Inicio
LA PGE LOGRA QUE EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ONU ARCHIVE LA PETICIÓN DE 117 EXFUNCIONARIOS DEL BCE QUE SE JUBILARON ANTES DE CUMPLIR 45 AÑOS DE EDAD
Boletín de Prensa
Quito, 26 de diciembre de 2017
Quito, 26 de diciembre de 2017
UCS/40
Defensa Jurídica del Estado evita el pago de cerca de 42 millones de dólares:
La PGE logra que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU archive la petición de 117 exfuncionarios del BCE que se jubilaron antes de cumplir 45 años de edad.
La PGE logró que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de (CDESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acoja sus argumentos y dictamine inadmisible la petición presentada por 117 ex servidores del Banco Central del Ecuador (BCE) presentada en el año 2012.
Con este dictamen la defensa del Estado logra evitar que el Estado ecuatoriano pague cerca de USD 42 millones de dólares.
El Comité acogió los argumentos de la Procuraduría y decidió que está impedido ratione temporis, de examinar las alegaciones de los autores con relación al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por lo que las mismas son inadmisibles.
Los hechos del caso se relacionan con la Resolución N° DBCE-0226-FPJ de 4 de marzo de 2009, en la que el Directorio del BCE dispuso la supresión del pago de las pensiones provenientes del Fondo Complementario Previsional Cerrado-BCE (FCPC-BCE), que venían percibiendo un grupo de exservidores del Banco Central del Ecuador. De la información proporcionada por el BCE, las pensiones provenientes del FCPC eran financiadas hasta en un 90% por fondos públicos.
La supresión de las pensiones fue un acto derivado de una serie de procesos de verificación por parte de los entes estatales de control, que dispusieron la revisión de las pensiones de un fondo complementario de ex servidores que procedieron a jubilarse antes de cumplir 45 años de edad biológica a través de la figura de “compra de requisitos” (compensación en tiempo o pago de aportes anticipadamente).
El 5 de octubre de 2009, se publicó la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, cuya Disposición General Tercera, prohibió a los mencionados exservidores seguir beneficiándose de la citada prestación adicional.
Según un informe de auditoría de la Superintendencia de Bancos y Seguros del año 2008, las pensiones individuales provenientes del FCPC-BCE de las que se beneficiaban los autores, alcanzaban hasta USD 2.700 mensuales y el costo de cada una de las pensiones vitalicias variaba entre USD 45.441 hasta USD 779.410.
Según el mismo informe, el hecho de que se hayan establecido requisitos ventajosos para acceder a la jubilación por vejez como sucedió en el caso de los peticionarios, produjo que, por ejemplo, solo 29 jubilados le cuesten al BCE más de USD 600 mil cada uno y que 93 jubilados pudieren recibir en total más de USD 300 mil cada uno.
En suma, hasta 2007, el monto de pensiones pagadas del FCPC fue de alrededor de USD 100 millones, en tanto que las pensiones por pagar de acuerdo a la esperanza de vida son de USD 141 millones aproximadamente. Así, el costo total de pensiones por vejez se estimó en cerca de USD 243 millones.
Tras un proceso que duró aproximadamente dieciocho meses, La defensa jurídica del Estado logró demostrar ante el Comité la procedencia de su excepción preliminar respecto a la admisibilidad de la comunicación.
Con esta decisión la causa queda archivada y se evita al Estado el pago de las pretendidas reparaciones a favor de las 117 personas que presentaron el reclamo, que hubiera representado a las arcas estatales la erogación de un cuantioso monto indemnizatorio. Solo en devolución prestaciones no gozadas desde 2009 más intereses, y considerando la expectativa de vida, el monto reclamado alcanzaría un valor de alrededor de USD 42 millones, sin tomar en cuenta los montos a ser calculados de forma particularizada, como las indemnizaciones por daños inmateriales (USD 1´400 mil aprox.),[1] costas y gastos, y deudas de créditos adquiridos por los peticionarios que solicitaban se suspendan (USD 700 mil aprox.)
Con este dictamen la defensa del Estado logra evitar que el Estado ecuatoriano pague cerca de USD 42 millones de dólares.
El Comité acogió los argumentos de la Procuraduría y decidió que está impedido ratione temporis, de examinar las alegaciones de los autores con relación al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por lo que las mismas son inadmisibles.
