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LA AUDIENCIA SOBRE EL PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE PABLO ROMERO QUEZADA SE REALIZÓ EN ESPAÑA
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-001
Quito, 09 de enero de 2019
LA AUDIENCIA SOBRE EL PEDIDO DE EXTRADICIÓN
DE PABLO ROMERO QUEZADA SE REALIZÓ EN ESPAÑA
Este miércoles 9 de enero de 2019, ante la Sala 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España se celebró una audiencia dentro del proceso de extradición iniciado por el Estado ecuatoriano en contra de Pablo Romero Quezada, exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, quien fue llamado a juicio como autor del delito de secuestro del ciudadano Fernando Balda, que se ventila en las cortes ecuatorianas.
En la audiencia, el equipo de defensa del Estado, encabezado por la Procuraduría General del Estado, demostró que se cumple con los requisitos previstos en el Tratado de Extradición, suscrito entre el Reino de España y la República del Ecuador y en la Ley de Extradición Pasiva española, para autorizar la extradición solicitada.
Asimismo, se introdujeron nuevas pruebas como las copias certificadas de la Corte Nacional de Justicia mismas que sustentan que el Ecuador tiene jurisdicción para investigar y juzgar a Romero Quezada, pese a las alegaciones de su defensa. Dicha documentación se ingresó debidamente apostillada y fue aceptada por la Sala 3 de la Audiencia Nacional.
El abogado de Romero Quezada, por su parte, se limitó a alegar cuestiones que tienen que ver con el fondo del proceso penal que se tramita en Ecuador y no analizó si se cumplen o no con los requisitos para que proceda la extradición de acuerdo al Convenio vigente celebrado entre Ecuador y España. Tampoco aportó nuevas pruebas. Romero Quezada estuvo presente, por lo tanto, no se han dictado nuevas medidas cautelares.
El pedido de extradición fue presentado por el Ecuador el 13 de julio de 2018. Previamente, dentro de este proceso, el fiscal español concluyó que “procede acceder a la solicitud de extradición de Pablo Romero”.
La resolución sobre la audiencia desarrollada este 9 de enero se deberá dictar en los próximos días.
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BP-17 CIDH RECONOCE AMBIENTE FAVORABLE PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ECUADOR Y ARCHIVA MEDIDAS CAUTELARES
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-017
Quito, 17 de diciembre de 2018
CIDH RECONOCE AMBIENTE FAVORABLE PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ECUADOR Y ARCHIVA MEDIDAS CAUTELARES
El 14 de diciembre de 2018 la Procuraduría General del Estado recibió por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo interamericano con sede en Washington D.C, la notificación de archivo de las medidas cautelares dictadas el 24 de marzo de 2014, otorgadas a los señores Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa quienes solicitaron a la Comisión protección respecto a suspender la ejecución de una sentencia ecuatoriana, que según los peticionarios, implicaba vulneración a sus derechos.
Dentro de este contexto, de acuerdo a la Resolución de Levantamiento de las Medidas Cautelares 88/2018 de 3 diciembre de 2018, la CIDH reconoce que el Estado ecuatoriano habría demostrado que no subsistían motivos para mantener dichas medidas por cuanto el juicio que motivó las mismas, actualmente se encuentra archivado y los solicitantes gozan del ejercicio pleno de sus derechos.
La CIDH apreció también en su Resolución que su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, tras la visita al país, reconoció un “(…) avance significativo en las medidas adoptadas por el actual gobierno para hacer cesar violaciones del derecho a la libertad de expresión y revertir sus efectos (…)”.
El organismo interamericano destacó también que su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión saludó “(…) las medidas adoptadas para garantizar el reconocimiento público de la importancia de la labor de la prensa y la defensa de derechos humanos en la sociedad democrática a través de declaraciones de autoridades estatales, actos públicos y el diálogo iniciado con estos sectores de la sociedad (…)”.
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BP-16 JUEZ RECHAZÓ ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE JORGE GLAS
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-016
Quito, 13 de diciembre de 2018
JUEZ RECHAZÓ ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE JORGE GLAS
La tarde de este jueves 13 de diciembre, en el Complejo Judicial del Norte, se realizó la audiencia de Acción de Protección No. 17371-2018-04647 interpuesta por un grupo de simpatizantes del exvicepresidente Jorge Glas, representados por el doctor Fausto Rangles Lara como procurador común. Dicha acción fue rechazada por el juez competente.
