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SALA DE LO PENAL DE ESPAÑA ACCEDE A EXTRADICIÓN DE PABLO ROMERO QUEZADA
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-003
Quito, 14 de enero de 2019
SALA DE LO PENAL DE ESPAÑA ACCEDE A EXTRADICIÓN DE PABLO ROMERO QUEZADA
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid de España dictó este 14 de enero un Auto accediendo a la solicitud del Estado ecuatoriano para extraditar al ciudadano Pablo Romero Quezada, exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, para ser juzgado dentro del juicio penal que se sigue en su contra ante la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.
La decisión la tomó la Sala luego de la audiencia del pasado 9 de enero de 2019, en donde la Procuraduría General del Estado incorporó nuevas pruebas dentro del proceso de extradición. En dicha audiencia, además, el equipo de defensa del Estado demostró que se cumplen con los requisitos para autorizar la extradición solicitada, previstos en el Tratado de Extradición suscrito entre el Reino de España y la República del Ecuador y en la Ley de Extradición Pasiva española.
Dentro de las 21 páginas del documento que acoge los argumentos del Estado ecuatoriano se concluye que: (i) la documentación que sustenta el pedido de extradición aportada a autos por la República del Ecuador cumple todos y cada uno de los requisitos previstos tanto en el tratado de extradición suscrito entre el Reino de España y la República del Ecuador como en la Ley de Extradición Pasiva española; y (ii) las causas de oposición a la extradición formuladas por Romero Quezada durante la vista del pasado día 9 de enero no resultan admisibles.
En tal virtud, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid de España aseguró que no existen obstáculos para autorizar la extradición del exsecretario de inteligencia.
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PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ASEGURA QUE “NO LE TEMBLARÁ LA MANO” PARA PRESENTAR ACUSACIÓN PARTICULAR
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-002
Quito, 10 de enero de 2019
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ASEGURA QUE “NO LE TEMBLARÁ LA MANO”
PARA PRESENTAR ACUSACIÓN PARTICULAR
En relación a la información presentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) relativa a irregularidades en cinco megaproyectos, el Procurador General del Estado, Dr. Íñigo Salvador, aseguró que en el momento procesal oportuno no dudará de presentar acusación particular en nombre del Estado ecuatoriano contra cualquier funcionario de entidad estatal o personero de empresa privada cuando se encuentren indicios de responsabilidad penal que pudieran resultar en perjuicio del Estado.
“Sería absolutamente improcedente cualquier intervención de la PGE antes del momento procesal previsto en el artículo 433, numeral 1 del COIP, esto es en el transcurso de la fase de instrucción fiscal”, dijo el Procurador.
Sobre su relación con Refinería del Pacífico (RDP), Salvador precisó que fue contratado como asesor jurídico externo entre mayo de 2010 y marzo de 2012, cuando ejercía libremente la abogacía, y que ninguno de los contratos que él revisó es objeto de informe de Contraloría o investigación de la Fiscalía.
“En todo caso –concluyó– de llegar a establecerse indicios de responsabilidad contra personeros de Worley Parsons o de RDP en relación a cualquier contrato, no me temblará la mano a la hora de acusar”.
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LA AUDIENCIA SOBRE EL PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE PABLO ROMERO QUEZADA SE REALIZÓ EN ESPAÑA
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-001
Quito, 09 de enero de 2019
LA AUDIENCIA SOBRE EL PEDIDO DE EXTRADICIÓN
DE PABLO ROMERO QUEZADA SE REALIZÓ EN ESPAÑA
Este miércoles 9 de enero de 2019, ante la Sala 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España se celebró una audiencia dentro del proceso de extradición iniciado por el Estado ecuatoriano en contra de Pablo Romero Quezada, exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, quien fue llamado a juicio como autor del delito de secuestro del ciudadano Fernando Balda, que se ventila en las cortes ecuatorianas.
En la audiencia, el equipo de defensa del Estado, encabezado por la Procuraduría General del Estado, demostró que se cumple con los requisitos previstos en el Tratado de Extradición, suscrito entre el Reino de España y la República del Ecuador y en la Ley de Extradición Pasiva española, para autorizar la extradición solicitada.
Asimismo, se introdujeron nuevas pruebas como las copias certificadas de la Corte Nacional de Justicia mismas que sustentan que el Ecuador tiene jurisdicción para investigar y juzgar a Romero Quezada, pese a las alegaciones de su defensa. Dicha documentación se ingresó debidamente apostillada y fue aceptada por la Sala 3 de la Audiencia Nacional.