Los hechos del caso se relacionan con la Resolución N° DBCE-0226-FPJ de 4 de marzo de 2009, en la que el Directorio del BCE dispuso la supresión del pago de las pensiones provenientes del Fondo Complementario Previsional Cerrado-BCE (FCPC-BCE), que venían percibiendo un grupo de exservidores del Banco Central del Ecuador. De la información proporcionada por el BCE, las pensiones provenientes del FCPC eran financiadas hasta en un 90% por fondos públicos.
La supresión de las pensiones fue un acto derivado de una serie de procesos de verificación por parte de los entes estatales de control, que dispusieron la revisión de las pensiones de un fondo complementario de ex servidores que procedieron a jubilarse antes de cumplir 45 años de edad biológica a través de la figura de “compra de requisitos” (compensación en tiempo o pago de aportes anticipadamente).
El 5 de octubre de 2009, se publicó la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, cuya Disposición General Tercera, prohibió a los mencionados exservidores seguir beneficiándose de la citada prestación adicional.
Según un informe de auditoría de la Superintendencia de Bancos y Seguros del año 2008, las pensiones individuales provenientes del FCPC-BCE de las que se beneficiaban los autores, alcanzaban hasta USD 2.700 mensuales y el costo de cada una de las pensiones vitalicias variaba entre USD 45.441 hasta USD 779.410.
Según el mismo informe, el hecho de que se hayan establecido requisitos ventajosos para acceder a la jubilación por vejez como sucedió en el caso de los peticionarios, produjo que, por ejemplo, solo 29 jubilados le cuesten al BCE más de USD 600 mil cada uno y que 93 jubilados pudieren recibir en total más de USD 300 mil cada uno.
En suma, hasta 2007, el monto de pensiones pagadas del FCPC fue de alrededor de USD 100 millones, en tanto que las pensiones por pagar de acuerdo a la esperanza de vida son de USD 141 millones aproximadamente. Así, el costo total de pensiones por vejez se estimó en cerca de USD 243 millones.
Tras un proceso que duró aproximadamente dieciocho meses, La defensa jurídica del Estado logró demostrar ante el Comité la procedencia de su excepción preliminar respecto a la admisibilidad de la comunicación.
Con esta decisión la causa queda archivada y se evita al Estado el pago de las pretendidas reparaciones a favor de las 117 personas que presentaron el reclamo, que hubiera representado a las arcas estatales la erogación de un cuantioso monto indemnizatorio. Solo en devolución prestaciones no gozadas desde 2009 más intereses, y considerando la expectativa de vida, el monto reclamado alcanzaría un valor de alrededor de USD 42 millones, sin tomar en cuenta los montos a ser calculados de forma particularizada, como las indemnizaciones por daños inmateriales (USD 1´400 mil aprox.),[1] costas y gastos, y deudas de créditos adquiridos por los peticionarios que solicitaban se suspendan (USD 700 mil aprox.)
Antecedente:
En 2012, 117 exservidores del BCE presentaron ante el CDESC de la ONU, una comunicación contra el Estado ecuatoriano acusando la presunta violación a sus derechos a la seguridad social, protección a la familia, nivel de vida adecuado y salud, establecidos en el PIDESC.
Los autores solicitaron al Comité como reparaciones, a más de las indemnizaciones por las afectaciones físicas y psicológicas sufridas (daño inmaterial) las siguientes:
- La restitución del sistema de jubilación patronal y las aportaciones realizadas por los peticionarios;
- El pago de las prestaciones no gozadas desde el año 2009 con sus respectivos intereses;
- El pago de una compensación monetaria por los daños y perjuicios, relacionadas con el monto de la pensión que dejaron de percibir, el tiempo transcurrido desde la supresión del pago de las pensiones a los peticionarios hasta el cumplimiento efectivo de la decisión;
- Indemnización por las supuestas violaciones a los derechos de los peticionarios y los gastos y costas ocasionados por la interposición de recursos; y,
- La suspensión de los procesos coactivos iniciados para el cobro de las deudas adquiridas por préstamos del FCPC.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2321
[1] Monto establecido tomando en consideración los montos ordenados por la Corte IDH en los casos Cinco pensionistas Vs. Perú, Quintana Coello Vs. Ecuador y Lagos del Campo Vs. Perú.