La acción fue planteada en contra de la Presidencia de la República a cuya audiencia compareció el doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, en ejercicio de las facultades contenidas en la normativa ecuatoriana vigente. Los accionantes demandaban la nulidad del proceso penal por asociación ilícita en contra del ingeniero Jorge Glas Espinel y solicitaban su restitución al cargo de Vicepresidente de la República. La causa fue conocida por el doctor Rodrigo Salazar Ruiz, Juez de la Unidad Judicial de Trabajo.
La defensa de la Procuraduría General del Estado se centró en demostrar la improcedencia de la acción y en desvirtuar las diversas acusaciones en contra del Estado. Luego de las intervenciones de las partes, el juez suspendió la audiencia pasado el mediodía para valorar los elementos probatorios previo a dictar sentencia.
La audiencia se reanudó a las 15h30 y el juez, acogiendo los argumentos esgrimidos por la Procuraduría General del Estado, en su dictamen negó la acción de protección interpuesta fundamentando el mismo en las causales 1 y 6 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por considerar que el procurador judicial de los accionantes no había demostrado ninguna vulneración de derechos al exvicepresidente Jorge Glas Espinel y por cuanto se pretendía que, a través de la acción de protección, se analizara la validez de un proceso penal.
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BP-14-2 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO RATIFICA QUE JULIAN ASSANGE PODRÁ PERMANECER EN LA EMBAJADA ECUATORIANA ACATANDO EL PROTOCOLO DE CONVIVENCIA
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-014-2
Quito, 12 de diciembre de 2018
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO RATIFICA QUE JULIAN ASSANGE PODRÁ PERMANECER EN LA EMBAJADA ECUATORIANA ACATANDO EL PROTOCOLO DE CONVIVENCIA
Este miércoles 12 de diciembre se llevó a cabo la audiencia oral dentro del recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Poveda, en representación de Julian Assange, contra la sentencia emitida el pasado el 05 de noviembre por la jueza de la Unidad Judicial Civil, en la que rechazó la Acción de Protección interpuesta por la defensa del asilado australiano en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El abogado Poveda apeló la sentencia alegando una supuesta vulneración a los derechos de Assange, por la adopción del Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica; demandó la inconstitucionalidad del mismo y pretendía dejar sin efecto el mencionado protocolo de convivencia.
Por su parte el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, enfatizó que el protocolo de convivencia procura mejorar la permanencia de Assange al interior de la Embajada de Ecuador en Reino Unido, misma que es un espacio para realizar funciones de atención a ciudadanos y, por lo tanto, está destinada para que el trabajo de la misión diplomática se realice con normalidad.
Asimismo, el Procurador General recordó que, en la sentencia del 05 de noviembre la jueza Martínez negó la garantía jurisdiccional interpuesta con fundamento en los art. 40. 1 y 42. 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, motivando su sentencia los siguientes argumentos: “No se podrá considerar que la aplicación de este protocolo limita el avance progresivo que debe cumplir la protección de derechos y libertades, y el goce efectivo de dichos derechos (…)no se ha evidenciado que la parte accionada haya vulnerado dichos derechos con la imposición de un protocolo que únicamente rige control tanto en visitas como en comunicaciones y acceso de aparatos electrónicos a la Embajada del Ecuador en Londres; consecuentemente, se determina la inexistencia de vulneración de derechos consagrados en la Constitución de la República.” Ratificando con esto la posición del Estado ecuatoriano de no estar vulnerando ningún derecho de Julian Assange.
La defensa de Assange alega en su recurso de apelación que existen nuevas vulneraciones a derechos del asilado y que se le ha dejado en indefensión, aseveraciones que fueron desmentidas en la audiencia, pues el Estado ecuatoriano demostró de manera clara y fehaciente que no existió ninguna vulneración de derechos del asilado, de manera que la sentencia que se ha recurrido ha sido emitida conforme a parámetros constitucionales.