El abogado de Romero Quezada, por su parte, se limitó a alegar cuestiones que tienen que ver con el fondo del proceso penal que se tramita en Ecuador y no analizó si se cumplen o no con los requisitos para que proceda la extradición de acuerdo al Convenio vigente celebrado entre Ecuador y España. Tampoco aportó nuevas pruebas. Romero Quezada estuvo presente, por lo tanto, no se han dictado nuevas medidas cautelares.
El pedido de extradición fue presentado por el Ecuador el 13 de julio de 2018. Previamente, dentro de este proceso, el fiscal español concluyó que “procede acceder a la solicitud de extradición de Pablo Romero”.
La resolución sobre la audiencia desarrollada este 9 de enero se deberá dictar en los próximos días.
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BP-17 CIDH RECONOCE AMBIENTE FAVORABLE PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ECUADOR Y ARCHIVA MEDIDAS CAUTELARES
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-017
Quito, 17 de diciembre de 2018
CIDH RECONOCE AMBIENTE FAVORABLE PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ECUADOR Y ARCHIVA MEDIDAS CAUTELARES
El 14 de diciembre de 2018 la Procuraduría General del Estado recibió por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo interamericano con sede en Washington D.C, la notificación de archivo de las medidas cautelares dictadas el 24 de marzo de 2014, otorgadas a los señores Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa quienes solicitaron a la Comisión protección respecto a suspender la ejecución de una sentencia ecuatoriana, que según los peticionarios, implicaba vulneración a sus derechos.
Dentro de este contexto, de acuerdo a la Resolución de Levantamiento de las Medidas Cautelares 88/2018 de 3 diciembre de 2018, la CIDH reconoce que el Estado ecuatoriano habría demostrado que no subsistían motivos para mantener dichas medidas por cuanto el juicio que motivó las mismas, actualmente se encuentra archivado y los solicitantes gozan del ejercicio pleno de sus derechos.
La CIDH apreció también en su Resolución que su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, tras la visita al país, reconoció un “(…) avance significativo en las medidas adoptadas por el actual gobierno para hacer cesar violaciones del derecho a la libertad de expresión y revertir sus efectos (…)”.
El organismo interamericano destacó también que su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión saludó “(…) las medidas adoptadas para garantizar el reconocimiento público de la importancia de la labor de la prensa y la defensa de derechos humanos en la sociedad democrática a través de declaraciones de autoridades estatales, actos públicos y el diálogo iniciado con estos sectores de la sociedad (…)”.
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BP-16 JUEZ RECHAZÓ ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE JORGE GLAS
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-016
Quito, 13 de diciembre de 2018
JUEZ RECHAZÓ ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE JORGE GLAS
La tarde de este jueves 13 de diciembre, en el Complejo Judicial del Norte, se realizó la audiencia de Acción de Protección No. 17371-2018-04647 interpuesta por un grupo de simpatizantes del exvicepresidente Jorge Glas, representados por el doctor Fausto Rangles Lara como procurador común. Dicha acción fue rechazada por el juez competente.
La acción fue planteada en contra de la Presidencia de la República a cuya audiencia compareció el doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, en ejercicio de las facultades contenidas en la normativa ecuatoriana vigente. Los accionantes demandaban la nulidad del proceso penal por asociación ilícita en contra del ingeniero Jorge Glas Espinel y solicitaban su restitución al cargo de Vicepresidente de la República. La causa fue conocida por el doctor Rodrigo Salazar Ruiz, Juez de la Unidad Judicial de Trabajo.
La defensa de la Procuraduría General del Estado se centró en demostrar la improcedencia de la acción y en desvirtuar las diversas acusaciones en contra del Estado. Luego de las intervenciones de las partes, el juez suspendió la audiencia pasado el mediodía para valorar los elementos probatorios previo a dictar sentencia.
La audiencia se reanudó a las 15h30 y el juez, acogiendo los argumentos esgrimidos por la Procuraduría General del Estado, en su dictamen negó la acción de protección interpuesta fundamentando el mismo en las causales 1 y 6 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por considerar que el procurador judicial de los accionantes no había demostrado ninguna vulneración de derechos al exvicepresidente Jorge Glas Espinel y por cuanto se pretendía que, a través de la acción de protección, se analizara la validez de un proceso penal.
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