CASO ODEBRECT: SENTENCIA DEL TRIBUNAL PENAL RECOGE LA TEORÍA DEL CASO DE LA PGE
Boletín de Prensa
Quito, 19 de diciembre de 2017
UCS/39
Caso Odebrecht: Asociación ilícita
SENTENCIA DEL TRIBUNAL PENAL RECOGE LA TEORÍA DEL CASO DE LA PGE
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia en su resolución oral del día 13 de diciembre de 2017 recoge los aportes que hizo la Procuraduría General del Estado durante el proceso, que incidieron decisivamente en los siguientes aspectos:
1. Teoría del caso
La teoría del caso planteado por la Procuraduría General del Estado a lo largo del proceso, la cual señala que "altos funcionarios públicos y sus intermediarios particulares, se asociaron ilícitamente para cometer delitos en contra de la Administración Pública, penetrando en el sistema de contratación pública, afectando a los proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos del Ecuador, con la finalidad de obtener beneficio económico".
En la ratio decidendi de la resolución dictada, el Tribunal acoge lo señalado por la Procuraduría al establecer que:
• con la participación de servidores públicos (Jorge Glas, Ramiro Carrillo y Carlos Villamarín) e intermediarios (Ricardo Rivera, Gustavo Massuh, José Terán, Képler Verduga y Edgar Arias);
• se conformó una organización delincuencial;
• cuya finalidad era el cometimiento de otros delitos (concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado), que afectan la eficiencia de la Administración Pública, entre otros bienes protegidos;
• respecto de los proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos del Estado;
• para obtener beneficios económicos indebidos e ilegales.
2. Delitos fines
El delito de asociación ilícita se cometió para perpetrar otros delitos, entre los cuales se encontraban: cohecho, concusión, peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, tráfico de influencias. En sentencia, el Tribunal Penal dispuso que se investiguen los delitos antes referidos y añadió solamente el delito de testaferrismo.
3. Defensa de la prueba
La defensa técnica de la PGE, defendió la prueba instrumental y testimonial relacionada con un pendrive entregado por el señor Alfredo Alcívar, asistente de Ricardo Rivera.
En el contrainterrogatorio realizado por la PGE, se comprobó que el testigo Ing. Edgar Reyes, que pretendía desacreditar prueba relevante -en específico aquella relacionada con el pendrive entregado por Alfredo Alcivar- no era un experto informático, era ingeniero en electrónica y que el perito informático, Ing. Fabián Hurtado, no conocía tecnología Apple, aplicable al sistema de almacenamiento denominado "nube", fuente de la información. Por consiguiente, la información proporcionada y elevada a la calidad de prueba, fue legalmente obtenida. Este criterio fue acogido por el Tribunal Penal en su resolución oral.
4. Pena agravada
En el alegato de cierre presentado por la PGE en su condición de víctima, después de que el Tribunal Penal declaró abandonada la acusación, se solicitó se condene a los procesados en grado de autores, por sus participaciones directas, materiales y voluntarias, a la pena máxima establecida en la norma, es decir a 6 años de privación de libertad, al existir 3 agravantes:
• Conmoción social (aplicable a todos los procesados),
• perpetrar el acto prevaliéndose de su condición de autoridad (aplicable para los funcionarios públicos); y,
• haberlo cometido en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo sus funciones (aplicable para los funcionarios públicos).
5. Reparación inmaterial a costa de los funcionarios sentenciados
La Procuraduría solicitó al Tribunal Penal que, como medida de satisfacción al Estado ecuatoriano y sus instituciones, se ordene que la sentencia condenatoria sea publicada en los medios de comunicación de mayor circulación del país, a costa de los funcionarios públicos sentenciados en esta causa, lo cual se recoge en la resolución oral.
6. Gran similitud en los montos de reparación
Existe una gran similitud en los montos de reparación material a las víctimas. Conforme la prueba practicada por la PGE hasta el día 11 de la Audiencia de Juicio, la reparación ascendía a la cantidad de USD 35´828,256,33 dólares. El monto dispuesto por el Tribunal Penal asciende a USD $ 33.396.160,32, cantidad solicitada por FGE y que no considera el dinero devuelto por Tomislav Topic.
