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CASO ODEBRECHT: CONCUSIÓN PGE PRESENTÓ ACUSACIÓN PARTICULAR CONTRA CARLOS PÓLIT Y JOHN PÓLIT
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 30 de noviembre de 2017
UCS/35
Caso Odebrecht: Concusión
PGE PRESENTÓ ACUSACIÓN PARTICULAR CONTRA CARLOS PÓLIT Y JOHN PÓLIT
Conforme a los elementos de convicción recabados durante la etapa de instrucción, el día de hoy, la Procuraduría General del Estado presentó ante la Corte Nacional de Justicia, la acusación particular en contra de Carlos Pólit y su hijo, por el delito de concusión.
Dentro de la instrucción fiscal No. 40-2017-WTT-lyr, la Fiscalía General del Estado investiga al ex Contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, por el delito de concusión, al encontrarse indicios relacionados al pago de gratificaciones económicas exigidas a cambio del levantamiento de las glosas imputadas a Odebrecht, respecto del Proyecto “San Francisco” y por la emisión de informes limpios en los demás contratos adjudicados a la constructora.
En relación al desvanecimiento de glosas, el Fiscal General manifestó en la audiencia de formulación de cargos que: "…en el año 2010 el señor doctor Carlos Pólit Faggioni, en su condición de Contralor le solicita al Superintendente de la Compañía Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador, señor José Conceição Santos Filho la entrega de seis millones de dólares a cambio de desvanecer esas glosas, a cambio de ese dinero, a cambio de desvanecer más de setenta millones de dólares en glosas emitidas, este dinero se pacta, se exige por parte del doctor Pólit a la Compañía Norberto Odebrecht y se entrega en dinero en efectivo por parte de la Constructora al Dr. Pólit en la Suite 52 ubicado en la Torre A, del Swissotel de la ciudad de Quito, en las calles 12 de Octubre y Cordero, estas exigencias de dinero representaron que esas glosas emitidas por parte del Estado ecuatoriano sean sistemáticamente desvanecidas por y en consecuencia de la entrega de este dinero…"
En lo que se refiere a la emisión de informes limpios, el Fiscal General manifestó en la audiencia de formulación de cargos que: "Esa exigencia de entrega de dinero por parte del señor Pólit, se ha extendido en el tiempo, para la emisión de informes favorables a la Constructora Norberto Odebrecht S.A. de parte de la Contraloría General del Estado, y referentes a los proyectos que la empresa ejecutaba en nuestro país, como son los proyectos: Pascuales – Cuenca, Refinería del Pacífico (nivelación de tierras); RDP - Acueducto la Esperanza; Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Proyecto Daule – Vinces, por los cuales se habría entregado la suma de 4,1 millones de dólares, mediante entregas de dinero en efectivo y transferencias al exterior".
La instrucción fiscal concluye el 04 de diciembre de 2017. La Corte Nacional debe proceder a calificar la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado y fijar fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que el Fiscal deberá presentar un dictamen acusatorio o abstentivo.
Cabe señalar además que el Fiscal General del Estado vinculó al proceso a John Christopher Pólit Esteves, “en su condición de partícipes del delito de concusión previsto en el artículo 264 del Código Penal, tipo que por sus elementos objetivos y subjetivos del tipo se mantiene en el artículo 281 del Código Integral Penal, la condición de su participación más allá de que deberá ser expuesta en forma definitiva al Juez en el momento de la audiencia preparatoria de juicio es en el grado de coautoría (…)”.
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LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO AUTORIZÓ LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS INDEMNIZATORIOS CON OTRAS 25 VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DOCUMENTADAS EN EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 21 de noviembre de 2017
UCS/34
La Procuraduría General del Estado autorizó la suscripción de acuerdos indemnizatorios con otras 25 víctimas de violaciones de derechos humanos documentadas en el Informe de la Comisión de la Verdad
El Director Nacional de Derechos Humanos, por delegación del Procurador General del Estado asistió el día de hoy a la Gobernación del Azuay para suscribir 25 acuerdos indemnizatorios a favor de las víctimas de violación de derechos humanos, documentadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, dentro de los casos C9, C20, C25, C30, C31, C36, C41, C54, C60, C72, C74, C91, C93, C96; y C116. En los citados casos se documentaron violaciones como: ejecución extrajudicial, tortura, atentado contra la vida, privación ilegal de libertad y violencia sexual.
