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Nuevo e importante triunfo evita pago de más de USD 150 millones al Estado ecuatoriano en arbitraje de inversiones

La Procuraduría General del Estado informa que el tribunal arbitral conformado en el caso CPA No. 2023-23, bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976 y en aplicación del Tratado Bilateral de Inversiones Ecuador-Italia, emitió el 3 de diciembre de 2025 su Laudo sobre Jurisdicción. En esta controversia, dos personas naturales (cónyuges) de nacionalidad ecuatoriano-italiana – ex operadores de casinos en el país – alegaban vulneraciones al trato justo y equitativo, denegación de justicia y expropiación ilícita, reclamando más de USD 152 millones por daños materiales, además de daños morales, costas e intereses.

Por decisión de mayoría, el tribunal declaró que carece de jurisdicción para conocer la demanda, al determinar que el TBI Ecuador-Italia no protege reclamaciones formuladas por nacionales con doble nacionalidad cuando la ecuatoriana constituye su nacionalidad dominante y efectiva. La defensa del Estado acreditó de manera concluyente los vínculos sustanciales de los demandantes con el Ecuador y la pertinencia de los principios de nacionalidad dominante y efectiva reconocidos por el derecho internacional.

Adicionalmente, el tribunal identificó un abuso de derecho en la forma en que los demandantes buscaron ejercer sus pretensiones procesales. Con este Laudo sobre Jurisdicción, el proceso arbitral concluye sin que se imponga condena alguna en contra de la República del Ecuador.

Caso Chevron: Procuraduría evita que Ecuador pague más de USD 3,130 millones

La Procuraduría General del Estado informa que la República del Ecuador ha evitado el pago de más de USD 3,130 millones dentro del arbitraje internacional de inversión iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, en el caso conocido como “Chevron III” (Caso CPA 2009-23) por una supuesta denegación de justicia y otras alegadas violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con los Estados Unidos (“TBI”), en una fase (Track III) exclusivamente destinada a cuantificar daños de una responsabilidad ya declarada en 2018.

En la fase previa (Track II), mediante Laudo emitido el 30 de agosto de 2018, el Tribunal Arbitral determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano por las indicadas violaciones al TBI. Desde ese momento hasta la emisión del “Laudo de Cuantificación de Daños”, los esfuerzos de la Procuraduría y el estudio internacional contratado para el caso (Foley Hoag LLP), con el decidido apoyo y coordinación de las autoridades y entidades del Gobierno Nacional, han estado destinados a demostrar que los conceptos y montos pedidos por las demandantes eran exagerados, infundados o que las demandantes carecían de derecho para exigirlos.

La pretensión de las demandantes ascendía, con intereses, a más de USD 3,350 millones. El Tribunal, aceptando la mayoría de los argumentos presentados por la defensa del Estado, ha determinado una indemnización total de USD 220´806.941,94 (USD 180´402.691,43 por capital y USD 40´404.250,51 por intereses pre-laudo). En consecuencia, se ha evitado el pago de más de USD 3,130 millones lo que representa una reducción del 93,4 % del valor total pretendido.

La Procuraduría General del Estado continuará representando a la República del Ecuador en la cuarta fase del proceso arbitral, relativa a la determinación de las costas del arbitraje. Paralelamente, el laudo emitido se encuentra bajo un análisis técnico-jurídico detallado, a fin de evaluar la viabilidad y conveniencia de eventuales actuaciones posteriores.

La Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso permanente con la defensa jurídica de la República y la protección rigurosa de los intereses del Estado y de la ciudadanía.