Luego de que los Jueces de la Corte Provincial de Pichincha escucharan al abogado Poveda, al mismo Julian Assange por medio del perito traductor y a la defensa del Estado, dieron por terminada la audiencia pública cerca de las 11h00.
El recurso de apelación interpuesto por la defensa de Assange deberá ser resuelto en el término de 8 días.
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BP-14 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO RATIFICA COMPROMISO DEL ESTADO EN LA INVESTIGACIÓN DEL SECUESTRO DE EQUIPO PERIODÍSTICO DE EL COMERCIO
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-014
Quito, 11 de diciembre de 2018
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO RATIFICA COMPROMISO DEL ESTADO EN LA INVESTIGACIÓN
DEL SECUESTRO DE EQUIPO PERIODÍSTICO DE EL COMERCIO
El 6 de diciembre del 2018 se realizó la audiencia pública sobre las medidas cautelares MC-309 18 Ref. Efraín Segarra y otros, en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la diligencia la Procuraduría General del Estado reafirmó el compromiso estatal de investigar los hechos ocurridos con los miembros del diario El Comercio, que fueron secuestrados y asesinados por el grupo Olivier Sinisterra.
La Procuraduría General del Estado enfatizó que, una vez que se determinen responsabilidades en esta investigación, el Estado ecuatoriano adoptará las medidas necesarias para que los responsables, sin importar si se trata de particulares o agentes estatales, sean juzgados y sancionados conforme lo que determina la ley.
En este sentido, se debe señalar que la creación del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) en ningún momento estuvo pensada como un reemplazo al trabajo de la Fiscalía. El ESE es un mecanismo de apoyo cuyo aporte final al Estado será un informe en el que se realizarán las observaciones y recomendaciones del caso. En tal virtud, la conclusión del ESE de ninguna manera implica el cierre de las investigaciones penales que se adelantan tanto en Ecuador como Colombia, en las que se deberán determinar a todos los responsables del secuestro y asesinato de nuestros compatriotas. Así como levantar las medidas cautelares no significa el archivo del proceso investigativo que lleva la Fiscalía, la misma que continuará con el proceso que le corresponde.
El ESE es un mecanismo excepcional constituido por la petición e insistencia del Estado ecuatoriano. Así, el 17 de julio de 2018, mediante Resolución No. 54/2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos delimitó el mandato del Equipo de Seguimiento Especial, estableciendo que el objetivo general del mismo es: “continuar el seguimiento del componente de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares otorgadas MC-309-18.”[1] El período de funciones del ESE en virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 54/2018 está establecido con una duración de seis meses, que concluiría el 31 de diciembre de 2018.
Tanto el Plan de Trabajo, Cronograma y Presupuesto del ESE fueron establecidos por la CIDH y aceptados sin objeción alguna por el Estado, quien además financió la totalidad del funcionamiento de este mecanismo por un valor superior a los USD 200.000.
En la audiencia pública, la representación estatal expresó que desde su primera reunión de trabajo el 15 de junio de 2018 todas las actividades del ESE han contado con el apoyo de las instituciones estatales. Se le ha facilitado entrevistarse en sus visitas con las entidades vinculadas, mantener reuniones con ex autoridades, y brindado acceso irrestricto a los expedientes que se encuentran en fase de investigación previa, a pesar de la reserva legal.
Finalmente, es preciso tomar en cuenta que el ESE fue instituido en el marco de la medidas cautelares MC-309-18, en la que se requirió que los Estados ecuatoriano y colombiano adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los señores Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril.
De conformidad al artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana la situación objeto de la medida cautelar debe cumplir con los requisitos de urgencia, gravedad y daño irreparable. En este caso, cuando la CIDH valoró la petición de medidas cautelares respecto al derecho a la vida e integridad personal del equipo periodístico de El Comercio determinó que los requisitos se cumplían y ordenó las medidas orientadas a tutelar y cautelar estos derechos. Desafortunadamente, con el fatal desenlace que es de público conocimiento la medida cautelar se tornó en inaplicable.
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[1] CIDH, Resolución 25/2018 de 12 de abril de 2018, numeral 18.1
- BP- 13 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO RENEGOCIA CONTRATOS CON ESTUDIOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
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