la defensa de los derechos humanos en los países de la Región, explicó.
Orias señaló que el libro Corrupción, Estado de derecho y Derechos Humanos, de Marie Christine Fuchs, Claudio Nash y Daniel Vásquez, ha identificado a la corrupción como uno de los obstáculos más difíciles y más serios para la consolidación de un orden democrático.
Esa publicación tiene dos puntos de partida: el primero es la lucha contra la corrupción es una defensa al fortalecimiento del estado de derecho y al goce de derechos humanos.
El segundo es un análisis de actos de corrupción como posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente donde las víctimas estuvieron en todo el centro del proceso y en las poblaciones más vulnerables, dijo.
Para él, el fenómeno de la corrupción en los actuales momentos es transnacional y se deben tomar soluciones en ese ámbito.
Daniel Vásquez, coautor del libro Corrupción, Estado de derecho y derechos humanos, expuso que América Latina es la segunda Región más corrupta y entender este fenómeno no solo tiene relación con la corrupción, sino con la impunidad.
Él dijo que otra relación entre corrupción y violaciones a los derechos humanos es cuando se pagan sobornos para hacer acciones prohibidas. Citó un ejemplo: una mina, evaluaciones del impacto ambiental, inspecciones laborales, entre otros. El pago de sobrecostos también afecta a la Región porque se reduce el presupuesto y hay un impacto en los derechos humanos.
Para Vásquez es necesario proteger los derechos civiles y políticos. El costo de la corrupción en la expectativa de vida “es de 10 años y por esa razón hay que combatir ese fenómeno y la impunidad”.
En cambio, Claudio Nash, de la Universidad de Chile y coautor del libro, dijo que esa publicación se hace cargo de las violaciones a los derechos humanos en los países latinoamericanos. “La corrupción es un fenómeno complejo en la Región e impacta en nuestro sistema democrático. A veces el deseo de ser eficiente en esta lucha puede desembocar en violaciones a los derechos humanos”, explicó.
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LA SOCIEDAD CIVIL ESTÁ LLAMADA A PARTICIPAR EN EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 07 de noviembre de 2019
UCS/61
LA SOCIEDAD CIVIL ESTÁ LLAMADA A PARTICIPAR EN EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS
El segundo panel del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue Construcción de espacios de participación y diálogo entre Estados y sociedad civil para la protección de los derechos humanos. Ramiro Orias Redondo, docente experto en derechos humanos, dijo que en buena parte de los 60 años hay avances de los estándares de los derechos humanos que han sido construidos en espacios de diálogo y de participación ciudadana.
Orias señaló que la sociedad civil avanzó en soluciones amistosas, seguimiento, recomendaciones, el tratamiento de nuevos temas, más allá de la agenda tradicional con particularidades propias. “Eso ha contribuido al Derecho y la Comisión también se nutre con diversos actores”, dijo.
Según el docente, otra herramienta importante es la elaboración de informes temáticos con una información muy activa que publica la CIDH. Los mecanismos especiales de seguimiento han permitido un trabajo de campo más cercano a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, advirtió, este proceso no ha sido fácil pero siempre queda la impronta del avance. Eso constituye un derecho de participación efectiva y tienen que servir para dar alertas tempranas.
Mientras Ariela Peralta, docente experta en el SIDH, señaló que en la Región si hay una ampliación de la democracia pero no se ha podido superar la desigualdad y la pobreza. No obstante, dijo, tenemos una institucionalidad democrática y en eso hemos avanzado. “Nada es casual, todos estos procesos son cíclicos”, recalcó.
Ella subrayó que el SIDH siempre ha estado a la altura de la Región y ha ampliado los derechos en la sociedad. Sin embargo, dijo se necesita un diseño de políticas públicas, pero también hay que buscar formas de participación. “Hoy los Estados y la sociedad civil dialogamos sobre los derechos que nos pertenecen”.
La experta el SIDH señaló que se requiere mantener esos procesos de diálogo para proteger los derechos humanos. La sociedad civil y las instituciones están llamadas a cumplir y a trabajar en conjunto. La creación de alianzas en las subregiones también es importante. “Las políticas públicas no son lineales, sino cíclicas y la sociedad civil está llamada a participar”, dijo.
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EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL TIENEN UN FIN COMÚN: ALCANZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 07 de noviembre de 2019
UCS/60
EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL TIENEN UN FIN COMÚN: ALCANZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS
En la segunda jornada del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se desarrolla en la Universidad Católica del Ecuador, en Quito, el primer panel fue sobre Experiencias de seguimiento y cumplimiento de recomendaciones y decisiones de la SIDH.
La directora de Derechos Humanos, de la Procuraduría General del Estado, María Fernanda Álvarez, dijo que una de las virtudes de estos espacios de diálogo es que congregan a diferentes sectores.