Antecedentes:
El día 05 de diciembre de 2017, dentro del juicio que por asociación ilícita siguió la Fiscalía General del Estado en el Caso Odebrecht, el Tribunal del Juicio resolvió declarar el abandono de la acusación particular presentada por esta institución en ejercicio del patrocinio del Estado, debido al retraso de varios minutos por parte del abogado acusador. Al respecto, la PGE conforme al debido proceso, inmediatamente solicitó la revocatoria de la decisión, puesto que el atraso de 7 minutos no puede considerarse un abandono de la Acusación Particular en una audiencia que se inició hace más de diez días, con la decidida actuación de la Procuraduría General del Estado; sin embargo, el pedido fue negado de manera inmediata, ante la insistencia de los defensores técnicos de los procesados.
La PGE fue enérgica en señalar que, en ningún caso se puede permitir que sus abogados no estén puntualmente en las salas de audiencias, conforme hayan sido convocados por los jueces en cada caso; esa es su responsabilidad y obligación profesional, y ese debe ser su proceder en todos los casos, precisamente para no dar oportunidad a que haya una suspensión o declaración de abandono en las audiencias a las que asisten todos los días, a lo largo y ancho del país, representando los intereses del Estado.
Sin embargo, en este caso, los miembros del Tribunal no aplicaron en forma racional y proporcional la norma, al considerar como abandono un retraso de siete minutos, dejando fuera al acusador particular, cuando su actuación durante una audiencia de 11 días reflejaba su clara intención de actuar como acusadores, presentar alegatos y pruebas, como en efecto se lo hizo en todas las intervenciones del equipo de abogados de la PGE.
Pero aún en el evento de que fuera aceptable la declaratoria de abandono de la acusación particular, los miembros del Tribunal nunca debieron retirar de la audiencia y enviar al público a los abogados de la defensa del Estado, quienes, representando a la víctima, tienen derecho no solo a estar presentes (en el público) en la audiencia, sino a INTERVENIR en ella, conforme lo señala con claridad el artículo 432.1 del COIP, correspondiendo a la FGE continuar con el impulso de la presente causa penal, según lo previsto en el Art. 433.6 del COIP. El legislador fue claro al darle derechos a la víctima aún si no fuere acusador particular y ese derecho debió respetarse.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2321
CASO ODEBRECHT: ASOCIACIÓN ILÍCITA SENTENCIA DEL TRIBUNAL PENAL RECOGE LA TEORÍA DEL CASO DE LA PGE
Boletín de Prensa
Quito, 19 de diciembre de 2017
UCS/39
Caso Odebrecht: Asociación ilícita
SENTENCIA DEL TRIBUNAL PENAL RECOGE LA TEORÍA DEL CASO DE LA PGE
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia en su resolución oral del día 13 de diciembre de 2017 recoge los aportes que hizo la Procuraduría General del Estado durante el proceso, que incidieron decisivamente en los siguientes aspectos:
1. Teoría del caso
La teoría del caso planteado por la Procuraduría General del Estado a lo largo del proceso, la cual señala que "altos funcionarios públicos y sus intermediarios particulares, se asociaron ilícitamente para cometer delitos en contra de la Administración Pública, penetrando en el sistema de contratación pública, afectando a los proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos del Ecuador, con la finalidad de obtener beneficio económico".
En la ratio decidendi de la resolución dictada, el Tribunal acoge lo señalado por la Procuraduría al establecer que:
• con la participación de servidores públicos (Jorge Glas, Ramiro Carrillo y Carlos Villamarín) e intermediarios (Ricardo Rivera, Gustavo Massuh, José Terán, Képler Verduga y Edgar Arias);
• se conformó una organización delincuencial;
• cuya finalidad era el cometimiento de otros delitos (concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado), que afectan la eficiencia de la Administración Pública, entre otros bienes protegidos; • respecto de los proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos del Estado;
• para obtener beneficios económicos indebidos e ilegales.
2. Delitos fines
El delito de asociación ilícita se cometió para perpetrar otros delitos, entre los cuales se encontraban: cohecho, concusión, peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, tráfico de influencias. En sentencia, el Tribunal Penal dispuso que se investiguen los delitos antes referidos y añadió solamente el delito de testaferrismo.
