Inicio

Caso CNEL EP: Sobre la solicitud de ampliación y aclaración de la sentencia 1788-24-EP/25, la Procuraduría General del Estado informa:

El 19 de febrero de 2025, la Procuraduría General del Estado en cumplimiento de sus deberes y con la finalidad de que no existan dudas y retrasos en la devolución de valores, interpuso recursos de aclaración y ampliación respecto de la sentencia 1788-24-EP/25 sobre el caso de los trabajadores de CNEL EP.

Esta Procuraduría solicitó -entre otras cosas- a la Corte Constitucional que se aclarara lo siguiente:

1.- Si la responsabilidad civil de los administradores de contratos y cláusulas colectivas es excluyente o complementaria con el mecanismo de devolución establecido en la sentencia.

2. Si al gestionar una acción de repetición la responsabilidad solidaria se puede ejercer contra todos los responsables y beneficiarios de este cobro.

3.- Si CNEL EP podría realizar condonaciones de capital o intereses o dar facilidades de pago a personas que a su criterio se encuentren en una situación especial.

Al respecto la Corte Constitucional, aclaró que le corresponde a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial para determinar las responsabilidades que existieran y de la misma forma observará que CNEL EP sea el ente responsable de recuperar los valores establecidos en la sentencia, con el fin de evitar que se realice un “doble cobro” de los montos a ser recuperados por la empresa pública.

Asimismo, la Corte estableció que CNEL EP puede incorporar criterios específicos que atiendan la situación particular de determinadas personas por su vulnerabilidad, exclusivamente, en cuanto a la forma de su devolución, sin que ello habilite la condonación de valores.

Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por CNEL EP que contó con el apoyo y asistencia de la Procuraduría General del Estado

El 28 de octubre de 2021, 1579 servidores de carrera de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) presentaron una acción de protección a través de la cual se pretendía que se les aplique los beneficios del primer contrato colectivo celebrado entre la empresa pública y los trabajadores que se encuentran bajo el Código de Trabajo.

El 13 de enero de 2022, CNEL EP presentó una acción extraordinaria de protección (AEP) en contra de las sentencias de primera y segunda instancia, posteriormente el 24 de enero de 2022 -sin contar autorización del Procurador General del Estado- CNEL EP pretendía desistir de la AEP.

Por este motivo, la Procuraduría solicitó que de forma inmediata se remita el proceso íntegro a la Corte Constitucional sobre la base de que -en el contexto de una acción extraordinaria de protección - la demanda no podía ser susceptible de retiro ni le podrían ser aplicadas normas procesales ordinarias que impidan su acceso al órgano competente.

Tomando en consideración el pedido de la PGE, el Primer Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada el 13 de enero de 2022 señalando que -ante la presentación de una acción extraordinaria de protección- los jueces deben limitarse a remitir la acción a la Corte Constitucional así existan pedidos posteriores a la misma, ratificando también la obligación de contar con la autorización del Procurador General del Estado para desistir de un recurso o acción. Asimismo, estableció que la figura del retiro de la demanda no es aplicable para la acción extraordinaria de protección.

La intervención de la PGE en atención a su deber de velar por los intereses del Estado coadyuvó a que la Corte Constitucional avoque conocimiento, admita y declare con lugar la acción presentada por CNEL EP mediante la sentencia 1788-24-EP/25, logrando así una eficiente protección de los intereses estatales.

 Sobre el caso Alianza-Petroecuador, la Procuraduría General del Estado informa:

Este 17 de febrero de 2025, a partir de las 11h30, las autoridades de la Procuraduría General del Estado recibieron a la abogada Ivonne Proaño Vélez, fiscal a cargo de la causa 17282-2022-02214 (Caso Alianza-Petroecuador) con la finalidad de que se verifique que no existe ningún acuerdo judicial o extrajudicial -celebrado en territorio nacional o extranjero- que excluya la obligación de Raymond Kohut, ejecutivo de la multinacional Gunvor, de pagar la indemnización al Estado ecuatoriano derivada de su participación en el delito de cohecho.

En este caso también habrían intervenido otras 17 personas, entre los que se encuentran exfuncionarios de Petroecuador.

La Procuraduría General del Estado, en ejercicio de sus competencias, continuará con la defensa de los intereses del Ecuador.