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BP-14-2 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO RATIFICA QUE JULIAN ASSANGE PODRÁ PERMANECER EN LA EMBAJADA ECUATORIANA ACATANDO EL PROTOCOLO DE CONVIVENCIA
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-014-2
Quito, 12 de diciembre de 2018
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO RATIFICA QUE JULIAN ASSANGE PODRÁ PERMANECER EN LA EMBAJADA ECUATORIANA ACATANDO EL PROTOCOLO DE CONVIVENCIA
Este miércoles 12 de diciembre se llevó a cabo la audiencia oral dentro del recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Poveda, en representación de Julian Assange, contra la sentencia emitida el pasado el 05 de noviembre por la jueza de la Unidad Judicial Civil, en la que rechazó la Acción de Protección interpuesta por la defensa del asilado australiano en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El abogado Poveda apeló la sentencia alegando una supuesta vulneración a los derechos de Assange, por la adopción del Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica; demandó la inconstitucionalidad del mismo y pretendía dejar sin efecto el mencionado protocolo de convivencia.
Por su parte el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, enfatizó que el protocolo de convivencia procura mejorar la permanencia de Assange al interior de la Embajada de Ecuador en Reino Unido, misma que es un espacio para realizar funciones de atención a ciudadanos y, por lo tanto, está destinada para que el trabajo de la misión diplomática se realice con normalidad.
Asimismo, el Procurador General recordó que, en la sentencia del 05 de noviembre la jueza Martínez negó la garantía jurisdiccional interpuesta con fundamento en los art. 40. 1 y 42. 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, motivando su sentencia los siguientes argumentos: “No se podrá considerar que la aplicación de este protocolo limita el avance progresivo que debe cumplir la protección de derechos y libertades, y el goce efectivo de dichos derechos (…)no se ha evidenciado que la parte accionada haya vulnerado dichos derechos con la imposición de un protocolo que únicamente rige control tanto en visitas como en comunicaciones y acceso de aparatos electrónicos a la Embajada del Ecuador en Londres; consecuentemente, se determina la inexistencia de vulneración de derechos consagrados en la Constitución de la República.” Ratificando con esto la posición del Estado ecuatoriano de no estar vulnerando ningún derecho de Julian Assange.
La defensa de Assange alega en su recurso de apelación que existen nuevas vulneraciones a derechos del asilado y que se le ha dejado en indefensión, aseveraciones que fueron desmentidas en la audiencia, pues el Estado ecuatoriano demostró de manera clara y fehaciente que no existió ninguna vulneración de derechos del asilado, de manera que la sentencia que se ha recurrido ha sido emitida conforme a parámetros constitucionales.
Luego de que los Jueces de la Corte Provincial de Pichincha escucharan al abogado Poveda, al mismo Julian Assange por medio del perito traductor y a la defensa del Estado, dieron por terminada la audiencia pública cerca de las 11h00.
El recurso de apelación interpuesto por la defensa de Assange deberá ser resuelto en el término de 8 días.
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BP-14 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO RATIFICA COMPROMISO DEL ESTADO EN LA INVESTIGACIÓN DEL SECUESTRO DE EQUIPO PERIODÍSTICO DE EL COMERCIO
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-014
Quito, 11 de diciembre de 2018
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO RATIFICA COMPROMISO DEL ESTADO EN LA INVESTIGACIÓN
DEL SECUESTRO DE EQUIPO PERIODÍSTICO DE EL COMERCIO
El 6 de diciembre del 2018 se realizó la audiencia pública sobre las medidas cautelares MC-309 18 Ref. Efraín Segarra y otros, en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la diligencia la Procuraduría General del Estado reafirmó el compromiso estatal de investigar los hechos ocurridos con los miembros del diario El Comercio, que fueron secuestrados y asesinados por el grupo Olivier Sinisterra.
La Procuraduría General del Estado enfatizó que, una vez que se determinen responsabilidades en esta investigación, el Estado ecuatoriano adoptará las medidas necesarias para que los responsables, sin importar si se trata de particulares o agentes estatales, sean juzgados y sancionados conforme lo que determina la ley.
En este sentido, se debe señalar que la creación del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) en ningún momento estuvo pensada como un reemplazo al trabajo de la Fiscalía. El ESE es un mecanismo de apoyo cuyo aporte final al Estado será un informe en el que se realizarán las observaciones y recomendaciones del caso. En tal virtud, la conclusión del ESE de ninguna manera implica el cierre de las investigaciones penales que se adelantan tanto en Ecuador como Colombia, en las que se deberán determinar a todos los responsables del secuestro y asesinato de nuestros compatriotas. Así como levantar las medidas cautelares no significa el archivo del proceso investigativo que lleva la Fiscalía, la misma que continuará con el proceso que le corresponde.
