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CASO ISAÍAS: DECISIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO DE LA FLORIDA FAVORECE AL ESTADO ECUATORIANO
Boletín de Prensa
Quito, 28 de diciembre de 2017
UCS/42
CASO ISAÍAS:
DECISIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO DE LA FLORIDA FAVORECE AL ESTADO ECUATORIANO
Frente a las afirmaciones de la defensa de la Familia Isaías, la Procuraduría General del Estado ratifica que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Florida favoreció al Ecuador al dejar sin efecto una sentencia que pretendió impedir el avance de las acciones iniciadas por la República del Ecuador para recuperar el perjuicio causado por los hermanos Isaías Dassum que dieron origen a la incautación de bienes resuelta por la AGD en julio de 2008.
El objetivo de la demanda es claro, obtener la reparación económica por los perjuicios ocasionados por los Hnos. Isaías cuya responsabilidad fue legalmente establecida en el Ecuador; no obstante, la defensa de los demandados intentó en todo momento desviar la naturaleza del juicio buscando que los jueces se pronuncien sobre la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas en el Ecuador a pesar de que ello no era procedente.
Para la PGE, la ausencia de argumentos de parte de la defensa de los hermanos Isaías se hace más evidente en su intento de desviar la atención hacia el esfuerzo que ha debido hacer la PGE para revertir por dos ocasiones, las decisiones de un Juez que intentó impedir el avance del proceso rechazando sumariamente las pretensiones del Ecuador.
La reacción actual de la defensa de la familia Isaías contrasta con la amplia difusión que le dieron a la sentencia dictada por el Juez Thornton, en octubre de 2015.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2321
EN EL ESTADO DE LA FLORIDA, ESTADOS UNIDOS CORTE DE APELACIONES FALLA NUEVAMENTE A FAVOR DEL ECUADOR REVIRTIENDO DECISIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN EL JUICIO CONTRA LOS HNOS. ROBERTO Y WILLIAM ISAÍAS
Boletín de Prensa
Quito, 27 de diciembre de 2017
UCS/41
EN EL ESTADO DE LA FLORIDA, ESTADOS UNIDOS
CORTE DE APELACIONES FALLA NUEVAMENTE A FAVOR DEL ECUADOR REVIRTIENDO DECISIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN EL JUICIO CONTRA LOS HNOS. ROBERTO Y WILLIAM ISAÍAS
El día de hoy 27 de diciembre de 2017, la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito del Estado de la Florida revocó la sentencia de 15 de octubre de 2015 dictada por el juez John W. Thornton de la Corte del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade (Florida) que había rechazado la demanda planteada por la ex AGD en contra de los hermanos Isaías Dassum.
La Corte de Apelaciones, acogiendo los argumentos presentados por la defensa del Ecuador, revirtió las conclusiones que fundamentaron la decisión del Juez de Primera Instancia, resolviendo en su lugar que el proceso vuelva a primera instancia únicamente para determinar los daños y perjuicios a favor del Estado ecuatoriano, en consideración a que, en aplicación de la Doctrina de los Actos de Estado, el Ecuador no está obligado a probar la responsabilidad de los Hnos. Isaías con respecto a las pérdidas sufridas por Filanbanco.
La Corte de Apelaciones revirtió la equivocada decisión de primera instancia sobre la supuesta falta de legitimación del Estado ecuatoriano, representado por la PGE, por considerar que los Hnos. Isaías, no alegaron en el momento procesal oportuno la falta de legitimación, aceptando la intervención de la República del Ecuador como sucesor de la Agencia de Garantía de Depósitos.
Respecto de la prescripción, la Corte de Apelaciones establece que la responsabilidad de los Hnos. Isaías comenzó el 8 de julio de 2008, fecha en que se emitió la Resolución 12 de la ex AGD que dispuso la incautación de bienes de propiedad de los Hnos. Isaías para satisfacer la deuda identificada a favor de la AGD. De esta manera, la Corte de Apelaciones estableció que el Juez de primera instancia violó la Doctrina de los Actos de Estado, cuando declaró la prescripción sin tomar en cuenta que la resolución de la ex AGD era un acto de Estado.
Al referirse a esta decisión, el Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, señaló que esta es una decisión en la que nuevamente ha prevalecido la posición jurídica del Ecuador pues esta es la segunda ocasión en la que la Corte de Apelaciones de Florida revierte una sentencia del Juez John Thornton, permitiendo así que el proceso avance a una decisión de fondo que resuelva las pretensiones del Ecuador.