3. Defensa de la prueba
La defensa técnica de la PGE, defendió la prueba instrumental y testimonial relacionada con un pendrive entregado por el señor Alfredo Alcívar, asistente de Ricardo Rivera.
En el contrainterrogatorio realizado por la PGE, se comprobó que el testigo Ing. Edgar Reyes, que pretendía desacreditar prueba relevante -en específico aquella relacionada con el pendrive entregado por Alfredo Alcivar- no era un experto informático, era ingeniero en electrónica y que el perito informático, Ing. Fabián Hurtado, no conocía tecnología Apple, aplicable al sistema de almacenamiento denominado "nube", fuente de la información. Por consiguiente, la información proporcionada y elevada a la calidad de prueba, fue legalmente obtenida. Este criterio fue acogido por el Tribunal Penal en su resolución oral.
4. Pena agravada
En el alegato de cierre presentado por la PGE en su condición de víctima, después de que el Tribunal Penal declaró abandonada la acusación, se solicitó se condene a los procesados en grado de autores, por sus participaciones directas, materiales y voluntarias, a la pena máxima establecida en la norma, es decir a 6 años de privación de libertad, al existir 3 agravantes:
• Conmoción social (aplicable a todos los procesados),
• perpetrar el acto prevaliéndose de su condición de autoridad (aplicable para los funcionarios públicos); y,
• haberlo cometido en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo sus funciones (aplicable para los funcionarios públicos).
5. Reparación inmaterial a costa de los funcionarios sentenciados
La Procuraduría solicitó al Tribunal Penal que, como medida de satisfacción al Estado ecuatoriano y sus instituciones, se ordene que la sentencia condenatoria sea publicada en los medios de comunicación de mayor circulación del país, a costa de los funcionarios públicos sentenciados en esta causa, lo cual se recoge en la resolución oral.
6. Gran similitud en los montos de reparación
Existe una gran similitud en los montos de reparación material a las víctimas. Conforme la prueba practicada por la PGE hasta el día 11 de la Audiencia de Juicio, la reparación ascendía a la cantidad de USD 35´828,256,33 dólares. El monto dispuesto por el Tribunal Penal asciende a USD $ 33.396.160,32, cantidad solicitada por FGE y que no considera el dinero devuelto por Tomislav Topic.
Antecedentes:
El día 05 de diciembre de 2017, dentro del juicio que por asociación ilícita siguió la Fiscalía General del Estado en el Caso Odebrecht, el Tribunal del Juicio resolvió declarar el abandono de la acusación particular presentada por esta institución en ejercicio del patrocinio del Estado, debido al retraso de varios minutos por parte del abogado acusador. Al respecto, la PGE conforme al debido proceso, inmediatamente solicitó la revocatoria de la decisión, puesto que el atraso de 7 minutos no puede considerarse un abandono de la Acusación Particular en una audiencia que se inició hace más de diez días, con la decidida actuación de la Procuraduría General del Estado; sin embargo, el pedido fue negado de manera inmediata, ante la insistencia de los defensores técnicos de los procesados.
La PGE fue enérgica en señalar que, en ningún caso se puede permitir que sus abogados no estén puntualmente en las salas de audiencias, conforme hayan sido convocados por los jueces en cada caso; esa es su responsabilidad y obligación profesional, y ese debe ser su proceder en todos los casos, precisamente para no dar oportunidad a que haya una suspensión o declaración de abandono en las audiencias a las que asisten todos los días, a lo largo y ancho del país, representando los intereses del Estado.
Sin embargo, en este caso, los miembros del Tribunal no aplicaron en forma racional y proporcional la norma, al considerar como abandono un retraso de siete minutos, dejando fuera al acusador particular, cuando su actuación durante una audiencia de 11 días reflejaba su clara intención de actuar como acusadores, presentar alegatos y pruebas, como en efecto se lo hizo en todas las intervenciones del equipo de abogados de la PGE.