El ESE es un mecanismo excepcional constituido por la petición e insistencia del Estado ecuatoriano. Así, el 17 de julio de 2018, mediante Resolución No. 54/2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos delimitó el mandato del Equipo de Seguimiento Especial, estableciendo que el objetivo general del mismo es: “continuar el seguimiento del componente de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares otorgadas MC-309-18.”[1] El período de funciones del ESE en virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 54/2018 está establecido con una duración de seis meses, que concluiría el 31 de diciembre de 2018.
Tanto el Plan de Trabajo, Cronograma y Presupuesto del ESE fueron establecidos por la CIDH y aceptados sin objeción alguna por el Estado, quien además financió la totalidad del funcionamiento de este mecanismo por un valor superior a los USD 200.000.
En la audiencia pública, la representación estatal expresó que desde su primera reunión de trabajo el 15 de junio de 2018 todas las actividades del ESE han contado con el apoyo de las instituciones estatales. Se le ha facilitado entrevistarse en sus visitas con las entidades vinculadas, mantener reuniones con ex autoridades, y brindado acceso irrestricto a los expedientes que se encuentran en fase de investigación previa, a pesar de la reserva legal.
Finalmente, es preciso tomar en cuenta que el ESE fue instituido en el marco de la medidas cautelares MC-309-18, en la que se requirió que los Estados ecuatoriano y colombiano adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los señores Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril.
De conformidad al artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana la situación objeto de la medida cautelar debe cumplir con los requisitos de urgencia, gravedad y daño irreparable. En este caso, cuando la CIDH valoró la petición de medidas cautelares respecto al derecho a la vida e integridad personal del equipo periodístico de El Comercio determinó que los requisitos se cumplían y ordenó las medidas orientadas a tutelar y cautelar estos derechos. Desafortunadamente, con el fatal desenlace que es de público conocimiento la medida cautelar se tornó en inaplicable.
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[1] CIDH, Resolución 25/2018 de 12 de abril de 2018, numeral 18.1
BP- 13 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO RENEGOCIA CONTRATOS CON ESTUDIOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-013
Quito, 03 de diciembre de 2018
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO RENEGOCIA CONTRATOS CON ESTUDIOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
El Procurador General del Estado, Dr. Íñigo Salvador Crespo, consciente de la situación económica que atraviesa el Ecuador y con el objetivo de optimizar los recursos del erario nacional, emprendió un proceso de renegociación de los contratos suscritos con los estudios jurídicos extranjeros para el copatrocinio del Estado ecuatoriano y de sus instituciones, en los diversos procesos que se ventilan ante tribunales arbitrales internacionales o en cortes de otros países.
Para tal efecto, en los meses de octubre y noviembre de 2018, el doctor Salvador mantuvo reuniones con los representantes de estudios jurídicos contratados en América y Europa. Como resultado de dichas reuniones, la Procuraduría General del Estado logró pactar nuevos y mayores descuentos sobre los valores a ser facturados por concepto de honorarios por parte de los estudios jurídicos, lo cual constituirá un ahorro para el país de entre dos y tres millones de dólares al año.
Además, buscando fortalecer la defensa jurídica de los procedimientos judiciales y arbitrales, el Procurador ha planteado un nuevo esquema de trabajo para la defensa del Estado ecuatoriano que involucra más activamente a la Procuraduría General del Estado y que prevé también la contratación de estudios jurídicos ecuatorianos, mismos que, prestando un servicio de calidad, signifiquen una importante reducción adicional del gasto.
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BP-12 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PRESENTÓ ACUSACIÓN PARTICULAR POR PECULADO CONTRA EXFUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-012
Quito, 17 de noviembre de 2018
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PRESENTÓ ACUSACIÓN PARTICULAR POR PECULADO CONTRA EXFUNCIONARIOS
DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN
La Procuraduría General del Estado presentó este viernes 16 de noviembre una acusación particular contra los exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM): Fernando Alvarado Espinel, exsecretario Nacional de Comunicación; Pablo Yánez Saltos, exsubsecretario Nacional de Comunicación, Juan Chiriboga Arteta, excoordinador Administrativo Financiero; Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Innovación y Nuevos Medios; Galo Pacheco Vásquez, exsubsecretario de Medios Institucionales; Javier Lemos Cordero, excoordinador Administrativo Financiero; Vanessa Salgado Chiliquinga, exdirectora Administrativa del Talento Humano; y contra los ciudadanos: Carlos Bravo Segovia, representante de la Compañía Productora Gota Azul Corpoazgo S.A.; y Elsa Vivanco Hidalgo, Gerente General de la empresa Satré Comunicación Integral Cía. Ltda; por encontrarse indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado.
Esta acusación, presentada a la Jueza Silvia Sánchez Insuasti, la realizó la Procuraduría General del Estado luego de analizar un informe de la Contraloría en donde se determinan Indicios de Responsabilidad Penal luego de analizar los gastos generados y procesos de contratación efectuados por la Secretaría Nacional de Comunicación, en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos realizados en diferentes lugares del país, entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.
