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Presidenta del GAFISUD que visita Ecuador apoya avances en prevención de lavado de activos

El día de hoy, jueves 13 de septiembre, una delegación de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) encabezada por su Presidenta, señora Tamara Agnic (representante de Chile) y conformada por los señores Carlos Díaz Fraga y Germán Saller (representantes de Uruguay y Argentina, respectivamente), realizó la primera de dos jornadas de trabajo programadas dentro de la visita oficial que ese organismo regional lleva adelante en nuestro país, conforme lo estableciera en su XXV Plenaria desarrollada en Santiago de Chile en el mes de julio pasado.

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Ecuador informa sobre avances más importantes en lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Quito, 15 de junio de 2012

CS/82

 

 

PREVIO A LA PLENARIA DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

ECUADOR INFORMA SOBRE SUS AVANCES MÁS IMPORTANTES EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

 

Previo a la Tercera Ronda de reuniones de la XXIII Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tendrá lugar en Roma, del 20 al 22 de junio, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, puso en conocimiento del presidente de esta organización, Giancarlo del Bufalo, las acciones más recientes desarrolladas por Ecuador en su lucha contra el crimen organizado y los delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, mismos que ya fueron presentados en una reunión preparatoria en Miami el 17 de mayo pasado, y serán analizados en la reunión del Grupo de Revisión de  las Américas (ARRG, por sus siglas en inglés), del GAFI que se desarrollará el lunes 18 de junio, antes de la sesión plenaria.

En su carta, el Procurador García destaca el reporte de monitoreo presentado el 20 de abril por nuestro país al ARRG, documento que contiene la actualización de los avances alcanzados contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desde la anterior reunión plenaria del GAFI, realizada en París en febrero de este año.

Entre los principales avances que registra Ecuador en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, destacan:

• Las Resoluciones JB-2012-2146 y JB-2012-2147 de la Junta Bancaria que contienen las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las Instituciones del Sistema Financiero y las Normas para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las Personas Naturales y Jurídicas que integran el Sistema de Seguro Privado, respectivamente, que fueron publicadas en el Registro Oficial No. 709 del 23 de mayo de 2012.

• La Resolución SC.DSC.G.11.012 de la Superintendencia de Compañías, que contiene las Normas para la Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos para las Compañías Dedicadas al Servicio de Transferencia Nacional o Internacional de Dinero o Valores; y, para las que se Dedican al Transporte Nacional o Internacional de Encomiendas o Paquetes Postales, publicada en el Registro Oficial No. 617 del 12 de enero de 2012.

• La Resolución CNV-2011-008 del Consejo Nacional de Valores, que contiene las Normas para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos en las Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos, publicada en el Registro Oficial No. 693 del 30 de abril de 2012.

• La inclusión, en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), de textos alternativos con disposiciones legales que se ajustan a los términos del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y su Anexo, y a las recomendaciones formuladas por el GAFI, con el objetivo fundamental de regular expresamente la tipificación del terrorismo y su financiación, y establecer el congelamiento de activos terroristas.

Esta propuesta fue expuesta por el Procurador General del Estado el 21 de marzo de 2012 en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, instancia que, a partir del 28 de mayo, fue convocada para analizar la normativa completa que comprende el COIP. No obstante que este cuerpo normativo propone una reforma integral del sistema penal ecuatoriano, que ha implicado un proceso de estudio pormenorizado y ha merecido la participación de todos los sectores de justicia involucrados en su aplicación, la mencionada Comisión aprobó este miércoles 13 de junio, el informe que será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional para su primer debate, una vez que sea puesto en el orden del día por el Presidente del Legislativo, lo cual se espera ocurra en las próximas semanas.

• La aprobación del Plan de Acción Continuo en Materia de Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, por parte del Directorio del CONCLA en sesión del 17 de abril de 2012, documento en el que se acogen las acciones recomendadas por el GAFISUD en el informe de evaluación mutua de Ecuador, conocido y aprobado por el pleno de dicho organismo en diciembre de 2011.

• La objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley de Administración de Bienes, Reformatoria a la Disposición Transitoria Única de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delito; y, a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, relacionada con la administración temporal, devolución y comiso especial y dominio definitivo de los bienes que sean objeto de medidas cautelares en los procesos penales por lavado de activos o financiamiento de delitos, a cargo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), enviada a la Asamblea Nacional el 23 de mayo pasado.

El veto del Ejecutivo, al que se allanó el Legislativo este 14 de junio, permitirá aclarar y aplicar efectivamente el régimen de administración temporal al cual se sometan los bienes objeto de medidas cautelares reales en los procesos penales por lavado de activos o financiamiento de delitos.