La indemnización comprende los daños materiales e inmateriales que fueron debidamente justificados dentro del proceso de negociación, para el efecto se conformó la Comisión Negociadora integrada por la Ministra de Justicia o su delegado y por la Viceministra de Justicia o su delegado, asistió también la víctima como contraparte en la negociación.
Una vez efectuados los pagos determinados en los acuerdos indemnizatorios, las instituciones del Estado correspondientes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la Reparación de Víctimas, procederán a ejercer el derecho de repetición en contra de los servidores públicos por cuyas acciones u omisiones se determinó la responsabilidad del Estado.
Antecedentes:
A través del Decreto Ejecutivo 305 del 3 de mayo de 2007 se creó la Comisión de la Verdad con el propósito de “investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos”.
La Comisión de la Verdad presentó, el 7 de junio de 2010, el informe final titulado “Sin verdad no hay justicia”, en el que se documentaron 118 casos y 464 víctimas.El 13 de diciembre de 2013 entró en vigencia la “Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008”.
En el artículo 2 de la citada norma el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, a su vez, a través de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley, se recogió el principio de reparación integral a partir del cual se buscará la solución que objetiva y simbólicamente restituya a la víctima sus derechos.
Por su parte, el artículo 7 de la citada Ley determinó que en los casos en que haya lugar a indemnización por los daños inmateriales y materiales que se produjeron a consecuencia de las graves violaciones de Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano efectivizará el pago de dicha indemnización, ya sea en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo indemnizatorio al que pueden llegar las víctimas con el Ministerio de Justicia, o en cumplimiento de lo ordenado en sentencia ejecutoriada.
El 03 de febrero de 2015, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos expidió el “Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los Montos a Pagarse por Concepto de Indemnización y las Medidas para su Cumplimiento” mediante el cual se dispone (Art. 19) que el Procurador General del Estado intervendrá en el proceso de negociación que se lleve a cabo entre la víctima y el Ministerio de Justicia; y, posteriormente autorizará la suscripción del acuerdo conforme a la Ley. Una vez realizados los pagos se iniciarán las acciones de repetición de los montos erogados por el Estado.
El 10 de octubre de 2017, el Procurador General del Estado asistió también a la Presidencia de la República para autorizar la suscripción de 24 acuerdos indemnizatorios para las víctimas de violación de derechos humanos, respecto a 23 víctimas del caso nominado C60 (Cooperativa 10 de enero) y una del caso C25 (Piedad Jarrín y otros), también documentados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad como casos de violaciones como: tortura, atentado contra la vida, privación ilegal de libertad y violencia sexual.
LA FISCALÍA NIEGA EL PEDIDO DE VINCULACIÓN DEL PROCURADOR SOLICITADO POR LA DEFENSA DE PÓLIT
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 07 de noviembre de 2017
UCS/32
UCS/32
LA FISCALÍA NIEGA EL PEDIDO DE VINCULACIÓN DEL PROCURADOR SOLICITADO POR LA DEFENSA DE PÓLIT
El pasado 31 de octubre y dentro de la instrucción fiscal No. 40-2017-WTT-lyr del proceso penal que corresponde al delito de concusión en el caso del excontralor Carlos Pólit Faggioni, el Fiscal General del Estado dispuso lo siguiente: "f) Agréguese al expediente el escrito presentado por el doctor Carlos Pólit Faggioni. En atención al pedido de vinculación en contra del doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado. Por cuanto de los elementos de convicción acopiados dentro de la instrucción fiscal no existe méritos para vincular al señor Procurador General del Estado, su pedido deviene en improcedente".
Previamente, en la etapa de investigación de este proceso penal, el 6 de julio de 2017 el doctor Diego García, Procurador General del Estado había rendido su versión libre y voluntaria de los hechos que conocía al momento de su comparecencia. Posteriormente, el 6 de noviembre el Procurador fue convocado por la FGE para la ampliación de la versión solicitada por Pólit a través de su defensor técnico Hernán Ulloa, la misma que se cumplió sin la presencia de dicho abogado.
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Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2320
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CON AUTORIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SE CELEBRÓ ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CIDH EN EL CASO DARWIN GARCÍA
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 15 de noviembre de 2017
UCS/33
Con autorización de la Procuraduría General del Estado se celebró acuerdo de cumplimiento de recomendaciones de la CIDH en el caso Darwin García.