Pero aún en el evento de que fuera aceptable la declaratoria de abandono de la acusación particular, los miembros del Tribunal nunca debieron retirar de la audiencia y enviar al público a los abogados de la defensa del Estado, quienes, representando a la víctima, tienen derecho no solo a estar presentes (en el público) en la audiencia, sino a INTERVENIR en ella, conforme lo señala con claridad el artículo 432.1 del COIP, correspondiendo a la FGE continuar con el impulso de la presente causa penal, según lo previsto en el Art. 433.6 del COIP. El legislador fue claro al darle derechos a la víctima aún si no fuere acusador particular y ese derecho debió respetarse.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2321
CASO ODEBRECHT, ASOCIACIÓN ILÍCITA EL DERECHO DEL ESTADO COMO VÍCTIMA A LA REPARACIÓN INTEGRAL, NO PUEDE VERSE PERJUDICADO POR EL RETRASO, NO JUSTIFICABLE, DE UN DELEGADO A LA AUDIENCIA
Boletín de Prensa
Quito, 06 de diciembre de 2017
UCS/38
Caso Odebrecht: Asociación ilícita
EL DERECHO DEL ESTADO COMO VÍCTIMA A LA REPARACIÓN INTEGRAL, NO PUEDE VERSE PERJUDICADO POR EL RETRASO, NO JUSTIFICABLE, DE UN DELEGADO A LA AUDIENCIA
El día 05 de diciembre de 2017, dentro del juicio que por asociación ilícita sigue la Fiscalía General del Estado en el Caso Odebrecht, el Tribunal del Juicio resolvió declarar el abandono de la acusación particular presentada por esta institución en ejercicio del patrocinio del Estado, debido al retraso de varios minutos por parte del abogado acusador.
Al respecto, la PGE es enérgica en señalar que, en ningún caso se puede permitir que sus abogados no estén puntualmente en las salas de audiencias, conforme hayan sido convocados por los jueces en cada caso; esa es su responsabilidad y obligación profesional, y ese debe ser su proceder en todos los casos, precisamente para no dar oportunidad a que haya una suspensión o declaración de abandono en las audiencias a las que asisten todos los días, a lo largo y ancho del país, representando los intereses del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, en este caso, los miembros del Tribunal no aplicaron en forma racional y proporcional la norma, al considerar como abandono un retraso de siete minutos, dejando fuera al acusador particular, cuando su actuación durante una audiencia de 11 días reflejaba su clara intención de actuar como acusadores, presentar alegatos y pruebas, como en efecto se lo hizo en todas las intervenciones del equipo de abogados de la PGE.
Pero aún en el evento de que fuera aceptable la declaratoria de abandono de la acusación particular, los miembros del Tribunal nunca debieron retirar de la audiencia y enviar al público a los abogados de la defensa del Estado, quienes representando a la víctima, tienen derecho no solo a estar presentes (en el público) en la audiencia, sino a INTERVENIR en ella, conforme lo señala con claridad el artículo 432.1 del COIP. El legislador fue claro al darle derechos a la víctima aún si no fuere acusador particular y ese derecho debió respetarse.
De igual forma, aún en el evento de que la acusación particular se declare abandonada, la víctima tiene el derecho a la reparación integral y en el presente caso, el Estado como víctima, tiene el derecho a la reparación integral que no puede verse perjudicado por la falta -no justificable- de un delegado en la audiencia.
De ahí que, con la teoría del caso ya presentada y la prueba actuada dentro de la audiencia, es lógico que el Tribunal en sentencia declare haberse comprobado la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los acusados, así como el daño y su cuantificación que ha sido probado y debe ser establecido como reparación integral a favor del Estado, para lo cual no es imprescindible el que exista una acusación particular.
La PGE continúa apoyando al Fiscal General del Estado y su equipo de abogados, para que como titular de la acción penal, siga cumpliendo su trabajo en la conclusión de la audiencia y en la presentación de sus alegatos de cierre que, con seguridad, incluirán la pretensión de que los acusados sean condenados a reparar integralmente al Estado en los montos reclamados por la PGE en representación de la víctima.