Como consecuencia de esta sentencia, el proceso regresará a la corte de primera instancia y será conocido por el juez William Thomas, en virtud de un reciente cambio de jueces.
Es preciso recordar que este proceso en contra de los Hnos. William y Roberto Isaías fue iniciado por la ex AGD el 29 de abril de 2009, habiendo posteriormente asumido la defensa la PGE a nombre del Estado ecuatoriano.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2321
IN THE STATE OF FLORIDA, UNITED STATES APPELLATE COURT RULES AGAIN IN FAVOR OF ECUADOR REVERSING THE DECISION OF THE TRIAL JUDGE IN THE TRIAL AGAINST THE ROBERTO AND WILLIAMS ISAIAS BROTHERS
Press Bulletin
Quito, December 27, 2017
UCS/41
Quito, December 27, 2017
UCS/41
IN THE STATE OF FLORIDA, UNITED STATES
APPELLATE COURT RULES AGAIN IN FAVOR OF ECUADOR REVERSING THE DECISION OF THE TRIAL JUDGE IN THE TRIAL AGAINST THE ROBERTO AND WILLIAMS ISAIAS BROTHERS
Today, December 27, 2017, the Court of Appeals of the Third District of the State of Florida reversed the October 15, 2015 judgment issued by Judge John W. Thornton of the Court of the Eleventh Judicial Circuit of Miami-Dade County (Florida), which had dismissed a lawsuit filed by ex AGD against the Isaías Dassum brothers.
The Appellate Court, accepting the arguments presented by Ecuador’s defense, reversed the conclusions underlying the Trial Judge’s decision, instead remanding the case to the trial court, solely to determine damages in favor of the State of Ecuador, considering that, in application of the Acts of State Doctrine, Ecuador is not required to prove the liability of the Isaías Brothers with respect to the damages suffered by Filanbanco.
The Appellate Court reversed the incorrect trial decision regarding the lack of standing of the State of Ecuador, represented by the Office of the State Attorney General (the “PGE”), because it considered that the Isaías Brothers did not timely claim the absence of standing, accepting the Republic of Ecuador’s appearance as successor of Agencia de Garantía de Depósitos.
Regarding expiration of the statute of limitations period, the Appellate Court ruled that the liability of the Isaías Brothers began on July 8, 2008, date on which Resolution 12 issued by ex AGD was issued, ordering seizing of the assets owned by the Isaías Brothers to satisfy the debt identified in favor of AGD. In this way, the Appellate Court established that the trial Judge violated the Acts of State Doctrine, when it declared that the statute of limitations period had expired without considering that ex AGD’s resolution was an act of State.
When mentioning this decision, State Attorney General, Dr. Diego García Carrión, highlighted that is is a decision in which Ecuador’s legal opinion has again prevailed, as it is the second time that the Florida Appellate Court reverses a judgment issued by Judge John Thornton, thus allowing the case to progress to a decision on the merits resolving Ecuador’s claims.
As a result of the judgment, the case will be remanded to the trial court and will be heard by Judge William Thomas, by virtue of a recent change of judges.
It is worth recalling that this case against the William and Roberto Isaías Brothers was brought by ex AGD on April 29, 2009, after PGE assumed the defense of the State of Ecuador.
PRESS RELEASE
Telephone: (02) 2941300 Ext. 2321
LA PGE LOGRA QUE EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ONU ARCHIVE LA PETICIÓN DE 117 EXFUNCIONARIOS DEL BCE QUE SE JUBILARON ANTES DE CUMPLIR 45 AÑOS DE EDAD
Boletín de Prensa
Quito, 26 de diciembre de 2017
Quito, 26 de diciembre de 2017
UCS/40
Defensa Jurídica del Estado evita el pago de cerca de 42 millones de dólares:
La PGE logra que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU archive la petición de 117 exfuncionarios del BCE que se jubilaron antes de cumplir 45 años de edad.
La PGE logró que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de (CDESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acoja sus argumentos y dictamine inadmisible la petición presentada por 117 ex servidores del Banco Central del Ecuador (BCE) presentada en el año 2012.
Con este dictamen la defensa del Estado logra evitar que el Estado ecuatoriano pague cerca de USD 42 millones de dólares.
El Comité acogió los argumentos de la Procuraduría y decidió que está impedido ratione temporis, de examinar las alegaciones de los autores con relación al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por lo que las mismas son inadmisibles.
Los hechos del caso se relacionan con la Resolución N° DBCE-0226-FPJ de 4 de marzo de 2009, en la que el Directorio del BCE dispuso la supresión del pago de las pensiones provenientes del Fondo Complementario Previsional Cerrado-BCE (FCPC-BCE), que venían percibiendo un grupo de exservidores del Banco Central del Ecuador. De la información proporcionada por el BCE, las pensiones provenientes del FCPC eran financiadas hasta en un 90% por fondos públicos.