• La designación del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, por parte del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el 14 de mayo de 2012, con lo cual esta nueva Superintendencia deberá estructurarse y desarrollar su actividad como organismo de control del sector de cooperativas y del mercado de economía popular y solidaria, de conformidad con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

En palabras del Procurador General del Estado, “una vez más dejamos constancia de que el Estado ecuatoriano continúa desarrollando acciones acertadas y efectivas para prevenir, detectar y erradicar los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; una muestra inequívoca de ello es, por citar una de las acciones más relevantes, el articulado incluido en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, cuyo informe acaba de ser aprobado para primer debate en la Asamblea Nacional, y que contempla reformas expresas en este ámbito que se ajustan totalmente a la normativa internacional”.

 

COMUNICACIÓN SOCIAL

Teléfono: (02) 2 559 308

Posición del Estado ecuatoriano es acogida por Tribunal Internacional Arbitral en caso Ulysseas

Quito, 14 de junio de 2012

CS/ 81

 

LA COMPAÑÍA DEBERÁ PAGAR 2 MILLONES DE DÓLARES EN COSTOS LEGALES

POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ESTADO ECUATORIANO ES ACOGIDA POR TRIBUNAL ARBITRAL INTERNACIONAL EN DEMANDA INICIADA POR ULYSSEAS

 

- Enlace a documento de Laudo Definitivo (Archivo PDF, peso: 1.2 Mb)

- English Version: Final Award (PDF File, 1.2 Mb)

 

El martes 12 de junio, el Tribunal que conoce el arbitraje iniciado por la compañía Ulysseas en contra del Estado ecuatoriano, comunicó a la Procuraduría General del Estado el laudo final con el que desestima en su totalidad los reclamos de la empresa formulados bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito con los Estados Unidos. Ulysseas pretendía que se declare responsable a nuestro país por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del TBI, debido fundamentalmente a una supuesta expropiación de la barcaza PBII en 2009 solicitando una indemnización de 56 millones de dólares.

El laudo final también condenó a Ulysseas a pagar, dentro de un plazo de 30 días, la mayor parte de los costos legales en los que debió incurrir el Estado ecuatoriano para defenderse en este proceso, que suman alrededor de 2 millones de dólares.

El Tribunal Arbitral –compuesto por los profesores Piero Bernardini, Michael Pryles y Brigitte Stern– desestimó de forma unánime los reclamos de la compañía considerando que no se configuró una violación por parte del Estado ecuatoriano al TBI y que, en consecuencia, no se violó la obligación de otorgar un trato justo y equitativo, no se actuó de modo arbitrario ni discriminatorio ni se configuró una expropiación de la inversión de la compañías.

Al respecto, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, hizo hincapié en que “el laudo acoge en su totalidad los argumentos del equipo de defensa del Estado, lo cual refleja el trabajo técnico jurídico, riguroso y sostenido por salvaguardar los intereses nacionales que encabeza la Procuraduría General del Estado que ha demostrado en derecho, y con argumentos contundentes, que nuestro país no tiene responsabilidad internacional sobre la demanda planteada por Ulysseas”.

Algunos antecedentes sobre el caso

Ulysseas Inc. es una compañía de propiedad de la firma de inversiones Elliott Associates, que suscribió con Conelec dos Contratos de Permiso para generación de energía eléctrica en 2005 y 2006 con la finalidad de que sus barcazas PBI y PBII prestaran sus servicios de generación eléctrica.

A pesar de que ambas barcazas estuvieron acoderadas en el sector de Las Esclusas en la ciudad de Guayaquil, el Contrato de la PBI quedó sin efecto por mutuo acuerdo, debido a que dicha barcaza presentaba graves defectos técnicos que impidieron su funcionamiento. Sin embargo, la PBII estuvo lista para generar energía pero Ulysseas nunca comenzó sus operaciones, alegando que ciertos cambios en la reglamentación eléctrica se lo impedían. Esa inactividad se prolongó hasta finales de 2009, cuando el Conelec, en consideración al incumplimiento de Ulysseas,  a la grave crisis eléctrica de la época y de conformidad con el contrato, dispuso la Administración temporal de la PBII encargando su ejecución a CELEC EP – Termopichincha. Esto motivó que Ulysseas iniciara un arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano bajo el Tratado de Protección de Inversiones (TBI) firmado con Estados Unidos.

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL

Teléfono: (02) 2 559 308

Estado ecuatoriano recibió 64 nuevas comunicaciones de la CIDH entre noviembre de 2011 y abril de 2012

El pasado 14 de mayo de 2012, el Estado Ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, envió un oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) protestando por la repentina frecuencia en el envío de una alta cantidad de comunicaciones mediante las cuales se solicitó contestar nuevas peticiones, enviar información sobre peticiones ya respondidas y presentar observaciones adicionales en etapa de admisibilidad, así como observaciones sobre el fondo a informes de admisibilidad emitidos por la Comisión Interamericana.

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