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El Procurador General del Estado participó, el día de hoy, en el evento de firma del acuerdo de cumplimiento de informe de admisibilidad y fondo de la CIDH dentro del Caso Darwin García, organizado por el Ministerio del Interior.
El 09 de noviembre de 1994, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (en adelante CEDHU), presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación a la muerte del señor Jorge Darwin García Espinoza y las lesiones a su hermano Franklin Plutarco García Espinoza, así como por las alegadas falencias en la investigación y la administración de justicia. El Estado ecuatoriano fue notificado el día 24 de abril de 1995.
El 28 de julio de 2015, la CIDH emitió el Informe acumulado de Admisibilidad y Fondo No. 42/15, en el cual determinó la responsabilidad del Estado respecto a violaciones a los derechos contenidos en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el citado informe se recomendó al Estado:
- • Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declarados en el informe
- • Disponer mecanismos de no repetición, entre ellos: a) capacitación a la Policía Nacional sobre estándares internacionales en derechos humanos, b) mecanismos para asegurar la efectiva rendición de cuentas en el fuero, penal, disciplinario o administrativo en casos de presunto abuso de poder de agentes del Estado; y c) medidas legislativas, administrativas y de otra índole para investigar la necesidad y proporcionalidad del uso letal de la fuerza por parte de los funcionarios policiales.
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A partir del 21 de septiembre de 2015, fecha en que la CIDH notificó al Estado con el Informe de Admisibilidad y Fondo, se inició un proceso diálogo con las víctimas reconocidas en el citado Informe, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana.
En tal virtud, luego de que las partes han llegado a un acuerdo, el día miércoles 15 de noviembre, el Ministerio del Interior y las víctimas firmaron un acuerdo de cumplimiento total del Informe de Admisibilidad y Fondo que repara integralmente los daños reconocidos por la CIDH, bajo los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos resueltos previamente en similares circunstancias.
La Procuraduría General del Estado intervino en el proceso ante la CIDH y ha colaborado con el Ministerio del Interior en el proceso de autorización del acuerdo mismo que al dar cumplimiento total al informe de fondo de la CIDH evita que el caso sea sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En su autorización el Procurador General del Estado instó a que una vez realizado el pago las instituciones involucradas inicien las acciones para ejercer el derecho de repetición en contra de los servidores públicos por cuyas acciones u omisiones se determinó la responsabilidad internacional del Estado en el caso.
Antecedente:
En la madrugada el día 12 de septiembre de 1993, en un baile popular en la ciudad de Otavalo, se produjo un enfrentamiento entre los hermanos Segundo y José de la Cruz y el Señor Edwin Guzmán por una parte y los hermanos Jorge Darwin y Franklin Plutarco Garcia por otra, lo que produjo la muerte de Darwin Garcia y lesiones de Franklin Garcia por disparos proferidos por Segundo de la Cruz. Al momento de los hechos los señores Segundo de la Cruz y Edwin Guzmán, eran miembros activos de la Policía Nacional, e hicieron uso de sus armas de dotación.
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CASO ODEBRECHT, PETROECUADOR Y OTROS: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO INFORMÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL LAS ACCIONES LEGALES QUE HA INICIADO LA PGE EN RELACIÓN AL CASO ODEBRECHT, PETROECUADOR Y OTROS
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 23 de octubre de 2017
UCS/31
Caso Odebrecht, Petroecuador y otros:
Procurador General del Estado informó a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional las acciones legales que ha iniciado la PGE en relación al caso Odebrecht, Petroecuador y otros
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El día de hoy a las 10h00, el doctor Diego García, Procurador General del Estado fue recibido por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en Comisión General para explicar sobre las acciones legales que ha iniciado en relación al caso de corrupción de la multinacional Odebrecht, de los procesos penales con relación a las denuncias de los hechos de corrupción de Petroecuador y otros.
El doctor García, inició su presentación aclarando el marco legal en el cual se da la intervención de la PGE dentro de sus competencias, citando el artículo 237 de la Constitución del Ecuador: "Corresponderá a la Procuradora o Procurador General del Estado, además de las otras funciones que determine la ley: 1. La representación judicial del Estado. 2. El patrocinio del Estado y de sus instituciones (…)". Además de citar los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la PGE, distinguiendo los casos en que la PGE interviene directamente en representación del Estado de aquellos en que intervienen directamente las instituciones con personería jurídica propia.