La supresión de las pensiones fue un acto derivado de una serie de procesos de verificación por parte de los entes estatales de control, que dispusieron la revisión de las pensiones de un fondo complementario de ex servidores que procedieron a jubilarse antes de cumplir 45 años de edad biológica a través de la figura de “compra de requisitos” (compensación en tiempo o pago de aportes anticipadamente).
El 5 de octubre de 2009, se publicó la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, cuya Disposición General Tercera, prohibió a los mencionados exservidores seguir beneficiándose de la citada prestación adicional.
Según un informe de auditoría de la Superintendencia de Bancos y Seguros del año 2008, las pensiones individuales provenientes del FCPC-BCE de las que se beneficiaban los autores, alcanzaban hasta USD 2.700 mensuales y el costo de cada una de las pensiones vitalicias variaba entre USD 45.441 hasta USD 779.410.
Según el mismo informe, el hecho de que se hayan establecido requisitos ventajosos para acceder a la jubilación por vejez como sucedió en el caso de los peticionarios, produjo que, por ejemplo, solo 29 jubilados le cuesten al BCE más de USD 600 mil cada uno y que 93 jubilados pudieren recibir en total más de USD 300 mil cada uno.
En suma, hasta 2007, el monto de pensiones pagadas del FCPC fue de alrededor de USD 100 millones, en tanto que las pensiones por pagar de acuerdo a la esperanza de vida son de USD 141 millones aproximadamente. Así, el costo total de pensiones por vejez se estimó en cerca de USD 243 millones.
Tras un proceso que duró aproximadamente dieciocho meses, La defensa jurídica del Estado logró demostrar ante el Comité la procedencia de su excepción preliminar respecto a la admisibilidad de la comunicación.
Con esta decisión la causa queda archivada y se evita al Estado el pago de las pretendidas reparaciones a favor de las 117 personas que presentaron el reclamo, que hubiera representado a las arcas estatales la erogación de un cuantioso monto indemnizatorio. Solo en devolución prestaciones no gozadas desde 2009 más intereses, y considerando la expectativa de vida, el monto reclamado alcanzaría un valor de alrededor de USD 42 millones, sin tomar en cuenta los montos a ser calculados de forma particularizada, como las indemnizaciones por daños inmateriales (USD 1´400 mil aprox.),[1] costas y gastos, y deudas de créditos adquiridos por los peticionarios que solicitaban se suspendan (USD 700 mil aprox.)
Con este dictamen la defensa del Estado logra evitar que el Estado ecuatoriano pague cerca de USD 42 millones de dólares.
El Comité acogió los argumentos de la Procuraduría y decidió que está impedido ratione temporis, de examinar las alegaciones de los autores con relación al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por lo que las mismas son inadmisibles.
Los hechos del caso se relacionan con la Resolución N° DBCE-0226-FPJ de 4 de marzo de 2009, en la que el Directorio del BCE dispuso la supresión del pago de las pensiones provenientes del Fondo Complementario Previsional Cerrado-BCE (FCPC-BCE), que venían percibiendo un grupo de exservidores del Banco Central del Ecuador. De la información proporcionada por el BCE, las pensiones provenientes del FCPC eran financiadas hasta en un 90% por fondos públicos.
La supresión de las pensiones fue un acto derivado de una serie de procesos de verificación por parte de los entes estatales de control, que dispusieron la revisión de las pensiones de un fondo complementario de ex servidores que procedieron a jubilarse antes de cumplir 45 años de edad biológica a través de la figura de “compra de requisitos” (compensación en tiempo o pago de aportes anticipadamente).
El 5 de octubre de 2009, se publicó la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, cuya Disposición General Tercera, prohibió a los mencionados exservidores seguir beneficiándose de la citada prestación adicional.
Según un informe de auditoría de la Superintendencia de Bancos y Seguros del año 2008, las pensiones individuales provenientes del FCPC-BCE de las que se beneficiaban los autores, alcanzaban hasta USD 2.700 mensuales y el costo de cada una de las pensiones vitalicias variaba entre USD 45.441 hasta USD 779.410.
Según el mismo informe, el hecho de que se hayan establecido requisitos ventajosos para acceder a la jubilación por vejez como sucedió en el caso de los peticionarios, produjo que, por ejemplo, solo 29 jubilados le cuesten al BCE más de USD 600 mil cada uno y que 93 jubilados pudieren recibir en total más de USD 300 mil cada uno.