La Directora dijo que uno de los retos es trabajar en esa relación entre la sociedad civil y el Estado. La sociedad civil y la academia tienen mucho que enseñar al Estado, sin desconocer los lugares y las diferencias, existe un fin que nos une: alcanzar el goce de los derechos humanos, todos los actores debemos trabajar en eso, subrayó.
Ella explicó que desde la experiencia en casos individuales, cuando la CIDH envía un trámite individual, se inicia un proceso para avalar los objetos y recibir información. Se analiza los argumentos, se emite un informe y se notifica al Estado para el cumplimiento de ese informe. Para ello hay dos caminos: que el Estado cumpla o que el caso pase a la Corte IDH. El cumplimiento del informe debe hacerlo el Estado que analiza e identifica las instituciones implicadas y decide las acciones que deberían aplicarse, señaló.
Según la Directora, otro reto es la coordinación institucional y crear relaciones de confianza con los peticionarios y es fundamental generar esos espacios.
Mientras Elise Hasburi, de Abogados sin fronteras de Canadá, planteó algunas reflexiones de los desafíos en las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de las decisiones de la Corte IDH.
La representante de esa organización dijo que desde el punto de la sociedad civil cuando ya llegan las víctimas con sentencia se inicia el proceso de cumplimiento. La reparación del cumplimiento del Estado implica que las víctimas entren en otro proceso. Pero esto requiere un gran esfuerzo por parte de las organizaciones civiles.
Citó un ejemplo en Honduras: allí se creó una mesa de seguimiento con las organizaciones de la sociedad civil y son espacios de intercambio para que cada representante o víctima se junten.
Claudio Grossman, expresidente de la CIDH, en cambio, abordó el tema de desarrollo del seguimiento de las decisiones de la Corte IDH. Un caso puede llevar años de tramitación sin que se cumpla y en ese camino se puede perder el sentido del Estado de derecho. Sin embargo, las democracias son perfectibles.
Grossman explicó que esa etapa está establecida por las convenciones y tratados de derechos humanos. “El cumplimiento es obligatorio por la Convención Interamericana de DD.HH. y se lo deba hacer. Su incumplimiento tiene consecuencias legales. Un órgano puede hacer siempre lo necesario para el cumplimiento de sus funciones”, añadió.
Según el ex presidente de la CIDH, los órganos de supervisión están sujetos de carácter político. “Juegan un rol determinante, dan un contenido político como los problemas de género, por ejemplo”, subrayó.
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MÉXICO HA FIRMADO 32 ACUERDOS DE SOLUCIONES AMISTOSAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 06 de noviembre de 2019
UCS/59
MÉXICO HA FIRMADO 32 ACUERDOS DE SOLUCIONES AMISTOSAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
En la mesa de Diálogo entre los Estados sobre negociación e implementación de soluciones amistosa se pone el ejemplo de México como referente en la Región por mantener esos acuerdos.
Carlos Ayala, exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó que el país azteca tiene el mayor cumplimiento de soluciones amistosas, cada Estado tiene una organización distinta y ningún modelo es igual a otro. Sin embargo, dijo, hay que contar con la legislación y las estructuras administrativas que faciliten esas soluciones amistosas.
Según Ayala, México privilegia la solución amistosa y la promoción y protección en materia de derechos humanos. Esa nación ha suscrito 32 acuerdos de ese tipo y cuenta con dos herramientas: el fideicomiso para el cumplimiento de obligación y la Ley General de Víctimas.
El primero es para la reparación del daño integral y ha sido reconocido como una herramienta válida. El segundo es la Ley General de Víctimas que contempla esa reparación.
Una vez que la evaluación es positiva, se informa a la Cancillería y eso deviene en la firma de un acuerdo. También hay cronogramas, elaboración de minutas, firmas de actas de entendimiento, redacción de cláusulas, acuerdos, la reparación es integral, puntualizó Ayala.
Para Eduardo Ferrer Mac Gregor, presidente de la Corte IDH, el mecanismo de solución amistosa es de tratamiento obligatorio. “Manifiesta a las partes para llegar a un acuerdo y esto plantea una responsabilidad por parte de la CIDH a fin de facilitar la negociación. El acuerdo tiene que respetar los estándares en materia de derechos humanos”, explicó.
Los acuerdos de firma y de buena voluntad deben estar garantizados y la posibilidad de avanzar en la reparación tiene que estar avalado por el Estado.
Mientras el Estado costarricense reconoce este procedimiento que permite avalar en reparaciones de forma novedosa y de protección a los derechos humanos, señalo Natalia Córdoba, directora Jurídica de la Cancillería de Costa Rica. “Lo importante es que la personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder al sistema”, agregó.
Por su lado, Honduras ha profundizado el mecanismo de soluciones amistosas con la implementación de talleres. La Procuraduría de ese país lleva a cabo esos procesos y ha suscrito cinco acuerdos de soluciones amistosas.
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