Como ya se lo señaló con anterioridad, “la PGE rechaza la decisión del Tribunal al no respetar el derecho de la víctima a intervenir en todas las audiencias conforme lo prevé el artículo 432.1 del COIP. Sin perjuicio de la decisión tomada por el Tribunal, el Estado no ha perdido su condición de víctima, conforme lo prevé el artículo 432.1 del COIP, correspondiendo a la FGE continuar con el impulso de la presente causa penal, según lo previsto en el artículo 433.6 del COIP”.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2321
CASO ODEBRECHT: ASOCIACIÓN ILÍCITA - PGE PIDE AL TRIBUNAL RESPETAR EL DERECHO DE LA VÍCTIMA DE INTERVENIR EN TODAS LAS AUDIENCIAS
Boletín de Prensa
Quito, 05 de diciembre de 2017
UCS/37
Caso Odebrecht: Asociación ilícita
PGE PIDE AL TRIBUNAL RESPETAR EL DERECHO DE LA VÍCTIMA DE INTERVENIR EN TODAS LAS AUDIENCIAS
Frente al hecho sucedido el día 05 de diciembre de 2017, y que es de conocimiento público, dentro del juicio que por asociación ilícita sigue la Fiscalía General del Estado contra: Ricardo Rivera, Jorge Glas, Carlos Villamarín, Ramiro Carrillo, José Terán, Diego Cabrera, Edgar Arias, Kepler Verduga y Gustavo Massuh; y, en el que la PGE de manera oportuna presentó su acusación particular, interviniendo de forma activa desde la etapa preprocesal y procesal penal; y, en particular en la Audiencia de Juicio Oral iniciada el 24 de noviembre del presente año; la PGE informa que, en la continuación del día décimo primero de esta audiencia y, luego del receso dispuesto por el Tribunal, debido a un atraso de 7 minutos por parte del abogado acusador delegado del Procurador General del Estado, al momento de la continuación de la mencionada audiencia, el Tribunal del Juicio resolvió declarar el abandono de la acusación particular presentada por esta institución en ejercicio del patrocinio del Estado.
Al respecto, la PGE conforme al debido proceso, inmediatamente solicitó la revocatoria de la decisión, puesto que el atraso de 7 minutos no puede considerarse un abandono de la Acusación Particular en una audiencia que se inició hace más de diez días, con la decidida actuación de la Procuraduría General del Estado; sin embargo, el pedido fue negado de manera inmediata, ante la insistencia de los defensores técnicos de los procesados.
Sin perjuicio de la decisión tomada por el Tribunal, con la que la PGE no está de acuerdo, debe quedar claro que el Estado no ha perdido su condición de víctima, pues el derecho de la víctima a intervenir en las audiencias y a la reparación integral es independiente de la acusación particular, conforme lo prevé el Art. 432.1 del COIP, correspondiendo a la FGE continuar con el impulso de la presente causa penal, según lo previsto en el Art. 433.6 del COIP.
La PGE rechaza la decisión del Tribunal al no respetar el derecho de la víctima a intervenir en todas las audiencias conforme lo prevé el artículo 432.1 del COIP.
De acuerdo a lo actuado durante la presentación de la prueba durante la audiencia, dentro de la cual los abogados de la PGE han practicado toda la prueba que conllevaría al Tribunal a la convicción de la materialidad de la infracción y la responsabilidad de todos los procesados, la PGE espera que en sentencia se establezca la responsabilidad de los procesados, como consecuencia de lo cual el Estado tendrá derecho a la reparación integral reclamada oportunamente.
Sin perjuicio de lo antes señalado, la PGE se encuentra analizando la actuación del funcionario delegado como acusador particular y tomará las decisiones que correspondan.
Por otra parte, la PGE reitera su compromiso de seguir impulsando las acusaciones particulares presentadas y adoptar las acciones legales que se estimen pertinentes en defensa del Estado.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2321
- END TO OIL DISPUTE: ECUADOR AND BURLINGTON REACH A SETTLEMENT AGREEMENT
- FIN A DISPUTA EN MATERIA PETROLERA: EL ECUADOR Y LA COMPAÑÍA BURLINGTON ALCANZAN UN ACUERDO TRANSACCIONAL
- CASO ODEBRECHT: CONCUSIÓN PGE PRESENTÓ ACUSACIÓN PARTICULAR CONTRA CARLOS PÓLIT Y JOHN PÓLIT
- LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO AUTORIZÓ LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS INDEMNIZATORIOS CON OTRAS 25 VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DOCUMENTADAS EN EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD
Página 97 de 150