En suma, hasta 2007, el monto de pensiones pagadas del FCPC fue de alrededor de USD 100 millones, en tanto que las pensiones por pagar de acuerdo a la esperanza de vida son de USD 141 millones aproximadamente. Así, el costo total de pensiones por vejez se estimó en cerca de USD 243 millones.
Tras un proceso que duró aproximadamente dieciocho meses, La defensa jurídica del Estado logró demostrar ante el Comité la procedencia de su excepción preliminar respecto a la admisibilidad de la comunicación.
Con esta decisión la causa queda archivada y se evita al Estado el pago de las pretendidas reparaciones a favor de las 117 personas que presentaron el reclamo, que hubiera representado a las arcas estatales la erogación de un cuantioso monto indemnizatorio. Solo en devolución prestaciones no gozadas desde 2009 más intereses, y considerando la expectativa de vida, el monto reclamado alcanzaría un valor de alrededor de USD 42 millones, sin tomar en cuenta los montos a ser calculados de forma particularizada, como las indemnizaciones por daños inmateriales (USD 1´400 mil aprox.),[1] costas y gastos, y deudas de créditos adquiridos por los peticionarios que solicitaban se suspendan (USD 700 mil aprox.)
Antecedente:
En 2012, 117 exservidores del BCE presentaron ante el CDESC de la ONU, una comunicación contra el Estado ecuatoriano acusando la presunta violación a sus derechos a la seguridad social, protección a la familia, nivel de vida adecuado y salud, establecidos en el PIDESC.
Los autores solicitaron al Comité como reparaciones, a más de las indemnizaciones por las afectaciones físicas y psicológicas sufridas (daño inmaterial) las siguientes:
- La restitución del sistema de jubilación patronal y las aportaciones realizadas por los peticionarios;
- El pago de las prestaciones no gozadas desde el año 2009 con sus respectivos intereses;
- El pago de una compensación monetaria por los daños y perjuicios, relacionadas con el monto de la pensión que dejaron de percibir, el tiempo transcurrido desde la supresión del pago de las pensiones a los peticionarios hasta el cumplimiento efectivo de la decisión;
- Indemnización por las supuestas violaciones a los derechos de los peticionarios y los gastos y costas ocasionados por la interposición de recursos; y,
- La suspensión de los procesos coactivos iniciados para el cobro de las deudas adquiridas por préstamos del FCPC.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2321
[1] Monto establecido tomando en consideración los montos ordenados por la Corte IDH en los casos Cinco pensionistas Vs. Perú, Quintana Coello Vs. Ecuador y Lagos del Campo Vs. Perú.
CASO ODEBRECT: SENTENCIA DEL TRIBUNAL PENAL RECOGE LA TEORÍA DEL CASO DE LA PGE
Boletín de Prensa
Quito, 19 de diciembre de 2017
UCS/39
Caso Odebrecht: Asociación ilícita
SENTENCIA DEL TRIBUNAL PENAL RECOGE LA TEORÍA DEL CASO DE LA PGE
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia en su resolución oral del día 13 de diciembre de 2017 recoge los aportes que hizo la Procuraduría General del Estado durante el proceso, que incidieron decisivamente en los siguientes aspectos:
1. Teoría del caso
La teoría del caso planteado por la Procuraduría General del Estado a lo largo del proceso, la cual señala que "altos funcionarios públicos y sus intermediarios particulares, se asociaron ilícitamente para cometer delitos en contra de la Administración Pública, penetrando en el sistema de contratación pública, afectando a los proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos del Ecuador, con la finalidad de obtener beneficio económico".
En la ratio decidendi de la resolución dictada, el Tribunal acoge lo señalado por la Procuraduría al establecer que:
• con la participación de servidores públicos (Jorge Glas, Ramiro Carrillo y Carlos Villamarín) e intermediarios (Ricardo Rivera, Gustavo Massuh, José Terán, Képler Verduga y Edgar Arias);
• se conformó una organización delincuencial;
• cuya finalidad era el cometimiento de otros delitos (concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado), que afectan la eficiencia de la Administración Pública, entre otros bienes protegidos;
• respecto de los proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos del Estado;
• para obtener beneficios económicos indebidos e ilegales.
2. Delitos fines
El delito de asociación ilícita se cometió para perpetrar otros delitos, entre los cuales se encontraban: cohecho, concusión, peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, tráfico de influencias. En sentencia, el Tribunal Penal dispuso que se investiguen los delitos antes referidos y añadió solamente el delito de testaferrismo.