El informe de Contraloría fue remitido a la Fiscalía General del Estado, el 6 de febrero de 2018 y puesto en conocimiento de la Procuraduría tres días después.
Luego de un análisis del informe de la Contraloría y la investigación de la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado determinó que existe:
a) Un convenio de pago suscrito entre Javier Lemos Cordero, en calidad de Coordinador Administrativo Financiero de la Secretaría Nacional de Comunicación y Elsa Vivanco Hidalgo, en calidad de Gerente General de la empresa Satré Comunicación Integral Cía. Ltda., por el valor de cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 58.240,00), incluido el IVA.
b) Un contrato suscrito entre Pablo Yánez Saltos, en calidad de Subsecretario Nacional de Comunicación; y el señor Víctor Enrique Sarango, en calidad de Técnico Especializado de Audiovisuales del Enlace Ciudadano; por el valor mensual de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.500,00) más IVA, dando un total de trece mil cuatrocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 13.440,00), de acuerdo a la Certificación Presupuestaria No. 523
c) Un contrato suscrito entre Pablo Yánez Saltos, en calidad de Subsecretario Nacional de Comunicación; y, Carlos Bravo Segovia, en calidad de Gerente General de la Compañía Productora Gota Azul Corpoazgo S.A.; por el valor de ciento ochenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 189.000,00) más IVA.
A través de estos tres instrumentos se ha perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto total de doscientos ochenta y tres mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 283.360,00).
Con base en las diligencias realizadas dentro de la investigación previa y la instrucción fiscal, la Procuraduría General del Estado, en representación de la Secretaría Nacional de Comunicación por no poseer personería jurídica, acusó a las personas mencionadas por el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal y en concordancia con el artículo 257 del Código Penal.
Los exfuncionarios públicos de la SECOM menoscabaron la confianza que, como funcionarios públicos les obligaba a la correcta administración de los fondos públicos, tomando en consideración que dicho patrimonio pertenece al Estado y que el abuso o disposición arbitraria del mismo, de manera dolosa, constituye una infracción penal.
Mientras que, Elsa Vivanco Hidalgo y Carlos Bravo Segovia fueron los beneficiarios de los fondos estatales emanados por la SECOM, ya que en sus calidades de Gerentes y Accionistas de las empresas SATRÉ y CORPOAZGO, respectivamente, recibieron los réditos correspondientes derivados del convenio y contratos anteriormente señalados.
Se espera ahora que, la Jueza Silvia Sánchez, de la Corte Nacional de Justicia determine fecha y hora para el reconocimiento de firma del Procurador General del Estado, quien suscribió la acusación.
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BP-10 JUEZ DE COTACACHI RECHAZA ACCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE
BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-010
Quito, 9 de noviembre de 2018
JUEZ DE COTACACHI RECHAZA ACCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE
El Juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Santa Ana de Cotacachi, Oscar Coba Vayas, rechazó la acción de protección interpuesta por el GAD de Cotacachi contra el Ministerio del Ambiente y la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP). La acción fue presentada por el GAD en rechazo a una resolución administrativa del 2017, en la cual dicho Ministerio autorizó a la ENAMI EP el registro ambiental para la fase de “exploración inicial de la concesión minera” del Proyecto Río Magdalena.
El GAD de Cotacachi interpuso la acción de protección alegando una presunta omisión de lo establecido en el Artículo 407 de la Constitución de la República, que trata sobre la prohibición de actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles, así como también haber omitido la consulta previa, libre e informada conforme lo establece el Artículo 57.7 de la Norma Fundamental.
Ante esto la Procuraduría General del Estado demostró que las instituciones demandadas no vulneraron derechos constitucionales, ya que la acción de protección parte de una confusión entre bosque protector, área protegida y zona intangible. Según la legislación constitucional, en los bosques protectores no existe prohibición de realizar actividades pecuniarias, entre ellas las de minería.
Por esta razón, la omisión acusada careció de fundamento jurídico y técnico, además de que el supuesto incumplimiento de la disposición constitucional, de tener asidero, debía ejecutarse a través de otra garantía jurisdiccional y ante un organismo distinto.
En cuanto a la omisión de haber realizado la consulta previa a las comunidades, el GAD de Cotacachi reconoció que en la zona de influencia del proyecto no existen comunidades indígenas, tornando su acción en improcedente.
Luego de analizar los argumentos de las partes, el Juez emitió su fallo verbal rechazando por improcedente la acción constitucional indebidamente planteada.
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- BP-9 FISCAL ESPAÑOL ALLANA EL CAMINO PARA EXTRADICIÓN DE PABLO ROMERO QUEZADA
- BP-8 POR PRIMERA VEZ SE EVALUÓ EL CLIMA LABORAL ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
- BP-7 LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN
- BP- 6 ECUADOR NO VIOLÓ DERECHOS DE JULIAN ASSANGE
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