El Procurador aclaró que la titularidad de la acción penal es competencia de la Fiscalía General del Estado de conformidad con los artículos 195 de la Constitución y 411 y 609 del COIP. Así mismo, indicó los delitos, que según el COIP, afectan tanto el patrimonio nacional como el interés público entre los cuales viene interviniendo la Procuraduría General en defensa del Estado. Explicó también las cuatro etapas del proceso penal (Investigación previa, Instrucción fiscal, Evaluación y Preparatoria y, finalmente, Juicio) para ubicar a cada uno de los casos de Odebrecht:
En el caso por concusión que la Fiscalía sigue al excontralor Carlos Pólit Faggioni y que está relacionado con el hecho de que "…en el año 2010 el señor doctor Carlos Pólit Faggioni, en su condición de Contralor le solicita al Superintendente de la Compañía Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador, señor José Conceição Santos Filho la entrega de seis millones de dólares a cambio de desvanecer esas glosas, a cambio de ese dinero, a cambio de desvanecer más de setenta millones de dólares en glosas emitidas, este dinero se pacta, se exige por parte del doctor Pólit a la Compañía Norberto Odebrecht y se entrega en dinero en efectivo por parte de la Constructora al Dr. Pólit en la Suit 52 ubicado en la Torre A, del Swissotel de la ciudad de Quito, en las calles 12 de Octubre y Cordero, estas exigencias de dinero representaron que esas glosas emitidas por parte del Estado ecuatoriano sean sistemáticamente desvanecidas por y en consecuencia de la entrega de este dinero…" según lo señalado por el Fiscal General en la audiencia de formulación de cargos el 7 de agosto de 2017, la Instrucción Fiscal se cierra el 5 de noviembre de 2017 y el monto de reparación integral será de aproximadamente USD 7.700.000,00.
El Procurador dejó en claro que para que exista concusión deben reunirse dos elementos esenciales: el abuso de las funciones (levantando las glosas o emitiendo informes favorables) y la exigencia de gratificaciones no debidas (más de 10 millones de dólares). Eso es lo que se persigue. El doctor García destacó que todas estas eran potestades exclusivas del Contralor General del Estado de conformidad con los artículos 39, 53 y 60 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Además se abordaron otros casos de la trama de corrupción de Odebrecht, como el de asociación ilícita de R. Rivera y otros; y los de lavado de activos.
Posteriormente expuso cuál fue la participación de la PGE en los procesos judiciales iniciados por los delitos de los casos de Petroecuador:
Durante la presentación se señaló casos de corrupción que afectaron directamente al Ecuador, como son:
Al abordar el tema del control de la legalidad, el doctor Diego García dejó en claro que hasta el 4 de agosto de 2008 era atribución de la PGE, emitir informes, previo a la suscripción de los contratos con cuantía superior al monto para concurso público de ofertas de las entidades del sector público; sin embargo, después de agosto de 2008 y hasta la fecha, la Procuraduría ejerce el control legal posterior a la suscripción de los actos y contratos que celebran las entidades y organismos del sector público, siendo esta facultad de control eminentemente legal al tenor de la Constitución de la República del Ecuador Art. 237 (4), Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Art. 3 (g) y Ley Orgánica del Sistema de Contratación del Sector Público Art. 15.
Para finalizar su presentación, Diego García expuso minuciosamente el proceso de Control de Legalidad a contratos y procesos de Odebrecht que realiza la Procuraduría General del Estado, Control que tiene procedimientos y tiempos reglados, normados a través de la Resolución No. 008 y 040. Los contratos y proyectos que han sido sometidos al control de legalidad por parte de la PGE y bajo esta normativa son, con un total aproximado de 150 mil fojas, los siguientes: Primera línea del Metro de Quito, Ruta Viva Fase 1 y Fase 2, construcción del acueducto represa La Esperanza, preparación del área de implantación, Petroecuador EP Poliducto Pascuales – Cuenca, mantenimiento túnel y talud Quebrada Tunguilarga, reparación del túnel de la central Pucará, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Tubería túnel central Pucará, Ecuador Estratégico EP Manduriacu: pavimentación, puente Gringo Pepe, vía Chontal, Trasvase Daule Vinces, Trasvase Chongon San Vicente, Rehabilitación del túnel Cerro Azul, Trasvase de la cuenca de los ríos Chone y Portoviejo, Sistema Carrizal Chone F1, Ejecución total Sistema carrizal Chone F2.
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