3. Defensa de la prueba
La defensa técnica de la PGE, defendió la prueba instrumental y testimonial relacionada con un pendrive entregado por el señor Alfredo Alcívar, asistente de Ricardo Rivera.
En el contrainterrogatorio realizado por la PGE, se comprobó que el testigo Ing. Edgar Reyes, que pretendía desacreditar prueba relevante -en específico aquella relacionada con el pendrive entregado por Alfredo Alcivar- no era un experto informático, era ingeniero en electrónica y que el perito informático, Ing. Fabián Hurtado, no conocía tecnología Apple, aplicable al sistema de almacenamiento denominado "nube", fuente de la información. Por consiguiente, la información proporcionada y elevada a la calidad de prueba, fue legalmente obtenida. Este criterio fue acogido por el Tribunal Penal en su resolución oral.
4. Pena agravada
En el alegato de cierre presentado por la PGE en su condición de víctima, después de que el Tribunal Penal declaró abandonada la acusación, se solicitó se condene a los procesados en grado de autores, por sus participaciones directas, materiales y voluntarias, a la pena máxima establecida en la norma, es decir a 6 años de privación de libertad, al existir 3 agravantes:
• Conmoción social (aplicable a todos los procesados),
• perpetrar el acto prevaliéndose de su condición de autoridad (aplicable para los funcionarios públicos); y,
• haberlo cometido en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo sus funciones (aplicable para los funcionarios públicos).
5. Reparación inmaterial a costa de los funcionarios sentenciados
La Procuraduría solicitó al Tribunal Penal que, como medida de satisfacción al Estado ecuatoriano y sus instituciones, se ordene que la sentencia condenatoria sea publicada en los medios de comunicación de mayor circulación del país, a costa de los funcionarios públicos sentenciados en esta causa, lo cual se recoge en la resolución oral.
6. Gran similitud en los montos de reparación
Existe una gran similitud en los montos de reparación material a las víctimas. Conforme la prueba practicada por la PGE hasta el día 11 de la Audiencia de Juicio, la reparación ascendía a la cantidad de USD 35´828,256,33 dólares. El monto dispuesto por el Tribunal Penal asciende a USD $ 33.396.160,32, cantidad solicitada por FGE y que no considera el dinero devuelto por Tomislav Topic.
Antecedentes:
El día 05 de diciembre de 2017, dentro del juicio que por asociación ilícita siguió la Fiscalía General del Estado en el Caso Odebrecht, el Tribunal del Juicio resolvió declarar el abandono de la acusación particular presentada por esta institución en ejercicio del patrocinio del Estado, debido al retraso de varios minutos por parte del abogado acusador. Al respecto, la PGE conforme al debido proceso, inmediatamente solicitó la revocatoria de la decisión, puesto que el atraso de 7 minutos no puede considerarse un abandono de la Acusación Particular en una audiencia que se inició hace más de diez días, con la decidida actuación de la Procuraduría General del Estado; sin embargo, el pedido fue negado de manera inmediata, ante la insistencia de los defensores técnicos de los procesados.
La PGE fue enérgica en señalar que, en ningún caso se puede permitir que sus abogados no estén puntualmente en las salas de audiencias, conforme hayan sido convocados por los jueces en cada caso; esa es su responsabilidad y obligación profesional, y ese debe ser su proceder en todos los casos, precisamente para no dar oportunidad a que haya una suspensión o declaración de abandono en las audiencias a las que asisten todos los días, a lo largo y ancho del país, representando los intereses del Estado.
Sin embargo, en este caso, los miembros del Tribunal no aplicaron en forma racional y proporcional la norma, al considerar como abandono un retraso de siete minutos, dejando fuera al acusador particular, cuando su actuación durante una audiencia de 11 días reflejaba su clara intención de actuar como acusadores, presentar alegatos y pruebas, como en efecto se lo hizo en todas las intervenciones del equipo de abogados de la PGE.
Pero aún en el evento de que fuera aceptable la declaratoria de abandono de la acusación particular, los miembros del Tribunal nunca debieron retirar de la audiencia y enviar al público a los abogados de la defensa del Estado, quienes, representando a la víctima, tienen derecho no solo a estar presentes (en el público) en la audiencia, sino a INTERVENIR en ella, conforme lo señala con claridad el artículo 432.1 del COIP, correspondiendo a la FGE continuar con el impulso de la presente causa penal, según lo previsto en el Art. 433.6 del COIP. El legislador fue claro al darle derechos a la víctima aún si no fuere acusador particular y ese derecho debió respetarse.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2321
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